Medios de comunicación bolivianos. | Foto ilustrativa | Agencias
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que representa a los principales medios impresos, expresó profunda preocupación por el control y vigilancia policial al trabajo informativo y de opinión de periodistas.
Mediante un comunicado, recordó que la función constitucional de la Policía es la «defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes».
El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, calificó la labor de control policial en las redes sociales de «abusiva, inconstitucional y antidemocrática».
Las declaraciones se dan luego de que un audio filtrado reveló que esta institución hace seguimiento a políticos y periodistas de «derecha». Se escucha además que la Policía creó cuentas nacionales en Facebook; dos del comando, nueve departamentales y 73 de las diferentes unidades a nivel nacional, con lo que también se genera interacción.
«Desinformación»
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La Policía vigila los mensajes de periodistas y políticos influyentes en las redes sociales y genera «desinformación» para preservar la imagen del gobierno, dice parte del texto del comunicado de la ANP.
Horas después de la circulación del audio en varias redes, el comandante general Faustino Mendoza afirmó que los mensajes fueron «deliberadamente manipulados» con la finalidad de producir un «show mediático» y evitó responder a preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa.
La grabación difundida por «WhatsApp» está acompañada de imágenes y textos que atribuyen las voces a Mendoza y al jefe de inteligencia Eduardo Huallpara durante una reunión a la que habrían asistido el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y los ministros de la seguridad interna, Carlos Romero, y de la Presidencia Alfredo Rada.
Monitoreo
Mendoza admitió que varias unidades de la Policía realizan el monitoreo informativo de noticias de dominio público, y horas después de las protestas en las redes sociales expresó que esa tarea no «implica una labor de inteligencia o investigación» a periodistas y políticos de oposición. En ese sentido dijo que el derecho a la libertad de expresión está plenamente garantizado.
Mendoza, que anteriormente expresó su adhesión a las políticas del gobierno, afirmó que se pretende distorsionar el uso de nuevas tecnologías en la lucha contra el delito y explicó que la difusión del audio coincide con la etapa de calificación de méritos para el ascenso de nuevos generales.
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