En el proceso que se efectúa en Florida (EEUU) están personas que fallecieron durante tres momentos clave de 2003: el ataque en Warisata (septiembre) y la represión en El Alto y en La Paz (octubre).
Si las víctimas ganan el juicio, resarcimiento será dividido
Marcha. Familiares de víctimas frente a la Embajada de EEUU, en 2012. Foto: Angel IllÁnes-archivoEn caso de que el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín —que se realiza en Estados Unidos— beneficie a los familiares de las víctimas de la “guerra del gas”, la indemnización será dividida entre 64 personas.“En la asociación tenemos a familiares de 60 fallecidos y a cuatro compañeros que han perdido miembros físicos, con ellos tenemos firmado un convenio. Si hubiera algún monto económico (de compensación) tendría que distribuirse entre todos”, informó Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas.Hace una semana empezó el proceso civil en la Corte federal de Fort Lauderdale (Florida). El juicio es impulsado por nueve personas que representan a ocho víctimas de la represión militar que se ejerció durante el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003), cuando Sánchez Berzaín era ministro de Defensa.Quispe —quien fue reelegido en la presidencia de la asociación— explica que en 2006 se firmó un pacto entre la parentela de las 64 personas afectadas.“Hubo una selección (entre los familiares de las víctimas), escogimos a las personas que aportaban más pruebas y con quienes teníamos mejores oportunidades (de ganar el juicio)”, acotó Quispe, quien perdió a su hermano Constantino en la represión de octubre. Él no viajó a Estados Unidos y se encuentra en El Alto.En el proceso que se efectúa en Florida están personas que fallecieron durante tres momentos clave de 2003: el ataque en Warisata (septiembre) y la represión en El Alto y en La Paz (octubre).El abogado Andrés López, en contacto con el programa Séptimo sentido desde Fort Lauderdale, informó: “Los demandantes deben demostrar cuánto suman los daños y perjuicios, tienen que demostrar la pérdida económica a cada familia por la pérdida de la persona”. Se debe analizar lo que hubiese obtenido económicamente la víctima en el transcurso de este tiempo. En el caso de los menores de edad se debe estudiar el daño emocional que ha causado la muerte a la parentela.“Pueden dar entre 5.000 dólares y 10 millones de dólares, todo depende de la evidencia”, añadió el abogado López.Una decena de personas forma el jurado que debe definir la inocencia o culpabilidad de los acusados. Si se determina que existe responsabilidad de las exautoridades, entonces el jurado fijará el monto que se debe compensar.Quispe es pesimista respecto al poder económico actual de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, comenta que en casi 15 años las exautoridades han hecho “desaparecer su dinero y sus propiedades en Bolivia”.Los familiares de las víctimas priorizan el pago de los aranceles a los abogados que defienden el proceso en la Corte estadounidense. Se estima que el juicio dure máximo cinco semanas.La Razón / Erick Ortega / La Paz