Tres expertos bolivianos viajaron a la Región de Tarapacá en 2009 para inspeccionar un enclave ofrecido por el gobierno de Bachelet.
Se llegó a construir mapas al sur de la Quebrada de Camarones y en febrero pasado se preparaba la firma de un acta. El plan fue rechazado por Piñera, quien es más partidario de otorgar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta.
En diciembre de 2009, sólo días después de que Sebastián Piñera triunfara en las elecciones presidenciales, el gobierno de Evo Morales envió un reservado documento a la administración de Michelle Bachelet. Se trataba del borrador de un acta de carácter oficial que pretendían firmar ambos países, en el que se daba cuenta del proceso de negociaciones bilaterales de los últimos cuatro años y donde Chile adquiría el compromiso de continuar avanzando en las conversaciones para resolver la histórica demanda marítima paceña sobre la base de lo que hasta ese momento habían trabajado ambas cancillerías.
El borrador enviado desde La Paz formaba parte de un acuerdo al que habían llegado en octubre los vicencancilleres de Bolivia, Hugo Fernández, y de Chile, Alberto van Klaveren. Los viceministros habían liderado las nueve rondas de consultas políticas de las diplomacias de ambos países desde julio de 2006 y en este encuentro, el último antes de que Bachelet concluyera su mandato, hablaron de consensuar un documento común. Bolivia quedó a cargo de redactarlo y Chile le realizaría las correcciones.
A esa altura, las conversaciones en torno al tema marítimo estaban avanzadas. Aunque el acta boliviana no consignaba fechas ni fórmulas, según señalan fuentes del gobierno de la época, para entonces Bachelet tenía en vista tres opciones para conceder un enclave costero sin soberanía a Bolivia en la provincia de Tarapacá. Una de ellas llegó a consolidarse durante las negociaciones: se trataba de un punto entre el sur de la Quebrada de Camarones y el norte de Iquique. La fórmula sin soberanía sorteaba las obligaciones del Tratado de 1929, que dispone que Chile debe consultar a Perú por la cesión de territorios que le pertenecían antes de la Guerra del Pacífico.
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Durante el primer semestre de ese año viajó en forma reservada a la provincia de Tarapacá una delegación de tres técnicos del gobierno de Morales para ver in situ las características del lugar que se había definido negociar. Acompañados por tres funcionarios de la Cancillería chilena, algunos de ellos de la Dirección de Fronteras y Límites, los expertos se trasladaron directamente al lugar, sin pasar por Santiago. No querían dejar huellas.
Durante tres días, con mapas y documentos topográficos y legales, los técnicos bolivianos comprobaron las características del terreno y las posibilidades de desarrollo del enclave. El lugar que exploraron fue una caleta deshabitada: era una de las condiciones de ambas partes para concordar un enclave.
El mar de la zona tenía la profundidad suficiente para buques de gran calado y una zona de playa. Se trataba de un elemento relevante. Allí se contemplaba construir un puerto para la salida de minerales de hierro y litio de Bolivia y una zona turística. Chile solicitó que el muelle fuera exclusivamente para la exportación de minerales y no fuera habilitado para el tránsito de carga general: de ese modo, no entraría en competencia con los puertos de Arica y Antofagasta. El punto fue aceptado por La Paz.
Los negociadores bolivianos también plantearon condiciones. Pidieron que en el enclave se autorizara la construcción de un eje urbano, aledaño al sector industrial. La pretensión paceña era algo mayor de 400 kilómetros cuadrados, lo que Chile no aceptó.
De todas formas, el mecanismo que se exploró era similar e incluso superior a la concesión que otorgó Perú a Bolivia en el puerto de Ilo. El acuerdo firmado en 1992 por los entonces gobernantes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora incluía la cesión por 99 años de un enclave costero de cinco kilómetros y 163 hectáreas para Bolivia.
"No era una fórmula ideal. Pero era lo que había como alternativa posible", asegura una fuente de la Cancillería chilena que conoció de estas conversaciones.
Con todo, a Morales le interesó. El mecanismo no satisfacía la demanda por una salida soberana y con continuidad territorial, pero el enclave sí les permitía recuperar la cualidad marítima.
El rechazo de Piñera
Pese a la derrota de Eduardo Frei en las urnas, Bachelet mantuvo vivo el interés de alcanzar un acuerdo con Bolivia antes de terminar su mandato. El borrador del acta boliviana estaba siendo revisada para su ratificación mientras se iniciaba el traspaso de mando a Piñera. Entrado febrero, señalan altas fuentes diplomáticas, Cancillería dio a conocer a las nuevas autoridades la declaración conjunta que pretendían firmar con Evo Morales. El documento fue considerado "excesivo" por los representantes de Piñera y a poco andar fue abortado. Muchos lo veían como un intento por dejar "amarrado" al nuevo gobierno respecto de los mecanismos que debían seguir adelante las conversaciones con Morales.
En paralelo, Piñera estaba enterado de que Bachelet barajaba tres opciones para otorgar un enclave a Bolivia y que el diálogo estaba avanzado. El Presidente rechazó la iniciativa. Tenía una razón de fondo: no compartía la idea de otorgar un enclave a ese país. A juicio del nuevo gobierno, la entrega en concesión o comodato por 99 años a La Paz de una franja de litoral en territorio chileno abriría a futuro nuevos focos de tensión en las relaciones bilaterales. Problemas de índole migratorio, de libre tránsito, administrativos y de infraestructura, dicen en el Ejecutivo, surgirían de este mecanismo. "El Presidente no cree viable ´dividir´ el territorio en dos", afirma un cercano, quien añade que Piñera es más proclive -en teoría- a la idea de otorgar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta.
La decisión de Piñera de febrero pasado echó por la borda las reservadas negociaciones de Bachelet y Morales. En julio de 2006, ambos acordaron establecer una agenda de 13 puntos, en los que estaba incluido el tema marítimo en el punto sexto de la tabla. Meses después, en abril de 2007, se comenzó a hablar de eventuales fórmulas entre sus gobiernos.
Durante todo ese año, en los cuatro encuentros que sostuvieron a puertas cerradas, los vicecancilleres de ambos países abordaron en términos generales los posibles mecanismos para una solución al tema marítimo. Por el lado del gobierno chileno se sentaba Van Klaveren. Por el boliviano estuvieron, primero, Mauricio Dorfler y luego Hugo Fernández. En esos días, ni Bachelet ni Morales dieron instrucciones específicas a sus representantes sobre la forma en que debían proceder ni lo que se debía discutir en las citas.
Así, los vicecancilleres comenzaron repasando las distintas opciones que se habían explorado en diferentes períodos de la historia y las limitaciones que tenían para uno y otro país para llevarlas a cabo. Una de las primeras alternativas que se analizó fue un eventual corredor por el norte del río Lluta y el sur de la Línea de la Concordia. La fórmula ya se había impulsado sin éxito durante los gobiernos de Domingo Santa María, Germán Riesco, Jorge Montt, Federico Errázuriz Echaurren y Gabriel González Videla.
En segundo término, los viceministros abordaron la idea de establecer un polo de desarrollo de Chile, Bolivia y Perú en el puerto de Arica. La iniciativa fue planteada en 1926 por EEUU y en 1976 la reflotó Lima, para bloquear las negociaciones que en ese momento desplegaban Augusto Pinochet y Hugo Banzer.
La tercera alternativa que repasaron los vicecancilleres de Bachelet y Morales apuntó a un enclave boliviano en el norte chileno, que podía otorgarse a través de concesión o comodato a largo plazo (La Paz pedía 99 años). La fórmula también había sido pensada por otros gobiernos. En 1968 la exploró el ex canciller Gabriel Valdés; en 1987 lo hicieron los gobiernos de Pinochet y Paz Estenssoro, y el 2001 lo volvió a explorar el ex Presidente Ricardo Lagos, quien ofreció un enclave en el puerto de Patillo para la construcción de un puerto para la exportación de gas.
Al término de la ronda de consultas políticas de octubre de 2007, los vicecancilleres Van Klaveren y Fernández señalaron que habían intercambiado "criterios en forma amplia, franca y realista".
"Para el gobierno chileno había dos condiciones intransables: la solución tenía que ser sin ceder soberanía y no podía dividir el territorio chileno", recalca un ex ministro de Bachelet.
A inicios de mayo de 2008, el embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, sondeó la posición de Lima ante un eventual arreglo entre La Paz y Santiago mediante un corredor por el norte de Arica. La respuesta de Perú desalentó al gobierno de Morales, quien consideraba que la presentación de su demanda limítrofe ante La Haya era un intento para bloquear un posible acuerdo entre Chile y Bolivia.
Poco después, el vicecanciller boliviano sorprendió a Van Klaveren al manifestarle -por primera vez- la disponibilidad de La Paz a avanzar en la negociación de un enclave por el norte chileno. En esos días, un acta oficial de una reunión que efectuaron en La Paz consignó que "en el análisis de las distintas opciones existentes de solución al tema marítimo se profundizó en aquellas que ofrecen mayor viabilidad a corto plazo".
El texto que rubricaron ambas autoridades anunció que se encargarían diversos "estudios técnicos". Aunque las conversaciones se concentraban en la discusión de un enclave, La Paz apostaba por no cerrar a futuro un corredor soberano.
El 14 de junio de ese año, en Tarija, Morales dio un mensaje similar a Bachelet. Durante su conversación a solas, el mandatario boliviano la urgió a apurar el tranco. "Hasta ahora hemos construido una confianza. Debemos pasar a la segunda fase", dijo Morales, indicando que estaba dispuesto a explorar una fórmula sin soberanía. Aquella vez, afirman fuentes del gobierno de Bachelet, el mandatario pidió que le explicara en detalle qué era lo que Chile planteaba por enclave.
"Después del encuentro de los presidentes se hicieron mapas, cartas naúticas, planimetrías detalladas de los posibles lugares", señala una fuente de edificio Carrera. A la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería de Chile se le encomendó hacer un barrido de las pertenencias mineras y de los propietarios de cada una de las zonas para detectar eventuales conflictos jurídicos posteriores. RREE también sondeó la posición de las FFAA.
En ese contexto, Bachelet se reunió a mediados de ese año con el ex canciller Alejandro Foxley y Van Klaveren a discutir las alternativas para resolver el tema marítimo. "Le llevaron carpetas con los mapas de tres lugares ubicados entre la Primera y Segunda Región", dicen personeros de la época. La orden de la ex presidenta fue que exploraran las alternativas con La Paz de manera reservada.
La propuesta de Chile fue bien recibida en Bolivia, que, a su vez, envió a Santiago sus propios mapas para ubicar el enclave. "No había mucha diferencia en los lugares que habíamos propuesto, sí en las dimensiones, las que eran más grandes en la contrapropuesta boliviana", añade un personero que conoció las negociaciones.
Las conversaciones seguirían en curso en los meses siguientes. Nada hacía prever entonces que las tratativas marítimas quedarían en punto muerto.
La Tercera – Santiago de Chile