Susana Seleme Antelo
Hablan de esa ‘mala hora’, sin infamantes pasquines ni malévolos anónimos nocturnos como en la novela de Gabriel García Márquez, la seguidilla de vergonzosos actos de corrupción. Es como el cántaro que de tanto ir al agua se rompe y de pronto se van derramando las imposturas de la lucha contra el crimen organizado, ya sea narcotráfico chico o grande, contrabando por doquier, corrupción menor o mayor, tráfico de influencias y todos los afines a una práctica sistemática en este gobierno que se dice ‘de cambio’.
No es solo la mala hora el gobierno. Es también la mala hora para Bolivia que vive la permanente violencia formal y simbólica contra los Derechos Humanos, con una administración de justicia que parece competencia de rufianes –mis disculpas a los que no lo son- amén del descontento y desagregación social por la escalada de precios en la canasta familiar y el fracaso de la seguridad alimentaria.
Es la mala hora del gobierno que se autodenomina ‘de cambio’. No es solo que un general de la policía ya retirado, ex ‘zar’ antidrogas y hasta su caida-apresamiento en Panamá, Director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigerin) del ministerio de Gobierno en Bolivia -¿el gato en la alacena?- resulte ser un narcotraficante con orden de apremio desde noviembre de 2010, con anteriores y varios envíos de cocaína a Estados Unidos, vía Chile como puerto de embarque. Desde el Cigerin, el hoy preso genral Sanabria en Estados Unidos no solo controlaba los pasos de narcos y compañía, sino que tambien ‘espiaba’ a los adversarios políticos del gobierno, con escuchas telefónicas incluidas.
Esta ‘mala hora’ ha producido el actual terremoto político que confirma el fracaso de la política antidrogas en ‘tiempos de cambio’ y que la corrupción del narcotráfico ha permeado a las propias autoridades encargasdas de luchar contra . ¿Ese es el cambio? ¿Qué cambio, si el cultivo de la hoja de coca, materia prima para la producción de cocaína, sobrepasa las 35.000 Ha., cuando para el consumo humano se necesitan, dándole largas, no más de 13.000? ¿Qué cambio, si el presidente permite la extensión de esos cultivos y sigue siendo también el presidente de las 6 Federaciones de campesinos cocaleros, una de sus más sólidas bases de sustentación política?
Claro que algunas cosas han cambiado, o por lo menos ya están más claras que el agua clara: por ejemplo no se persigue a los capos y grandes peces del narcotráfico –a los pequeños y a los pinches sí, para aparentar que se los reprime- si no a quienes desde la sociedad civil y política denuncian las enormes ‘lagunas’ y contradicciones en la lucha contra el narcotráfico. A ellos, a los que denuncian, les cae la satanización gubernamental y se los hostiga como están acostumbrados a hacerlo: con la amenza de juicios.
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‘La mala hora’ del gobierno apunta a hechos vinculados a la libertad de información, no solo a escla doméstica, sino a nivel mundial. Según una nota publicada en la página web ‘eju.tv’, se conoció que “el equipo de periodistas húngaros del canal internacional HBO, llegados a Bolivia para filmar un documental sobre el caso Rozsa, sufrió el robo de sus equipos de grabación tras alojarse en el Hotel Las Américas”. El mismo hotel donde fueron asesinados Eduardo Rózsa y sus dos compañeros por un grupo de elite gubernamental. “Las sospechas del director del grupo, Benai Peter Tibor, apuntan hacia dos sujetos registrados en el hotel con pasaportes colombianos, pero que en realidad podrían ser de nacionalidad cubana, quienes lograron acceder a su cuarto tras hacerse pasar por personal de mantenimiento. ¿Intento de intimidación, entorpecimiento de labores o espionaje para conocer las primeras entrevistas que el equipo húngaro ya había realizado? ” Todo eso y mucho más: miedo a que se conozca la verdad.
Algo sobre la economía política de la cocaína
Porque nos les conviene ‘a los del cambio’, nunca han querido reconocer la economía política implícita en la producción de cocaína que es una mercancía que va al mercado y como tal tiene valor de uso en tanto satisface determinado tipo de necesidad humana., y posee, además un plusvalor que se manifiesta en los precios. Para que esa mercancía llegue y se realice en el mercado, ha pasado por un proceso de relaciones sociales de producción, en las que el ‘narco-capital’ es determinante. La compra de materia prima -hoja de coca-, adquisición de bienes de capital –equipos y maquinaria-, aprovisionamiento de insumos químicos para la producción, cadena de transporte, de distribución y de comercialización para el consumo, todo con narcocapitales globalizados, y sin duda la ‘gestión financiera’ que es el lavado de dinero, o reciclado de parte de la plusvalía generada en el negocio que entra en el circuito de la circulación. Es decir el dinero que va “a la superficie”, para actuar como capital blanqueado y legalizado.
En el caso boliviano la economía política de la cocaína empieza en el cultivo, cuyo productor campesino –los cocaleros fieles a Evo Morales, como lo fue él mismo en su tiempo- pueden que no sean empresarios capitalistas porque no contratan trabajo asalariado, pero están ligados al circuito capitalista de la droga y al narco-capital. Si al campesino se le paga sólo el equivalente a la reproducción de su fuerza de trabajo por la coca cultivada, es explotado por el circuito capitalista que lo enlaza, en tanto productor mercantil, con el mercado mundial, aunque no se beneficie del extraordinario plusvalor que se paga en ese mercado. Sin embargo, en tanto productor mercantil simple, su inserción en los mercados mundiales está mediada por el circuito y la cadena del narco-capital.
La economía política de las drogas tiene implicancias políticas, dado que es muy difícil que el narco capital viva y se consolide si no es con la participación de instancias institucionales en el negocio. México es el ejemplo más dramático. De ahí que la lucha por el control de los aparatos estatales excede lo que ha sido la lucha “tradicional” por el poder de las fracciones burguesas y sus elites. Tradicionalmente las fracciones del capital –burguesías- luchan por tener representación e influencia en el plano gubernamental y estatal, sin que esa pelea sea necesariamente determinante para su supervivencia, aunque sí muy importante. En el narco-capital, en cambio, el acceso al control de espacios y circuitos estatales es vital para el mantenimiento de los ‘sitios’ conquistados y para insertarse mejor en los circuitos globalizados. Existe entonces una base material real para explicar casos como el del general René Sanabria y otros implicados de ayer y de hoy, incrustados en el mismo corazón de las instancias estatales para el control y la interdicción del millonario negocio. Amén, claro, del cultivo de la hoja de coca, que crece exponencialmente sin que nadie diga por qué y para qué, aunque todos sabemos que toda la producción excedentaria tiene un solo destino: la producción de cocaína .
Para variar, los del ‘cambio’ –con cara de ‘yo no fui’, achacan por el caso Sanabria a la DEA, al imperialismo, a los espías de la derecha incrustados en el gobierno, a la ‘derecha mediática’, a todos, menos a ellos mismos. Ven la paja en el ojo ajeno y a falta de argumentos válidos sacan a relucir ahora los viejos ‘narcovínculos’ del MIR. Todos los que fueron involucrados entonces –yo incluida- por la embajada de Estados Unidos en La Paz, en connivencia con el MNR, salieron sobreseídos primero por el Congreso Nacional y luego en la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Otras ‘malas horas’
No somos idiotas y por eso no nos tragamos sus argumentos en este caso, en ninguno en realidad, y tampoco los que esgrimieron para justificar el infame traslado de Leopoldo Fernández a Chonchocoro, cárcel en que la solo deben estar los presos peligrosos y con sentencia ejecutoriada. El ex prefecto de Pando lleva 2 años y seis meses preso, sin juicio y sin sentencia y si algún peligro representa es que pueda seguir gritando la verdad sobre la matanza de Porvenir, orquestada desde el propio gobierno y un violento exministro, que se sigue sirviendo de la fuerza del poder para hostigar a sus adversarios, ente ellos a Fernández y a su familia.
La violación sistemática a los derechos humanos de Leopoldo Fernández, sin debido proceso, sin juez natural y competente que garantice el principio de territorialidad y sin presunción de inocencia, hablan de una administración de justicia que nunca como ahora tuvo peor y más mala hora. Habrá jueces y fiscales que son la excepción y se merecen respeto, pero hoy la administración de justicia en Bolivia está en manos de inescrupulosos que sirven a los poderosos e inescrupulosos que detentan el poder total. Además de Fernández, esta el caso Rózsa-Sosa y su secuela de muertos, presos, arraigados, exiliados, refugiados, imputados, rabia, impotencia y dolor. Mi solidaridad con todos ellos.
Algún día se sabrá que la trama de Porvenir-Pando, debió haber sucedido en Santa Cruz, porque ésta la piedra en el zapato. Por eso tuvimos el cerco de Fidel Surco y sus hombres: querían un baño de sangre que luego fue el que montaron en Porvenir. Luego pusieron en marcha el no menos violento caso Rózsa-Sosa-separatismo-terrorismo, con su secuela de muertos, presos, arraigados, exiliados, refugiados e imputados. Solidaridad con Leopoldo y con todas las víctimas de la injusticia del ‘tiempo de cambio’.
La escalada de precios de la canasta familiar apunta a una ‘mala hora’ para el gobierno, pero quienes la sufren son bolivianos y bolivianas. En todo caso, la seguridad alimentaria es otro fracaso gubernamental, producto de un fracaso mayor: la pésima gestión económica. Durante cinco años ‘los del cambio’ se dedicaron a una masiva, mentirosa y manipuladora propaganda política y se olvidaron que la gente no ‘come’ consignas, ni constituciones, ni whipalas, ni economía andino-amazónica ni comunitaria, ni otras sandeces. No crearon un solo empleo productivo e hicieron todos los esfuerzos para obstaculizar la labor de productores cruceños –burguesía agrícola y agroindustrial- que garantizaban la seguridad alimentaria pues aquí se produce la mayor cantidad de los productos de la canasta familiar.
Y como no tienen idea de economía, ahora pretenden frenar la robusta inflación vía precios, en lugar de aumentar la producción con tecnología, riego, créditos, seguridad jurídica, entre otros. Desde mayo de 2010 el gobierno sabía que habría escasez de azúcar, según informes de la Cámara Agropecuaria del Oriente y nada hizo por tomar las precauciones necesarias. Hoy culpan a los empresarios y dueños de ingenios, sin la suficiente y necesaria autocrítica para ver la raíz de los problemas agrícolas e industriales que hacen a la cadena de la seguridad alimentaria, y de suyo a la gestión económica
Un incremento salarial de 10% por debajo de la inflación real, no garantiza el cacareado “vivir bien”, que más que una consigna ha resultado en otra estafa, como la de los pueblos originarios-indígenas campesinos, de los que ya no se habla, y han pasado al olvido gubernamental en el que han vivido siempre. La mala hora seguirá golpeando al gobierno ‘del cambio’ y a toda Bolivia, que espera de verdad un cambio que nos conduzca a vivir mejor para paliar el hambre no solo de alimentos sino de justicia, libertad y dignidad.