Quiénes son las «Águilas Negras», el fantasma que aterroriza a Colombia

Las Águilas Negras, un grupo, un nombre, una marca de la que poco se sabe, que no tiene ni un solo capturado por parte de las autoridades, que no posee estructura, mandos reconocibles o control territorial, pero al que se le atribuyen cientos de amenazas y muertes de líderes sociales en todo el país, como en el caso de María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada frente a su pequeño hijo, provocándole un llanto desgarrador que trascendió las fronteras colombianas.

De acuerdo con las autoridades militares, policiales y el Gobierno colombiano, las Águilas Negras no existen, pese a las decenas de panfletos, llamadas y mensajes amenazantes firmados con este nombre que aparecen regularmente desde 2006 en todo el país y que se han intensificado durante los últimos dos años.

¿Qué son entonces las Águilas Negras? ¿Cómo operan y dónde? ¿Qué personajes están detrás de estas amenazas y por qué no hay ningún miembro capturado?

En un reciente informe del Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) publicado por El Espectador, se afirma que es imposible hablar de una organización estructurada que responda bajo el nombre de Águilas Negras, por lo que no están clasificados entre los Grupos Armados Organizados (GAO), la denominación oficial que reciben los grupos pos desmovilización de los paramilitares.

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Esta conclusión se da después de analizar 282 panfletos distribuidos en todo el país desde 2006 hasta 2018, mostrando que existen notables inconsistencias en los panfletos en cuanto al uso del logo, el lenguaje y «la ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas».

Es por esto que las autoridades califican estos panfletos como «amenazas apócrifas» y por ende tampoco hay capturados que militen en esta presunta organización criminal.

Aunque hoy no sean reconocidas como un grupo armado activo, las Águilas Negras sí existieron entre 2006 y 2009, agrupando por lo menos a cinco grupos armados que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) – grupo paramilitar con vínculos al narcotráfico y al Estado que dejó el mayor número de víctimas en el conflicto colombiano y combatía a las guerrillas de izquierda- pero no se desmovilizaron con ellas.

Este grupo nació en Norte de Santander, razón por la que su logo lleva la bandera de este departamento junto a la bandera de Colombia y en medio de las dos un águila con fusiles en las garras. Fueron creadas por el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez -alias Macaco- y rápidamente integraron a otros grupos pos AUC que también se denominaron «Águilas», como Águilas Rojas, Águilas Doradas o Águilas Verdes.

Tanto el Ejército como la Policía sostienen que fueron desmanteladas en 2009, después de un fuerte asedio de la fuerza pública por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La captura de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y la desaparición de Vicente Castaño -hermano de Carlos Castaño antiguo jefe de las AUC- marcaron el fin para las Águilas Negras cuyos reductos se anexaron a lo que hoy se conoce como Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas).

Explica Luis Fernando Trejos, docente de la Universidad del Norte e investigador del conflicto colombiano, que aunque se hayan desarticulado «el nombre se instaló y a sectores legales e ilegales le terminó siendo muy funcional por el temor que genera«.

Dice el investigador que las autoridades están en lo cierto al señalar la inexistencia de las Águilas Negras ya que «no hay ninguna evidencia real de que existan, no tienen organigrama, sus amenazas son transversales (por todo el país) y sobre todo, no se les conoce control territorial, lo que es fundamental para estos grupos».

Sin embargo, en el territorio la matanza continúa. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el conteo de muertes de líderes sociales se ha incrementado, llegando a ser de una muerte al día -según la Defensoría del Pueblo- o de una cada cuatro días, según el Gobierno; la cifra, sobre la cual no hay consenso, ronda las 300 muertes.

La última de ellas fue la de Manuel Gregorio González, un campesino beneficiario del programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno, la muerte sucedió el pasado miércoles en el sur de Córdoba, en Montelíbano, un pueblo que queda a pocas horas de Tierralta, donde la semana pasada el llanto del hijo de María del Pilar Hurtado quedó registrado en un video viral que conmocionó al país entero.

González también había recibido amenazas y su muerte se le atribuyó al Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), aunque este grupo criminal en reciente comunicado afirmó no ser responsables por las muertes de líderes sociales.

Por esto, sostiene Trejos, que ha faltado voluntad por parte de las autoridades para esclarecer estos crímenes, porque si bien es cierto que las Águilas Negras no existen como grupo armado, no se sabe a ciencia cierta quien está matando líderes en el territorio.

«Ese nombre (Águilas Negras) es un sofisma de distracción, es un titulo que utilizan para esconder la amenaza y la muerte que sucede en los territorios«, dice Andrés Chica, de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) en diálogo con Infobae.

Chica, que ha sido víctima de panfletos amenazantes y se vio obligado a huir de Córdoba después de la muerte de María del Pilar Hurtado, afirma que el nombre de «Águilas Negras» no solo puede ser atribuido a los grupos paramilitares que todavía operan en departamentos como el suyo, donde cobran rentas para proteger predios privados y obras públicas.

Sobre el caso de Hurtado, quien era reclamante de tierras y lideraba una comunidad que invadió un predio propiedad del alcalde de Tierralta, Chica le dijo a Infobae: «Los paramilitares le cobraron con la vida a quienes invadieron esos lotes».

Reitera que el fantasma de las Águilas Negras que revivió a causa del desgarrador video del hijo de Hurtado es un sofisma, es una excusa para esconder la muerte y sus verdaderos autores.

«La muerte como elemento extrajudicial en Colombia no ha dejado de existir, el enjuiciamiento ilegal en Colombia persiste, porque a la gente la mata el Ejército o la Policía sin un juicio. Los agentes del Estado, sobre todo los de inteligencia, utilizan la fachada de las Águilas Negras, pero también la usan los empresarios, el Ejercito o la Policía, como un título para legalizar los asesinatos», sostiene.

Afirmación similar hace Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) quien hacen seguimiento al conflicto colombiano.

Para Ávila, las «Águilas Negras» no son una estructura ni un grupo organizado, son sicarios que contratan para asesinar, amedrentar o amenazar líderes sociales o liderazgo social.

Según PARES «hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras. Es decir, Colombia ha generado unos mercenarios ilegales que se utilizan como grupos privados de seguridad».

Las investigaciones de Ávila y su fundación han arrojado otras conclusiones importantes, como el uso de panfletos firmados por las «Águilas Negras» por parte de agentes del Estado, o agentes institucionales que buscan amedrentar a las comunidades o incluso a grupos de jóvenes violentos. Pero en últimas, todas las amenazas, o la gran mayoría de ellas, se hacen con fines políticos, por lo que el uso del nombre «Águilas Negras» no podría asociarse a simples prácticas extorsivas o de delincuencia común.

Para Ávila la respuesta del Estado es insuficiente para controla el accionar de todos estos actores escondidos bajo la marca de las «Águilas Negras», y controvierte la hipótesis que se sostiene desde el gobierno pasado, que no hay sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales.

Ha dicho PARES que por lo menos el 60% de los líderes muertos son reclamantes de tierras -como el caso de María del Pilar Hurtado- lo cual se entiende al observar las cifras del conflicto que hablan del despojo de casi seis millones de hectáreas de tierra durante el transcurso de la guerra.

La mayoría de estos despojos fue a pequeños tenedores, que no llegaban a más de 10 hectáreas, esos que hoy gracias a la Ley de Tierras y de Víctimas -así como el Acuerdo de Paz-, han comenzado a reclamar sus terrenos y a volver a sus hogares. Pero cuando vuelven se encuentran con dinámicas de guerra muy marcadas -como las explicadas por Chica- en las que actores legales como terratenientes, empresarios, políticos y agentes del Estado; e ilegales como los GAO, el ELN o las disidencias de las FARC, recurren a la amenaza y el asesinato para defender sus intereses.

Para tratar de encontrar los autores de las amenazas y muertes de líderes sociales que se esconden tras el nombre de este extinto grupo paramilitar valdría la pena preguntarse: ¿A quién le convienen estas muertes? Pero mientras no haya una respuesta clara por parte del Estado sobre los autores de los crímenes, el fantasma paramilitar de las Águilas Negras, seguirá recorriendo Colombia.