Ni la negativa de los prefectos autonomistas a reunirse con el Presidente de la República ni la agresividad con que grupos oficialistas iniciaron el avasallamiento de propiedades privadas en el oriente o agredieron a una comitiva del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en pleno aeropuerto de El Trompillo, contribuyen a la imperiosa necesidad de encauzar el proceso de implementación de la nueva Constitución Política del Estado en un ambiente de de estabilidad y paz social.
Fuente: Los Tiempos
Tras fracasar la primera convocatoria del Poder Ejecutivo a una reunión que debía sostenerse la semana pasada en Palacio de Gobierno, está en curso una nueva invitación a prefectos, alcaldes y representantes de organizaciones sociales para mañana, martes, con el propósito de crear un Consejo Nacional de Autonomías, en el marco de la nueva CPE.
Poco o nada se puede esperar de este nuevo encuentro si los prefectos opositores mantienen inalterable su posición de no concurrir a la cita presidencial, y si el Gobierno y los sectores afines al oficialismo no dan señales efectivas de un verdadero desarme político que posibilite la construcción de acuerdos que reconcilien al país y disipen las amenazas de nuevos escenarios de confrontación.
En este contexto, las cuatro regiones (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) que iniciaron el proceso autonómico a través de sendos referendos departamentales no tendrían que ser tratadas -como se pretende desde el Poder Ejecutivo- al igual que el resto de los departamentos de Bolivia.
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Y en el otro extremo, los líderes de las regiones autonómicas deberían superar su inicial rechazo a la actual CPE que -gústenos o no- está en plena vigencia y debe ser observada como la Ley Fundamental. Un primer paso en esa dirección parece estar dándolo Tarija, cuyos dirigentes han expresado su apertura a readecuar sus estatutos autonómicos a al nuevo marco constitucional.
El diálogo y los acuerdos sólo serán posibles en la medida en que ambos sectores sepan hacer concesiones en aras del bien común.