El Ejecutivo y los sectores sociales piden la renuncia de tres ministros de la Suprema.
Anuncio: la ministra de Justicia (centro) junto a los viceministros Ticona (izq.) y Chávez (der.), durante la conferencia de prensa de ayer
La Prensa
Tres ministros de la Corte Suprema de Justicia anunciaron que no renunciarán a sus cargos. El Ejecutivo afina detalles del proyecto de ley de reorganización del Órgano Judicial Prurinacional.
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El Gobierno del presidente Evo Morales presiona al Poder Judicial para la salida de al menos tres ministros de la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente ya finalizaron sus mandatos con la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Los magistrados Héctor Sandóval Parada, Jaime Ampuero García y Enilse Ardaya Gutiérrez, quienes finalizarán sus mandatos de diez años en marzo, adelantaron que no renunciarán a sus cargos.
En tanto, el Ejecutivo alista un proyecto de ley mediante el cual se reorganizará el Órgano Judicial como indica la nueva Carta Magna.
En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Célima Torrico, y sus viceministros Wilfredo Chávez y Valentín Ticona afirmaron ayer que las tres autoridades del Poder Judicial cesaron en sus cargos, de acuerdo con el artículo 183 de la nueva ley fundamental y que sus actos son nulos de pleno derecho.
Ese precepto, en su primer parágrafo, señala: “Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años”.
El Ejecutivo quiere hacer cumplir este periodo fijado en la nueva CPE; sin embargo, las autoridades judiciales fueron elegidas con la antigua Constitución que señala que el mandato de los ministros de la Corte Suprema es de diez años de manera improrrogable.
La ministra Torrico afirmó que “queremos dar a conocer que cualquier acto que realicen (estas autoridades) a partir del 7 de febrero acarreará una inevitable nulidad de hechos”.
Por otro lado, el Viceministro de Justicia pidió la renuncia de las otras autoridades del Poder Judicial porque antes de los referendos del 25 de enero se opusieron a la aprobación del texto constitucional.
Chávez dijo que “hay una contradicción terrible: que autoridades que no le tienen un mínimo de fidelidad (a la nueva CPE) quieran luego hacerla cumplir (…) y por el tema ético estas personas deberían dejar sus cargos”.
Además, sostuvo que la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, debería dejar su cargo porque para ella aún no está vigente la nueva ley fundamental en la institución de la que depende, porque aún se legisla a través de la aprobada en la anterior legislatura constitucional.
Al pedido de renuncia por parte del Poder Ejecutivo se sumó la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). El dirigente Esteban Urquizo pidió la dimisión inmediata de las autoridades porque “sus cargos ya están caducos” con la vigencia de la Carta Magna, promulgada el sábado.
Ésta no es la primera vez que autoridades gubernamentales piden la renuncia de magistrados y ministros. Hace un mes, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, pidió el alejamiento de las autoridades de ese Poder del Estado.
Las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial se deterioraron después de los cuestionamientos de este último al nuevo texto y a la forma en que fue aprobado el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro.
La Corte Suprema de Justicia cuenta actualmente con 11 ministros. Si salen las tres autoridades que terminarán su mandato el 24 de marzo quedarán ocho que hacen quórum para resolver causas. La petición de alejamiento fue criticada por los opositores. El senador Luis Vásquez (Podemos) dijo que la ministra Torrico desconoce la Constitución porque no existe ninguna disposición que establezca el fin del mandato de las autoridades judiciales.
Sin embargo, el Movimiento Al Socialismo, a través del senador Ricardo Díaz, respaldó la decisión de la autoridad.
Desde Sucre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Héctor Sandóval, Jaime Ampuero y José Luis Baptista anunciaron que no renunciarán a sus cargos porque no cumplieron aún sus mandatos constitucionales de diez años, a menos que el Gobierno tramite un decreto o ley de cesación de funciones.
Silvia Salame también se rehusó a renunciar y se amparó en la Ley del Tribunal Constitucional que es el marco legal para el funcionamiento de esta institución.
Los magistrados aludidos calificaron como una nueva arremetida del Gobierno contra el Poder Judicial porque mediante la presión pretende lograr la renuncia de estas autoridades que fueron designadas hace diez años en el marco de la Constitución de 1967. Sandóval dijo que no renunciará a su cargo antes del 24 de marzo, cuando cumplirá su mandato, porque está amparado por la Constitución y las disposiciones transitorias que señalan que el Órgano Judicial será elegido una vez que se instale la Asamblea Legislativa.
“Si bien habla de seis años, es para los que se quedan, a nosotros nos faltan menos de dos meses. Además, el artículo 123 de la misma Constitución establece que las leyes no son retroactivas, salvo en materia laboral y penal”.
En tanto, el Gobierno prepara un proyecto de ley para la reorganización del Órgano Judicial Plurinacional.
El Viceministro de Justicia y el senador Félix Rojas (MAS) confirmaron que la propuesta está casi lista y sólo se revisan algunos puntos referidos a la implementación del régimen de justicia comunitaria y otra norma de deslinde jurisdiccional que pondrá límites a la aplicación de ambos sistemas.
Chávez dijo que en un par de días más este documento será entregado al presidente Evo Morales, quien hará una revisión final. El proyecto contiene además la nueva estructura del Órgano Judicial, un esquema para la participación de representantes de pueblos indígenas.
Preparan decretos y proyectos
El Gobierno alista por lo menos dos decretos para promulgarlos en los próximos días: el primero está referido a la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS) y el segundo puede tratarse del voto en el exterior de cara a las elecciones generales previstas para el 6 de diciembre de este año.
Ambos asuntos forman parte de los derechos fundamentales de las personas y algunas autoridades el Ejecutivo anticiparon que en estos casos se podría aplicar directamente mediante decretos. El presidente Evo Morales deberá promulgar estas normas antes de su viaje a Rusia, el fin de semana, según conoció este diario.
El artículo 27 de la nueva Constitución dice que los bolivianos en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones generales y municipales. En tanto que el derecho a la salud está en el artículo 18.
El Ejecutivo tiene un trabajo intenso no sólo con la preparación de decretos, sino con la elaboración de proyectos de ley para los órganos Electoral y Judicial, el Régimen Electoral, Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías. Estas propuestas son trabajadas hace tres meses.
El Ejecutivo da curso a la transición en el Banco Central de Bolivia
La extinción de las superintendencias será en un plazo no mayor a 60 días de acuerdo con el Decreto Supremo 29894, de Organización del Órgano Ejecutivo. Las reguladoras pasarán a depender, en su mayoría, de ministerios del Estado. La normativa, aprobada por el presidente Evo Morales, dispone que el Banco Central de Bolivia (BCB) , al igual que otras instituciones, deberá adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado.
El título 10 del decreto promulgado por el mandatario Morales determina la “extinción de las superintendencias” hasta el próximo 7 de abril. Tres reguladoras continuarán funcionando bajo nuevos denominativos.
Las superintendencias de Empresas, de Servicio Civil, General del Sirefi y de Minas, más las entidades reguladoras como el Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) y de Regulación de Recursos Naturales Renovables (Sirenare), pasarán a depender de distintos ministerios del Estado. Ninguna de estas entidades mantendrá el título de superintendencia.
La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y asumirá el control de los valores y los seguros. Se creará una nueva Autoridad para regular el sistema de pensiones.
El nombre de Agencia Plurinacional de Hidrocarburos fue elegido por el Ejecutivo como un “mandato” para que, en adelante, los servidores públicos tomen decisiones pensando en el beneficio de la población.
El decreto establece que la transición institucional deberá cumplirse en un plazo no mayor a los 60 días. Asimismo, indica que para esta readecuación no se usarán fondos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN) y que los gastos deberán salir de los presupuestos asignados a las entidades involucradas.
El titular de la Superintendencia de Empresas, Rolando Morales, explicó que su entidad está a la espera de los instructivos provenientes del ministerio del que ahora depende: Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Para la autoridad, esto no representará una discontinuidad ni provocará un quiebre institucional en la regulación en el país. Morales adelantó que se mantendrá el trabajo bajo las nuevas condiciones. Rodolfo Illanes, el superintendente del Servicio Civil, explicó que la extinción se debe a que “algunas no tienen razón de existir, como las superintendencias generales”, en las condiciones anteriores.
La Sirese regulaba antes a las dependencias de Telecomunicaciones, Transportes, Agua y Servicios Básicos, Electricidad e Hidrocarburos. Estas entidades, menos Hidrocarburos, estarán en adelante bajo la tuición de ministerios que se designarán con una normativa aún no emitida.
En la Superintendencia de Telecomunicaciones se supo que se espera la coordinación con el ministerio que cumpla el papel de tutor sectorial. En la misma situación se encuentran las otras reguladoras del Sirese.
Illanes explicó que el plazo de 60 días se deberá cumplir y que ya se ha iniciado la preparación de documentos e informes dentro de las instituciones para la transición.
“El plazo es de 60 días y es taxativo. En ese plazo se van a transferir competencias y se van a adecuar las funciones. Nosotros ya estamos elaborando los documentos de transición. Vamos a seguir cumpliendo funciones para no crear un vacío peligroso, especialmente en la cuestión de los servicios. Transportes y Telecomunicaciones, por ejemplo, deberán seguir cumpliendo sus funciones hasta que se cumpla el plazo y nuevas entidades asuman”.
Estas modificaciones han sido tomadas como “inapropiadas” por algunos analistas.
El analista de temas de comercio Julio Alvarado explicó que estas disposiciones van a centralizar el control a favor del Estado cuando en realidad “lo que busca el pueblo boliviano es una mayor descentralización en todos los temas”.
El economista Bernard Inch indicó que se está realizando una “inversión muy complicada” en el sentido de que se está volcando la relación controlador/controlado en el Estado. Calcula crisis institucional.
“Esta relación de regulación en los ministerios va a generar caos institucional. El sistema regulatorio va a entrar en crisis porque no habrá mayor coordinación. Lo deseable era fortalecer la coordinación a través del Sirese; sin embargo, se lo está debilitando”.
Carlos Mesa
Ex Presidente
“Es la primera intención del Ejecutivo de violar su propia Constitución y dejar al país sin el Poder Judicial. La interpretación que hace el Gobierno de las disposiciones transitorias es antojadiza. El interés del Gobierno es manejarse libre, arbitraria y discrecionalmente por mucho tiempo. Yo estoy tentado a plantear una apelación a la Corte de Derechos Humanos en Costa Rica, porque esto viola los derechos humanos flagrantemente. El Gobierno quiere acelerar los elementos de cambio que le interesan sin que haya ningún mecanismo jurídico, institución como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, que pueda frenar sus arbitrariedades”.
Samuel Doria Medina
Jefe de Unidad Nacional
“Se ve claramente la necesidad de tener un Poder Judicial independiente que administre justicia, porque la corrupción no discrimina entre partidos. Para mí, la principal preocupación es que tengamos una justicia independiente y que funcione para que la corrupción deje de crecer, eso nos quita recursos y empleos. El socialismo del siglo XXI de Evo trata de centralizar el poder, de aplacar a las instituciones. Eso ya lo vimos con el Tribunal Constitucional, la Contraloría General y ahora con la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno las descabeza para que no haya independencia de poderes. Se quiere supeditar el Poder Judicial al Ejecutivo”.
Carlos Alarcón
Abogado constitucionalista
“El Gobierno tiene un delirio con la nueva Constitución que le está haciendo cometer errores garrafales contra la institución democrática del país. Los actuales ministros son ministros de la Corte Suprema de Justicia y tienen periodos de funciones de diez años, ellos continúan mientras exista la Corte Suprema. Serán reemplazados antes si se logra constituir el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros se llaman magistrados y son designados por sufragio popular. El Gobierno está cumpliendo peras con manzanas para dar un golpe a la institucionalidad del país. Esto es un acto de amedrentamiento, un golpe a la institucionalidad”.
Así quedarán las superintendencias
Régimen anterior
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
Superintendencia de Hidrocarburos.
Superintendencia de Empresas.
Superintendencia General del Sirefi.
Las superintendencias del Sistema de Regulación Nacional (Sirese).
Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (Sirenare).
Régimen nuevo
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Agencia Plurinacional de Hidrocarburos.
Pasa al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Pasa al Ministerio de Hacienda.
Pasarán a los ministerios, la normativa está pendiente.
Pasará a los ministerios, la normativa está pendiente.
Régimen anterior
Superintendencia de Servicio Civil.
Superintendencias Nacional de Minas y superintendencias regionales de Minas.
Superintendencia General Tributaria y superintendencias tributarias regionales.
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Régimen nuevo
Se crea Dirección en el Min. de Trabajo.
Dirección General Jurisdiccional. Administrativa de Minas (Min. Minería).
Autoridad General de Impugnación Tributaria y autoridades regionales de Impugnación.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero asumirá el control de valores y seguros. Una autoridad reguladora se creará para supervisar las pensiones.
Los argumentos
El Ejecutivo dice que tres autoridades del Poder Judicial deben dejar sus cargos.
Se ampara en la nueva Carta Magna que establece que el mandato dura seis años.
Sin embargo, la antigua Constitución establece diez años para el desempeño del cargo.