El voto de los bolivianos en el extranjero puede ser, manipulación de por medio, la aniquilación definitiva del sistema democrático.
El Nuevo Día. Editorial.
El MAS no ha podido, ni con media docena de procesos electorales, deshacer el incómodo “empate catastrófico” que le impide, en las actuales circunstancias, arremeter sin medida ni clemencia con su régimen indigenista antidemocrático en todo el territorio nacional. Ni siquiera el fraude y los votos de los difuntos pudieron otorgarle la holgura numérica que necesita un sistema autoritario que aún pretende preservar algunas formalidades que eviten el mote oficial de “dictadura” . En todo caso, la corrupción y la ausencia de gestión que tiende a empeorar las cosas, puede inclinar la balanza en su contra en muy corto tiempo. El voto de los bolivianos en el exterior es, con seguridad, la estrategia que tiene en mente el oficialismo para lograr imponerse de manera abrumadora y ya dio el primer paso, por decreto y atropellando los procedimientos legales, como no podía ser de otra manera.
El decreto recientemente lanzado por el Poder Ejecutivo le ordena a la Corte Nacional Electoral iniciar el empadronamiento de los cerca de tres millones de bolivianos que viven en el extranjero, especialmente en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico es imposible que las embajadas y consulados que funcionan en esos países puedan en menos de un año lograr el objetivo propuesto, sin echar mano a la manipulación de los procedimientos, algo que podría distorsionar aún más el padrón electoral que de por sí, está contaminado y plagado de irregularidades.
Más del 70 por ciento de los inmigrantes bolivianos permanecen en la ilegalidad en el exterior y es improbable que los gobiernos de aquellas naciones donde viven accedan a otorgar medidas de excepción para facilitar el voto. En la mayoría de los casos, esos ciudadanos no se arriesgarán por ningún motivo a denunciar su presencia en Buenos Aires, San Pablo o Madrid y salir de su estado de “clandestinidad” para sufragar. Lo que sí es previsible, es que a miles de kilómetros de distancia, las autoridades bolivianas puedan gestar un fraude sin precedentes, ante la ausencia de control y fiscalización de actores neutrales en boca de urna.
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La Corte Nacional Electoral no debe prestarse a semejante aventura, destinada a aniquilar definitivamente el sistema democrático boliviano. El hecho mismo de que el Poder Ejecutivo le dicte una orden por decreto al Poder Electoral es un acto ilegal, ya que se requiere una ley del Congreso para activar un proceso como el que solicita el Gobierno.
El voto de los millones de compatriotas que se han visto obligados a abandonar el país por cuestiones de supervivencia es un hecho que merece un análisis concienzudo porque se trata de un derecho fundamental del que debieran gozar. Sin embargo, no se puede permitir que se utilice descaradamente la situación de esos bolivianos para beneficiar las ansias de perpetuidad de un proceso político que no dudará en violentar la genuina voluntad de los desarraigados que ansían retornar a un país más libre, con más democracia y con una proyección de futuro que lamentablemente el MAS no está en condiciones de brindarle a los bolivianos ni de aquí, ni de allá.
El voto de los bolivianos en el extranjero puede ser, manipulación de por medio, la aniquilación definitiva del sistema democrático.