Justicia bastarda

Todo el sistema judicial se ha puesto a órdenes del control político del Estado Plurinacional y de la persecución que se está ejecutando.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Justicia bastarda

2. Bajo el Penoco, El Día: Suben las apuestas

3. Los Tiempos: ¿Es necesaria la confrontación?

4. El Deber: Errores de la economía

5. Cambio: Bolivia, ejemplo continental

6. La Prensa: No son sólo coincidencias

7. El Diario: Siguen creciendo las deudas del Estado Plurinacional

8. El Mundo: Intocables

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: Responsabilidad en la degradación institucional

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El Día: Justicia bastarda

El Poder Judicial de Bolivia cumple hoy el mismo rol de los “escuadrones de la muerte” durante los duros años de las dictaduras latinoamericanas.  La actuación de jueces y fiscales es lamentable y vergonzosa. Constituye la mejor expresión del deterioro del sistema democrático de Bolivia.

El Gobierno no tiene reparos en admitir públicamente que tiene el control absoluto de los tribunales de justicia del país y que los usa para destruir a sus enemigos políticos. Ya no se trata de unos cuantos juzgados de la ciudad de La Paz, pues desde que el presidente Morales comenzó a designar a dedo a los magistrados de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia hizo su trabajo en las cortes distritales para sacar a empellones a los vocales que no comulgaban con el régimen, todo el sistema judicial se ha puesto a órdenes del control político del Estado Plurinacional y de la persecución que se está ejecutando contra líderes opositores y autoridades legalmente elegidas por el voto popular.

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Montado en su legitimidad y en la popularidad de tinte caudillista de Evo Morales, este Gobierno está convencido que puede aplicar sin ningún límite la premisa absolutista que expresó el Primer Mandatario cuando afirmó que no le importa la legalidad y que todo lo que él hace puede ser legalizado por sus abogados. Bajo ese concepto tiene tomado todo el sistema republicano y se ha quedado absolutamente libre de cualquier control y contrapeso que sea capaz de  garantizar un mínimo de equilibrio. El Estado de Derecho ha sufrido tanto deterioro, que ya no sorprende que cotidianamente se produzcan golpes de estado en municipios del país, mientras se preparan otros similares en las gobernaciones. La orden de prisión para el derrocado alcalde de Sucre, Jaime Barrón y la sentencia contra René Joaquino son actos de revanchismo político que ejecutan jueces a nombre de un régimen que ha perdido todo atisbo de decoro.

El MAS no termina de estructurar un Estado que de a poco se irá quitando la máscara democrática, no porque no le haga falta, sino porque al ritmo que marcha el abuso, acompañado de corrupción y ausencia de gestión, será prácticamente imposible mantener el nivel de votación que le ha servido a Evo Morales para ratificar una y otra vez su liderazgo. La declaratoria de los militares que le juraron lealtad al proceso de cambio, al socialismo y al antiimperialismo no deja de ser un gesto preparatorio del próximo paso que deberá dar el régimen para asegurarse la perpetuación en el poder. El pronunciamiento del Ejército ha sido una réplica de lo que se dio en Venezuela, donde un jefe castrense anticipó un golpe de Estado si es que Chávez fuera derrotado en las urnas y la oposición se hiciera cargo del país, donde el chavismo ha sido vencido ya en dos ocasiones, lo que anticipa una pronta salida del caudillo.

A eso se refiere la Iglesia católica cuando afirma que la democracia está en peligro en el país y cuando el líder de la OEA, José Miguel Insulza, desliza la misma advertencia en medio de un sinnúmero de lisonjas y alabanzas. Hace poco la Alta Comisionada de la ONU, para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, puso un énfasis especial en el cumplimiento de las leyes. No basta con redactarlas con buenas intenciones, hay que aplicarlas y en eso Bolivia no ha cambiado.

Todo el sistema judicial se ha puesto a órdenes del control político del Estado Plurinacional y de la persecución que se está ejecutando.

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Bajo el Penoco, El Día: Suben las apuestas

La pelea entre el Gobierno y la Iglesia se intensifica y mientras que los obispos no cambian de discurso, es decir, no van más allá de pedirle al régimen de Evo Morales que respete la democracia y combata al narcotráfico, el MAS cada día tiene que redoblar su apuesta. Al principio el Gobierno se limitaba a decir que los malos de la Iglesia eran sus jerarcas, ya que los curitas de pueblo y las monjitas eran unos santos. La intención era generar división, cosa que no consiguió. También intentó por el lado del cardenal Terrazas, a quien le dio duro por ser cruceño y por haber votado a favor de la autonomía. Tampoco le funcionó, como tampoco le surtió efecto el pedido que le hizo al Papa de que la Iglesia no se meta en política. El jefazo acaba de hacer su mayor apuesta. Se ha metido con el pleno de la organización eclesial a la que ha tildado de verticalista, machista y nada democrática y lo que es más grave, ha cuestionado una institución como la del matrimonio, que en realidad es un sacramento. El próximo paso tiene que ser cuestionar los dogmas de la fe y finalmente la existencia de Dios, para declararse seguidor de Inti o de Manco Kapac. ¿Se atreverá?

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Los Tiempos: ¿Es necesaria la confrontación?

NUESTRA PALABRA

Las autoridades deberían comprender que el disenso no es malo ni la crítica destructiva. Seguir el camino de la ofensa no es la mejor opción

Al parecer, sin mayor objetivo que provocar a la Iglesia Católica una vez que varios de sus ministros y voceros ya se refirieron al discurso del Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia al inaugurar su 90ª asamblea, el Presidente del Estado la ha vuelto a atacar, esta vez delante del Nuncio Apostólico y mencionando al Papa. Obviamente, su representante no ha respondido, como buen conocedor del campo diplomático que es, y el comentario presidencial probablemente sólo ha satisfecho a sus inmediatos colaboradores.

¿Cuál es el propósito del Jefe de Estado de estar en permanente confrontación con la Iglesia o con cualquier otro sector que no se pone a su servicio como, por ejemplo, el periodismo? ¿Por qué tiene ese afán sin límite de tratar de eliminar toda opinión contraria a la que él sustenta, si esa voraz posición lo está conduciendo a alejarse cada vez más de la ciudadanía que, como mostraron las elecciones de abril pasado y varios sondeos, está cansada de tanta pelea, más aún si ésta comienza a percibir que aparecen problemas económicos sin que haya un Estado que gestione con eficiencia los negocios de la nación?

Se pueden ofrecer, a manera de hipótesis, varias respuestas, pero que tienen un común denominador: el dogmatismo ideológico que impide ver con racionalidad la realidad circundante. Las autoridades dividen a la ciudadanía entre los que los apoyan y los que no lo hacen. Los primeros son los únicos que valen, mientras no aparezca un atisbo de disidencia. Los otros sólo merecen el desprecio, el acoso y la sanción. No hay en los últimos tiempos una intervención de toda autoridad cuya retórica no esté plagada de ofensas, insultos, quien sea el interlocutor.

Así, en definitiva, es difícil construir un país ni llevar adelante un proyecto común… tal como ha dicho, por lo demás, la Iglesia Católica y que tanto ha afectado a las autoridades de gobierno.

Hay negativas influencias externas que postulan que la posibilidad de reproducir el poder se alimenta con la confrontación. Los gobernantes de Argentina y Venezuela son ejemplos excelentes de esa visión, pero resulta que no es el caso del gobierno del MAS, por su hasta ahora elevada legitimidad. Pero, lamentablemente muchos de sus dirigentes así lo creen y buscan afanosamente blancos a los que agredir.

Está claro que la sociedad boliviana, en su gran mayoría, ha creído en la oferta del MAS de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población, dando continuidad a aquellas políticas que con mucho esfuerzo se fueron construyendo desde la recuperación democrática e introduciendo nuevas necesariamente correctivas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y mientras el gobierno gasta energía en confrontaciones, se está dejando pasar una oportunidad como pocas que ha tenido el país para realmente encausarlo por el sendero del desarrollo y la justicia social.

Por lo señalado, las autoridades deberían comprender que el disenso no es malo ni la crítica destructiva. Así, antes que atacar deberían, por un lado, sopesar el contenido profundo de aquélla y, por otro, responderla en forma democrática. Seguir el camino de la ofensa, hay que insistir, les impedirá conducir al país a un buen puerto.

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El Deber: Errores de la economía

El Gobierno nacional acaba de corregir uno de sus primeros errores, al decretar que los profesionales y técnicos superiores de YPFB podrán tener un salario superior al del presidente Evo Morales.

La medida llega en un momento dramático, cuando la empresa estatal del petróleo está aquejada por una grave escasez de cerebros, lo que es otro factor que influye en la situación difícil en que se encuentra el sector, que obliga al país a importar combustibles.

La decisión de limitar los salarios de los profesionales tomando el salario del Presidente como un límite que nadie podría superar fue tomada en un momento inoportuno, por lo menos para el sector petrolero.

Con el precio del crudo en su nivel más alto de la historia, las empresas petroleras tienen ofertas salariales que han ido creciendo de manera proporcional a sus ingresos. De esa manera resultó que Bolivia estaba en desventaja incluso respecto de países vecinos.

En efecto, se sabe que por lo menos 300 profesionales y técnicos bolivianos trabajan ahora en Perú, mientras que otro grupo similar se encuentra en Colombia y en otros países de la región.

Un profesional petrolero que tiene por lo menos título profesional y especializaciones necesita ganar lo que le corresponde, o lo que fija el mercado petrolero para su nivel de preparación. Cada persona buscará el lugar donde mejor paga se le ofrezca.

Este caso ha venido a mostrar que, como se había mencionado al principio, la medida del Gobierno estaba equivocada. El presidente de ningún otro país asume el rol de parámetro de los ingresos de sus conciudadanos, porque en todas partes se premia el esfuerzo de preparación y de estudio mientras que, como se sabe, los cargos públicos requieren de otro tipo de habilidades.

Habrá que esperar que la corrección de este error llegue a tiempo para la empresa estatal del petróleo y que los alcances de la medida lleguen también a otros sectores de la economía. Que la excelencia y el sacrificio resulten premiados es la clave para el progreso de los pueblos.

Ahora, el Gobierno encara otro error: la política cambiaria. El ministro del ramo ha dicho que el próximo año aplicará una apreciación de la moneda nacional.

Los exportadores le han hecho saber que esta medida les afectaría, porque vendría a castigar sobre todo a las exportaciones con valor agregado, que son aquellas que más empleos generan.

Pero el ministro Luis Arce Catacora parece haber entendido la política cambiaria como algo que tiene que ver con el orgullo nacional y se propone entregar una moneda que valga más frente al dólar, como prueba de su capacidad.

Todos los demás países, empezando por Estados Unidos, aplican criterios basados en los intereses de sus economías. En este momento, Washington está a punto de devaluar el dólar para impulsar las exportaciones y generar empleos.

Quizá sea bueno que las autoridades nacionales, así como han admitido que fue un error aquello del límite para los salarios, reconozcan que no se pueden tomar medidas monetarias inspiradas en ideologías o entusiasmos del momento.

La lista de correcciones de políticas económicas equivocadas es mucho más larga. Trataremos de agotarla en próximas ediciones.

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Cambio: Bolivia, ejemplo continental

"Este es un Estado democrático en plena transformación revolucionaria, es un ejemplo para el continente,  por eso, señor  Presidente, estamos muy felices de poder apoyarlo", aseguró hace un par de días el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, durante un encuentro que sostuvo con el mandatario Evo Morales y otras autoridades bolivianas.

La clara y contundente posición del organismo continental desvirtúa las versiones políticas de oposición que sistemáticamente ‘denuncian’ que las libertades constitucionales supuestamente se encontrarían en riesgo por las medidas de alcance social que asume un gobierno electo con más del 62% de respaldo popular y que —pese a ello— se encaminaría hacia un "sistema totalitario".

Pero el Secretario General de la OEA fue más allá y para que no queden dudas de lo que en realidad ocurre en nuestro país, al margen de la ‘verdad’ virtual que elucubran intereses vinculados al viejo Estado colonial; celebró las grandes transformaciones económico-sociales que lleva adelante la administración del presidente Evo Morales.

"Hemos definido el proceso de cambio que tiene lugar en Bolivia, como un proceso histórico, y quiero felicitar al Presidente, al Vicepresidente y a todo su Gobierno por los grandes avances que se han logrado al romper con antiguos paradigmas, con iniciativas que conllevan a un país más incluyente y participativo, con estrategias de transformación productiva para que los ciudadanos bolivianos puedan vivir bien", aseguró Insulza. Es que esos viejos paradigmas eran el sustendo de un Estado colonial, excluyente y prebendal que hoy es sepultado por voluntad de un pueblo soberano en el ejercicio de la más alta expresión de su democracia: el voto popular en las urnas.

Por eso el proceso político que vive Bolivia es histórico, porque por vez primera, el pueblo, a través de sus organizaciones sociales, es el actor fundamental de la edificación del Estado Plurinacional, Comunitario y con Autonomías.

Fue el soberano, quien, el 25 de enero de 2009, con el 64% de votos, aprobó la vigente Constitución del Estado, y es el mismo pueblo el que es permanentemente consultado para la aprobación de las leyes que cimientan la transformación de las injustas como seculares estructuras heredadas de un pasado excluyente.

Lo que la OEA destaca y con bastante claridad, es que la Bolivia de hoy no sólo cuenta con una Carta Magna fruto del aporte de sus hijos del campo y de las ciudades, sino que el proceso de cambios estructurales cuenta con el respaldo de la mayoría de los bolivianos y, principalmente, transcurre en el marco de los preceptos de la democracia participativa.

"Nosotros admiramos cómo en Bolivia se ha ido transformando la vida, cómo se ha ido permitiendo que la gente viva bien, al mismo tiempo manteniendo la capacidad de diálogo y manteniendo un conjunto de valores que son intrínsecos a la democracia", apuntaló Insulza sus declaraciones, respecto de cómo ve la OEA el actual proceso político en marcha.

Y sus palabras desnudan que todas las ‘denuncias’ en sentido de que Bolivia se encamina hacia el totalitarismo son falaces posturas alimentadas por intereses divorsiados del sistema de derecho que vive la patria.

Además, los hechos corroboran los dichos de Insulza, porque la convocatoria al diálogo, aún a los sectores más radicales de la oposición, ha sido y es una de las premisas del gobierno del presidente Morales. Si no fuera así ¿cómo se explicarían todos los llamados al diálogo que hizo a esa oposición radicalizada durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente o cuando sus líderes regionales —aglutinados en la autodenominada ‘media luna’— conspiraban para ejecutar el frustrado golpe de Estado entre agosto y septiembre de 2008?

Es que el diálogo es el instrumento intrínseco de la democracia y así lo ha entendido el Jefe de Estado. Por eso, fruto de esa conducta, hace pocos días consensuó con la Central Obrera Boliviana el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, y este es sólo un ejemplo.

Por eso no es entendible que la jerarquía de la propia Iglesia Católica haya puesto en cuestión, en los últimos días, la democracia boliviana y lamentablemente haya sumado su voz a la de los sectores políticos ultraconservadores que no admiten la democracia cuando esta no responde a sus intereses subalternos.

En esta misma línea se inscriben dirigentes políticos —entre ellos algunos prófugos de la justicia boliviana— que esta semana acudieron presurosos a un foro continental de la extrema derecha que se realizó en el auditorio de la propia Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Washington. En esta reunión delinearon accciones conspirativas en contra de los gobiernos progresistas de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que el neofascismo internacional considera ‘hostiles’ para sus intereses.

Es que para los nostágicos de las dictaduras militares latinoamericanas o de sus versiones ‘democráticas’ con el sello del neoliberalismo extremo, los procesos políticos de transformaciones estructurales —como el boliviano—  constituyen ‘un mal ejemplo’ que ponen en riesgo el secular saqueo de nuestros pueblos con la complicidad de quienes hoy denuncian que el gobierno del presidente Morales "se encamina hacia el totalitarismo". Por eso es destacable la trascendental posición expresada por la OEA, de que en Bolivia se construye "un país más incluyente y participativo, con estrategias de transformación productiva".

"Nosotros admiramos cómo en Bolivia se ha ido transformando la vida, cómo se ha ido permitiendo que la gente viva bien, al mismo tiempo manteniendo la capacidad de diálogo y manteniendo un conjunto de valores que son intrínsecos a la democracia".

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La Prensa: No son sólo coincidencias

El Gobierno debe ser consciente de que no se trata sólo de coincidencias, sino de constataciones de que hay cosas que deben ser corregidas?

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navenethem Pillay, la Iglesia Católica, el periodismo boliviano y otras organizaciones independientes han coincidido en que uno de los graves problemas que está enfrentando el país en los últimos tiempos es la vulneración de los derechos humanos.

A estas alturas parece ya no haber duda de que la estrategia política del gobernante Movimiento Al Socialismos (MAS) es la de copar, a cualquier precio y de cualquier modo, todos los espacios, especialmente los claves del Estado, para tener el control total del poder. Estas pretensiones pueden ser hasta naturales de quienes se sienten triunfadores, con amplias mayorías, en procesos electorales que forman parte de la democracia.

Pero deberían darse cuenta de que las victorias, en democracia, no dan derecho a los triunfadores a hacer lo que se les venga en gana y, lamentablemente en nuestro país, el MAS se está excediendo.

La máxima defensora de los derechos humanos ha expresado claramente su preocupación por la falta de acceso a la justicia, la amplia impunidad que existe en los casos de violaciones a los derechos humanos, la ausencia de la universal presunción de inocencia para acusados de delitos, la falta del debido proceso y de juicios justos y de independencia del Órgano Judicial. A ello añadió una advertencia que en el fondo es de obligatorio cumplimiento: las leyes bolivianas deben cumplir con la ley y los estándares internacionales de los derechos humanos.

Es así como se refirió también al hecho de que una ley tan noble como la de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación no puede llevarse a cabo afectando la libertad de expresión, cuya conculcación con sus artículos 16 y 23 ha generado la mayor protesta nacional e internacional del periodismo en la historia del país.

En su informe diplomático y de felicitaciones al Gobierno por las cosas buenas que realizó durante su gestión, hay también enormes semejanzas con las críticas que la Iglesia Católica hizo en su reciente Conferencia Episcopal que les valieron a los obispos duros ataques gubernamentales. El Gobierno debe ser consciente de que no se trata sólo de coincidencias, sino de constataciones de que hay cosas que están mal y que deben ser corregidas, especialmente en lo que a las libertades fundamentales se refiere.

Sin embargo, la respuesta judicial no tomó en cuenta esas preocupaciones y, evidenciando una ausencia total de independencia, respondió condenando a dos autoridades opositoras sin seguirles el debido proceso y generando un clima de descontento y hasta de indignación en las poblaciones sucrense y potosina que consideraron injustas y políticas las penas aplicadas. Con esas sanciones y las que probablemente se les impondrán al Gobernador de Tarija y a otros líderes de la oposición, se pretende limpiar el camino de adversarios ideológicos, sin importar el hecho de que ganaron sus cargos por la vía del voto popular y directo.

El Gobierno no parece darse cuenta del daño que se está haciendo a sí mismo y a su imagen que, al principio, tanta simpatía había despertado en el interior y exterior del país.