La autoridad que tiene sobre sus hombros el peso de enfrentar controversias con multinacionales del sector petrolero, eléctrico, telecomunicaciones y minería no descarta que con los ex accionistas de Chaco y de Guaracachi, Bolivia enfrente un arbitraje internacional.
– En 2010, ¿cuántos procesos de intenciones de arbitraje internacional se encararon?
– En diferentes escenarios hemos hecho un trabajo muy positivo para el Estado porque en 2010 hemos tenido tres casos resueltos.
– ¿Cuáles?
– El primero es de Euro Telecom Internacional (ETI). La demanda de ETI era de 1.000 millones de dólares como pretensión de indemnización. Al final, hemos llegado a un consenso entre las partes y es por esa razón que el Estado ha pagado 100 millones de dólares.
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– ¿Ese caso está cerrado?
– Está cerrado. En realidad, con esta solución, hemos ahorrado a Bolivia casi 904 millones de dólares.
– ¿Cuáles han sido los otros dos casos?
– Después del caso ETI, ha sido también solucionado el caso CLHB (Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana. Su ex accionista era la sociedad germano-peruana Oiltanking-Graña Montero). La demanda que pretendían era de 30 millones de dólares. Se ha hecho el pago de 16,4 millones de dólares teniendo un ahorro para Bolivia de 13 millones de dólares, más los cuatro millones que nos hubiese costado un proceso arbitral.
– ¿Y el tercero?
– Ha sido la eléctrica Valle Hermoso. Con la empresa ya se llegó a un acuerdo, se han consensuado los puntos. Hemos dejado establecido cuáles son nuestras pretensiones. Seguramente en el transcurso de estos días vamos a concluir con el pago que se tiene comprometido, que son alrededor de 10 millones de dólares. Es una de las empresas que ha cumplido con todas las normas que determina la ley nacional.
– ¿Será el pago único?
– Sí. Ése es el pago único a cada una de las tres empresas, es decir, ETI, CLHB y Valle Hermoso.
– ¿En qué meses se resolvieron los tres casos?
– El último caso fue resuelto a fines de diciembre (2010) y los trámites administrativos en enero (2011). Esto ha sido un trabajo de todo el año. Estamos casi concluyendo, porque el Ministerio de Defensa Legal ya está en transición hacia la Procuraduría.
– ¿Cuándo culmina ese ciclo?
– En febrero, de acuerdo con lo que dispone la ley.
– ¿Hay otros casos que están pendientes?
– Tenemos otros casos que se encuentran justo en la etapa de conciliación y existen muchísimas perspectivas de poder arreglar, porque con las empresas estamos llegando a trabajar para encontrar ese punto de equilibrio que nos va a permitir cumplir con las pretensiones que hemos diseñado.
– ¿Cuáles son?
– Está Atlas Precious Metals, por ejemplo, con la que se tiene un camino recorrido muy positivo. Ya hemos llegado al monto de 750.000 dólares.
– ¿Ya se le pagó?
– No. Porque el Estado, para hacer las cancelaciones, tiene que hacer sus trámites administrativos. No es dinero que se puede disponer sin ningún respaldo legal. Lo que pasa es que, con Atlas, el Ministerio de Minería, Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y con la participación del Ministerio de Defensa Legal ya se ha consensuado un monto. Ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa Legal es cumplir con los requisitos que establece la ley para que se pueda legalizar todo.
¿En cuánto tiempo se podrá hacer el desembolso efectivo?
– Esta semana se está sometiendo al Consejo de Defensa Legal, que lo tiene que aprobar. A partir de eso, por ley, el Ministerio de Defensa Legal está obligado a informar esto al consejo de ministros, y finalmente a conocimiento del Presidente, de todo el gabinete, para que puedan aprobarlo. Esto va a ser seguramente la siguiente semana.
– ¿Cuáles son las que están en proceso de conciliación?
– Este asunto de Atlas está en esa etapa. Luego tenemos una notificación de controversia con la otra empresa eléctrica Corani. Sin embargo, las conversaciones que tenemos están dentro del límite que nos va a permitir llegar a ese punto de entendimiento. Tenemos mucha confianza en que esto suceda porque, en realidad, la empresa y el Estado, no quieren ir al arbitraje.
– ¿Qué otras empresas?
– Aparte de Corani, tenemos a la empresa Air BP. Es una empresa que ha demandado al Estado boliviano por 36 millones de dólares. Nosotros hemos hecho la evaluación para determinar el monto justo que indica el decreto de nacionalización para compensar a esta empresa. También estamos haciendo una serie de esfuerzos para que ambas partes podamos llegar a una conciliación.
– ¿Cuáles son las que se han puesto difíciles a la hora de sentarse a conciliar?
– Tenemos dos empresas con las que seguramente vamos a concluir en arbitraje. Ojalá que no sea así, porque siempre hay algún modo de arreglar. Así estemos en arbitraje, tanto la empresa como el Estado comprendemos que las negociaciones no se pueden dejar. Es siempre mejor un buen arreglo que un mal procedimiento arbitral. Éste es el caso de Guaracachi (la ex accionista Rurelec PLC inició un arbitraje), que supuestamente tiene una inversión muy alta y por esa razón demanda 24 millones de dólares por el 50% del paquete accionario. Sin embargo, tenemos una valuación totalmente diferente.
– ¿De cuánto?
– Es un monto mínimo que prefiero no decirlo, porque como le digo, no es definitivo. Esto está todavía sujeto a algunas negociaciones que hacemos con la empresa. Ellos (Rurelec PLC) no están de acuerdo. Tienen situaciones que hay que ver, tienen muchas deudas en el país con casi todos los bancos.
– ¿Eso significa que ya no quieren negociar?
– No están de acuerdo con la valuación que nosotros tenemos de la empresa. Tenemos una notificación de controversia con ellos. Ahora están prácticamente paralizadas nuestras reuniones.
– ¿Eso le hace deducir que se puede ir a un arbitraje?
– Exactamente.
– ¿Ante el Ciadi?
– Tendríamos que ver el TBI (Tratado Bilateral Sobre Inversión), ellos verán dónde. Seguramente será en un escenario ad hoc porque Bolivia ya no está en el Ciadi, ¿no?
– ¿Qué otra empresa está enrumbándose a un arbitraje?
– Estamos todavía en conversaciones con el caso de Chaco; Pan American Energy (PAE). Ellos también están a la espera de la información que nos van a dar los de la empresa que han hecho la valuación. Estamos viendo que las pretensiones que tienen (PAE) están totalmente alejadas de lo que podríamos dar como compensación. Eso nos hace ver que podríamos ir a un arbitraje.
– ¿Con las únicas?
– Claro que sí. Eso no significa que nosotros no estemos negociando. Con ellos todavía tenemos conversaciones.
– ¿Siguen abiertos como Estado boliviano?
– Exacto. Y es nuestra perspectiva que podamos reunirnos y seguir trabajando.
– ¿Hay nuevas firmas que hayan presentado su intención de iniciar un arbitraje?
– No. Son estas dos (PAE y Rurelec PLC). Tenemos 14 casos en este ministerio. Le estoy señalando los que están vigentes. Con ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), por ejemplo, no conocemos a las personas que están interesadas en esa empresa. Hemos hecho una convocatoria inclusive a través de los medios de comunicación para que vengan, se apersonen, veamos cómo solucionar de la mejor forma posible. Pero hasta el día de hoy, nadie se apersonó a nombre de esta empresa.
– Pero ya está nacionalizada.
– Sí. Exacto. Dependiendo de quién nos reclame. Si no hay nada, el decreto de nacionalización ratifica de quien es la empresa, porque siempre ha sido de los bolivianos, ¿no cierto? Después, tenemos otra empresa con la que sí estamos resolviendo un asunto de objeción al Tribunal Arbitral en el caso de Quiborax.
– El Estado boliviano, ¿en qué escenario ha decidido que puede enfrentar un arbitraje internacional? ¿Si lo convocan con el Ciadi, acudirán?
– No. En realidad es lo que estamos haciendo con PAE, por ejemplo, que maliciosamente ha presentado la demanda de controversia al Ciadi y esa instancia, desconociendo nuestra decisión de 2007 (Bolivia se retiró del Ciadi), ha registrado la demanda. Este ya es un acto ilegal.
– ¿Entonces en qué escenario?
– Eso es estratégico. Yo en este momento no le puedo decir. Ya está diseñado aquello desde el momento en que el Banco Mundial (BM) no nos responde. Entonces, también vamos a iniciar las acciones pertinentes en los escenarios que correspondan para que este registro de Chaco en el Ciadi no tenga ningún efecto.
– ¿Será el mismo accionar con las otras empresas?
– Si es que se atrevieran a hacerlo en el Ciadi. Pero no. Ya tienen más o menos clara la idea de que nosotros no nos vamos a someter. No nos van a obligar a ir al Ciadi porque ya no estamos ni siquiera en su web.
– ¿Cuánto se ha invertido hasta el momento y cuántos consorcios jurídicos internacionales están participando de este proceso de defensa?
– En 2010 se contrató al consorcio Dechert para que podamos llevar adelante el caso ETI, CLHB y Quiborax. No hemos pagado el monto de los tres o cuatro millones de dólares y por eso le digo que hemos ahorrado para el país lo que se tendría que haber pagado en un escenario de arbitrajes porque hemos llegado a ellos con conciliaciones. Entonces, se les ha pagado solamente las horas que hemos hecho uso de su servicio profesional. En este momento no tengo la cifra exacta, pero le aseguro que no ha llegado ni a un millón de dólares.
– ¿Y para los otros casos?
– Estamos haciendo la licitación. Yo creo que en estos días sale para que las empresas jurídicas del exterior que estén acreditadas para llevar arbitrajes se presenten.
– Este nuevo consorcio, ¿para qué casos será contratado?
– Para los casos Chaco y Guaracachi.
– ¿En algún momento del proceso de las situaciones de arbitraje usted tuvo miedo?, ¿dudó de seguir adelante?
– No. Nunca, porque yo tengo un compromiso muy serio. Para mí es un reto como boliviana y como abogada. Mi vocación de servicio. Vengo de una formación muy estricta. Yo he sido juez durante 15 años. En mi tierra, Potosí, conocen perfectamente cómo ha sido mi trabajo y es por esa razón que no voy a cambiar mi manera ni mi forma de ser. La honestidad con la que tengo que trabajar. No obedeciendo a alguien, sino obedeciendo a mi conciencia, a lo que mi país necesita.
– Cómo calificaría su comportamiento: ¿una autoridad flexible o dura?
– No diría ni flexible ni dura. Yo diría una autoridad que ha visto por todos los medios defender los bienes del Estado. Así me considero. No puedo ser ni dura ni flexible, tengo que luchar por mi país y salir de aquí con el deber cumplido. Me ha costado muchísimos años cuidar que nadie vulnere mi formación ética, profesional y familiar, porque yo vengo de una familia muy estricta. Entonces, no he permitido que nadie vulnere aquello, y ¿cómo permitiría, más al servicio de mi país, que eso se vulnere? No.
Perfil
Experta dedicada a las leyes
Desde que recibió una llamada telefónica para informarle de que el dignatario de Estado, Evo Morales, quería hablar con ella, la vida de la actual ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi (53), dio un giro inesperado. Hasta ese instante había fungido como jueza durante 15 años en su natal Potosí.
Desde enero de 2010 hasta la fecha ocupa su sillón negro en su despacho de amplios ventanales situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por estar situado en la urbe alteña (La Paz). “Me han invitado y yo he aceptado gustosa ser parte de este proceso”, afirma.
La autoridad explica que tiene dos profesiones que ejerció con dedicación y orgullo: profesora egresada de la Normal de Sucre y abogada titulada en la universidad Tomás Frías.
Cuando habla de sus dos hijas, se le ilumina la mirada. Luego hace una pausa y comenta que su compañero de vida ya falleció.
También detalla que ejerció como profesora por diez años, tiempo que aprovechó para estudiar, por las noches, Ciencias Jurídicas.
Desde que salió de las aulas de la universidad Tomás Frías, según relata, ingresó a la carrera judicial.
Fue actuaria, secretaria, juez en provincia, juez de instrucción en materia penal y juez de sentencia en materia penal en Potosí.
Cuando se le hizo la consulta, ¿usted es simpatizante o militante del MAS?, la respuesta fue: “Estoy con el proceso de cambio. Y si estar en contra de la corrupción, en contra de entregar nuestras empresas a las transnacionales, si estar en un trabajo tesonero y leal es ser masista, como usted me está diciendo en otros términos, pues lo soy”.
Gonzalo López . La Paz, El Deber