José Manuel Ormachea
Sí, tal como lo lees. Estoy a favor de una intervención internacional humanitaria en Venezuela y, dependiendo de cómo evoluciona la situación, también en Nicaragua. Estoy seguro que los poderosos “guerreros digitales” van a polemizar sobre mis palabras y me van a tildar de “golpista”, “injerencista” y “anti democrático”, pero eso posiblemente vaya a ocurrir más por su falta de lectura (más que evidenciada en su ortografía al momento de crear “memes”) que quizá por la mía.
Para contextualizar, entre los años 90 y principios de los 2000 se produjo un interesante debate en el marco de la ONU, sobre el “derecho a la intervención” de la comunidad internacional en países donde, por diferentes motivos, el Estado dejaba de ser el garante de los Derechos Humanos para convertirse en el principal promotor de la violación sistemática de los mismos (tal fue el caso de Ruanda de 1994 y de los Balcanes en 1995 donde, por falta de una intervención externa rápida, se produjeron verdaderas masacres contra la población).
Ante la pregunta del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, sobre si una intervención en países en crisis humanitaria representaba “un ataque a la soberanía”, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS) propuso que “cuando un Estado no protegiese a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la comunidad internacional en general asumiera esa responsabilidad”.
Desde aquel entonces, dicha respuesta sirvió como jurisprudencia internacional para la intervención humanitaria por parte de operativos de la ONU y de coaliciones militares. Así, en el año 2011 “la responsabilidad de proteger” se puso en práctica en dos países; Costa de Marfil y Sudán del Sur, además de que el concepto sirvió como instrumento jurídico para que el Consejo de Seguridad de la ONU habilitase la intervención aérea por parte de la OTAN contra las Fuerzas Armadas a favor del Dictador Gadafi en la guerra civil de Libia.
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Ahora bien, Venezuela y Nicaragua viven hoy en una situación de violencia gubernamental que podría fácilmente calificarse como “crímenes de lesa humanidad” y que ya se ha cobrado la vida de miles en Venezuela (5.000 según el Observatorio Venezolano de la Violencia) y cientos (alrededor de 300 en dos meses de conflicto, según un reciente informe de la CIDH) en Nicaragua.
Y no, no estoy proponiendo que la Asamblea Nacional, el Tribunal de Justicia en el exilio de Venezuela y los Diputados de oposición expulsados del Congreso en Nicaragua sean restituidos “a punta de tiros”, sino que tanto una misión humanitaria de la ONU como fuerzas de coalición internacional ingresen para asegurar la reposición y el ejercicio de las legítimas funciones de estos poderes del Estado para así poder restaurar la democracia, ya que ha dejado de existir hace tiempo en los dos países (sí, las fuerzas del orden en ambos casos ofrecerían resistencia, pero las FFAA en Nicaragua han decidido ser neutrales y la venezolanas están divididas).
Lo manifesté antes y lo repito: sólo un necio podría seguir creyendo que las urnas en dictadura sirven para sacar a un dictador que no quiere salir del poder, así que dichas fuerzas, además, deberían de cerciorar, junto con organismos internacionales, la celebración de elecciones libres, plurales y transparentes.
Sólo así ambos países podrán liberarse de las garras criminales que hoy los someten al hambre, la desolación y la muerte.
José Manuel Ormachea es politólogo