El ex ministro Juan Ramón Quintana articula un proyecto de desarrollo fronterizo que abarcará áreas más allá de la lucha contra el contrabando.
Quintana articula un proyecto más allá de la lucha contra el contrabando
La Paz, 19 Feb (Erbol).- El ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana articula un proyecto de desarrollo fronterizo que abarcará tareas más allá de la lucha contra el contrabando, como la ejecución de planes de producción local o políticas de migración, en coordinación con varias oficinas del Estado.
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La propuesta fue aprobada el miércoles por el gabinete de ministros, que encomendó las primeras acciones al actual director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Fronteras (Ademaf).
“La principal tarea será articular a las instituciones públicas que están dedicadas a frenar actividades ilícitas en las fronteras”, explicó el funcionario.
Sin embargo, aclaró que Ademaf no se convertirá en un ente por encima de los otros. “Esa articulación se va a hacer en función de las políticas que defina el Consejo de Ministros para el Desarrollo de las Fronteras y Seguridad”.
Una segunda tarea de Quintana será dirigir el impulso de proyectos de desarrollo económico y social en las fronteras, tomando en cuenta que –complementó— cualquier acción de lucha contra la inseguridad es imposible “si no resuelve el problema de la formalización de las economías fronterizas”.
También, Ademaf promoverá y ejecutará proyectos concurrentes entre el Gobierno central, las gobernaciones y los gobiernos municipales. “Queremos consolidar la institucionalidad estatal en esas regiones”, justificó Quintana.
Quintana fue ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de Evo Morales. Luego, fue asignado a una política en el oriente amazónico del país. Ha sido cuestionado por el paso ilegal de 33 camiones de contrabando.
Al ser consultado sobre si su papel será similar al de un “súper ministro”, el funcionario omitió la pregunta y explicó que la idea no es plantear “una tarea exclusiva de lucha contra el contrabando”. Así, dijo que el objeto de la futura ley será “ejercer control territorial del Estado”, que significa “establecer mecanismos de articulación institucional de la autoridad pública para fomentar el desarrollo y la seguridad de las fronteras”.
“No hay que leer esta ley bajo la lupa exclusiva de lucha contra el contrabando. Eso sería un gran error de interpretación”, insistió.
Hizo una evaluación del trabajo de la Aduana Nacional, de la que dijo que no tiene un plan acorde al problema del contrabando. “Fundamentalmente, trabajaron sin metas y sin indicadores de resultados. ¿Por qué? Porque la distancia que separa a los funcionarios de la frontera y a los de la capital es tan grande que muchos funcionarios de capital no conocen a los de la frontera”, explicó.
Sin embargo, Quintana destacó la tarea de la entidad recaudadora en sentido de que hace un buen trabajo.
Dijo que la idea es que las instituciones coordinen sus acciones para cumplir con eficiencia los planes de interdicción no sólo al contrabando, sino a otros ilícitos.
¿Al ampliar la participación de muchas instituciones no existe riesgo de ampliar la cadena de corrupción? “El riesgo de las prácticas de corrupción en las distintas instituciones no se va a superar si es que no se trabaja con mecanismos de mayor transparencia y efectividad en la lucha contra el ilícito y una sociedad más activa con relación a este problema”, respondió.
Según explicó, el proyecto pretende frenar el tráfico de personas, de armas, de recursos forestales, de oro, de vehículos, de mercaderías y de combustibles.
El miércoles, el gabinete de ministros aprobó el anteproyecto de Ley del Desarrollo Fronterizo y Seguridad, cuya primera tarea de coordinación recayó en la Agencia para el Desarrollo Fronterizo que dirige Quintana.
El documento ya pasó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Creará un consejo de ministros para la planificación de proyectos en las fronteras del país. Participarán de esas acciones los ministerios de Economía, de Gobierno, de Defensa, de Desarrollo Productivo, y de Hidrocarburos, entre otros, además del Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra.