Las autoridades uruguayas investigan un vídeo en el que supuestos militares hablan de iniciar operaciones para liberar a uniformados presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 y 1985, informó el jueves el portavoz de la Suprema Corte de Justicia.
El director de comunicaciones institucionales de la corte, Raúl Oxandabarat, indicó a la AP que "los ministros (de ese tribunal) fueron informados de la existencia de ese vídeo".
El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, dijo que no vio la filmación, y aseguró que en Uruguay "no hay un solo militar en actividad que pueda llevar eso adelante".
"Si supiera que hay militares en actividad (involucrados), no hago investigación administrativa, los paso a la Justicia", dijo el ministro que descartó una investigación administrativa dentro de las Fuerzas Armadas.
Señaló que no sabe quién entregó el material audiovisual ni a través de qué medio lo hizo llegar al Poder Ejecutivo. "No puedo asegurar que exista ni que el presidente (José Mujica) lo haya visto", agregó.
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En tanto el coronel Mario Stevenazzi, director de informaciones institucionales del ejército, confirmó la existencia del vídeo pero señaló que "el comandante en jefe no formulará comentarios. Todo está en manos del mando superior, el Ministerio de Defensa".
El semanario Búsqueda publicó el jueves una nota que da cuenta de la existencia del vídeo en el que tres presuntos militares del autodenominado "Ejército Libertador", vistiendo uniforme de fajina y con el rostro cubierto por pasamontañas, advierten que iniciarán "operaciones militares en el territorio nacional" y en el marco de esas acciones "asegurar la liberación de nuestros presos políticos mediante el uso de los medios disponibles".
Tras conocerse la existencia de la cinta el presidente José Mujica puso en conocimiento a los ex presidentes Julio Sanguinetti y Luis Lacalle, a los jefes de las fuerzas armadas y a los miembros de la Suprema Corte, se indicó en la dirección de información de la presidencia.
Desde 2006 una decena de uniformados están presos, todos acusados de delitos de lesa humanidad cometidos fuera de Uruguay. Al ser delitos cometidos fuera del país, la justicia consideró que no regía la ley de amnistía sancionada en 1986 que evitó que los militares comparecieran ante los tribunales por los crímenes cometidos durante el régimen de facto.
La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que amnistió a los miembros de las fuerzas armadas, fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009. Sin embargo, el gobierno logró enjuiciar a varios militares retirados luego de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional esa norma en pronunciamientos individuales. Eso llevó a la detención en noviembre del general en actividad Miguel Dalmao por la muerte de una militante comunista en 1974.
La prisión de Dalmao desató notoria inquietud y hubo pronunciamientos de círculos sociales de las fuerzas armadas.
Unas 29 personas desaparecieron en Uruguay durante la represión militar de los grupos subversivos y otros 150 uruguayos desaparecieron en Argentina en el marco del llamado "Plan Cóndor" coordinado por las dictaduras del Cono Sur.
AP