El esclarecimiento sobre el presupuesto gastado por Bolivia en el proceso ante La Haya es un asunto muy importante y debe seguir siendo fiscalizado. Pero eso no puede hacernos perder de vista el tema central: la irresponsabilidad en el planteamiento de la demanda basado en la posibilidad remota de que la Corte Internacional de Justicia emitiera un fallo “progresista”, que innovara en materia jurídica.Esta irresponsabilidad se desprende de algunas explicaciones (y complicaciones) del ex presidente y ex vocero Carlos Mesa, que el sábado pasado difundió un texto donde decía que “la disyuntiva de los jueces no era, en consecuencia, decir sí a una demanda de Bolivia, sino escoger el camino entre una interpretación progresista y de siglo XXI de dos figuras muy importantes del derecho internacional, o, por el contrario, el del statu quo con una interpretación que no modificara el ya de sí complejo escenario jurídico internacional”.Es decir, que contrariando la probabilidad más alta –la preservación de la jurisprudencia acumulada a lo largo de las décadas-, los encargados de la demanda fueron al casino de La Haya y apostaron una causa estratégica del país en una jugada muy arriesgada.Nunca le explicaron eso a la ciudadanía, que en su gran mayoría apoyó la demanda de buena fe, desconociendo ese “pequeño detalle”.Tanto los decisores gubernamentales como el equipo jurídico y la vocería tenían que estar perfectamente al tanto de esto y le deben una explicación al país.Una pregunta queda flotando en el viento: ¿Quienes perdieron el mar por segunda vez (por tercera si contamos el Tratado de 1904) pueden aspirar legítimamente a la Jefatura del Estado?