Tierras. Corrupción en el INRA salpica a ministra. Cabecilla de la banda dice que es asesor de Achacollo. Denuncias rodearon a la autoridad desde que era diputada.
Nemesia Achacollo: ministra de Desarrollo Rural y Tierras
La Prensa
Investigación sobre el INRA salpica a la ministra Achacollo
DESTITUCIÓN: El exdirector del INRA fue despedido luego de denunciar actos de corrupción.
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El nombre de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue mencionado en varias oportunidades durante el proceso de investigación de una red de falsificadores de títulos agrarios desbaratada en Santa Cruz.
El supuesto cabecilla de la banda, Marcelo Salas, quien se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola, aseguró ser asesor personal de la autoridad y recurrió a ella en el momento de su detención. Fuentes del Ministerio involucrado niegan el nexo.
En declaraciones hechas a César Romano, fiscal de materia de La Paz, Marcelo Salas Viruez, uno de los acusados de instalar oficinas paralelas del Instituto de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, admitió ser “asesor personal y amigo de hace años” de la ministra Nemesia Achacollo; mientras que su secretaria, Verónica Paz, dijo que la autoridad visitó dos veces las oficinas de Salas Viruez junto con un personal de seguridad.
ANTECEDENTES. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, el 9 de marzo de 2011, el exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria Juan Carlos Rojas presentó una denuncia ante la Fiscalía de La Paz sobre la existencia de una red nacional de falsificadores y traficantes de información y documentación institucional del INRA.
En este hecho de corrupción, de acuerdo con Rojas, se hallarían involucradas personas particulares en complicidad de funcionarios y exfuncionarios del INRA, que se dedicaban a vender y tramitar datos de catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST).
Así también, en la falsificación de documentación privada de supuestos derechos agrarios y escritos falsos aparentemente emitidos por el INRA, para beneficio propio y de terceros, con el consecuente tráfico fraudulento de tierras agrarias y tierras fiscales del Estado.
INVESTIGACIONES. Una vez realizadas las pesquisas preliminares, el fiscal de materia anticorrupción Edward Mollinedo señaló que esta organización ilícita desarrolló sus actividades delincuenciales como organismos paralelos al INRA en oficinas establecidas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Dos de estas oficinas fueron ubicadas en la capital oriental. El 17 de marzo, bajo orden judicial, funcionarios del Ministerio Público encontraron documentos del INRA (originales y fotocopias) respecto del saneamiento de tierras y recibos de pago por dichos trámites, cheques y movimiento económico bancario, agenda de direcciones con nombres de funcionarios del INRA y autoridades de Gobierno, planos, sellos de instituciones públicas, papeles membretados de gobiernos municipales provinciales, documentos oficiales del INRA con la firma del Director Nacional; e igualmente, computadoras y un vehículo.
DETENCIONES. Durante los allanamientos, se detuvo a Marcelo Salas Viruez y Ademar Samushima Pérez. El primero fue encarcelado preventivamente en Palmasola, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, constituidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal.
Ademar Samushima Pérez fue imputado formalmente por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.
El 18 de marzo, fueron detenidos Jesús Flavio Lima Flores y Edy Rojas Lara, ambos funcionarios del INRA regional Santa Cruz y responsables del saneamiento de tierras en la capital oriental y en Montero, respectivamente.
Se los acusa de asociación delictuosa, uso indebido de influencias y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentran con detención domiciliaria.
TESTIGOS. Durante el proceso de investigación, la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz tomó declaraciones a varios testigos implicados en el caso, entre ellos a Verónica Paz, secretaria de Marcelo Salas Viruez.
Paz dijo que en enero “vio ingresar en dos oportunidades a la ministra Nemesia Achacollo junto a su guardaespaldas”.
Al ser cuestionada sobre la propiedad de una vagoneta marca Toyota Land Cruiser, modelo 1999, encontrada durante el allanamiento a las oficinas de Salas Viruez el 17 de marzo, afirmó que “una vez vi llegar a la ministra Achacollo en ese carro, pero no tengo seguridad de quién es el propietario”.
Para destacar
Infructuoso. La Prensa trató de hablar con la ministra Achacollo, pero fue imposible.
Carlos Peña, encargado de Comunicación, dijo que Salas no fue empleado ni asesor de la Ministra.
Manifestó que Marcelo Salas Viruez se hizo pasar por asesor de Nemesia Achacollo.
Dijo desconocer si la autoridad de Estado visitó alguna vez las oficinas del supuesto asesor.
Cronología de los hechos
9 de marzo
El exdirector del INRA Juan Carlos Rojas denuncia al Ministerio Público la existencia de una red nacional de traficantes de información y documentación del INRA.
24 de marzo
La detención de los dos funcionarios del INRA, regional Santa Cruz, hace rodar la cabeza de su director, Diego Marquina, quien es reemplazado por Hernán Camposalado.
7 de abril
Un informe del INRA desvela que se detectaron 35 predios con documentos fraudulentos que pretendían ser legalizados con modificaciones en el resultado de saneamiento.
20 de abril
El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz, en declaraciones a la red Erbol, acusó al senador Isaac Ávalos, del MAS, de promover el tráfico de tierras.
14 de marzo
El fiscal Edward Mollinedo solicita al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz mandamiento de allanamiento, requisa y secuestro de documentación.
30 de marzo
El exdirector del INRA reveló los nombres de los senadores oficialistas Enrique Jurado y Freddy Bersatti, a quienes se les revertió sus propiedades improductivas.
19 de abril
De manera inesperada, Juan Carlos Rojas fue destituido de su cargo mientras se encontraba entregando títulos agrarios junto al presidente Evo Morales en Uyuni.
21 de abril
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) culpó a la ministra Nemesia Achacollo de promover avasallamiento de tierras comunitarias de origen en la provincia Cordillera.
17 de marzo
Detienen a Marcelo Salas Viruez en la cárcel de Palmasola, se ordena la detención domiciliaria de Ademar Samushima, Jesús Flavio Lima y Eddy Rojas Lara.
18 de marzo
El fiscal Mollinedo informó que esta organización desarrolló sus actividades delincuenciales como organismos paralelos al INRA en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
1 de abril
La exautoridad del INRA Santa Cruz Diego Marquina dijo que no tenía conocimiento sobre los actos de corrupción cometidos en la capital cruceña y en la ciudad de Montero.
6 de abril
El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz acusó a cúpulas campesinas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) de querer concentrar tierras.
19 de abril
Julio Urapotina asumió como nuevo director a.i. del INRA. La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue la encargada de posesionar a la nueva autoridad.
20 de abril
El viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, anuncia que Juan Carlos Rojas será investigado por supuestamente favorecer a extranjeros con la titulación de tierras.
21 de abril
El senador Isaac Ávalos afirmó que el cambio de Juan Carlos Rojas se llevó a cabo por decisión del Primer Mandatario y no por la reversión de tierras a dos senadores oficialistas.
21 de abril
Juan Carlos Rojas, depuesto director del INRA, denunció a radio Erbol que se trasladaron de manera ilegal documentos del INRA a la oficina de la ministra Nemesia Achacollo.
Supuesto imputado dice ser asesor de Achacollo
Entrega: uno de los 12.519 predios agrarios que el INRA otorgó en Tarija
De acuerdo con la declaración que Marcelo Mario Salas Viruez brindó en Santa Cruz ante Cesar Romano, fiscal de materia de La Paz, el 17 de marzo, los documentos encontrados en su domicilio corresponden al “seguimiento de trámites de particulares que realiza su empresa ante el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)”.
Sobre la interrogante de que si conoce a funcionarios del INRA, Salas dijo que “jamás pisó esa entidad”, porque los escritos eran agilizados a través de una abogada en La Paz y otra en Santa Cruz, quienes figuraban como apoderadas de todos los trámites.
Más adelante, el fiscal César Romano le interrogó de por qué se encontraron en su agenda personal los nombres de funcionarios públicos como el de la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras.
Al respecto manifestó que “yo con la ministra Nemesia Achacollo tengo una amistad de hace años, desde que fue diputada; mi relación con ella es apoyarla en algunas diligencias que hace a nivel político”.
Igualmente, se le cuestionó de por qué razón, durante el allanamiento a su domicilio, llamó a un número telefónico comunicándose con el edecán de la Ministra. “Como le comenté —dijo—, yo tengo los números de teléfono de su edecán, yo doy cierto tipo de asesoría, apoyo con mi conocimiento, la asesoro, no tengo ítem ni percibo algún sueldo por ello”.
Respecto de si realizó llamadas telefónicas a Achacollo para que facilite la aceleración de trámites, negó haber efectuado dicha llamada a la ministra, como así también dijo que “nosotros, a la fecha, no hemos sacado un solo trámite, no hubo un trámite favorable. Yo nunca la llamé para solicitar alguna agilización”. La Prensa
Denuncias rodearon a la autoridad
Las denuncias en contra de Nemesia Achacollo no son recientes ni se limitan a su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ya desde su cargo como diputada nacional, en la anterior legislatura, tuvo que hacer frente a sindicaciones por tráfico de influencias y venta de avales políticos.
En marzo de 2007, los medios de comunicación nacionales denunciaron con pruebas la existencia de cartas de recomendación política firmadas por la diputada Achacollo, pidiendo para sus portadores puestos jerárquicos tan altos como la dirección de Enfe Santa Cruz o un ministerio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fue su propio partido el que entonces le exigió desprenderse de su inmunidad parlamentaria para afrontar las acusaciones. Aunque Achacollo admitió entonces haber cometido uso indebido de influencias (un delito sancionado por el Art. 146 del Código Penal), negó haber vendido las cartas de recomendación y argumentó que había hecho las gestiones a pedido de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
El tribunal de honor del MAS la eximió de toda culpa en abril de 2007.ç
EN EL MINISTERIO. Nemesia Achacollo Tola fue designada como ministra de Desarrollo Rural y Tierras el 24 de enero de 2010 y fue ratificada en su puesto un año después por el Presidente. Desde entonces, también ha sido el centro de varias polémicas.
A los seis meses de estar al frente del Ministerio, el jefe de la bancada de senadores, Isaac Ávalos (MAS), pidió al Presidente su cambio bajo el argumento de que no había realizado una buena gestión.
En agosto de 2010, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo (MAS), la responsabilizó de que las fallas de atención a los problemas de sequía que afectaron a municipios del Chaco chuquisaqueño provenían de dicho Ministerio.
En octubre de 2010, campesinos de Santa Cruz la acusaron por el desvío de cinco millones de dólares destinados para el saneamiento de tierras del sector a otros departamentos. La Prensa