En el país existe un total de 184 empresas de seguridad privada establecidas legalmente. En la ciudad el 2016 se tenían 20 entidades registradas. Actualmente hay más de 60.
Ref. Fotografia: El servicio de seguridad física, electrónica y monitoreo.
Los guardias de seguridad actualmente son de gran ayuda para mantener la vigilancia en distintas instituciones o casas particulares. Pero muchos de ellos no llegan a ser capacitados por las empresas que ofrecen este servicio quienes en la mayoría de los casos solo contratan personal y los designan a su puesto de trabajo. Según un informe emitido por el Comando General de la Policía, a través de su Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev) en Bolivia existen 184 empresas de seguridad privada que cuentan con licencia de funcionamiento, de las cuales más de 60 se encuentran en Santa Cruz. La creación y el incremento de estas instituciones de vigilancia privada se debe a la tasa delincuencial que mantiene amenazada a la población por los constantes robos y asaltos a mano armado, que inducen a las personas a buscar protección privada, ante el descrédito de la Policía de poder garantizar la seguridad a las personas.
La inseguridad dispara el negocio de la seguridad privada. El suboficial Carlos Pedraza, de la Jefatura Departamental de Control de Empresas de Vigilancia (Jedecev), explicó que uno de los factores para que se haya incrementado el servicio de seguridad privada es el incremento de la violencia y atracos, que se registran a plena luz del día, en la ciudad y las provincias. “La inseguridad es el primer disparador de la adquisición de servicios de seguridad privada y muchas empresas hacen lucrativos negocios a raíz de esto, pero no todas están establecidas legalmente”, dijo Pedraza.
Recalcó que en Santa Cruz solo hay 66 empresas autorizadas en cumplimiento de la ley, y existen alrededor de unas 20 que están gestionando su licencia. Manifestó que no maneja un número exacto de las empresas que operan de forma clandestina. Sin embargo, algunas de estas quedan al descubierto debido a las quejas y denuncias de parte de los vigilantes hacia sus empleadores por no dotar uniforme, retraso en el pago de sus salarios o por no cumplir con otros beneficios sociales. “Existen personas que se aproximan a las oficinas para hacer estas denuncias. A través de esto se inicia una investigación sobre una determinada empresa. Aparte, se realiza controles rutinarios en diferentes instituciones. Por ejemplo, visitamos bancos para verificar que la empresa que ofrece seguridad privada esté legalmente establecida, si no fuera así, se le entrega una notificación para que inicie su trámite de regularización”, describió el suboficial.
Requisitos que deben cumplir las empresas. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, entre los requisitos para obtener la resolución y la autorización de funcionamiento están el certificado de Fundempresa, el registro obligatorio de empleadores, una póliza de responsabilidad civil y otra contra accidentes del personal. Además de contar con los certificados de antecedentes de cada uno de sus empleados emitidos por las Fuerzas Especiales de Lucha Contra el Crimen, el Narcotráfico y la Violencia.
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Existen tres rubros. Por otra parte, las empresas están divididas en tres rubros, que corresponden a seguridad privada: El servicio de seguridad física, electrónica y monitoreo; servicio de custodia de bienes inmuebles y locales públicos (guardias de seguridad); también, se cubre el servicio de transporte y traslado de valores (vehículos blindados).
Estas deben desarrollar actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana bajo tuición y estrecha colaboración con la Policía.
Asimismo, deberán capacitar a sus empleados en temas de emergencias, primeros auxilios, medio ambiente, atención al cliente y otros aspectos relacionados. Además, los vigilantes deben portar y exhibir en todo momento y de manera obligatoria la Tarjeta de Identificación (TDI) otorgada por el (Denacev), teniendo la obligación de identificarse ante el requerimiento del personal policial.
Prohibiciones. Las empresas privadas de seguridad están prohibidas de «admitir al interior de su personal a personas nacionales o extranjeras que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada en nuestro país o en el extranjero».
Tampoco pueden contratar a personas que hayan formado parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana u otras fuerzas extranjeras, que hubieren sido dadas de baja por la comisión de delitos o faltas disciplinarias graves» ni «admitir entre su personal a militares o policías en servicio activo, a servidores públicos que se encuentren ejerciendo sus funciones.
También están prohibidas de «utilizar uniformes, logotipos, membretes y distintivos que sean iguales o similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana» y de «comunicar a terceros cualquier información que conozcan en la prestación de sus servicios que atenten o vulneren la privacidad y seguridad de sus usuarias, usuarios o personas relacionadas con estas, así como de los bienes y objetos que custodien, salvo orden emanada del Ministerio Público.
Corre el plazo para registro de empresas de seguridad
El Comando General de la Policía Boliviana, a través del Departamento Nacional y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), anunció a todas las instituciones dedicadas a este negocio que el plazo para regularizar su situación legal y efectuar todos los trámites correspondientes para obtener su licencia de funcionamiento, es hasta el 21 de enero de 2019.
La autorización expedida debe ser homologada por Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Gobierno.
Registro de personal. El personal de las empresas privadas de vigilancia, deberá estar capacitado y entrenado para brindar los servicios de vigilancia. Además, deberá estar identificado, registrado y certificado por la Policía Boliviana.
Fuente: eldia.com.bo