Jorge Lazarte R. (Reproducimos la Chronique recientemente publicada por la Revista Académica CAHIERS DES AMÉRIQUES LATINES, No. 86, IHEAL, Sorbonne, Paris III. El artículo fue concluido a mediados de diciembre del pasado año. ). Bolivia vive un proceso electoral nacional prematuro y precipitado desde el momento en que el gobierno decidió a sólo un año de su nuevo mandato, promover el referendo de 21 de febrero de 2016 con el propósito de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que le impide al actual Presidente, Evo Morales, ser reelegido más de una vez manera continua.La derrota en las urnas, que el gobierno no preveía, y sobre todo su empeño posterior por encontrar otras vías para la habilitación, han creado clima de tensión política que ahora envuelve al país y condicionan tanto el comportamiento del gobierno como el de la oposición. Un último acto del gobierno en la misma dirección fue la presentación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP) el mes de septiembre pasado de una “acción de inconstitucionalidad abstracta” demandando que declare la “inaplicabilidad” de los artículos constitucionales que le impiden a Evo Morales reelegirse por cuarta vez consecutiva, y el fallo constitucional consiguiente de dar vía libre a la reelección indefinida. Bajo este clima electoralizado tuvo lugar a principios de diciembre la elección por “voto universal” a los magistrados del TCP y del órgano judicial. La oposición y colectivos ciudadanos convocaron a votar “nulo” contra candidatos seleccionados por el gobierno en la Asamblea Legislativa(AL). El voto “nulo” (51.34%), fue superior en más de 10 puntos al “nulo” de las elecciones judiciales de 2011. Este resultado parecer ser la confirmación de que el país vive una nueva coyuntura política caracterizada por la declinación sostenida del poder instaurado el 2006. El viraje se produjo el 21 de febrero de 2016 con la derrota del actual presidente Evo Morales, la primera en sus 12 años de gobierno, y que hirió el corazón mismo del sistema de poder constituido desde enero de 2006. La magnitud de la derrota produjo un quiebre entre la fase anterior de ascenso y consolidación del poder y la que se abre, de retroceso y debilitamiento y probablemente irreversible. Indicadores de esta inflexión no faltan. Fuera de las encuestas que registran este debilitamiento, uno de los indicadores más concluyentes es que la fuente de los conflictos que tuvo que enfrentar en el último tiempo, proviene ahora y sobre todo de los sectores sociales que votaron por el MAS, y que fueron su apoyo inconmovible en la etapa de ascenso. Es como si el eje de conflictividad social y política se hubiera desplazado desde el oriente “empresarial” del país hacia el occidente “andino”, pero con un oriente urbano ahora en proceso de removilización. El largo conflicto con los pobladores de Achacachi (agosto-septiembre 2017), tiene en este sentido tiene un enorme valor simbólico, pues se trata de una zona aymara históricamente rebelde. Sus movilizaciones en los años 200O jugaron un rol protagónico en el derrocamiento del gobierno de entonces. Un otro indicador puede encontrarse en las movilizaciones del descontento de la clase media urbana en febrero de 2017 para ratificar en la calle el resultado de las urnas de referendo del 2016, con la novedad de haberse producido simultáneamente en todo el país, y que en La Paz hubiera sido la más contundente de los ultimas años. A estos indicadores pueden sumarse ciertamente los dos más recientes. Por un lado la derrota electoral, ya mencionada, del mes de diciembre; y por el otro, el conflicto con los médicos del país. Tanto la derrota y como el fallo habilitante del TCP de días anteriores, convirtieron un conflicto corporativo en catalizador de la protesta creciente en el país y se hizo nacional. El gobierno y contra sus propios hábitos, tuvo que dar marcha atrás, luego de asegurar que no lo haría, derogando los artículos controvertidos del nuevo código penal. En clave política todo ello parece marcar el fin del ciclo anterior, y la apertura de un nuevo, que podemos denominar post-evismo ¿Pero en qué consiste este cierre y qué puede esperarse hacia adelante? Los intentos de responder desde el gobierno y desde la oposición se mueven entre verdaderos dilemas, que están creando un clima de incertidumbre cada vez más pronunciado, que contrasta con las certezas de los años anteriores al referendo. Por el lado del gobierno, los dilemas apuntan en varias direcciones. Desde el punto de vista de sus visiones generales, su dilema es no distanciarse demasiado de su primitiva orientación “indigenista” arcaizante aunque reivindicativa, que lo justificó históricamente durante los primeros años, pero a la vez afirmarse en su viraje “modernizador”, extractivista y pro empresarial visible desde 2014. Lo “indigenista” es cada vez más un ritual simbólico y periférico con relación a sus políticas prácticas. El viraje le hizo perder el apoyo de una parte del movimiento indígena-originario, al que dividió con políticas clientelistas, sin recuperar el apoyo de la clase media, muy ajena al estilo poco depurado de un gobierno o partido gangrenados de corrupción. En cuanto a sus políticas sociales, que es seguramente lo que mejor puede calificar al gobierno, los problemas empiezan a despuntar dado el carácter marcadamente paternalista y clientelar de las políticas redistributivas alimentadas por los enormes recursos obtenidos por el país, como nunca los había tenido antes gracias a las altas cotizaciones del mercado internacional de hidrocarburos y de minerales, que coinciden con el inicio del nuevo gobierno. Estas políticas han bajado notablemente los índices de pobreza y extrema pobreza y reducido los índices de desigualdad con el ascenso de una “nueva” clase media. Empero la caída de esas cotizaciones en los últimos años está frenando las políticas dadivosas del Presidente, más exigente en el destino de los recursos ante sectores sociales afines habituados al clientelismo y cada vez más pragmáticos que con el tiempo también están virando desde su adhesión ideológica inicial al gobierno a un apoyo cada vez más dependiente de los “regalos” de los programas presidenciales. Los llamados “movimientos sociales” temen perder sus “conquistas” y ventajas, y las defienden desatando conflictos según la lógica tradicional del “todo vale”, como ocurrió con el más dramático de hace dos años con los cooperativistas mineros, aliados estratégicos del gobierno, que bloquearon una ruta troncal y ejecutaron a un alto miembro del poder ejecutivo. Estos conflictos con los suyos han dejado al gobierno sin mucha capacidad de respuesta, fuera de intentar deslegitimarlos en la generalidad de los casos como “instrumentados” por la derecha o el “imperio”, etiquetas que tampoco movilizan ahora como pudieron hacerlo años antes. Por añadidura podemos decir que el antiamericanismo primario está cediendo el paso a las protestas antichinas. Pero es en el plano político estrictamente donde los dilemas son los más acusados, entre ellos los relacionados con las denuncias en cascada y casi diariamente, sobre la corrupción que han hecho añicos la condición de ser la “reserva moral” del país de la que presumieron durante la primera época para diferenciarse de sus predecesores “neoliberales. La corrupción es el piso minado sobre el cual están asentados no sólo altos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) que manejan discrecionalmente las empresas públicas y los contratos sin licitación pública, sino que también compromete, hacia abajo, a dirigentes intermedios que implementan programas sociales que suelen aprobarse en concentraciones de base; y hacia los costados, a gobiernos locales que controlan. El conjunto, además de erosionar hondamente la imagen del gobierno, provoca disputas internas entre las distintas facciones y micro redes por el control y apropiación de esos recursos. La extensión y profundidad de la corrupción es proporcional a la magnitud de los recursos financieros disponibles. Después de haber minimizado su existencia a casos aislados, el gobierno se vio forzado a reconocer que es mucho más que de “algunos” y dio luz verde, cediendo ante la presión de opinión pública, al encauzamiento penal de dirigentes importantes en procesos que no se mueven y son selectivos. El riesgo es que muchos de ellos disponen de información que puede ser comprometedora. Esta corrupción de magnitud fue seguramente uno de los factores más gravitantes en la derrota en el referendo de 21 de febrero de 2016. A pesar de esta realidad lancinante, el gobierno había empezado el 2016 con cierta euforia por los diez años continuos en el poder, y la promesa repetida como letanía de conmemorar el bicentenario de Bolivia( Agenda 2025), pues se consideran “propietarios y no de inquilinos del palacio” de gobierno . Sin embargo, para que ello fuera posible, había que habilitar a Evo Morales para una nueva reelección modificando la Constitución, que impide una reelección continua por más de una vez. En el rapto de autocomplacencia, supusieron que la reforma sería sólo sería cuestión de mero trámite. Habían ganado tantas elecciones que minimizaron el impacto en la opinión pública de la corrupción denunciada en esos días en el Fondo Indígena, que compromete a ex altas autoridades de gobierno, y caciques locales originario-campesinos cooptados por el poder, varios de ellos ya procesados por el manejo discrecional de los recursos públicos como si fueran personales. Simultáneamente la quiebra de la justicia también agitaba las aguas. El gobierno había reconocido que estaba “peor que antes”, después de haber anunciado con entusiasmo en enero del 2012 que nacía por fin una “nueva” justicia con la elección “inédita” por voto universal de los magistrados de los más altos órganos de justica. Creyó que con el reconocimiento oficial de la “crisis” de la justicia y la promesa de repararla, salvaría su responsabilidad en la catástrofe judicial. A todo ello se sumó, ciertamente, la creencia en la invulnerabilidad de Evo Morales, aparentemente confirmada por encuestas previas que no siempre ratificaban la tendencia anti prorroguista del país. Sin embargo este clima de autocomplacencia había sido enturbiado semanas antes del referendo con una historia rocambolesca de alcoba (que involucraba al Presidente del país), y presumible tráfico de influencia de la “novia” en oscuros contratos millonarios con una empresa china. Aunque nadie sabe cuál fue su gravitación, ciertamente se sumó a los factores señalados, y se produjo lo inesperado, como un rayo en un día sereno. El mazazo les hizo perder el libreto, y tuvieron que deambular cierto tiempo, desde la noche misma de los escrutinios, hasta encontrar una manera de desatar el nudo que podía asfixiarlos. En efecto, ante los primeros resultados negativos anunciaron que los resultados serían revertidos. Un impromptu del Tribunal Electoral en el “conteo rápido” cercano a los dos tercios- cuando oficialmente sólo llegaba al tercio de los votantes-, ratificó la derrota y aparentemente bloqueó la reversión. Entonces declararon a regañadientes que “respetaban” el resultado. Lo que siguió fue un deambular sin saber con certeza cómo enfrentarían esta dura realidad, estremecidos ante el abismo de que podrían perder las elecciones si el candidato no era Evo Morales, y sin la protección de la armadura del poder tener que rendir cuentas al país con el riesgo cierto de que muchos de ellos terminen bajo una lluvia de procesos civiles y penales. Con todo, la búsqueda de una alternativa a Evo Morales no duró mucho tiempo. Todas las encuestas ratificaban la inviabilidad política de cualquier relevo. Los candidatos probables eran demasiado débiles para enfrentar a la mayoría de los candidatos de oposición, además de que podrían abrir las esclusas de las presiones de los faccionalismos internos que romperían al MAS. Esta imposibilidad real de algún modo ya lo sabían desde hace algún tiempo, pues no era la primera vez que se preguntaban, aunque siempre en voz baja, sobre esa posibilidad, pero esta vez la situación era álgida.
Al no encontrar candidato de relevo comparable que los aquiete, retornó la apuesta por Evo Morales, caudillo( y no líder) irremplazable , único factor de cohesión de un MAS. agrietado, y que les devuelve la ilusión de seguir en el poder. Desde el palacio se intentó vadear el malestar público por este primer anuncio declarando que la discusión sería diferida hasta el 2018. Con el tiempo que no jugaba en su favor, y ya próximos a un Congreso Nacional del MAS, y ante el vértigo de verse despojados del poder( pues no pueden “imaginar” una derrota, como aseguró el ex canciller), la necesidad de un nuevo mandato retornó con fuerza, aunque de manera errática.
Con el propósito de ponerse de acuerdo sobre el camino a seguir, el congreso del MAS de fines de 2016 aprobó cuatro “vías” (aunque en los días previos se había puntualizado que eran ocho, luego cinco) que según sus portavoces, “no se alejaban” un “milímetro” de la Constitución. Ninguna de ellas era viable jurídicamente, pero no todas tenían el mismo costo político para el gobierno. La cuarta “vía” era la que mejor encajaba con sus intereses, pues dejaría en manos del Tribunal Constitucional una interpretación habilitante, al modo nicaragüense, en lugar de precipitar otro referendo por “iniciativa popular”, que podría serles fatal. No es un azar que a fines del pasado año el Vicepresidente hubiera hecho ya referencia a derechos “fundamentalísimos”, cuyo sentido apuntaba a la idea de que estaban por encima de los demás derechos “fundamentales”.
Es este mismo Tribunal- que en una singular interpretación en abril de 2013 modificó un artículo transitorio de la Constitución y dejó de contar un período constitucional y con ello habilitó a Evo Morales para las elecciones del 2014-, ahora tendría la responsabilidad de emitir su fallo respecto al recurso de “inconstitucionalidad abstracta” interpuesto por el MAS el 18 de septiembre del año en curso. En el recurso se pide la declaratoria de “inconstitucionalidad” de varios artículos de la ley electoral, y la “inaplicabilidad” de los artículos de la Constitución que prohíben reelección inmediata por más de una vez, argumentando en este segundo pedido que se estaría violando un “derecho humano” en contradicción con el artículo 23 del Pacto de San José. Está claro que la ley electoral no es “inconstitucional”, pues sólo desarrolla lo que dispone la Constitución, mientras que la “inaplicabilidad” no existe como facultad reconocida por la Constitución al Tribunal Constitucional.
El Tribunal dio paso al requerimiento y declaró el 28 de noviembre último la “aplicación preferente” del artículo 23 del Pacto “sobre” los artículos de la Constitución en las “frases” por “una sola vez de manera continua”, y seguidamente la “inconstitucionalidad” de varios artículos de la Ley Electoral. La eliminación de la frase citada ha sido entendida como una reforma del texto constitucional ( Facultad que no es del Tribunal), y además como la posibilidad de reelección indefinida. Esta resolución tuvo efectos políticos inmediatos y de consideración. Reforzó el voto “nulo” de las elecciones judiciales de 03 de diciembre; amplificó las repercusiones de la huelga de los médicos y ha hecho crecer el sentimiento colectivo en buena parte de la población de frenar activamente los afanes prorroguistas. Pero también ha puesto al gobierno ante un nuevo cuadro de situación que sin liberarlo del todo de su dilema corneliano anterior, se enfrenta ya a otro más abarcador. Su primer dilema fue reconocer el resultado del referendo, y en este caso, no era viable ninguna de las vías para habilitar a Evo Morales a otra reelección inmediata, con todas las consecuencias previsibles para la estabilidad política y la pervivencia del MAS; o negarse efectivamente a su reconocimiento, a pesar de las declaraciones verbales en contrario, y en ese caso, echaba por la borda toda su prédica “populista” que sonó bien en el país de que dica ha llegdo a la OEA y la CIDH, con denuncias por ambos lados. e de la poblacihaber emitido una resolcuino en en voz baja. hay que gobernar “obedeciendo al pueblo”, y que la voluntad popular es “soberana”. El fallo constitucional aparentemente le permite descargar sobre el Tribunal la salida del dilema, pero sólo dio lugar a otro dilema cuya gestión puede escapársele de las manos. El Tribunal Electoral Plurinacional (TSE) ha declarado el 24 de diciembre ante una convocatoria del Senado, que el resultado del referendo del 21 de febrero es “vinculante y de cumplimiento obligatorio”. Esto significa a mediano plazo y antes de las elecciones de 2019, una apertura eventual y singular de un conflicto de poderes, sin instancia jurídica de apelación, y que llegado el momento, puede tener su réplica en movilizaciones de calle a favor de una u otra de las alternativas incompatibles. Estos dilemas sin lugar a dudas afectarán la distribución global de votos hasta hace poco vigente. En términos electorales y según las diversas encuestas, el país está dividido en tres tercios. El gobierno siempre tuvo el apoyo de su núcleo duro e invulnerable de un poco más de un tercio del electorado. La base electoral de la oposición fue siempre otro tercio del electorado. En la actualidad el gobierno parece estar perdiendo el apoyo del tercer tercio, con el cual pudo superar en el pasado más del 50% del electorado. Este tercer tercio en disputa es el potencial electoral con el que se puede ganar las futuras elecciones. Pero la oposición enfrenta a la vez grandes retos y dilemas, que constituyen su talón de Aquiles. La oposición es una diversidad fragmentada entre “partidos” y decenas de grupos políticos informales, que aún se han repuesto de la desarticulación profunda inferida por el gobierno en la segunda mitad de los años dos mil, que los ha privado de apoyo social. Es una oposición reducida casi a espectro, y que no cuenta en las decisiones políticas del país. Diríamos que es la más débil de la América Latina, y cuya capacidad de movilización se ha transferido a las decenas de colectivos ciudadanos de existencia muy precaria. Sus retos son varios. Por un lado, estructurar una visión de poder y de sociedad alternativa a la del gobierno. Esta carencia le impide trazar mejor las fronteras de diferenciación y le impulsa a moverse en las penumbras de las zonas grises; le hace vivir de las críticas al gobierno, o de sus errores, que le impide a la población percibir que es posible un horizonte distinto al del presente. También carece de liderazgos atractivos y creíbles que sean los portadores de esa visión alternativa. Pero quizá su mayor debilidad es que la población no la percibe con aptitud para gobernar un país disruptivo. Una de las mayores incongruencias de la oposición es que casi sin excepción hubiera asumido la defensa de la CPE contra la cual votó el 2009, frente a un gobierno que la viola a su antojo, confundiendo propiamente la carta de derechos, que es lo que en puridad defiende, con el diseño institucional, que es donde radica, por ej., el problema de fondo de la justicia o del sistema de representación, que actualmente es de inspiración anti partido. Este quid pro quo le hace ignorar que tal Constitución es disfuncional a una cierta idea de democracia internacionalmente aceptada y asociada con el Estado de derecho, y que por ello puede convertirse en factor de inestabilidad para cualquier gobierno que no sea el del MAS. Otra de sus inconsistencias se expresa entre la convocatoria rutinaria y verbal a la “unidad” y la realidad de la fragmentación, que ha contribuido a que el partido de gobierno controle los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Quizá la oposición necesita primero vencerse a sí misma si pretende después vencer al gobierno. Con todo , reiteramos, algo se mueve luego de más de una década de gobierno “populista”, que parece estar cerrando un ciclo, sin que esté claro lo que se abre hacia delante, excepto la crispación creciente. Por un lado, es parte de lo que se denomina fin del ciclo “populista” en América Latina, sobre todo en los países “bolivarianos”. Pero por otra parte cada una de las experiencias tiene historia propia y sus crisis políticas difieren. En el caso de Bolivia, el fin del ciclo político no se acompaña de una crisis económica, como es el caso de Venezuela. Pero en todos los casos se han abierto incertidumbres respecto a su propio futuro.