Defensor dice que hubo abusos en Palos Blancos. Tras la detención de 14 campesinos de Palos Blancos (Yungas) acusados de emboscar a efectivos de la FETC, los dirigentes cocaleros de la zona pidieron para su sector un trato similar al que reciben los cocaleros de Chapare, quienes gozan de reducción de cultivos de manera concertada y con compensaciones.
La audiencia en la que los 14 cocaleros de los Yungas de La Paz fueron remitidos a los penales de San Pedro y Miraflores. – Apg Agencia
Por Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos
Yungas: cocaleros piden trato igualitario
LA ERRADICACIÓN EN LOS YUNGAS ES FORZOSA; EN CHAPARE ES CONCERTADA
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Los 14 campesinos de Palos Blancos (Los Yungas) que fueron acusados de emboscar a efectivos de la Fuerza Especial de Tarea Conjunta (FETC) que erradicaban coca ilegal, fueron enviados a la cárcel de San Pedro por la juez de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles. Tras esta determinación, los dirigentes cocaleros de la zona pidieron para su sector un trato similar al que reciben los cocaleros de Chapare, quienes gozan de reducción de cultivos de manera concertada y con compensaciones.
La jueza determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los 13 varones imputados en San Pedro, y para la única mujer, en la cárcel de Miraflores, luego de tomar en cuenta las pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público. Los detenidos son Teodosio Mamani, Edgar Machaca, Raúl López, Santiago Cáceres, Mauricio Copajipi, Julián Sanca, Severo Rodríguez, Wilfredo Mamani, Mauricio Zapana, Zacarías Bravo, Eleuterio Cuentas, Ariel Bautista, Abraham Gutiérrez y Marcelina Huasco. Dos fueron puestos en libertad.
Todos fueron acusados por los delitos de lesiones, tentativa de homicidio e instigación pública a delinquir, pero el fiscal Isabelino Gómez no quiso emitir ninguna opinión mientras que el abogado defensor Ricardo Bustillos aseguró que la Juez "vulneró” los derechos y garantías de los cocaleros de Palos Blancos, porque no "valoró" las declaraciones de los imputados sobre lo sucedido el pasado lunes en esa región.
Tras la detención, el dirigente de este sector y actual senador del MAS, Fidel Surco, pidió que esta erradicación en la zona de Palos Blancos ubicada al norte del departamento de La Paz, se resuelva en forma concertada para evitar se produzcan mayores enfrentamientos, tal como se efectúa en el Trópico de Cochabamba, desde la gestión 2006 tras la posesión del presidente Evo Morales, que precisamente era dirigente de este grupo de cocaleros.
"El único mecanismo para avanzar y concertar es un trabajo consensuado con los cocaleros del sector, se debe resolver con compensación mediante proyectos alternativos para el desarrollo de la región", señaló el legislador, que además recordó que en el Chapare por culpa de la erradicación forzosa impuesta por la Ley 1008, murieron miles de cocaleros en la década del 90.
Manifestó ser partidario de continuar con la "erradicación de la coca excedentaria" en el marco de la política de concertación y diálogo. Es de esa manera como se realiza el control de cultivos excedentarios de coca en el Chapare, donde incluso es el control social de los sindicatos cocaleros el que garantiza el proceso de erradicación que debe garantizar la existencia de sólo un cato de coca por familia.
"Es necesaria la erradicación, existe una política de Estado que obliga llegar a 20.000 hectáreas, no vamos a negar, existe coca excedentaria en el norte de La Paz", afirmó.
La Ley 1008 promulgada el 18 de julio de 1988 y que continúa en vigencia pues todavía no fue abrogada, establece que los Yungas de La Paz es la zona de cultivo tradicional en la que deben existir un máximo de 12.000 hectáreas que garanticen el consumo interno de la hoja milenaria. Sin embargo, esta cifra legal representa ocho mil hectáreas menos de las que existen actualmente y que fueron sembradas en regiones en las que no se efectuaba la producción tradicional.
Ley 1008
Artículo 9º.- La zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales. Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de Tiraque y Carrasco.
Defensor dice que hubo abusos en Palos Blancos
Proceso. Una jueza envió a detención preventiva a 13 campesinos, acusados de tender una emboscada a las fuerzas de erradicación de cocales. Anuncian bloqueo de vía por su libertad
Arrestados. La única mujer que fue enviada a la cárcel junto a doce de los pobladores de la zona de Palos Blancos
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que los reportes iniciales que le llegaron desde el municipio de Palos Blancos (La Paz) señalan que hubo excesivo uso de la fuerza en la detención de los 16 campesinos que luego fueron trasladados a la sede de Gobierno.
“Ayer (el miércoles) nosotros hicimos un primer balance a partir de los testimonios y se establece que efectivamente hubo uso indebido de la fuerza, no se habrían acogido a la normativa correspondiente, como es la presencia de un abogado y un fiscal para proceder con las acciones”, manifestó Villena.
Para el Ministerio de Defensa, hubo una ‘emboscada’ de parte de los campesinos con palos y piedras que ocasionaron 26 heridos en los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El ministro del ramo, Rubén Saavedra, adelantó que ellos se constituirán en “parte coadyuvante” en el juicio que inició la Fiscalía en contra de 13 de los 16 detenidos.
Ayer, la juez séptimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, determinó la detención preventiva de 13 campesinos, entre los cuales hay choferes y colonizadores y pocos son cocaleros; los menores, Javier J.Y. y Wilder R.C. fueron puestos en libertad en razón de su edad.
Saavedra acusó a los campesinos de estar vinculados con el narcotráfico porque de acuerdo con sus informes, la FTC descubrió una poza de maceración de coca en la comunidad de Marimonos, que está en el municipio de Palos Blancos, y añadió que es por esa razón que se organizó un ataque contra los efectivos militares y policiales.
Villena adelantó que como primer paso solicitará informes a la Fiscalía y a las autoridades de Gobierno para que informen si hubo un uso excesivo de la fuerza en la detención de los campesinos; sus dirigentes, luego de la audiencia cautelar, aseguraron que no se cumplieron los pasos legales que les explicaron los abogados y relataron que los policías ingresaron a las casas sin orden de allanamiento ni fiscal.
“Ellos patearon las puertas y se entraban como si nada, así como han gasificado aquí, igual y peor hicieron allá, nos humillaron a todos los pobladores y quién dijo algo en ese momento, no había nada, si dicen que nosotros atacamos, y que había armas, entonces por qué no han mostrado eso en la audiencia”, relató Javier, un campesino que dijo ser colonizador pero que apoyaba a sus compañeros.
El abogado de los acusados, José Millares, afirmó que la Fiscalía no supo fundamentar la acusación y que incluso el documento de imputación carecía de elementos razonables para detener a las personas.
Los abogados plantearán una acción de libertad y apelarán la decisión de la jueza Siles, que ordenó incluso que no haya medios de comunicación presentes en la audiencia y la misma se inundó de policías.
Una vez conocida la decisión de la juez, en los pasillos se desató la protesta de los familiares y amigos que llegaron desde Palos Blancos, no querían dejar pasar a los detenidos, entonces la Policía hizo uso de agentes químicos, que esparcieron entre los concurrentes.
La dirigencia campesina adelantó que habrá una comunicación inmediata y la primera medida sería el bloqueo de caminos hasta lograr la libertad de sus compañeros.
Hasta el momento las autoridades nacionales no saben qué ocurrió con el diálogo que se había planteado en julio de este año. En ese mes los ministros de Gobierno, de Defensa, Sacha Llorenti y Rubén Saavedra, respectivamente anunciaron que se había concertado la erradicación voluntaria de la coca en la región; cuatro meses después esa concertación ocasionó 26 heridos y 13 campesinos enjuiciados.
Anuncian juicio por militar herido
El sargento Marcelo Lecoña, militar que perdió el ojo izquierdo en los enfrentamientos que se produjeron en la comunidad de Marimonos, abrirá otro juicio por daños civiles, adelantó ayer el ministro de Defensa, Rubén Saavedra; además dijo que ellos pedirán la sanción de ocho años de cárcel para los campesinos que ocasionaron esas heridas.
"Sufrió una herida grave en el ojo izquierdo, con el diagnóstico de un trauma facial grave, trauma ocular y el estallido del globo ocular izquierdo", explicó a los periodistas.
El ministro informó que el militar fue intervenido quirúrgicamente la mañana del jueves en el hospital Arco Iris, "con el triste resultado de que perdió la visión del ojo izquierdo".
“El daño ocasionado al sargento Lecoña ingresa en la figura de daños gravísimos, que tienen una sanción de ocho años de cárcel y el Ministerio será parte coadyuvante en ese proceso”, dijo la autoridad.
Aseguró también que todos los miembros del FTC tienen un seguro de vida que cubre este tipo de contingencias y que por tanto el sargento Lecoña recibirá el seguro por la pérdida del globo ocular. Saavedra no mencionó el tipo de arma que ocasionó el daño.
Las autoridades de gobierno no tienen ninguna filmación, ni registro fotográfico de lo que sucedió, pese a que los miembros de estas fuerzas realizan su trabajo siempre grabando todo.
EN LA JORNADA
Fidel Surco pide concertación
El senador oficialista Fidel Surco pidió al Viceministerio de Defensa Social resolver el conflicto de erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Palos Blancos, norte de La Paz, de manera concertada, para evitar más enfrentamientos como el registrado el martes último y que dejó una treintena de heridos y cocaleros detenidos. "El único camino es un trabajo consensuado con los cocaleros”, señaló.
Cofecay avala erradicación
La Confederación de Federaciones Campesinas de Yungas (Cofecay) avaló ayer la decisión del Gobierno de continuar con la erradicación forzosa de cultivos de coca existentes en la región de Palos Blancos, por considerar que esa región no es una "zona tradicional de cultivos". "El municipio de Palos Blancos no es una zona legal de producción”, aseguró el ejecutivo de Cofecay, Félix Barra.
Plazo para la liberación
Valerio Chajpi, dirigente de los cocaleros de Palos Blancos, conminó a las autoridades judiciales y al Gobierno a liberar hasta mañana a los 13 productores de la hoja verde enviados a la cárcel por enfrentarse a los erradicadores. Este sábado se realizará un ampliado de emergencia de los sectores sociales de Palos Blancos, para asumir las medidas de presión, aseguró.