La comisión interventora halla indicios de 4 tipos de delitos cometidos por Ramírez.
Escándalo. La cónyuge de Ramírez se negó a declarar ante los fiscales que la investigan. El MAS conminó a Jiovana Navia a renunciar a su fuero hoy, si no, será echada. Su defensa no descarta apelar a la Ley del Trabajo, que prohíbe el despido de embarazadas. Ayer se practicaron cuatro nuevos allanamientos en busca de pruebas e YPFB levantó la reserva del contrato con Catler.
La Prensa
Esposa de Santos se acoge a su fuero y el MAS le exige licencia
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El Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional amenaza con expulsarla
Jiovana Navia alegó su delicado estado de salud, por un embarazo de alto riesgo, para no declarar.
La esposa del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y diputada suplente del MAS, Jiovana Cristina Navia Doria Medina, se acogió a su inmunidad parlamentaria y a su embarazo de alto riesgo para no declarar en las investigaciones que fueron iniciadas por la Fiscalía por el escándalo de presunta corrupción en YPFB y el asesinato del empresario Jorge O’Connor. El Comité Ejecutivo Nacional de su partido la conminó a renunciar a su fuero, de lo contrario la expulsará.
La Bancada del MAS en la Cámara de Diputados también le exigió pedir permiso; de no hacerlo, aprobará una resolución camaral para alejarla del cargo.
Luego de conocer esa decisión, la abogada de la legisladora, Teresa Montaño, dijo que aún no analizaron esas conminatorias. No descartó que su defendida se ampare a la Ley General del Trabajo, porque en su condición de embarazada ni puede ser licenciada o expulsada de su trabajo.
Navia, con quien Ramírez contrajo nupcias el 7 de enero de este año, se presentó ayer a las 08.45 en la oficina de Corrupción Pública de la Fiscalía de La Paz, instancia que la convocó el lunes. Ingresó acompañada de su abogada. Ese encuentro duró cerca de media hora.
Ella, sus hermanos y el ex titular de la estatal petrolera, entre otros, son investigados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, cohecho activo y cohecho pasivo por la contratación de la empresa Catler-Uniservice, que se adjudicó la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) en julio de 2008.
Las presuntas irregularidades en la contratación de esa empresa fueron destapadas luego de que el martes 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fuera baleado y además le arrebataron 450.000 dólares del Estado, que habían sido retirados del Banco Unión y que presuntamente debían ser entregados a los parientes de la esposa del ex titular de Yacimientos.
El dinero presumiblemente era una “comisión” para el ex presidente de YPFB, quien habría beneficiado a la sociedad Catler-Uniservice para que se le adjudique la construcción de la planta separadora de líquidos, sin que tenga experiencia en el ramo.
Según las investigaciones, luego de que el dinero fuera retirado de la entidad bancaria, debía ser depositado en la casa del primo de los Navia Doria Medina, Gonzalo Aramayo Doria Medina. Antes del atraco, este último, junto con Javier Navia, hermano de Jiovana Navia, conducía a O’Connor a su domicilio.
Los otros hermanos de la esposa del ex presidente de YPFB Juan Carlos y Mario aparecen como presuntos miembros de la banda de corrupción en Yacimientos. El primero trabajaba en la Unidad de Comunicación de esa empresa y una semana antes del atraco fue transferido a Transredes.
El segundo desempeñó funciones en la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) desde septiembre de 2008, entidad que conocía el contrato con Catler-Uniservice.
Otros familiares de Jiovana Navia, es decir, su hermano Mario y su primo Gonzalo Aramayo que fueron testigos del atraco, eran funcionarios del Directorio Único de Fondos (DUF).
Los descargos
Después de su aparición por la Fiscalía, Jiovana Navia desconoció el traslado del dinero. Dijo que coadyuvará en las investigaciones para esclarecer los hechos.
Su abogada, Teresa Montaño, explicó que su defendida no puede hacer uso de la palabra porque está delicada de salud. “La señora está embarazada, con vómitos, convulsiones, tiene un embarazo de alto riesgo, de dos meses, son gemelitos”.
Ése fue uno de los argumentos expuestos al fiscal Edward Mollinedo para pedir que no declare. Para ello se presentó una ecografía y un certificado médico en el que se recomienda que no sea sometida a tensión.
El fiscal de Distrito de La Paz, Óscar Gutiérrez, aclaró que la parlamentaria no prestó sus declaraciones porque se acogió al derecho de silencio y a su inmunidad.
Dicha legisladora es suplente del diputado Félix García por el departamento de La Paz.
Mollinedo precisó que solicitará una autorización a la Corte Suprema de Justicia para que le retire su inviolabilidad.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que la Constitución Política vigente establece que ningún parlamentario podrá ser acusado y procesado por la vía penal sin autorización de la Suprema, por lo que para el procesamiento de Jiovana Navia se debe seguir ese procedimiento.
Las presiones
El jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, informó que la bancada aprobó un pronunciamiento solicitando a Jiovana Navia que se despoje de su fuero parlamentario.
Anticipó que si no lo hace, hoy presentará un proyecto de resolución camaral en el que se pedirá a la Fiscalía General que tramite ante la Corte Suprema el desafuero de esa legisladora.
Los dirigentes del MAS también presionan para el alejamiento de la esposa de Ramírez y la conminan a pedir permiso a la Cámara Baja.
El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, informó ayer, en compañía de la senadora Leonilda Zurita, que el Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional de ese frente político aprobó una resolución en la que la conminaron a renunciar a su inmunidad, de no hacerlo, esa instancia se reunirá para decidir sobre su expulsión de las filas masistas.
Leonilda Zurita explicó que su correligionaria “debe pedir que se levante su inmunidad, porque el que nada tiene, de nada tiene que temer”.
Loayza dijo que los dirigentes masistas presumen “que la diputada no quiere contribuir en el esclarecimiento de los hechos que son de conocimiento de la opinión pública”.
El diputado Jorge Silva también criticó a Jiovana Navia. Dijo que “si no renuncia voluntariamente, está dando a entender que tiene miedo que se le investigue (…) Por dignidad ella debería renunciar sin que le pidamos, pero nosotros le vamos a hacer llegar la nota de todas maneras. El que nada debe nada teme”.
Ramírez, entretanto, renunció a su fuero cuando asumió la presidencia de YPFB, por lo que es investigado directamente.
Declaración
Jiovana Navia Doria Medina se presentó ayer en la Fiscalía a requerimiento de los fiscales.
Es investigada, al igual que sus hermanos y su esposo, por presunta corrupción.
Es decir, por el acuerdo presuntamente irregular suscrito entre YPFB y Catler–Uniservice.
Este hecho fue destapado después del asesinato y robo al empresario Jorge O’Connor.
Él era socio de esa firma que habría sido favorecida para adjudicarse una obra millonaria.
Otros datos
Los masistas presionan para que la esposa de Santos Ramírez renuncie a su fuero parlamentario.
Ramírez se despojó de esa prerrogativa cuando asumió la presidencia de Yacimientos.
Este último fue citado por la Fiscalía para que declaré el lunes 9 de febrero a las 14.00.
Fiscalía allanó 4 lugares, detuvo un garzón y secuestró un coche
No hay dinero para las actuaciones de los investigadores en el interior
Allanamiento: fiscales secuestran la vagoneta de Javier Navia de su casa, en la calle Iturralde, ayer
La Fiscalía no tiene dinero para viajes aéreos al interior del país donde debe efectuar allanamientos.
La Fiscalía y la Policía allanaron ayer cuatro domicilios, se incautaron de documentación relacionada con el contrato de YPFB con la empresa Catler-Uniservice; además se secuestró la vagoneta que guió al ingeniero Jorge O»Connor D’Arlach en el día del atraco y se detuvo a un garzón de la discoteca El Caballito, de propiedad de Ernesto Córdoba, presunto autor intelectual de la muerte de esa persona.
O’Connor fue victimado el martes 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano. Tenía en su poder 450.000 dólares que retiró del Banco Unión, dinero que supuestamente era una “comisión” para el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez y que debía ser depositado en la vivienda que habita el primo de su esposa, Gonzalo Aramayo.
El asesinato de O’Connor destapó una presunta red de corrupción de la estatal petrolera.
Los allanamientos continuaron este miércoles, luego de que el lunes fuera intervenido el domicilio del ex titular de Yacimientos y el martes, la casa de Gonzalo Aramayo.
A las 10.00 de ayer, los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, junto con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), intervinieron el estudio jurídico del abogado de Catler-Uniservice, Julio Salazar, ubicado en el piso 11 del edificio Shopping Norte.
La inspección fue para rescatar documentación relacionada con el convenio suscrito entre Yacimientos y la compañía a la que representa para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Cerca de las 12.15, el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez; Mollinedo y efectivos policiales irrumpieron en la casa de Javier Navia Doria Medina, hermano de la esposa de Ramírez, ubicada en la calle Iturralde de la zona de Miraflores.
El 27 de enero, antes de que ocurriera el atraco, Javier Navia se dirigía en su vagoneta, junto a su primo Gonzalo Aramayo, a la casa de éste. El motorizado en el que iban los dos guiaba al vehículo en el que Jorge O’Connor llevaba los 450.000 dólares.
Precisamente los investigadores secuestraron ayer la vagoneta Montero con placa de control 1819-ZAC.
“Hemos ordenado la requisa del vehículo —explicó el fiscal Mollinedo— porque éste se ha utilizado el día 27 de enero en los hechos sucedidos en la avenida Tejada Sorzano. Es el vehículo que ha guiado al motorizado negro (en el que O»Connor trasladaba los 450.000 dólares) hasta el inmueble de propiedad de Gonzalo Aramayo”.
El coche fue trasladado al garaje del Ministerio Público para su inspección.
La Fiscalía ejecutó el operativo luego de que Navia se presentara a esas oficinas a prestar sus declaraciones informativas, las cuales fueron interrumpidas cuando los investigadores conocieron el paradero del vehículo.
Asistió también a declarar su primo Gonzalo Aramayo Doria Medina, quien lo acompañaba en la vagoneta verde el día del atraco.
Sobre la convocatoria a esas dos personas, Mollinedo dijo que las citaron “en calidad de sospechosos” en los presuntos delitos que investigan. Las declaraciones de ayer fueron sobre supuestos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, cohecho activo y cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. La anterior semana fue por el asesinato y robo agravado a O’Connor.
El defensor de ambos, Marcelo Ugarte, desvirtuó la afirmación del fiscal y aseguró que sólo coadyuvan con la investigación.
Juan Carlos Navia, otro hermano de la esposa de Ramírez, quien fue funcionario de YPFB hasta una semana antes del atraco y que fue transferido a Transredes, se encontraba en Santa Cruz el día del crimen. Se mostró ajeno a la situación que atraviesa su familia. “Yo respondo por mí (…) No pongo las manos al fuego por mis hermanos”.
El Caballito
A las 17.00 de ayer se allanó por segunda vez el lenocinio El Caballito, ubicado en la calle Agustín Saavedra de la zona Villa Fátima, de propiedad de Ernesto Córdoba, quien está detenido en la cárcel de San Pedro imputado como presunto autor intelectual del crimen de O»Connor; los investigadores forzaron la puerta para ingresar.
Una vivienda contigua al local también fue inspeccionada por los investigadores porque es de propiedad de Córdoba. De estos dos sitios secuestraron documentos (no se precisó de qué tipo), una computadora personal, y se detuvo al garzón Lucio Lazo, posiblemente implicado en el atraco.
Jorge Borda, abogado de Córdoba, declaró después del allanamiento. “Colectaron documentos que no tienen relación con los hechos que se investigan, son documentos personales, de anticrético y negocios”.
Los investigadores aseguraron que los allanamientos continuarán la próxima semana y se extenderán al interior del país, como Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. También está previsto ir a Panamá para indagar a la empresa Catler, socia de Uniservice.
Expresaron su preocupación porque el Ministerio Público no desembolsa los recursos para acelerar su traslado a esos lugares. Anoche, parte de la comisión especial que debía viajar a la capital cruceña no lo hizo porque la querían enviar por carretera, lo que implica más tiempo.
Los Córdoba declaran otra vez
Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, imputados por los delitos de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa por el crimen y atraco del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, fueron notificados para que declaren hoy ante la comisión de fiscales que investiga esos hechos, pero con relación al contrato de la empresa Catler-Uniservice con YPFB.
Las esposas de ambos también fueron convocadas al Ministerio Público para ser sometidas a indagaciones por el mismo caso.
Luis Fernando Córdoba, señalado como autor intelectual, era el empleado de confianza del empresario, pues incluso lo acompañó al Banco Unión a recoger 450.000 dólares el día que ocurrió el atraco.
Hoy, los investigadores se trasladarán a la clínica policial Virgen de Copacabana para recibir su declaración; allí está internado desde la anterior semana, luego de que supuestamente lo secuestraran y golpearan.
Su hermano Ernesto, detenido en la cárcel de San Pedro, será llevado con custodia hasta el Ministerio Público para el interrogatorio previsto para las 14.00. Su abogado Jorge Borda informó que fue citado para declarar sobre los delitos de uso de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, y cohecho activo y pasivo.
El defensor de Ramírez
El abogado de Santos Ramírez es Víctor Rico, ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) y allegado del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Él fue su defensor en el proceso que le fue iniciado cuando siendo legislador una empresa de la que es socio se adjudicó obras en el municipio de Tinguipaya (Potosí), cuando las normativas se lo prohibían.
Ese profesional tiene matrícula de Potosí y no de La Paz, por lo que, según juristas, no podría defender al ex titular de Yacimientos.
Más datos
El lunes, la Fiscalía allanó la casa de Santos Ramírez y se llevó documentos y una laptop.
Ayer se intervino la casa de Javier Navia Doria Medina y se secuestró su vagoneta.
El local El Caballito y una casa contigua también fueron inspeccionados.