Por: Jorge E. Torres Obleas * en La Prensa.
Cabe preguntarse qué tipo de evaluación debiera realizar el BCB para la concesión de este macrocrédito, el más grande otorgado a una empresa pública.
Si bien aún no se aclara la fuente específica de su financiamiento, lo evidente es que el polémico préstamo de mil millones de dólares para YPFB —incorporado en la Ley del Presupuesto de la presente gestión— ha sido ratificado por el Presidente del Banco Central de Bolivia. Después del escándalo del “volteo” que involucró a la estatal petrolera y habiendo quedado al descubierto su alarmante estado de fragilidad institucional, surgen diversas interrogantes en torno al millonario préstamo que debieran ser evaluadas y absueltas por las autoridades competentes.
En el marco de las investigaciones preliminares sobre el “volteo”, la ahora nueva Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción dijo: “Hemos encontrado demasiado desorden, desorden administrativo, desorden de la documentación, desorden que no puede ser aceptable en una institución como es Yacimientos (…) no es posible que en una entidad de tal magnitud no existan archivos completos, la mitad está en una oficina y la otra mitad en otra”.
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Considerando que YPFB es la empresa que está a cargo del proceso de nacionalización e industrialización del gas natural y de la administración de toda la cadena productiva hidrocarburífera en el país, no cabe duda de que se trata de una situación muy preocupante. Si se tiene en cuenta que en la banca comercial hasta un oficial de microcréditos del área de las PyME está obligado a realizar una evaluación de la capacidad administrativa de una pequeña empresa así como su correspondiente plan de negocios, cabe preguntarse qué tipo de evaluación debiera realizar el BCB para la concesión de este macrocrédito, el más grande de la historia que será otorgado a una empresa pública boliviana.
En efecto, y más allá de los fundados cuestionamientos de carácter legal sobre este tipo de préstamo, no se puede soslayar el análisis de las capacidades institucionales de YPFB. De hecho, según datos oficiales correspondientes a la pasada gestión, la estatal petrolera no pudo ejecutar ni la mitad de su presupuesto programado que apenas alcanzaba a los siete millones de dólares.
Está claro que en YPFB, como sucede con la mayoría de las entidades públicas, no existe capacidad de gasto y con el agravante de que carece de sistemas de administración mínimamente confiables y acordes a su actual tamaño. Una situación resultante de la condición residual en que se encontraba antes de la nacionalización y por la alarmante inestabilidad que afectó a su estructura jerárquica durante los últimos años (en promedio, cada Presidente no duró más de seis meses).
Si se tiene presente que hace pocos días, inmediatamente después de haber quedado al descubierto el “volteo”, se cambió a su presidente y a sus principales ejecutivos, los nuevos administradores debieran demostrar, cuando menos, la conveniencia y pertinencia del requerimiento millonario formulado por sus cuestionados y suspendidos predecesores. ¿Qué proyectos específicos serán financiados? ¿Cuáles son sus correspondientes flujos económicos así como sus indicadores financieros?
Los actores involucrados —YPFB, BCB, ministerio sectorial y comisiones legislativas competentes— están en la obligación de absolver las interrogantes con carácter previo al desembolso de cualquier monto destinado a YPFB.
* Economista y docente universitario