Inicialmente, el proyecto carretero debía ejecutarse con recursos del Programa de Apoyo a la Promoción y Diversificación de las Exportaciones (PROEX) del Banco de Brasil.
Mediante informe Nº 47/04-05, la comisión recomendó la suscripción del contrato de préstamo. El informe lleva la firma de los diputados Hugo Carvajal Donoso, entonces presidente de la comisión de Hacienda, además de las rúbricas de Mario Diego Justiniano Aponte, presidente del comité; y de los vocales Juan Luis Choque Armijo y Ana Flores Sanzetenea.El proyecto de ley fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, y luego remitido al Senado, que cumplió los mismos procedimientos y sancionó la norma. Tras cumplirse el procedimiento legislativo, el entonces presidente Rodríguez Veltzé promulgó la Ley 3282 del crédito de préstamo con la CAF, el 10 de diciembre de 2005.Según correos que se enviaron los altos ejecutivos de la empresa brasileña Camargo Correa, legisladores de la gestión 2005 sostuvieron una reunión en Brasil, donde presuntamente hubo “sobornos” para acelerar la aprobación de la ley del contrato de préstamo con la CAF.Inicialmente, la carretera debía ejecutarse con recursos del Programa de Apoyo a la Promoción y Diversificación de las Exportaciones (PROEX) del Banco de Brasil. Fue el expresidente Carlos Mesa quien logró el compromiso de Brasil para financiar, con crédito de PROEX, la construcción de la carretera.Mesa admitió que, entre 2004 y 2005, promulgó cuatro decretos para licitar, suscribir un contrato y aceptar las condiciones de financiamiento ofertadas “por los proponentes”.“En mi gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia”, sostuvo el 2 de abril de 2018.
Mesa dimitió a la presidencia en junio de 2005 y en su lugar asumió Rodríguez Veltzé. A un mes de iniciar su mandato, en julio de 2005, los cívicos de Puerto Suárez protagonizaron un paro de 48 horas y advirtieron con radicalizar sus medidas de presión –con la toma de la frontera y hasta el cierre de válvulas del gasoducto al Brasil– si el Gobierno no daba una respuesta satisfactoria para el “pronto inicio” de la construcción de la vía.Rodríguez Veltzé, en agosto de 2005, promulgó dos decretos para la invitación directa y licitación de los tramos Robore-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.También aprobó decretos para: la suscripción, con la CAF, del préstamo de 180 millones de dólares, para financiar el proyecto; y autorizar al entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) la contratación de las empresas para la construcción y supervisión de los tramos. Asimismo, Rodríguez Veltzé promulgó la Ley del contrato de préstamo con la CAF.“La contratación de esos tramos carreteros ha seguido varios procedimientos, desde su suscripción inicial en la gestión de Carlos Mesa, su modificación durante mi mandato y su ejecución y entrega en la siguiente administración”, declaró Rodríguez Veltzé a Página Siete.En los contratos de construcción con las empresas brasileñas figura la firma de Patricia Ballivián, exgerenta administrativa del extinto SNC (hoy Administradora Boliviana de Carreteras) y actual gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. Las obras también iniciaron en la gestión de Ballivián.Con esos antecedentes, Mesa, solicitó ampliar la investigación a legisladores de 2005 y a las gestiones de Rodríguez Veltzé y del presidente Evo Morales.No obstante, la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Bolivia rechazó ese pedido. Señaló que identificó “serios indicios” de responsabilidad contra Mesa y siete exautoridades. Asimismo, esa instancia deslindó de responsabilidades a Rodríguez Veltzé, con el argumento de que él redujo el monto de contrato, de 118.935.605,98 dólares a un total de 94.993.259,77 dólares; ahorrando al Estado poco más de 23 millones de dólares.Página Siete / Beatriz Layme / La Paz