El gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío señaló que aún es la principal autoridad departamental y acusó al Gobierno del MAS de haber implantado un régimen de intervención política en su región. Condori ingresó a la Gobernación con la wiphala y la imagen de Evo Morales.
Persecución. 6 arrestos domiciliarios y un detenido. “De esta manera comienza la persecución política a los líderes cívicos tarijeños, esta es una muestra más de la persecución que está haciendo el Gobierno…”, dijo ayer de Harold Flores, presidente del Comité Cívico Juvenil.
La Prensa
Cossío dice que aún es gobernador
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El gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, en una corta entrevista concedida a Unitel, señaló que aún es la principal autoridad departamental y acusó al Gobierno y al MAS de haber implantado un régimen de intervención política en la región sureña, tras su remoción del cargo ocurrida el miércoles. Asimismo, aseguró que no salió del país.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, invocó ayer la acción del Ministerio de Gobierno y del Poder Judicial para establecer el paradero de Cossío, según la agencia ABI. “Son temas ya especializados y ya saben ustedes. Si (Cossío) salió (del país)… en algún momento se señalará y eso es atribución del Ministerio de Gobierno. El Poder Judicial y todas las instancias tienen que hacer su trabajo”.
Cossío fue suspendido tras la imputación formal de la Fiscalía, que lo acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Por el caso, la ex Prefectura tarijeña perdió 1.339 millones de bolivianos por un error administrativo en un proceso abierto contra la proveedora de cemento asfáltico Imbolsur.
Su lugar fue ocupado por Lino Condori, representante del MAS. Cossío denunció un golpe en su contra, por lo cual entregó supuestas grabaciones en las que se escucha incluso a un parlamentario oficialista sobre la necesidad de derrocarlo, lo que contaría con la venia de los mandatarios. No obstante, Coca reiteró ayer que el Órgano Ejecutivo no “tiene nada que ver”.
Cossío habla con la prensa y desvirtúa rumores de una fuga
Transición. Lino Condori ingresó ayer a la Gobernación tarijeña con la wiphala y la imagen de Evo Morales.
El Día.- El suspendido gobernador tarijeño, Mario Cossío, reapareció ayer después de dos días en el escenario público al conceder una entrevista a la filial local de la red Unitel en la que acusó al Movimiento al Socialismo de haberle propinado un golpe de estado para despojarlo de su condición de primer gobernador electo por voto popular.
Consultado sobre su sucesor dijo que no está en condición de calificarlo negativamente porque considera incluso que puede tener méritos como persona.
“El problema no es él (Lino Condori) como ser humano sino que él personifica el golpe y porque su mandato no es resultado del voto popular". Se trata de una autoridad que ha sido designada por el Presidente del Estado. "Tres días antes de que suceda el golpe en Tarija, el presidente Evo Morales ya había decidido quién iba a ser el sucesor suplente del gobernador del departamento de Tarija”, declaró Cossío desde la casa de su madre en la capital tarijeña.
También expresó su preocupación por el temor que supone que la nueva administración de la gobernación responda al centralismo y al partido en función de gobierno y que sea tomada por la fuerza y sin la legitimidad del voto.
“Me preocupan algunas actitudes de esta gente. Me preocupa el amedrentamiento a los funcionarios porque los están atemorizando recurriendo a los policías para la toma de las instalaciones de la gobernación por la fuerza como en las épocas de la dictadura y que se mande a los fiscales en busca de documentación”, expresó Cossío.
Gobierno pide que enfrente a la justicia. El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, señaló que Cossío debe rendir cuentas ante la Justicia y aclarar su situación, negando que sea una persecución política. La reaparición de la suspendida autoridad, echa por tierra las versiones difundidas en la sede de Gobierno en sentido de que hubiera salido del país.
Conciliador. El nuevo gobernador, Lino Condori, ingresó a la Gobernación, donde convocó a todos a trabajar por el desarrollo sin hacer diferencias. "Queremos gobernar Tarija con transparencia y equidad. Vamos a luchar incansablemente en contra de la corrupción y hacer que nuestro paso por la Gobernación sea eficiente", prometió Condori. En un contacto con la red Erbol, el Gobernador interino afirmó que su patrimonio actual son 130 llamas, 500 ovejas, y una modesta casa en la capital. Sobre una "masacre blanca" en la Gobernación, Condori lo negó.
Nuevo Gabinete para el lunes
El gobernador anunció que sus nuevos colaboradores serán posesionados este lunes, aún están definiendo nombres.
Dirigente cívico es enviado a Morros Blancos por quemar documentación
Fiscal apelará la resolución de la juez Peñarrieta por considerar que correspondía medidas cautelares y no sustitutivas.
El Nacional, Tarija
El dirigente cívico Harold Flores Morales fue remitido al penal de Morros Blancos de manera preventiva, tras una resolución de la juez de Instrucción en lo Penal, María Candelaria Peñarrieta, quien además dispuso el arraigo y detención domiciliaria para los demás imputados, entre ellos, Marcos Oliva.
De acuerdo a los argumentos de la juez, Flores ya contaba con antecedentes y tenía una imputación en su contra por la tenencia de explosivos, y su situación se agravó al participar en la quema de documentación en la Secretaria de Recursos Humanos de la Gobernación, tras la suspensión de Mario Cossío.
“Hemos venido advirtiendo hace tiempo esta persecución, donde quiero reiterar que esto es un proceso político y yo estoy siendo procesado por defender Tarija y por pensar diferente. Yo no quemé ninguna documentación y sólo se me quiere inculpar”, fueron las últimas palabras del dirigente cívico antes de ser trasladado al penal de Morros Blancos, en medio de los gritos y llantos de sus familiares y amigos que estuvieron en la audiencia, que duró más de ocho horas.
En el caso de Marcos Oliva, ex secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel Rodríguez, Ariel Ramírez, Freddy Vilte, Juan Manuel Ortiz y Francisco López Pantoja, la juez Peñarrieta determinó la detención domiciliaría con presencia policial y arraigo para evitar que salgan del país y del departamento. Además, se les impuso, a cada uno de los imputados, una fianza de 5.000 bolivianos a ser cancelados en el plazo de cinco días para garantizar su permanencia en la capital.
También, en la resolución judicial emitida, se instruye la anotación preventiva de todos los bienes de los imputados en Derechos Reales y Tránsito; asimismo, la prohibición de acercarse a predios de la Gobernación y de tener algún contacto con otros funcionarios.
“Se hizo justicia y en parte la expectativa obedece a una represión política, sin embargo, me siento ahora fortalecido por el apoyo recibido. En el caso que se me quiere involucrar, yo estaba trabajando porque había un instructivo y nada más”, aseveró Marcos Oliva.
CÍVICOS CUESTIONAN RESOLUCIÓN DE LA JUEZ
La presidenta del Comité Pro Intereses de Tarija, Patricia Galarza, anunció que pedirán la apelación de la resolución en contra de Harold Flores y de los demás imputados, porque considera que hubo una politización del acto procesal.
“Esta es una resolución política, debido a que Harold Flores era presidente del Comité Cívico Juvenil, y todos fueron testigos de que esta audiencia estuvo plagada de ilegalidades, y con una resolución que no tiene consistencia legal y jurídica, por ello vamos a asumir la defensa que corresponda”, expresó Galarza.
FISCALÍA APELARÁ RESOLUCIÓN DE LA JUEZ
Por su lado, la fiscal de materia Grushenka Romero anticipó que también apelará la resolución de la juez Peñarrieta, porque a su juicio correspondía aplicar medidas cautelares a todos los imputados, pero la situación fue diferente, ya que sólo uno pasó a Morros Blancos.
“Vamos a proceder a la apelación correspondiente, puesto que el Ministerio Público considera que la resolución de detención preventiva debería hacer sido para todos los involucrados. Creemos que no fue valorada la quema de documentación, puesto que fueron encontrados en flagrancia y hay evidencias, actas correspondientes”, manifestó.
CASI NUEVE HORAS DE AUDIENCIA
La audiencia duró cerca de nueve horas en un ambiente tranquilo, hasta la resolución que provocó el llanto en los familiares del imputado, quien fue despedido con aplausos por varios cívicos mientras era trasladado hasta Morros Blancos.
La madre de Harold Flores culpó de la resolución judicial al asambleísta Marcelo Poma. La familia del detenido anunció con ingresar en las próximas horas en huelga de hambre pidiendo la modificación de la pena.
ANTECEDENTES DEL CASO
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió la madrugada del jueves al secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Marcos Oliva, y otras seis personas, que fueron sorprendidas quemando documentación en la oficina ubicada en el edificio Coronado.
Estas personas, de acuerdo al parte policial, fueron sorprendidas en flagrancia sustrayendo e intentando destruir documentación de esa repartición departamental. Según el Ministerio Público, se trata de un caso de peligro de estrago y deterioro de bienes del Estado.
Seis arrestos domiciliarios y un detenido
El País, Tarija
“De esta manera comienza la persecución política a los líderes cívicos tarijeños, esta es una muestra más de la persecución que está haciendo el Gobierno…”, dijo ayer de Harold Flores, presidente del Comité Cívico Juvenil y uno de los siete todavía funcionarios de la Gobernación que fueron aprehendidos en flagrancia la madrugada del jueves 15 de diciembre al promediar las 02:15. Flores deberá guardar detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos. Estas personas fueron sometidas a una audiencia de consideración de medidas cautelares en las que el Ministerio Público solicitó detención preventiva para los imputados Harold Moroni Flores Morales, Marcos Juan Pablo Oliva Castrillo, Miguel Ángel Rodríguez Villa, Ariel Reynaldo Ramírez Aragón, Freddy Junior Vilte Cardozo, Juan Manuel Ortiz Cardozo y Francisco Daniel López Pantoja, todos ellos acusados por el supuesto delito de peligro de estrago, deterioro o destrucción de bienes del Estado o riqueza nacional.
LA AUDIENCIA
El proceso fue instalado pasadas las 09:30. La juez Tercero de Instrucción, María Candelaria Peñarrieta Vargas, fue quien dirigió el proceso en el que hubo presencia de familiares, amigos y dirigentes. La sala quedó chica para la cantidad de gente asistente. La sesión tuvo sus sobresaltos, al extremo que la juez exigió varias veces se guarde compostura, bajo amenaza del desalojo de la sala.
Unas nueve horas duró la audiencia. La fundamentación por parte del Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Grushenka Romero y Franco Anagua, principalmente, mientras que cuatro profesionales abogados defendieron a los siete imputados. Las familias, amigos y personas cercanas, acompañaron a los mismos.
También estuvo Patricia Galarza, presidenta del Comité Cívico, quien, tras conocer la que Harold Flores, miembro de la entidad, deberá guardar detención en Morros Blancos, dijo que todo esto es parte de la persecución política contra los líderes de oposición al gobierno.
Juan Carlos Keri, de la Federación Universitaria de Docentes y Paúl Castellanos, director del Sedes, entre otros, se presentaron para demostrar su respaldo a las personas que estaban siendo sometidas a la audiencia, sobre todo a Marcos Oliva, todavía Secretario de Desarrollo Humano, y también el único médico cirujano del departamento, razón por la que la juez consideró que se le dará la posibilidad de salir del arresto domiciliario cuando se presente la ocasión y esté debidamente fundamentada ante la autoridad judicial que corresponda.