Dos asesores legales de la Cámara de Senadores fueron denunciados por estafa este viernes. Una mujer asegura que los funcionarios le pidieron $us 10.000 a cambio de no enviar a la cárcel a su hijo, acusado de falsificar su título profesional. El Legislativo asegura que el dinero fue una forma de resarcir el daño económico causado.
Rafaela M.F., la denunciante, presentó el 27 de abril una querella penal en contra Daniela Z. A. y Wilson M. P., asesores de la dirección legal de la Cámara de Senadores, por el delito de estafa.
“Estos dos funcionarios lograron estafar, sonsacar dinero a través de artificios a mi cliente, que se convierte en víctima, a través de un proceso iniciado en contra de su hijo por la Cámara de Senadores”, explicó Soledad Baena, abogada de la víctima.
Según el relato de la afectada, el 7 de diciembre de 2017 ambos profesionales le exigieron $us 25.000 para que su hijo se someta a un proceso abreviado y así no vaya a la cárcel, ya que le seguían un proceso por haber falsificado su título profesional.
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“Solo logré conseguir Bs 70.000 que fueron depositados a las cuentas de la Cámara de Senadores, pero no cumplieron con su palabra”, dijo la mujer.
Empero, la Cámara emitió un comunicado este viernes en el que se señala que Mauricio R.F. -hijo de la denunciante- fue procesado por los delitos de uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y conducta antieconómica. El sindicado estuvo detenido preventivamente y posteriormente se benefició con detención domiciliaria.
“R.F. admitió la autoría del hecho y a efectos de someterse a un procedimiento abreviado, aceptó resarcir el daño económico causado; es por ello que a través de sus familiares realizó un depósito de Bs 70.000 en la cuenta bancaria de la Cámara de Senadores, por concepto de devolución de los salarios indebidamente percibidos”, señala el comunicado emitido por la Dirección de Comunicación y Prensa del Senado que cita “dos memoriales” del 8 de diciembre de 2017 y 21 de febrero de 2018.
El documento también aclara que fue la Fiscalía la que desestimó el proceso abreviado, razón por la cual los familiares del sindicado comunicaron distintas versiones de lo sucedido.
El Código Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a dos años para quien ejerza una profesión sin tener el título correspondiente.(06/07/2018)