Wilfredo Ramírez Terceros
A través de la prensa nacional se nos hizo ver que a título de “nacionalización” de los hidrocarburos, amparada en la Ley 3058 y Decreto Supremo 28.701, esta riqueza natural pasó del poder de las empresas petroleras transnacionales (protegidas por la Ley de capitalización) a poder del Estado boliviano. Pero en la práctica está rimbombante “nacionalización” fue nada más que una adecuación de los contratos petroleros, en sujeción a disposiciones legales en vigencia, y con significativo incremento tributario para el Tesoro General de la Nación.
Por lo demás el Gobierno plurinacional ha puesto mucho énfasis en la continuidad de la política energética neoliberal de las petroleras transnacionales, emulando lo que pasaba en las épocas del colonialismo explotador y exportador de materias primas, convirtiendo de esta manera a Bolivia en importadora de carburantes (diesel oíl, gasolinas, GLP, etc.). Y pronto se importará petróleo para su refinación en el altiplano boliviano, una vez construida la nueva refinería, cuando lo racional hubiera sido optar por la industrialización del gas natural para suprimir las subvenciones millonarias por importación de combustibles.
Manejo técnico operativo en manos foráneas
La mentada nacionalización no ha significado un cambio estructural que permita hacer de YPFB una empresa dinamizadora de la economía nacional, que controle y dirija con eficiencia y transparencia la dinámica productiva de los hidrocarburos y que esté a la altura de una empresa petrolera bien organizada.
En la práctica ocurre lo contrario. YPFB no mantiene control eficiente sobre la cadena productiva de los hidrocarburos, por otra parte las principales decisiones de inversión que definan la dinámica productiva del sector petrolero se hallan en manos de las petroleras transnacionales, incluido el manejo técnico operativo de todas las unidades de exploración, explotación, producción, etc. Por ello YPFB Corporación no pueda potenciar su capacidad productiva, pese a la compra festinatoria de millones de acciones a las petroleras sin previa evaluación técnica, económica y financiera, sin haber compulsado el resultado de las auditorías con cargos millonarios contra las petroleras transnacionales, extremo que con seguridad será juzgado en el futuro.
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Nacionalización dudosa
Mencionamos algunas consideraciones de instituciones y expertos en materia petrolera. El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) dice que “En exploración y explotación de hidrocarburos prevalece una total subordinación de la política nacional y de YPFB a los ritmos e intereses de las empresas petroleras transnacionales. YPFB no controla la información estratégica ni las operaciones petroleras y se orienta a convertir al país en importador de petróleo sin asumir ninguna medida legal ante la desaparición de las reservas de gas”, etc. (Energy Press 2-1-2011).
El analista petrolero Hugo del Granado afirma: “YPFB es tan solo una empresa comercializadora y una agencia de empleos; se ha abandonado todo programa de industrialización, disfrazado con la creación de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH). (La Razón, 6-6-2010). CEDLA manifiesta: “La propiedad de los hidrocarburos corresponde a las empresas petroleras transnacionales a partir del punto de fiscalización donde acaba la potestad del Estado”, etc. (EL DIARIO, 29-6-2010).
El 21-12-2010 “nace el Comité para la refundación de YPFB con el principal objetivo de ir hacia la recuperación definitiva de los hidrocarburos para los bolivianos”, etc. (Energy Press 30-1-2011).
Más burocracia
Actualmente YPFB Corporación se debate desintegrada sin visión de empresa con parámetros y principios de eficiencia; se desarrolla con gerencias operativas dispersas en las regiones del país, donde campea la improvisación, el nepotismo, la arbitrariedad, la corrupción y una enorme burocracia. A este maremágnum técnico administrativo se pretende incorporar más de 200 profesionales en el marco de la “reestructuración organizacional de YPFB” para, dizque, potenciar a la estatal petrolera con sueldos que fluctúan entre los 16.000 a 45.000 bolivianos mensuales, ¿para qué?, sabiendo que la cadena productiva de los hidrocarburos se halla en poder de las petroleras transnacionales, aunque los sueldos del personal técnico administrativo son cubiertos por el Estado a través de los “costos recuperables”.
Pero la imagen deteriorada de YPFB no cambiará mientras continúe la política energética neoliberal exportadora de materias primas. Es mejor prever que lamentar, procediendo ¡ya! a la industrialización del gas para mejorar las condiciones de vida del pueblo boliviano.
El Diario – La Paz