Empresarios de Bolivia afirman que la incertidumbre se apodera del sector e impide proyectar las actividades productivas del próximo año. Los contratos deben adecuarse al nuevo modelo de desarrollo del país dice ministro Carlos Romero al descartar una confiscación de bienes privados.
La Prensa
Daniel Sánchez: El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia afirma que la incertidumbre se apodera del sector e impide proyectar las actividades productivas del próximo año.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, teme que el cambio de un régimen de concesiones a otro de contratos termine en una confiscación de bienes y actividades.
Tras la promulgación del Decreto Supremo 0726, el pasado lunes, en el cual se dejan sin efecto las concesiones estatales a privados y se reemplazan por autorizaciones transitorias especiales, Sánchez expresó que el ambiente para las inversiones ingresó en una incertidumbre.
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Antes de la adecuación, los empresarios ya estaban en dificultades porque se modifican normas en materia laboral y en pensiones, y aún se desconoce la orientación de las políticas, según expresó a La Prensa.
—¿Entre el empresariado existe el temor por una confiscación o nacionalización?
—Bueno, existe la posibilidad de que su política se conduzca a la confiscación, pero el que arriesga la fe del Estado es el Gobierno de turno.
En este caso, lo que estaría haciendo el Gobierno, si es que toma un camino radical, sería afectar la imagen del país que es muy difícil de recuperar y reconstruir.
—¿En opinión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, este trámite es simplemente un mecanismo administrativo o tiene otros factores políticos o ideológicos?
—El Gobierno está generando más expectativas de lo que podría ser.
Hay que esperar cómo va a salir la ley de concesiones o cómo se tratará esa parte.
—En su opinión, ¿las decisiones del Gobierno estarán guiadas por factores políticos o ideológicos?
—No. Estimamos que lo que está haciendo más bien es darse un respiro para adecuar la ley y no perjudicar en todo caso.
Lo que sucede es que si se suspende todo de acuerdo con la Constitución, ¿cómo quedan las empresas mineras que tienen inversión ahora? No saben cómo será la reglamentación de la nueva ley. No saben cómo se comportará el tema de concesiones y otros.
—El Gobierno ha dicho que los contratos se adecuarán a un nuevo modelo de desarrollo que en este caso está dominado por una ideología de izquierda. ¿Cómo interpreta este discurso?
—Son temas políticos que refuerzan que todavía no tienen mucha idea de cómo avanzarán y lo único que queda es tener paciencia para el momento en que sepan cómo manejar, cómo administrar el país con un sustento más sólido.
El Gobierno aún no tiene idea de por dónde quiere avanzar, pese a que ha hecho un Plan Nacional de Desarrollo, y, además de que está ingresando en el sexto año de gestión, todavía no se sabe qué tipo de país quiere construir.
—¿Usted siente que los empresarios están atravesando un momento difícil para el cumplimiento de sus actividades?
—Más que difícil, es un momento de incertidumbre, en el que no se sabe cuáles son las reglas permanentes con las que podremos desempeñar nuestras actividades. Mientras eso no se sepa, la incertidumbre continuará.
No sabemos cuáles son las reglas para invertir.
Un decreto es inferior a una ley
Un decreto supremo tiene una categoría inferior a la ley y la propia Constitución Política del Estado (CPE). Este último cuerpo legal señala que nadie puede tomar atribuciones de otra autoridad si no tiene competencia, explicó el abogado Walfré Pastor al observar el uso inapropiado de un decreto supremo para suspender todas las concesiones estatales a operadores privados.
El jurista recordó que en el caso de la minería chica, las concesiones fueron obtenidas al amparo de una Constitución Política del Estado y la Ley de Minería 1777, por lo que correspondía el trámite de una legislación expresa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Las leyes y los decretos no tienen efecto retroactivo y sólo en materia social y cuando se trata de emitir una disposición legal que favorece a un imputado o condenado y para investigar actos de corrupción”, agregó.
Sin embargo, rescató el espíritu del Decreto 0726 porque declara el respeto de los derechos adquiridos por los empresarios de la minería, sector al cual pertenece como operador. Esta declaración permite seguir con el proceso de adecuación de las concesiones mineras al nuevo estado de contratos.
Entretanto se asume la autorización transitoria especial que permitirá aguardar hasta la aprobación de una nueva ley sectorial, expresó.
Concesiones por sectores
Concesiones mineras Por cuadrículas 3.791
Por pertenencias 3.905 Total 7.696
Concesiones eléctricas Electropaz (La Paz)
Elfeo (Oruro)
Cre (Santa Cruz)
Elfec (Cochabamba) Total 4
Concesiones de agua Total 27
Concesiones forestales Total 57
Concesiones telecomunicaciones
Telefonía local, pública, larga distancia, servicio móvil y otros Total 181
Canales de Tv (UHF y VHF), por cable Total 464
Radios AM y FM Total 1.345
El Decreto Supremo 0726
Que la normativa sectorial que regulaba las concesiones, a la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, no se adecua a dicho texto constitucional, siendo en consecuencia inaplicable.
Artículo Único.- I. Las concesiones mineras, de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y de servicios, otorgadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2010, a partir de la aprobación del presente Decreto Supremo se adecuan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales, en tanto se realice su migración de acuerdo con la normativa sectorial a emitirse.
II. La transformación automática señalada en el parágrafo anterior garantiza los derechos adquiridos.
Los contratos deben adecuarse al nuevo modelo de desarrollo
Romero: en la imagen, el titular del despacho de Autonomías
Carlos Romero: El ministro de Autonomías descarta una confiscación de bienes privados y anuncia que, tras la extinción de las superintendencias, el control sectorial estará a cargo de los ministerios.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, afirmó que el reemplazo de las concesiones por nuevos contratos regidos por leyes y ministerios sectoriales no tiene por finalidad confiscar bienes de los empresarios.
A los tres días de la promulgación del decreto supremo que deja en suspenso las concesiones de explotación de recursos naturales, minería, electricidad y servicios básicos, Romero reclamó el derecho del nuevo Estado Plurinacional para adecuar los contratos al nuevo modelo de desarrollo, caracterizado por el socialismo comunitario.
—El sector privado teme confiscaciones con el proceso de transición de concesiones a contratos. ¿Existe esa idea en el Gobierno?
—Son simplemente especulaciones, temores infundados, porque la Constitución reconoce al sector privado.
El Gobierno nacional está absolutamente convencido de que no hay un Estado que sea viable en el mundo sin un sector privado que también coadyuve en el impulso de su desarrollo económico y social.
Pero también es cierto que no hay un sector privado que sea exitoso en la dinámica de su iniciativa productiva.
—¿En qué está basado el espíritu del Decreto Supremo 0726?
—La anulación del sistema de concesiones es un mandato de la nueva Constitución.
En el pasado, las concesiones y los contratos de riesgo compartido fueron los mecanismos que se aplicaron como modelo de gestión de los recursos naturales durante la aplicación del modelo de desarrollo neoliberal y que al haberse inaugurado un nuevo modelo de desarrollo se justifica el cambio del régimen jurídico.
—Bajo un nuevo régimen de control que excluyen las superintendencias. ¿Cómo se regulará a los servicios?
—Lo que se pretende ahora es restablecer un sistema de control que tenga tuición con los ministerios sectoriales y además encarar políticas de fortalecimiento de la economía neutral, de la economía privada, cooperativa y comunitaria.
—¿Las confiscaciones están entre las opciones que analiza el Gobierno?
—No hay ninguna posibilidad de confiscaciones porque la confiscación no es figura jurídica con respaldo constitucional, y no se aplicará de ninguna manera. Y la Constitución reconoce, no derechos de propiedad, pero sí derechos de aprovechamiento de recursos naturales y prestación de servicios públicos de entidades privadas.
—¿Los sectores de recursos forestales, mineros y servicios de agua, telefonía y energía serán de dominio estatal?
—No es una figura de dominio que corresponde aplicar, porque no están en disputa los derechos propietarios, sino están en debate las reglas de fortalecimiento de los distintos sistemas económicos conocidos en la Constitución, entre ellos el privado, pero también las reglas de control.
Obviamente, el funcionamiento de cualquier operador público, privado o cooperativo tiene que sujetarse a determinadas reglas de control.
—¿Cuál será el cambio fundamental en este proceso de transición?
—Lo que variará serán los mecanismos de control y no tendremos mecanismos de las superintendencias, sino ese control pasa a los ministerios respectivos.
Eso no implica que desaparece la iniciativa privada y por eso el decreto señala que los titulares de concesiones, mantienen esos derechos adquiridos y luego engranarán al nuevo régimen jurídico.
Se convertirán a un régimen de contratos de autorizaciones de acuerdo con las características de un sector.
Comienza la transición sectorial
El viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Salvador, afirmó que se respetarán los derechos adquiridos por los concesionarios privados.
“Una vez que terminen las concesiones —explicó— se crearán nuevas reglas en la normativa sectorial. Entretanto se continuarán realizando procesos de adjudicación”.
La nueva ley del sector tendrá que estar enmarcada en la Constitución y en ese marco se harán nuevos procedimientos, que todavía no están definidos. No obstante, Flores adelantó que ya están trabajando en la nueva norma.
En el sector eléctrico, Electropaz, la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro (ELFEO) y la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE, Santa Cruz) ingresaron en un periodo de transición y, una vez promulgada la nueva Ley de Electricidad, estas empresas pasarán a una nueva figura que será reglamentada por otra disposición.
La afirmación fue expresada por el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Roberto Peredo, quien dijo además que cuatro empresas distribuidoras de energía ingresaron en la disposición del Decreto Supremo 726.
La nueva Ley de Electricidad tendrá como base los principios establecidos en la Carta Magna, por lo que los contratos de las empresas grandes y pequeñas tendrán que adecuarse al nuevo ambiente legal, señaló la autoridad, quien garantizó regularidad en el servicio eléctrico.