El dato no es nada irrelevante: ya son 40 los policías que tuvieron que ser dados de baja por presunta vinculación con la red de narcotráfico cuya cabeza visible era el general René Sanabria. La cifra desmiente claramente el discurso emitido en los últimos días por diversos funcionarios gubernamentales, en el sentido de que el caso Sanabria sería “algo aislado”. Los 40 narco-policías son el síntoma incontrovertible de una penetración sistemática del narco-poder en las estructuras estatales, algo que sólo puede haber estado sucediendo a vista y paciencia del gobierno. Hay, por lo tanto, responsabilidades por acción u omisión, por implicación o negligencia, de parte de las más altas autoridades. Las hay porque sabían lo que estaba sucediendo o porque no supieron controlar su entorno. En cualquier administración mínimamente seria, el descubrimiento de una red de 40 policías implicados en narcotráfico sólo podría derivar en la renuncia o destitución del Ministro de Gobierno, a no dudarlo, sin importar si el partido oficial es de izquierda, centro o derecha. Pero el régimen de Evo Morales parece empeñado en avalar la catastrófica gestión de Sacha Llorenti. Algo así como abrazarse a un bloque de cemento para mantenerse a flote después de un naufragio. René Babá ya está en prisión. Ahora sólo falta descubrir al genio de la lámpara…
¿Estatización del transporte?
Más de una semana atrás, el conflicto sobre el boleto urbano parecía haber encontrado visos de solución en Santa Cruz, cuando sectores como los transportistas, juntas vecinales y obreros firmaron un acuerdo que fijaba un precio intermedio (1,80 Bs.) junto al compromiso de iniciar un plan de modernización del sistema de transporte. Sin embargo, la postura de distintos niveles del Estado (gobierno central y municipal) echó por tierra ese incipiente pacto social, que demostraba la capacidad de la sociedad civil cruceña para auto-regular y superar sus conflictos. ¿Cuál es el interés de fondo de estos niveles de la administración pública? ¿Es creíble que sólo estén pretendiendo defender el bolsillo de los vecinos? En realidad, lo que estaría detrás es el proyecto de estatizar el transporte urbano, a través de una iniciativa compartida entre el gobierno de Evo Morales, a quien ya le conocíamos las inclinaciones colectivistas, junto a administraciones municipales no oficialistas que, sin embargo, parecen haberse contagiado del afán “socialista” del poder central. La clave está en el jugoso negocio que supondría expropiar el sistema de transporte a los empresarios populares que lo construyeron con su trabajo de 30 años, para pasar a empresas públicas mixtas nacional-municipales, o bien para entregarlo en concesión a algún grupo económico “amigo” traído, por ejemplo, desde Ecuador… Así como un sector popular (los gremialistas) acaba de librar una batalla exitosa por la libertad económica derrotando al intervencionismo estatal de Emapa, parece avecinarse otra contienda similar en el campo del autotransporte. La alternativa al negociado estatizador pasa, simplemente, por un plan de modernización a impulsar junto a los transportistas, que sólo necesitan reconocimiento jurídico a sus líneas para convertirse en sujetos de crédito y renovar sus flotas. Lo demás es puro cuento…