Curiosamente, esta ley fue redactada por Adolfo Mendoza (ex senador del MAS), Carlos Hugo Molina (Comité Político de Comunidad Ciudadana), un ex presidente de la Federación de Trabajadores Campesinos -afín al MAS- y otros.B. Alfonso Moron Vargas*El año 2015 de la era boliviana plurinacional, un grupo de ciudadanos cruceños -preocupados por la idea hiperpresidencialista del MAS y el peligro inminente del Estado de Derecho- se aglutinaron en torno a la idea de la posibilidad de modificación de la Constitución Política del Estado para lograr la reelección indefinida del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.La idea fundamental del movimiento -que surge y se articula a nivel nacional- es la de evitar la pretendida reforma constitucional por parte del poder político en funciones, y es después de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que comienzan a desarrollar la idea que identifica a las estructuras partidarias políticas vigentes –en su forma de hacer política- como parte del problema y de la situación actual del país.El caudillismo que, desde finales del siglo XX hasta nuestros días (periodo de retorno a la democracia post dictaduras) ha sido una constante que se manifestó en formas cuasi mesiánicas por parte de los presidentes en ejercicio del poder y que en poco y nada nos han servido en la forma de apreciar la política y peor aún, como un aporte social de trascendencia; y es, sin embargo, la falta de transparencia y la corrupción los identificados como el cáncer terminal que como sociedad y Estado, nos azotan –eso decían-.A pesar de todo lo descrito, hoy, en pleno inicio de campaña presidencial y marcada por la presencia ilegal e ilegítima de Evo y Álvaro, no se entiende como algunos activistas y algunas plataformas ciudadanas terminan de aliadas de todo eso que alguna vez aborrecían. O, dicho de otra manera, terminan “secuestradas” por los males identificadosLo antes mencionado, se pueda entender a partir de la publicación de la ley 1096 del 01 de septiembre de 2018 “Ley de Organizaciones Políticas de Bolivia”. Esta ley básicamente impide una pluralidad más significativa para elegir y excluye a los movimientos ciudadanos responsables de la derrota del MAS.Curiosamente, esta ley fue redactada por Adolfo Mendoza (Ex Senador del MAS), Carlos Hugo Molina (Comité Político de Comunidad Ciudadana), un ex presidente de Federación de Trabajadores Campesinos -afín al MAS- y otros. En su redacción la ley, omite conceptos elementales y que se recogen en derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional. La democracia, cuyas opciones deben procurar las máximas posibles de variedades de ideas y formas de pensar, porque no se puede entender la “libertad de conciencia y de elegir” y son esta variedad de opciones que van a permitir que el individuo pueda amoldar sus ideas a una de las variedades de opciones que deben existir; eso es un principio esencial del “Estado Liberal y Democrático” en el cual está -en gran medida- inspirado nuestro “plurinacionalismo y nuestro multiculturalismo”. Más al contrario, esta ley limita esta máxima de principios (mayor variedad de opciones) y obliga a elegir entre opciones que para muchos se constituyen como un mero acto de conformismo y que podemos resumir en la definición coloquial del “menos peor”; y simplemente por rechazar al poder actual.Esta situación que, implica el sometimiento y el secuestro desde el poder político a la idea del poder ciudadano que las plataformas acarreaban, ha producido una suerte de “Síndrome de Estocolmo” (víctima de secuestro que desarrollan afecto por sus secuestradores) ya que los activistas y algunas plataformas, fueron absorbidos en el caudillismo draconiano de viejos actores políticos; ellos (los caudillos y sus estructuras) han secuestrado a los movimientos del 21F y a algunos de sus actores.De todas formas, la ley de partidos ha entrado en vigencia y, con ella, han quedado desplazados algunos de los máximos responsables de los movimientos ciudadanos que se perfilaban como “posibilidades”. El liderazgo político hoy –con sus excepciones- y con vísperas a las elecciones presidenciales, lo ejercen viejos políticos conjuntamente con las caras del poder político en funciones del ejecutivo; con lo cual el secuestro de las plataformas y del movimiento del 21F queda más que claro.*Abogado