Informe de gestión 2010. Afirma que así ocurre también con la presunción de inocencia y el derecho constitucional con acceso a un juicio justo.
Rolando Villena, Defensor del Pueblo
EL DIARIO y agencias.- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo ayer de acuerdo al Informe de Gestión 2010 “Construyendo discurso haciendo gestión” que en Bolivia no se cumple adecuada e imparcialmente con el debido proceso de la presunción de inocencia y el derecho constitucional con el acceso a un juicio justo.
De acuerdo al documento, no se satisface “la sed de justicia de todo boliviano o boliviana”, ocasionando traumas psicosociales que afectan a la autoestima personal y colectiva con negativas repercusiones en la credibilidad y confianza en la administración de justicia.
“Es en virtud a un debido proceso que se consagran un conjunto de derechos y garantías mínimas a objeto de que se pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones”, señala las conclusiones de la Defensoría del Pueblo.
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Más adelante sostuvo que no siempre se asegura el derecho a la defensa, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado, como en la normativa internacional que, implica diversos aspectos, como: acceder a documentos, pruebas y resoluciones que provengan del tribunal, con una antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado con anticipación de las actuaciones judiciales, poder participar en ellas y poder impugnar determinaciones contrarias a sus intereses.
Dijo que se realiza el seguimiento desde su despacho a lo sucedido en Caranavi, en mayo de 2010, donde fallecieron David Callisaya y Fidel Hernany. Además del caso Uncía, donde fallecieron cuatro funcionarios de la Policía. En ambos casos, Villena dijo que se ha constatado grandes limitaciones en la investigación a cargo del fiscal, Espíndola Cardozo.
DERECHOS VULNERADOS
Villena aseveró que su despacho identificó los 15 Derechos Humanos más vulnerados, además de las 15 entidades más denunciadas por la población en 2010.
Un informe de gestión presentado Villena sostiene que el derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública fue el más vulnerado, con 847 quejas, seguido por el derecho en el trabajo con 825.
Según el Defensor, la más denunciada en la anterior gestión con relación a quejas administrativas son, con un total de 847 el derecho a que todo ciudadano puede exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, 825 el derecho en el trabajo, 627 a la respuesta y resolución en distintos casos, 508 a la integridad física, psíquica y moral, 307 el uso, goce y disposición de sus bienes, 31l la seguridad social y 283 el Derecho al trabajo”, puntualizó.
Asimismo, con 262 denuncias de los niveles de enseñanza, 260 las garantías mínimas, 208 la personalidad jurídica, 202 las orientaciones y obligaciones generales, 194 la jurisdicción apropiada y 163 la nacionalidad.
Villena enfatizó que todos los casos denunciados en la Defensoría del Pueblo son seguidos con la “obligación” de buscar la verdad de los hechos.
“El derecho a la búsqueda de la verdad de un hecho denunciado por haber violado los Derechos Humanos protegidos por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, es una obligación del Estado, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Órgano Judicial”, sostuvo.
Con relación al debido proceso de la justicia, dijo que ésta no se cumple adecuada e imparcialmente, pues en su criterio, existe obstrucción en los fiscales, retrasando de esta manera los diferentes casos.
El Defensor dice que no hay juicios justos en Bolivia
ANF.- El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo ayer, de acuerdo con el Informe de Gestión 2010 "Construyendo discurso, haciendo gestión", que en Bolivia no se cumple adecuada e imparcialmente el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho constitucional con el acceso a un juicio justo.
Según el documento, no se satisface "la sed de justicia de todo boliviano o boliviana", ocasionando traumas psicosociales que afectan a la autoestima personal y colectiva con negativas repercusiones en la credibilidad y confianza en la administración de la justicia en el país.
"Es en virtud a un debido proceso que se consagra un conjunto de derechos y garantías mínimas a objeto de que se pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones".
Sostuvo, además, que no siempre se asegura el derecho a la defensa, reconocido tanto en la Constitución como en la normativa internacional, que implica aspectos como acceder a documentos, pruebas y resoluciones que provengan del tribunal.