Milton Montero R.*
Las leyes 045 y 026 son la destrucción definitiva de la Ley de Imprenta de 1925, donde de a poco nos la están retaceando. Esto quiere decir que nos veremos de nuevo en un panorama muy sombrío de aquí en adelante. La sugerencia hecha por el presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales Ayma, de cambiar el artículo 82 de la Ley 026 pues quedó en nada más que una superficial iniciativa desde el Ejecutivo.
Las contradicciones que se marcaban en los incisos d) del parágrafo I y el d) del parágrafo II siguen vigentes; en el primer caso los postulantes pueden participar en programas radiales, televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; sin embargo, el inciso d) del parágrafo II prohíbe a los medios dar espacios de opinión y participación en programas a cualquier postulante. Es por eso que no fue sustancial el cambio y esto nos avizora una gris forma de hacer periodismo: nos censurarán y censuraremos a quienes serán candidatos a magistrados, y esto pone una vez más en riesgo la libre expresión y libertad de prensa, como también la democracia participativa, y supone para los periodistas y medios de comunicación tener que tomar nuevos rumbos de lucha para exigir que se respete la CPE.
Es por ello que la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia mandó al presidente del TSE en días pasados una carta en las que manifiesta no estar de acuerdo con los artículos observados, que a la letra dice lo siguiente:
"Los periodistas bolivianos hemos planteado oportunamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional que en la Ley del Régimen Electoral deberían anularse los artículos 82, 83 y 84 porque violan flagrantemente los artículos 21 inc. 5 y 6 y el 106 inc. I, II y III de la CPE que señalan que el Estado garantiza el derecho a la libre expresión, el derecho a la información y comunicación.
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El art. 82 de la ley del Régimen Electoral prohíbe realizar campañas electorales a los y las postulantes bajo sanción de inhabilitación por lo tanto vulnera el derecho de expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones. El art. 83 es una reiteración del 82, solo añade que el TSE lo inhabilitara de oficio.
El art. 84 de la misma Ley sanciona a medios de comunicación que incumpla la ley vale decir que prohíbe la libertad de expresión y de información derechos garantizados por la CPE.
El Art. 119 de la misma ley reduce al mínimo la propaganda electoral en los medios y prohíbe a candidatos al uso de medios de comunicación y por tanto vulnera una vez más la CPE en su art. 106 donde se establece que el Estado garantiza el derecho a la libre expresión, información y comunicación".
Las elecciones de octubre próximo suponen también el desafío de tener que informar al pueblo boliviano sobre el desarrollo de estas justas eleccionarias en el país, pero a la manera del MAS. Los obstáculos al periodismo nacional y los medios de comunicación no son más que una fórmula del gobierno para el control absoluto de la información.
Que no le echen la culpa a los trabajadores del periodismo nacional por los errores que vayan a tener en pleno proceso eleccionario, de que vaya a haber ausentismo, votos en blanco, nulos o clonación de identificaciones de los ciudadanos electores, porque no hemos sido los actores de promover y aprobar la Ley 026 como el Reglamento de esta ley.
Esperamos que los organismos internacionales donde Bolivia es signataria de convenios de derechos humanos se pronuncien de manera imparcial acerca de estos hechos, ya que vemos cómo la representación permanente de DDHH de la ONU en nuestro país ha estado dando posiciones parciales sobre cómo se llevarán adelante las elecciones. Exigimos y convocamos a la comunidad internacional a que se manifieste y dé su punto de vista sobre las elecciones de octubre. Dejamos en claro que estas elecciones no son las primeras de sus características, porque en 1790 Francia eligió por primera vez a sus magistrados y no dejaremos que nos confundan.
El Tribunal Supremo Electoral, que hará las preguntas, controlará a los medios de comunicación y estará a cargo de decidir quiénes serán entrevistados no es más que el control político del partido en función de gobierno, como está sucediendo en otros poderes del Estado.
Este momento coyuntural que vive el país es un retroceso para los derechos fundamentales de las personas. La libre expresión y la libertad de prensa no deben ser funcionales para ningún gobierno de turno. Debemos rechazar esta Ley porque está distorsionada y direccionada para los objetivos del MAS.
Pero también está el desafío para el pueblo boliviano de tomar una decisión sabia, de llevar en su conciencia lo que está sucediendo en el país, para asegurar un futuro mejor para sus hijos y nietos. Él será el que tenga la última palabra.
“Contra los derechos del hombre, no permitáis que ningún gobierno se ocupe de tener seguridad en el tiempo de su permanencia, ni de la justicia o lenidad de su administración”.
*Vocal (CEN) de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia