Los 10 grandes errores de la oposición


COSTAS MORALES El avance del MAS en la construcción de un modelo hegemonista no puede explicarse sin un factor fundamental en los últimos años: los grandes errores estratégicos cometidos por los principales actores de la oposición. La fórmula de “gobiernos abusivos + oposiciones torpes” parece repetirse en los distintos países del eje “bolivariano”; a los venezolanos les costó 11 años aprender de sus errores y reconducir la oposición, para lograr el triunfo parcial de las recientes elecciones legislativas. En Bolivia, se impone la necesidad de un análisis autocrítico que oriente una reconducción estratégica y un recambio de actores. Aquí, una apretada síntesis de los errores más relevantes:

Supeditar el Referéndum Autonómico a la Constituyente

Con un extraordinario apoyo de firmas, el Referéndum Autonómico del 2006 habría sido una poderosa herramienta para la transformación del Estado y la superación del centralismo burocrático. Sin embargo, la oposición parlamentaria del momento aceptó subordinar la implementación del resultado de la consulta a la Asamblea Constituyente, en vez de establecer una reforma automática de la CPE. Se abrió la puerta a las trampas del oficialismo y a la actual “farsa autonómica”.

Ampliar la Asamblea Constituyente

En momentos en que la Constituyente agotó su plazo de existencia legal, debido a las propias maniobras del partido de gobierno, que retrasó el normal funcionamiento al insistir en modalidades de votación diferentes al mecanismo de 2/3 establecido en la Ley de Convocatoria, nuevamente los parlamentarios de oposición le allanaron el camino al MAS para continuar con la confección de una Constitución a su medida, ampliando por 6 meses las sesiones de la Asamblea.



Convocar al Referéndum Revocatorio

Mientras los prefectos nucleados en el CONALDE llevaban a cabo un exitoso proceso de aprobación popular de los Estatutos Autonómicos departamentales, que ponía en jaque al proyecto hegemónico/centralista, el Senado controlado por la “oposición” decidió poner en marcha un Referéndum Revocatorio que introducía una agenda diferente, bajo condiciones desiguales, sin un marco constitucional adecuado y con una Corte Nacional Electoral manipulada desde el Ejecutivo.

Participar en el Revocatorio

En un primer momento, los prefectos actuaron en bloque y se negaron a concurrir a un referendo en esas condiciones. El CONALDE se pronunció de manera institucional y lanzó su alternativa de elecciones nacionales anticipadas, que una vez más complicaba al gobierno de Evo Morales. Incluso la única magistrada del Tribunal Constitucional se manifestó a favor de la suspensión de la consulta. Pero sin que mediaran reuniones de coordinación ni aviso alguno, el prefecto cruceño rompió la unidad anunciando su participación en el Revocatorio e induciendo a sus pares del Beni y Tarija a una postura similar. El resultado fue el previsible: la muerte del CONALDE y la pérdida del control opositor en las Prefecturas de La Paz y Cochabamba. El inicio de la debacle de la oposición regional…

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Toma violenta de instituciones públicas

Sobre llovido mojado, y a pocos días del Revocatorio, donde sufragaron hasta los muertos y proliferaron los votantes con carnet múltiple, las fuerzas regionales de oposición intensificaron las protestas contra la confiscación del IDH con la toma violenta de instituciones públicas. Cierto que muchas de éstas tenían que pasar a manos de las Gobernaciones por efecto del mandato popular expresado en los referendos de los Estatutos Autonómicos, pero debió procederse de otra manera: gradualmente y con leyes departamentales en la mano. La toma caótica se convirtió en el pretexto ideal para que el gobierno movilizara milicias sindicales contra los prefectos, generando escenarios de violencia como el de Pando, que terminó con el derrocamiento de Leopoldo Fernández. Adicionalmente, tras la aplicación del Estado de Sitio en Pando los restantes prefectos procedieron a una apresurada devolución de las instituciones al poder central, sin negociar siquiera una amnistía para quienes participaron en esos movimientos.

No aplicar los Estatutos Autonómicos

Ya fuese por el traspié dado en la toma de instituciones públicas, por temor a seguir la suerte de Leopoldo Fernández o por mera incapacidad operativa, el prefecto de Santa Cruz congeló la implementación del Estatuto Autonómico, cuando podría haberse avanzado en ese proceso mediante leyes departamentales que crearan una moderna Gobernación y sentando las bases para un organismo regional de seguridad ciudadana. Se eligió la parálisis y con ella vino la decepción ciudadana.

Débil defensa de los prefectos derrocados

El derrocamiento y posterior prisión del prefecto de Pando no contó con una condena suficientemente enérgica de parte de sus pares que continuaban en funciones, y que prefirieron reunirse con el gobierno en una mesa de negociación en Cochabamba, bajo el chantaje de una marcha armada de milicias sindicales contra Santa Cruz de la Sierra. No lograron concesión alguna del Ejecutivo pero se prestaron al maquillaje dialoguista de un gobierno crecientemente autoritario, participando, con la única excepción de Savina Cuéllar, en una foto que el aparato de comunicación oficial difundió a la prensa internacional. Posteriores procesos judiciales contra los prefectos derrocados por la vía electoral tampoco concitaron la solidaridad de sus colegas, ahora también enjuiciados.

Convocar al Referéndum Constitucional

En medio del “desempate catastrófico” producido entre agosto y octubre de 2008, el gobierno aprovechó para pisar el acelerador de su proyecto constitucional. Una vez más, la oposición funcional le hizo el juego sentándose en mesas visibles y clandestinas en el Congreso, rodeado por las tropas de choque del MAS, para acordar la convocatoria al Referéndum Constitucional. La transacción incluyó cambiar algunos artículos de la nueva CPE que interesaban a intereses económicos específicos, que actúan como mandantes de los representantes políticos que pactaron en el Parlamento. Artículos que supuestamente salvaguardan propiedades inmobiliarias urbanas y grandes extensiones de tierras agropecuarias, a cambio de los cuales los “mandantes” influyeron, entre otras cosas, para el congelamiento del movimiento autonómico. Salvaguardas que, tarde o temprano, serán perforadas por leyes y decretos…

Intento de conformar una autodefensa

La incertidumbre generada por la marcha de milicias armadas contra Santa Cruz de la Sierra presuntamente provocó que ciertos grupos regionales intentaran conformar una autodefensa, que actuaría en caso de una ocupación de la ciudad. El proyecto culminó trágicamente con el operativo policial que segó la vida de Eduardo Rozsa y sus colaboradores en el Hotel Las Américas, en una aparente ejecución extrajudicial. La trama es oscura y existen fuertes indicios de una infiltración gubernamental de ese grupo irregular, al punto que algunos analistas creen que todo fue manipulado desde un principio. Por el momento, la falta de independencia de la justicia hace imposible que el caso pueda esclarecerse de manera imparcial. Pero si realmente hubo sectores regionales que apostaron a la autodefensa armada, cayeron en el juego gubernamental de la violencia y le facilitaron al oficialismo una excusa para perseguir y estigmatizar a la oposición pro-autonómica como “terrorista” y “separatista”.

Reelegir liderazgos agotados

Todo este cúmulo de errores podría haber comenzado a superarse mediante una reconducción opositora, si se hubiese aprovechado la oportunidad que ofrecían, en el caso concreto de Santa Cruz, las elecciones departamentales en abril del corriente año. Sin embargo, un cierre de filas de los grupos de poder en torno a la reelección del prefecto cruceño coartó las posibilidades para las alternativas de renovación autonomista. El resultado, tras la maniobra reeleccionista, es la gestión departamental agónica de un liderazgo que claramente ha agotado su ciclo, y que únicamente apuesta a extender su sobrevivencia política por algunos meses más mediante intentos de acercamiento al gobierno central.

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