La diputada Norma Piérola afirmó que en este caso, el gobierno da curso a las acciones totalmente dolosas de parte del Ministro Sacha Llorenti.
Leopoldo Fernández
La diputada opositora, Norma Piérola, dijo ayer a EL DIARIO que la determinación de trasladar al ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández al penal de Chonchocoro y luego devolverlo al recinto de San Pedro, es para intentar poner una “cortina de humo” debido a los problemas que están surgiendo con este caso.
Así también, por “gana y gusto” de supuestamente protegerlo, argumentando que en el penal de San Pedro está Blas Valencia, quien fue capturado durante la gestión de ministro de Fernández.
Sin embargo, más allá de este aspecto, la legisladora afirmó que el Ejecutivo lo que pretende hacer es dar cumplimiento a las acciones totalmente dolosas de parte del Ministerio de Gobierno encabezada por Sacha Llorenti.
“El Gobierno quiso demostrar su poder con un juego de pulseta. No creemos que haya habido ninguna intencionalidad de tratar de proteger a Fernández, porque una semana antes se allanó su recinto y al penal de Chonchocoro sólo deben ir personas con sentencia ejecutoriada”, dijo.
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Asimismo, remarcó el hecho de que Fernández no está sometido bajo un régimen penitenciario, porque es un detenido preventivo. “El Gobierno no puede jugar con la vida ni con la seguridad de nadie. Se abre el régimen penitenciario contra aquellas personas que tienen sentencia penal condenatoria y si bien es cierta la Ley 04 de sistema normativo penal que establece y da posibilidades al director del Régimen Penitenciario a trasladar a las personas, no lo dice respecto a personas de carácter preventivo”, expresó.
Acotó que este hecho se respalda en que el Código de Procedimiento Penal establece que los detenidos preventivos pueden ir a lugares distintos a los de una penitenciaría, lo que en su criterio tendrían que estar en unas casas de acogida hasta que salga su sentencia o se los libere.
“Por ello, para nosotros lo que está haciendo es un abuso de parte del Gobierno, pero más allá de eso tengo entendido que la familia formuló varias peticiones inclusive una acción de amparo para que él (Fernández) vuelva al penal de San Pedro”, sostuvo Piérola.
Para la diputada, la determinación para que Fernández retorne al penal de San Pedro no es una decisión voluntaria del Gobierno, más bien un accionar de la justicia, donde influyó la presión que ejerció la familia, algunos presos y la opinión pública en general.
En ese marco, Piérola pidió al Ejecutivo que de hoy en adelante deje actuar a la justicia y “no siga inmiscuyéndose en trabajo que compete al Órgano Judicial. “Estamos viendo cómo cada día todos los órganos de poder y del Estado están coartados por el Órgano Ejecutivo a decisión y voluntad del presidente Morales y de su gabinete”, manifestó.
Por otra parte, cuestionó el hecho que el proceso contra el ex Prefecto no avanza, según Piérola, porque no existe individualización de los actores materiales y por ejecución de los hechos acaecidos en Pando. “Es un juicio que no avanza porque no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.
Finalmente, informó que los parlamentarios opositores, con el propósito de defender los derechos de todos los imputados, hicieron una petición de informe tanto al gobernador del penal de San Pedro como al Ministerio de Gobierno y aún no reciben respuesta.
El Diario