Ensayó el ‘sólo míos o de nadie’ con las segundas reservas de gas del continente, la mayor mina de hierro y potasio y el primer depósito mundial de litio, el 50% del total. Como su vecino ecuatoriano, Evo Morales se había abrazado desde 2006 a sus recursos naturales con la partitura de Chávez como brújula: encadenó cinco años de nacionalizaciones y el olvido de los planes públicos de YPFB y Comibol. Pero en el quinto aniversario de su llegada a Palacio, a Morales le hace aguas su modelo. Es el primero en confesar que ‘no va más’. No sólo porque sin inversiones extranjeras -cayeron un 30% en un semestre-, el desabastecimiento en crudo y derivados lo espera en 2015, o porque tiene que importar el 95% del diésel y del GLP. Es que con subvenciones por 600 millones de dólares cada año, precios con un 80% de descuento con los vecinos y colapso de la estatal YPFB las paredes de su cuadrilátero gasista y petrolero se echan encima del Estado. Lo que Morales llama la "segunda fase de su nacionalización" es un camino de retorno con un nuevo ministro, nueva Ley de Hidrocarburos y la urgencia por encontrar apellidos privados para los 3.500 millones de dólares que YPFB no sabe de dónde sacar. Nada que no intente trasplantar también a un sector minero que necesita 17.000 millones de inversión inmediata, después de un bienio en el que cayó un 68%.
Con La Paz a la vista, Hugo Chávez y Rafael Correa ponen sus nacionalizaciones ‘a remojar’. Pero aunque dejan caer pequeños detalles a la claudicación al realismo -la admisión de Ciadi en los contratos con Petroecuador o el derecho al 100% de las acciones para los socios gasistas en Venezuela-, le hacen tiempo al repudio de las inversiones con otra ‘vuelta de tuerca’ para las condiciones de las compañías extranjeras. En los tres últimos años, Ecuador consumió todos los ingresos petroleros -más de 27.000 millones de dólares- y unos 6 000 millones por préstamos, uso de reservas e inyecciones del FMI. Aunque no sabe cómo asumir sus operaciones y necesita más de 3.000 millones para los próximos tres años, a Petroecuador no le duelen prendas en decir adiós a la decena de empresas que prefieren irse antes que a un modelo de prestación de servicios que les deja sin acceso a las reservas. Pdvsa, con 195 trillones de pies cúbicos (TCF), pero con un déficit local que supera los 2.000 millones de pies cúbicos diarios, no ha conseguido hacer realidad sus planes gasistas. ‘Vacuna’ del contagio a sus socios petroleros en el Orinoco con nuevas exigencias.
Ni el ‘gasolinazo’ de ida y vuelta, ni la dimisión forzada en enero del ministro de la cartera de energía y recursos naturales, Fernando Vincenti y la llegada de José Luis Gutiérrez -su sexto ‘hombre’ en cinco años- hacen mucho más que pagar los peajes de la satisfacción de los sindicatos que apoyan a Morales y el MAS -el primero- y enviar un ‘guiño’ a las multinacionales energéticas y los inversores internacionales, el segundo. Pero por primera vez, es el propio presidente boliviano en persona el que, además de entonar el ‘mea culpa’ de las nacionalizaciones de su país anuncia cambios en el camino de la gestión de los recursos naturales marcado desde la bitácora de Chávez. El ‘no va más’ no sólo palpita por las prisas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que sólo dispone del 50% del presupuesto que necesita invertir más allá de 2012, sino del ultimátum que varios informes de consultoras internacionales le han dejado sobre la mesa: sin más exploración en gas y petróleo, sin industrialización, sin reforma de YPFB y sin inversión internacional que supla a su mermado Tesoro, en 2015 Bolivia no podrá ni autoabastecerse. Según las cifras de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), sin incentivos, o un viraje en el modelo, en menos de seis años su crudo se desvanecería.
Aunque Morales terminara por revertir el Decreto Supremo 0748 de diciembre y por neutralizar un alza en los carburantes que había ordenado de entre un 73 y un 99% en la gasolina, el diésel y el jet fuel, en el Palacio Quemado reconocen que, desde la nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 han terminado por forjar un cuadrilátero -subvenciones, precios con un 80% de descuento con los mercados vecinos, colapso de YPFB y falta de inversión e incentivos a las multinacionales- el que las paredes se echan ya encima no sólo de las compañías productoras de hidrocarburos e inversoras, sino del propio Estado. El Presidente confiesa ahora que “calcularon mal”. Mal, cuando no se les ocurrió prever que los subsidios directos a los combustibles, que en 2005 eran de menos de 100 millones de dólares iban a ascender hasta 380 millones en 2010 y una previsión de 600 para 2011, y peor aún, a provocar como efecto colateral un contrabando con los países fronterizos que le cuesta a la estatal YPFB cada año casi 200 millones de dólares. Mal, cuando al aprobar en 2005 una Ley de Hidrocarburos que grababa con un impuesto directo (IDH) de 32 céntimos de dólar a los líquidos no previó que podía sumarse a la declinación de los pozos y desincentivar una producción que ya entonces se quedaba muy corta para el consumo local.
Planificaron mal, en definitiva, cuando los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos que aplicaron la nacionalización en 2006 y los asesores del Palacio de Miraflores que los asesoraron en persona dieron por descontado que las grandes multinacionales iban a seguir dispuestas no sólo a asociarse con la mayoría accionarial de YPFB, sino a potenciar un boom de producción gasista y petrolera y de industrialización en toda la cadena, a pesar de que el costo de generación por barril de crudo es de 60 dólares y se cotiza en el mercado internacional a más de 80 dólares en los últimos doce meses, el precio del mercado interno de menos de 29 (congelado desde hace seis años) y los beneficios por barril que reciben los operadores menos de 10,30 dólares, una vez que descuentan el pago de regalías e IDH y otro 20% en el IVA o la tasa a las transacciones (IT). Hoy ya sabe que, según los informes de su propio Banco Central, la inversión privada extranjera en hidrocarburos sigue en caída libre, un 33% sólo en el primer semestre de 2010, mientras que otros sectores como el de las manufacturas repuntaban un 15%.
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Su gigante estatal, en crisis
Iba a ser el laboratorio andino de una ‘revolución’ bañada en ‘oro negro’ y gas que por primera vez en América Latina -decían los ideólogos cercanos a Chávez- dispondría de suficientes hidrocarburos y recursos mineros como para encarnar el ‘germen’ de su autarquía por toda la región y hacerlo con el ariete de la estatal YPFB. Pero muy lejos quedan ahora esos impulsos que Wikileaks rebelaba hace semanas, cuando entre 2006 y 2008 Hugo Chávez impulsaba a su ‘ahijado’ boliviano a nacionalizar por la vía militar las acciones y la operación de Petrobrás en el país andino. Como el propio ministro Villegas reconoce ahora, “Bolivia ha vivido una ficción” sobre las reservas de la mayor riqueza del país, pero se le ha dado la vuelta un embudo del gas del que los países vecinos escapan para buscar alternativas. Todas pasan por el gas natural licuado (GNL), en la próxima década el Cono Sur triplicará su capacidad y su llave ya no está en manos de Morales. Será Uruguay -que no tiene gas y lo importaba hasta ahora de Bolivia a través de Argentina- el que le venderá GNL a su vecina y acogerá la regasificadora conjunta. Hoy, apenas una semana después de su quinto cumpleaños en el poder, Morales empieza a reconocer que ni los conflictos por el gas con sus dos mercados cautivos (Brasil y Argentina), ni los conflictos sociales y el divorcio de su partido MAS y los movimientos sociales que lo auparon al poder tienen la llave de su laberinto energético.
En cinco años, bajo la égida de la nacionalización, ‘invirtió’ 1.700 millones que la directiva de YPFB se atribuye a ingresos estatales por actividades de hidrocarburos, diez veces más que entre 1997 y 2004. Pero Bolivia ha terminado por tejer, a golpe de subsidios y estatalizaciones, un modelo tan costoso para el Ejecutivo (ha dilapidado gasta en ayudas lo que aumentó en regalías de las petroleras desde 2006) como para las multinacionales, que espanta a las inversiones y termina en brazos de las importaciones, al menos un 60% más caras que toda su producción energética nacional. Los escasos resultados de explotación de YPFB, con 4.500 barriles diarios, siguen lejos de los 35.000 que demanda sólo el mercado boliviano, incluso de los 10.200 que producía en 2006. Aunque el Gobierno de La Paz lo negó durante años, después del gasolinazo tuvo que reconocer que importa gasolina: 85 millones de dólares en 2010. Es el más ligero en realidad de los lastres de sus limitaciones.
Bolivia tiene que importar cada año 22.000 barriles de diesel para encarar el consumo interno y una ‘falla’ de planificación que el mercado no ha podido corregir en una década: la falta de inversiones, el desincentivo a las empresas para explorar y explotar carburantes líquidos -a golpe de subvenciones, bajos precios y tasas- llueve sobre mojado en uno de los grandes productores mundiales de gas natural, que tiene que importar GLP desde Argentina por su falta de refinerías y que no tiene cómo nutrir un parque automotor importado en su totalidad, que funciona con nafta en lugar de GNC que sí podría suplir. Bolivia paga al Estado brasileño más de 700 millones de dólares anuales por la explotación de líquidos asociados al gas que podía haber tratado si hubiera construido dos plantas separadoras previstas. Y ni sus asesores ni las cúpulas de los dos ministerios implicados prevén en el medio plazo nada mejor que importar petróleo desde Venezuela a través de Chile o Perú (aunque exigiría un viraje diplomático de Morales) para que sea tratado en la nueva refinería que el presidente de YFB, Carlos Villegas, anuncia para 2013.
El de los subsidios es sólo el más estridente -en lo social- de los ‘errores de cálculo’ de su modelo petrolero y gasista de inspiración caraqueña. Los mismos, en realidad, que ahora le empujan a reconocer que -en palabras del ex presidente de YPF- las reservas probadas de gas natural certificadas en 2004 por De Goyer & MacNaughton son “ficción”: de esos 26,7 TFC con los que se diseñaron todos los planes gasistas de Bolivia, hoy el Ministerio de Hidrocarburos ha pasado a sospechar que puede haber un tercio reales, a la vista del informe de Ryder Scout encargado por La Paz y que ha vuelto otra vez a la ‘cocina’ de la consultora. Sólo un bloque central como el Mamoré, que según D&M disponía de 6,9 MMbls de reservas, ha perdido de golpe un 21% en la revisión y queda a tres años y medio de su agotamiento.
“La inversión para la exploración petrolera no estará garantizada si el Estado continúa subvencionando los combustibles líquidos en el mercado interno”, llegaba a advertir el propio Morales. Y es que además de una inversión de 351 millones de dólares y de la exigencia de los compromisos de inversión que Bolivia incluye en todos los contratos de operación con sus socios multinacionales, el Plan de Exploración 2010-2020 de la Corporación YPFB establece nuevas actividades en los departamentos de Beni y Pando, la consolidación de los que iniciaba Petroandina (en sociedad con la venezolana Pdvsa) en La Paz y se propone a aumentos de producción tan significativo como un 15% en Cochabamba, si consuma los 43,2 millones de dólares que necesitará sólo para su primera fase, en este año: aunque un 5% de ellos, dependientes de Repsol están asegurados, otro 95% lleva los apellidos de la estatal YPFB-Chaco. Por eso YPFB afina ahora sus ‘cantos de sirena’, intenta desmontar pieza a pieza todo un andamiaje edificado desde 2007 bajo instrucciones caraqueñas, que ha terminado por espantar no sólo las inversiones directas extranjeras en el sector, sino por neutralizar los ingresos del Estado y congelar los calendarios de sus planes estratégicos de industrialización. Hay urgencias en el gigante energético estatal, sobre todo en exploración y en industrialización de hidrocarburos.
Para empezar, Bolivia promete devolver el 100% de todas inversiones a cada empresa que consiga culminar proyectos exploratorios con descubrimientos comerciales de gas o petróleo. Un viejo ‘anzuelo’, escondido en realidad ya en una resolución de 2010 del Ministerio de Hidrocarburos, pero que hasta ahora no habían considerado imprescindible. Ya saben -otra confesión- que el Fondo de Incentivos a la Producción Petrolera tuvo que ser abortado con la marcha atrás del ‘gasolinazo’. El vicepresidente García Linera empuja, incluso, para mejorar los precios a los que los contratistas privados acuerdan los contratos con YPFB. Y el recién llegado ministro José Luis Gutiérrez está dispuesto -públicamente- a estudiar nuevos precios que mejoren los 10 dólares por barril que perciben los grandes operadores en el país andino. La fórmula tributaria de la Ley 3058, que establece un 50 por ciento para los bolivianos y un 50 por ciento para la cadena de producción, está oficialmente “sujeta a análisis”, al calor de la nueva Ley Petrolera que Gutiérrez ultima. Aunque no irán tan lejos como sugiere el ex ministro Álvaro Ríos, con subsidios a la producción interna y un compromiso estatal de precios fijos a boca de pozo (además de la revisión de los subsidios en la que coinciden todos los analistas), barajan la revisión de los beneficios establecidos en el art. 315 de la Constitución y su reinversión obligatoria, la consulta indígena, una revisión de precios en toda la cadena de producción de los hidrocarburos y el recorte a los tributos directos en boca de pozo del 50% al 35%.
Ni la reconstrucción formal de su organigrama anunciado por Gutiérrez, ni el ‘ascendente’ que desde ahora ejercerá sobre ella y sobre la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) opacan sus zozobras financieras y operativas. Menos aún lo hacen los brillos de sus aspiraciones: incrementar el gas natural a 100 millones de metros cúbicos al día, producir 120.000 barriles diarios de crudo; cuadruplicar los recursos destinados a la exploración de pozos y sacar del ángulo muerto los planes de industrialización del gas natural, con cinco proyectos que deben estar concluidos en 2011.
YPFB tiene programada para 2011 la inversión de 1.751 millones de dólares, muy superior a los 815 millones que consiguió de facto para 2010 y bastante por encima de los recursos de la empresa, que en 2010 ascendieron a 1.254 millones de dólares por la participación en contratos de operación (300), en exportación de petróleo reconstituido (100) pero sobre todo, más de la mitad en créditos o financiación pública: los del Banco Central por 700 millones de dólares y otros 70 del Tesoro General de la Nación. Nada que -reconocen en los despachos de Gutiérrez- puedan seguir estirando mucho tiempo más. De hecho, ha empezado a buscar formalmente 3.500 millones de dólares para su plan estratégico 2012-2015, una cantidad que supera incluso los 2.370 millones que la estatal y todas las compañías petroleras juntas invirtieron en los hidrocarburos bolivianos entre 2006 y 2010. A YPFB no le salen las cuentas, sólo puede asegurar 4.500 de los 8.000 millones que requiere el aporte estatal a su plan para el próximo lustro (frente a 3.200 de las compañías privadas); lo adelantan por la derecha hasta los compromisos de las multinacionales privadas, con 1.298 millones hasta 2015 en nuevos yacimientos, sólo del consorcio de Repsol YPF, British Gas y Pan American Energy.
Marcha atrás con los recursos mineros y el litio
Morales empieza a reconocer que cuenta sólo con la tercera parte de los 26, 7 tpc de reservas previstas y no podrá sostener la llave del suministro a Brasil y Argentina, ni impedir que el GNL de Chile, Argentina, Uruguay y el futuro de Brasil prescindan de las reservas bolivianas. Por eso busca consuelo reviviendo sus planes mineros y el ‘cuento de la lechera’ del litio, pero le enseña al mundo cómo enterrar el 70% de las reservas globales -según sus cálculos- sin haber conseguido en ocho años cuajar un plan de explotación. Acaba de cerrar la puerta a una docena de multinacionales que no se pliegan a sus exigencias; tendrá que invertir a solas 900 millones de dólares, pero en cinco años no consiguió ni la planta experimental. Al calor del impulso chino, han comenzado todas a sellar contratos con Buenos Aires y Santiago. Prometía para hacer de Bolivia, tras las huellas de su ‘Potosí’ histórico, un nuevo oasis minero; la ‘Argelia’ latina -decían literalmente en el Palacio Quemado- y ‘la Arabia Saudita’ del litio mundial, pero Morales aún no sabe cómo ultimar una Ley de Minas, tiene desde hace casi un lustro estancado el mayor yacimiento de hierro del mundo, amenaza con barajar de nuevo la mayoría de las concesiones mineras -que concluyen en diciembre-, enfrenta el desafío hasta de su propio Ministerio de Minas -que exige un Plan Nacional y una inyección inmediata de 1.000 millones de dólares en 2011 para aprovechar el auge global del sector- y reconoce, por primera vez, que sólo 17.000 millones de inversión y al menos otro lustro de espera salvarán algún plan de industrialización que hasta ahora no ha podido ver la luz.
El repudio a los concursos mineros es sólo la más palpable de sus evidencias. Empieza a asumirlo también el titular de Minas, en plena elaboración de una nueva Ley, que debía haber estado ya en vigor. De los 150.000 millones de inversión regional minera hasta 2015, menos de 5.000 irán a Bolivia, aunque tiene yacimientos entre los diez mayores del mundo. El adiós a las plantas de zinc de Potosí y Chuquisaca por 500 millones de dólares, así como el plan para la supervisión del montaje de la planta en Huanuni cuyas licitaciones internacionales se han declarado desiertas son sólo el más reciente de los capítulos de una ‘cuesta abajo’ que en sólo dos años, desde 2008 ha reducido la inversión privada en la minería boliviana en un 68%, apenas 127 millones de dólares anuales. Más caro aún será para La Paz y la empresa estatal Comibol el repudio de los que ya estaban en Bolivia. Se lo acaba de recordar la canadiense Atlas: después de casi cinco años sin ver cumplidos los compromisos estatales para poder operar el complejo metalúrgico de Karachipampa, el Ejecutivo tendrá que desembolsar casi un millón de dólares y, sobre todo, ver cómo se esfuman los 118 millones de dólares de inversión previstos por Atlas y el futuro a corto plazo del proyecto.
Nada que no se esté arriesgando a reproducir en El Mutún: la empresa ESM no dispone de personal capacitado para un proyecto que cinco años después de que el Estado asumiera su 50%, sigue con sus 40.000 millones de toneladas de minerales aún vírgenes. Por eso Comibol ha empezado a sintonizar con la hindú Jindal y su plan de 280 millones de dólares para la explotación de uno de los mayores yacimientos de hierro del mundo, que en realidad había firmado con La Paz en 2007, pero que desde entonces ha estado en la ‘nevera’ de los litigios de Morales. Como denuncia la multinacional india ante el CIADI, es la propia Administración la que tiene mucho que ver con que la compañía no haya podido acceder aún, tres años después, a las hectáreas requeridas para su operación. A pesar de que la exportación era la prioridad del acuerdo firmado con el Estado, no ha cumplido con los proyectos de infraestructuras, ni uno de los puertos con salida a la hidrovía Paraguay-Paraná está preparado para operar mineral a granel.
A pesar de que sus regalías mineras se han incrementado un 120% en 2009, no hay ni rastro de planes de industrialización. Tanto que sólo la carencia de infraestructuras mínimas explica que aún Bolivia tenga acumuladas ya en el Mutún 80.000 toneladas de concentrados de acero extraído desde los años 80, con un valor de mercado -según sus cálculos- de más de 500 millones de dólares, de las que no ha podido desembarazarse. Para poder despejar el bloqueo del transporte sería necesario invertir más de 900 millones de dólares en autovías y 200 en la hidrovía artificial desde La Paz a Oruro. Pero, anclado en la futura nacionalización ferroviaria, el Gobierno no le ha dado aún respuesta a la oferta de FOSA para construir una línea ferroviaria de exportación desde El Mutún y ha empezado a hacer concesiones llave en mano para incrementar la producción de zinc, como la de Oruro y Potosí. Un horizonte que no impide que Morales acelere la huida hacia delante de su Ley de Minas, aún en plena redacción.
Ecuador y Venezuela, “barbas a remojar”
Bolivia no está sola en el aterrizaje en el realismo de sus recursos. La acompañan sus socios del eje bolivariano -Ecuador y Venezuela- de espaldas a una tendencia que permitió que en 2010, América Latina y el Caribe recuperaran su atractivo para los inversores: la región captó alrededor de 100.000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), un crecimiento del 50% en relación con el año anterior, pero que sólo en Brasil concentró casi un 25% y en Chile otro 12% del total. Las estadísticas del Banco Central de Venezuela indican que tras un período de recuperación, después del paro empresarial de 2002, la inversión general ha retrocedido en los últimos tres años para acumular un declive de 15% entre 2007 y 2010 y la IED estaba en 2009 ya por debajo de la de República Dominicana. Petróleos de Venezuela es socio mayoritario, con un 60%, en las empresas mixtas, desde las que mantiene con las grandes multinacionales como Chevron, Repsol, Total, o Gazprom, a la docena de acuerdos con pequeñas operadoras. Sin embargo, como desvelaba el diario El Universal, en una misiva enviada por el ministro Ramírez a cada uno de su socios, intenta ahora obligarlos a diseñar un plan para realizar aportes, buscar su propio financiamiento o fusionarse con otras empresas mixtas: lo que necesiten con tal de cumplir con los nuevos objetivos productivos y- de paso- los peajes de inversión que requieran.
Caracas les exige que presenten su propio plan para realizar inversiones y elevar la producción en un conjunto de campos maduros que pueden representar hasta 400.000 barriles diarios. Rafael Ramírez respira ya sin ambages por las urgencias de Petróleos de Venezuela, que ha incrementado en dos años un 40% su deuda y ve cómo su producción ha caído un 50%: ni la producción (que ha descendido hasta 2,69 millones de barriles diarios, según cifras oficiales), ni las exigencias de los casi 30.000 millones de dólares en créditos sellados con Pekín a cambio de convertirse en su mayor mercado ayudan. Entre las entregas a China, más 300.000 para Cuba y Petrocaribe hay más de 1.200.000 barriles diarios que no generarán apenas ingresos, más del 80% de sus exportaciones. En el medio plazo pasan, al menos por un millón de barriles diarios de crudo a Pekín desde 2012, un nuevo contrato de suministro de crudos a Cuba por 365.000 barriles diarios para fortalecer su músculo refinador desde 2014 y a Bielorrusia y Japón al menos otros 250.000, desde 2014 y 2013 respectivamente. Pdvsa necesita producir más. Más ahora que el sol de Barack Obama se le nubla a Pdvsa y se lo pone cada vez más difícil a un mercado que recibía hasta ahora el 40% de su producción. Y para ello, a acude a los bolsillos de sus socios, la vista de sus propias líneas rojas: una meta de inversión propia este año de 12.000 millones de dólares, un 61% por debajo de los 31.000 millones de dólares previstos en el plan de negocios. Ya la actividad de las propias empresas mixtas había sufrido un fuerte descenso desde 2009, cuando en medio del derrumbe de los precios del petróleo, la estatal venezolana recortó los presupuestos operativos y de inversión, se cancelaron contratos de taladros, labores de mantenimiento de pozos (primordial en campos maduros) y se dificultó el pago de las nóminas.
Petróleos de Venezuela no quiere arriesgarse a reproducir en los proyectos pendientes en el crudo (sobre todo la Faja del Orinoco, donde en seis años Pdvsa y empresas petroleras de Rusia, Bielorrusia, China, la India e Irán tienen previsto invertir 80.000 millones de dólares) la orfandad de su modelo de exploración y explotación con las mayores -sobre el papel- reservas de gas del continente, 195 trillones de pies cúbicos (TCF), pero con un déficit local que supera los 2.000 millones de pies cúbicos diarios. Ya le encendió las luces rojas Mitsubishi y las demás niponas, reticentes a licitaciones gasistas a 1.25 dólares por millón de BTU, mientras otros mercados lo pagan al doble, 3 dólares. El que hace tres años Hugo Chávez anunciaba como su gran revolución gasista, el Plan Mariscal Sucre, pese al perfil de sus 14,7 billones de pies cúbicos de reservas -más que toda Bolivia en su conjunto- no ha podido ver la luz, ni siquiera encontrar un socio dispuesto a participar en un costo que ha pasado de la previsión de 2.700 millones de dólares a 9.000 en la actualidad. Si en principio Pdvsa prometía asumirlo a solas, le pisa ahora los talones a cualquier aliado, con un memorando previo de entendimiento con China Nacional Oil Off Shore (CNOOC) en la mano.
No sólo el ajuste del mercado internacional, la intervención de EE UU y su ‘shale gas’ y de los precios del gas en los últimos tres años lo explica. Como han dejado sobre la mesa de Ramírez algunas de las compañías interesadas que han terminado por darle su negativa, a pesar de que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos que Ali Rodríguez pergeñó en 1999 no era un mal marco regulador de inversión, finalmente los retornos de inversión son lejanos, los costos elevados y los precios locales poco remunerativos (hasta un tercio más baratos que el mercado) para unos desembolsos (variables además en función de la planificación de su socia Pdvsa) que deben hacer y la obligación durante toda la operación de abastecer con prioridad el consumo local al 100%. Además, el Gobierno amenaza con maximizar los impuestos y las regalías, -pese a que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseoso contempla ya una carga para la regalía de 20% y para el Impuesto Sobre la Renta de 34%- y no descarta aplicar al sector del gas el mismo esquema de Empresas Mixtas utilizado en las asociaciones petroleras, donde el Estado tiene la mayoría accionarial, en lugar del 100% que ahora permite a las empresas. Sólo así se entiende la lentitud del proyecto Rafael Urdaneta, a pesar de las reservas probadas por Eni y Repsol, de 15 Bpc, o de los acuerdos bilaterales sellados con Gazprom desde 2008.
Correa, otra vuelta de tuerca a las empresas
Los mira aún de lejos el presidente Rafael Correa. Por más que haya bautizado como un éxito el punto y final el 23 de enero a la segunda y última ronda de negociación del nuevo modelo de contratos con la treintena de petroleras multinacionales que tenían campos operativos, no puede ocultar que, además de Petrobrás, la surcoreana Canadá Grande, la estadounidense EDC o la china CNPC Amazon, una decena de compañías han preferido la puerta de salida (y una liquidación que ahora sí confían en cobrar) a de migrar a un modelo de prestación de servicios que les deja sin acceso a las reservas, con una tarifa de entre un 15 y un 22% de la renta petrolera (cuando ahora percibían un 35%) y la obligación de cumplir con un margen de reserva de beneficios ‘soberanos’ al Estado del 25% y -en el caso de los campos marginales- entregar al Estado el 10% de los incrementos. Y si el ministro Pastor busca consuelo en los nuevos compromisos de inversión -sumando campos marginales y grandes, solo en 2011 450 millones de dólares de compañías privadas- no pueden olvidar que las inversiones ya cayeron de 770 millones de dólares anuales en 2006 a 400 millones entre 2009-2010, por los vaivenes regulatorios del Palacio de Carondelet. Y es que la segunda “revolución petrolera” de Ecuador ha terminado por atraparlo en su propia red para las multinacionales e hipotecarlo en brazos de China. En manos de las primeras, más del 60% de la producción y el 80% de la inversión a medio plazo, unos 1.385 millones de dólares según el Ejecutivo. Para la segunda, a cambio de 1.000 millones de dólares de créditos energéticos, tendrá que destinar 1/6 de su producción futura a China.
Entre enero y octubre de 2010 el socio más pequeño de OPEP explotó unos 481.000 b/d y vendió 339.000 b/d, que generaron un total de 7.277 millones de dólares, según el Banco Central, pero necesita inversores para incrementar entre 7% y 15% la producción de cinco de sus campos maduros de la Amazonía, de los que extrae unos 120.000 b/d. Quiere llegar allá donde su brazo estatal no alcanza. Más aún a la vista del horizonte de la petrolera estatal ecuatoriana, con una inversión obligatoria de al menos 1.727 millones de dólares y el ‘encargo’ del Ministerio de Finanzas (MEF) de contribuir al financiamiento de los PGE oficiales, que para este año contemplan un déficit de 4.000 millones de dólares. Y es que, tras tres años de amenazas y dos de control militar de Petroecuador, sólo consiguió la huida de cuatro grandes empresas y una rebaja de la producción privada del 14,4%.
Si buscaba su modelo de “soberanismo” en los espejos del miedo, ya sabe que la ‘fuga’ no será gratis: los 4.000 millones de dólares de las compensaciones lo frenan. Más aún ahora, que -al calor de las deudas de Petroecuador- saborea el precio de las alianzas energéticas con Pdvsa en brazos de la nueva dependencia con Pekín. En manos chinas -desde este año ya primer inversor y acreedor de Ecuador- está ya también la llave de la financiación para Sinclair Coca Codo, con otros 1.600 millones de dólares, aunque aún Quito busca otro 20% que no encuentra ‘patrocinadores’. Y si la diplomacia comercial quiteña se sale con la suya, será la coreana SK –cuya filial ya ha realizado un estudio preliminar por 240 millones de dólares- la que le ponga apellidos al futuro de la Refinería del Pacífico, en Manabí, presupuestada en 12.500 millones y que Correa prometió tener en funcionamiento desde 2014, pero que la Pdvsa de Chávez no ha podido impulsar a solas con Petroecuador.
Petroecuador necesita cuadruplicar su producción, pero al Ejecutivo de Rafael Correa, con unos gastos corrientes que duplican a los de 2006, no le salen las ‘cuentas de la lechera’ de sus hidrocarburos, ni aún con los precios del mercado internacional a su favor y los ingresos tributarios más altos de su historia. Como le advierten los analistas del sector, su política lo está encerrando en un círculo vicioso de endeudamiento para profundizar en su estrategia de extractivismo y viceversa. Cada vez necesita pagar más para acabar exportando petróleo. Entre 2007 y 2009 el ingreso por exportaciones de petróleo y derivados fue de 27 000 millones de dólares. En costos y gastos de Petroecuador se emplearon unos 9 000 millones, un valor similar ingresó al presupuesto estatal, pero otro tanto se consumió en subsidios a los derivados: alrededor de 10 000 millones de dólares de excedentes petroleros gastados en estos años. En los tres últimos años, consumió todos los ingresos petroleros y unos 6 000 millones por préstamos, uso de reservas e inyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por eso, todos sus caminos pasan por la inversión y la ‘pesca’ impositiva. Y ambos tienen el apellido de las multinacionales. Nada nuevo: en los últimos diez años Petroecuador ha invertido 967 millones, menos de la cuarta parte de los 4.600 millones aportados por las multinacionales, a pesar de que en las manos de la estatal están el 80% de las reservas. Sólo -confiesan en su Ministerio- si consigue aplicarle otra ‘vuelta de tuerca’ a las inversiones de las multinacionales que tienen que cerrar sus nuevos contratos podrá despejar el horizonte de los más de 3.000 millones que necesita Petroecuador para los próximos tres años y estirar las costuras de su mapa petrolero, ya ha comenzado a buscar socios para aumentar las seis áreas que administra, aunque parte de los nuevos proyectos ya fueron retirados en su momento. Les bebe los vientos a Sonangol, de Angola, a Moscú y a Petrochina, busca consumar con Pekín el desarrollo un bloque petrolero ubicado en la Amazonia.
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