En una probable maniobra para crear una cortina de humo que desvíe la atención de los medios de comunicación de la crisis alimentaria, la inflación y las devastadoras encuestas de opinión, el régimen de Evo Morales acaba de trasladar al derrocado gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. La orden para el traslado desde el penal de San Pedro, donde Fernández estuvo recluido desde septiembre de 2008 hasta la fecha en una irregular “prisión preventiva”, no fue dictada por la justicia sino que emanó de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, por lo que se trataría de una decisión netamente política. Por supuesto que la intención no es nueva, habiendo sido anunciada ya en noviembre de 2009 por el entonces diputado del MAS y luego viceministro de gobierno, Gustavo Torrico: “Leopoldo es candidato a Chonchocoro”. Pero sí lo es la manera sorpresiva en que se ha producido. A trasmano de lo que está empezando a ocurrir en las autocracias de Cuba y Venezuela, donde se ha comenzado un lento proceso de liberación de presos políticos, el gobierno boliviano parece estar todavía en la fase de endurecimiento de las condiciones carcelarias. Lo cierto es que la judicialización de opositores parece haber pasado de mera herramienta persecutoria a instrumento de distorsión mediática, usado para “emborrachar la perdiz”. Pero los maquiavelitos del Palacio Quemado deberían más bien leer lo que dicen por estos días las paredes de La Paz: “El pueblo no come juicios”. Mala estrategia, en todo caso, la de este régimen evista que cada día luce más desesperado y que evidentemente no ha recordado aquella histórica frase de Nelson Mandela: “En mi país, primero vas a prisión y luego te eligen presidente”.