Ultrajes provocan traumas a pandinos. Imágenes muestran que el hecho fue en la madrugada. Cívicos invocan al Conalde para planear la resistencia.
Miembros de la Utarc, una unidad de élite de la Policía Nacional, en una fotografía de la institución tomada de su página web de imágenes | utarc.webcindario.com
Revelan que “cacería” de Porvenir estuvo a cargo del grupo Utarc
GRUPO DE ÉLITE | Esta unidad de la Policía se especializa en tácticas de combate cercano y participó también en el arresto y golpiza del ciudadano norteamericano Lestat Claudius de Orleáns y Montevideo en 2006
Los Tiempos, Red Líder
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Los testigos que presenciaron la madrugada del miércoles las detenciones en Porvenir (Pando) coinciden en que hubo exceso de uso de la fuerza de parte de los responsables del operativo, quienes enmanillaron, golpearon y humillaron a los detenidos.
“Parecían militares”, dijo una testigo. Sin embargo, una fuente policial, cuya identidad se mantiene en reserva, reveló ayer que el operativo en Porvenir estuvo a cargo de la Unidad Táctica de Articulación, Reacción y Control de Crisis (Utarc), grupo de élite de la Policía al mando de un capitán de apellido Andrade.
La Utarc es una unidad policial especializada en tácticas de combate cercano y en el manejo de armas de diverso tipo y sus integrantes han recibido entrenamiento en Estados Unidos, México, Ecuador y Argentina.
Otra de las tareas de la Utarc es brindar seguridad a presidentes de otros países que visitan el país o de personalidades políticas internacionales. Además de actuar como grupo de asalto en operaciones especiales.
Los integrantes de este cuerpo policial ya tienen antecedentes sobre su actitud violenta según denuncia un memorial de abril de 2007 cuando la defensa del ciudadano norteamericano Lestat Claudius de Orleáns y Montevideo refiere “que en la madrugada del 22 de marzo de 2006, cuando estaban alojados en el hostal Oriental efectivos de la Utarc ingresaron a su habitación de manera ilegal y propinándole golpes procedieron a arrestarlo para luego ser conducido a dependencias del CEIP”.
Y el pasado miércoles en Porvenir cuando las fuerzas del orden que hicieron los operativos para detener a los supuestos implicados en la matanza de Porvenir el 11 de septiembre, no hubo presencia de una autoridad del Ministerio Público.
De los 14 aprehendidos, siete fueron liberados al comprobar que se trataba de personas que no estaban en la ‘lista’ que llevaban los líderes de las brigadas que comandaron la acción.
El Deber habló con todos ellos en esta localidad y también con los familiares de los detenidos que fueron trasladados a La Paz. El recuerdo fresco de una noche de terror está latente en cada uno de ellos .
La “cacería” comenzó a las 3:30, en la casa de Dilson da Silva, uno de los concejales, al que lo detuvieron sin problemas porque estaba durmiendo con la puerta abierta. Después fueron a la casa de la concejala Wilma Banegas, donde unos 20 uniformados irrumpieron violentamente para detener a la mujer, a uno de sus hijos y a su sobrino.
Todos fueron enmanillados, golpeados y humillados. Después los subieron a una de las tres camionetas donde fueron puestos boca abajo, unos encima de otros y pisoteados.
“No podíamos ni respirar y si queríamos hablar nos pateaban o nos golpeaban con la culata”, aseguró Félix Banegas que tiene el cuerpo golpeado a tal punto que no puede respirar bien. Su primo Luis Carlos también salió lastimado y teme una fractura.
La caravana del terror siguió para hacer lo mismo en los domicilios de Roberto Rea, el oficial mayor de la Comuna, del alcalde Evin Ventura y el concejal Germán Justiniano. El último operativo fue en la casa del periodista Marcial Peña.
“Pensé que nos querían matar porque entraron apuntando sus armas. Mi marido estaba en calzoncillos y no lo dejaron ni vestirse. A mi hijo lo golpearon y le robaron su celular cuando; fue horrible”, dijo Lucile Céspedes, esposa de Ventura.
Cumplido el objetivo, los detenidos fueron trasladados hasta la Felcn en Villa Busch, a lado de la cárcel pública y a unos 8 kilómetros de Cobija, donde fueron obligados a estar de rodillas por casi dos horas. Previo, señaló Félix Banegas, les cubrieron los ojos con diurex a tal punto que a él, le tapó la respiración. “Para mí fue terrible porque me estaba sangrando la nariz por un golpe que me dieron, casi me ahogo; tuve que morder la cinta para poder respirar”, dijo.
Al promediar las 6:15, el grupo fue llevado hasta el aeropuerto. Antes, el hijo de Peña, un menor de edad fue liberado por esa condición. “Me botaron en un camino y tuve que salir a pie hasta la carretera donde me ayudó un lechero y después una profesora que me reconoció”, señaló el muchacho visiblemente impactado por lo que le pasó.
50 POLICÍAS
Por lo relatado por los testigos, se estima que actuaron en el operativo alrededor de 50 uniformados en tres grupos. Usaron vehículos de la Prefectura y de la Policía.
Las autoridades de Pando como el fiscal de Distrito, los comandantes de la Policía, de la guarnición militar y del Comando Conjunto señalaron coincidentemente que no sabían de los operativos y que no intervinieron en los mismos.
Imputados por 7 delitos
La Fiscalía paceña imputó ayer a los siete pandinos que fueron aprehendidos violentamente el miércoles por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, asesinato, homicidio, lesiones graves, gravísimas y lesiones leves; sin embargo, la defensa de los imputados presentó una Acción de Libertad (antes Hábeas Corpus) para que se restituya la libertad que presuntamente les fue restringida irregularmente.
Dos audiencias están programadas para hoy en la Corte Superior de Distrito de La Paz. A las 09:00 se efectuará la audiencia por el recurso de Acción de Libertad en el Juzgado Sexto de Sentencia mientras la de medidas cautelares se realizará en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal a las 14:30.
Si el recurso de Libertad procede, los recluidos quedarán en libertad inmediatamente; de lo contrario, deberán presentarse a la audiencia de medidas cautelares y esperar la decisión de la jueza Betty Yañíquez.
Vuelven a Brasilea
Varios de los desplazados que habían retornado de Brasilea, localidad brasileña fronteriza con Cobija, donde se refugiaron después del 11 de septiembre, volvieron al lugar tras las detenciones.
Por el momento prefieren mantener un perfil bajo ya que no quieren ser identificados por lo que decidieron no hablar con la prensa. “Está grave. Parece que nos identifican por las fotos y los videos y después nos arrestan”, indicó uno de ellos.
La situación se les ha puesto crítica ya que no cuentan con el apoyo de meses anteriores, y tienen que buscar a amigos y familiares para mantenerse. Otros han optado por retornar a sus hogares y afrontar la situación. “Sabemos que nos tienen en una lista y bueno, queremos que nos juzguen pero como debe ser, no así, llevándonos a otra ciudad donde no tenemos a nadie”, apuntó otro de ellos.
Hoy definen
Los siete ciudadanos pandinos aprehendidos fueron trasladados a celdas de la Policía Judicial de la Corte Superior de Distrito y esperan la audiencia de medidas cautelares a la que serán sometidos hoy a las 14:30.
La jueza Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, determinará la detención preventiva o la aplicación de medidas sustitutivas a base de la acusación formal que presenten los fiscales que investigan el caso de los enfrentamientos en Pando.
Peralta dijo que estas personas son procesadas a raíz de los enfrentamientos entre masistas y grupos autonomistas registrados en Pando, situación que dejó 13 muertos, heridos y desaparecidos.
Peralta dijo que espera que la defensa de estas personas no recurra a chicanas como la recusación de jueces u otras artimañas, y aseguró que hay suficientes pruebas contra ellos.
Ultrajes provocan traumas a pandinos
Testimonios. Los que quedaron libres, después del último operativo en Porvenir y Cobija, relataron el horror que vivieron
Testimonio. La esposa del alcalde de Porvenir dijo que su hijo fue golpeado por los uniformados, que destrozaron la puerta de su casa, cuando trató de defenderlo
El Deber
Porvenir
La experiencia que sufrieron los detenidos de Porvenir el jueves por la madrugada le ha dejado traumas en lo físico y mental. Todos coinciden en que hubo un exceso del uso de la fuerza por parte de los uniformados que hicieron los operativos para detener a los supuestos implicados en la matanza de Porvenir del 11 de septiembre; que no hubo presencia de una autoridad del Ministerio Público y que los efectivos ‘parecían militares’.
De los 14 aprehendidos, siete fueron liberados al comprobar que se trataba de personas que no estaban en la ‘lista’ que llevaban los líderes del operativo.
EL DEBER habló con todos ellos en esta localidad y también con los familiares de los detenidos en La Paz. El recuerdo fresco de una noche de terror está latente en ellos.
La ‘cacería’ comenzó a las 3:30, en la casa de Dilson da Silva, uno de los concejales, que dormía con la puerta abierta, según los testigos. Después siguieron en la casa de la concejala Wilma Banegas, donde un grupo de unos 20 uniformados irrumpió violentamente para detener a la mujer, a uno de sus hijos y a su sobrino.
Todos fueron enmanillados, golpeados y humillados. Después los subieron a una de las tres camionetas que utilizaron para la labor, donde fueron puestos boca abajo, unos encima de otro y, más arriba, los miembros de las fuerzas del orden pisándolos.
“No podíamos ni respirar y si queríamos hablar nos pateaban o nos golpeaban con la culata de los fusiles”, aseguró Félix Banegas, que tiene el cuerpo golpeado y no puede respirar bien. Su primo Luis Carlos también salió lastimado y teme una fractura en su clavícula.
La caravana siguió para hacer lo mismo en los domicilios de Roberto Rea, oficial mayor de la Alcaldía, del alcalde Evin Ventura y del concejal Germán Justiniano. El último operativo fue en la casa del periodista Marcial Peña.
“Pensé que nos querían matar, porque entraron apuntando sus armas. Mi marido estaba en calzoncillos y no lo dejaron ni vestirse. A mi hijo lo golpearon y le robaron su celular cuando trató de defender a su padre; fue horrible”, dijo Lucile Céspedes, esposa de Ventura.
Cumplido el objetivo, los detenidos fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Allí fueron obligados a estar de rodillas por casi dos horas. Previo, señaló Félix Banegas, les cubrieron los ojos con cinta adhesiva a tal punto que a él le tapó la respiración.
Al promediar las 6:15, el grupo fue llevado hasta el aeropuerto. Antes, el hijo de Peña, un menor de edad, fue liberado. “Me botaron en un camino y tuve que salir a pie hasta la carretera, donde conseguí ayuda”, señaló el muchacho.
Ya en la terminal aérea, a todos se les volvió a preguntar su nombre, tal como lo hicieron en la Felcn. “Nos insultaron y nos decían que éramos los que matamos a campesinos”, relató Yamil Ventura, hijo del alcalde de Porvenir. En el aeropuerto se encontraron con el periodista Hugo Mopi, ex director de comunicación de la Prefectura, a quien “lo tenían a cogotazos”, contó el joven.
Helen Franco, esposa de Mopi, dijo que su cónyuge fue el último en ser aprehendido en Cobija, alrededor de las 5:25.
Las autoridades departamentales, como el fiscal de Distrito, Eloy Aspeti, el comandante de la Policía, Cnl. Jorge Ayala, y de la guarnición militar y del Comando Conjunto, capitán de navío Dixon Valdivia del Castillo, señalaron coincidentemente que no sabían de los operativos y que no intervinieron en los mismos.
El monseñor Luis Casey, vicario apostólico de Pando, dijo estar indignado con lo ocurrido y recordó que en la región ya no rige el estado sitio. Desde San Pedro, en La Paz, los detenidos señalaron haber sido ultrajados y que no se respetaron sus derechos.
Varios han retornado a Brasilea
Varios de los desplazados que habían retornado de Brasilea, localidad brasileña fronteriza con Cobija, donde se refugiaron después del 11 de septiembre, volvieron al lugar ante el temor de ser detenidos.
Por el momento prefieren mantener un perfil bajo, ya que no quieren ser identificados y decidieron no hablar abiertamente con los medios de comunicación. “Está grave. Parece que nos identifican por las fotos y los videos y después nos arrestan”, indicó uno de ellos.
La situación se les ha puesto crítica, ya que no cuentan con el apoyo de meses anteriores y tienen que buscar a amigos y familiares para mantenerse. Otros han optado por retornar a sus hogares y afrontar la situación. “Sabemos que nos tienen en una lista. Queremos que nos juzguen pero como debe ser, no así”, apuntó otro.
Imágenes muestran que el hecho fue en la madrugada
Violencia • Los detenidos dicen que fueron maltratados y que no respetaron sus derechos.
La Razón
Aunque la Fiscalía aseguró que el operativo de detención de siete personas en Pando se realizó en el marco de la ley, la red de televisión Cadena A difundió anoche imágenes que confirman que éste se realizó en la madrugada, antes de las 7.00, que es cuando pueden realizarse las aprehensiones, según el Código Penal.
Las imágenes muestran camionetas blancas que ingresan al aeropuerto de Cobija y que, según Cadena A, son de la Prefectura y de Defensa Civil. En ellas se trasladó a los detenidos, que luego fueron enviados a La Paz.
Las imagenes fueron tomadas aproximadamente a las 4.30, cuando los familiares de los detenidos ya se encontraban en el aeropuerto protestando por el hecho. Se pueden ver en ellas a mujeres y niños llorando y desesperadas madres que gritan detrás de las camionetas y denuncian que sus hijos fueron maltratados por los uniformados.
En el video también se ve a una mujer que, desesperada, denuncia que sacaron a su esposo desnudo y se llevaron a su hijo de 15 años. Otra denuncia fue que los uniformados no respetaron los procedimientos legales y que ni siquiera dejaron que su esposo pudiera abrigarse para soportar el clima de la ciudad de La Paz.
El senador pandino Róger Pinto denunció que sacaron a la gente “con pantalones cortos, a otros sin zapatos, a tal extremo que una señora no traía ropa interior por tanta violencia que se ejerció”.
Según los detenidos, que hablaron con los periodistas detrás de las rejas de la carceleta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, sus captores actuaron con mucha violencia.
“Hasta ahora no se nos hace ninguna imputación, hemos sido atropellados, nuestras esposas, nuestros hijos han sido atropellados. Esperamos que esta observación la justicia la tome en cuenta”, señaló el periodista Hugo Mopi, uno de los detenidos.
“Hemos sido sacados a las tres de la mañana de mi casa, han atropellado mi puerta. Hemos pedido al fiscal que nos postergue la audiencia, él accedió pero nunca más nos llegó ninguna citación, no hemos sido citados”, acotó Wilson Da Silva, también detenido, mientras que el alcalde de Porvenir, Edwin Ventura, denunció que “todo el Concejo Municipal está detenido y el alcalde municipal, que soy yo. Considero que esto es político”.
Cívicos invocan al Conalde para planear la resistencia
RECHAZO • Condenaron la aprehensión de 7 ciudadanos pandinos y denunciaron que en el país se pretende instalar una dictadura civil.
• RECHAZO • Condenaron la aprehensión de 7 ciudadanos pandinos y denunciaron que en el país se pretende instalar una dictadura civil.
La Razón
Un día después de la aprehensión de siete ciudadanos pandinos acusados por los enfrentamientos que se produjeron en Porvenir el 11 de septiembre, los cívicos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Pando pidieron una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Democrático (Conalde) para definir acciones en defensa de la democracia. El encuentro se llevaría a cabo el viernes 27.
La reunión fue de emergencia y se realizó con la presencia de los cívicos Branko Marinkovic (Santa Cruz), Alberto Melgar (Beni), Eduardo Salvatierra (Pando) y Jhon Cava (Chuquisaca), quienes además aprovecharon para reunirse con la prefecta, Savina Cuéllar, el alcalde interino, Fidel Herrera, y autoridades judiciales.
Cava expresó, a nombre de las cuatro entidades cívicas, la preocupación que existe por la coyuntura que atraviesa el país, con la presencia de un Gobierno “que ha violado su propia Constitución Política” con el operativo de aprehensión de los siete pandinos. El operativo se realizó en un horario que está prohibido por el Código Penal y lo ejecutaron uniformados encapuchados que hicieron excesivo uso de la violencia, según los detenidos.
“No vamos a permitir que en nuestro país se instaure la dictadura y el totalitarismo”, expresó Cava, tras explicar que la reunión del Conalde será ampliada a todos los sectores del país que quieran “coordinar la defensa de la democracia”. El Conalde está confirmado por cívicos y prefectos de la denominada media luna.
Salvatierra denunció que en Pando continúa el estado de sitio y que “hay más de 5.000 militares que a diario salen a las calles para intimidar al pueblo”.
Melgar pidió a organizaciones como Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica que ayuden a las familias de Pando y a las que se hallan refugiadas en Brasil, que según dijo viven momentos de zozobra tras las últimas capturas. Al igual que los otros cívicos, denunció que el Gobierno viola las leyes y pone en riesgo la democracia.
Entretanto, en Santa Cruz se realizó una reunión de las principales autoridades de la Prefectura para analizar la fecha de la cumbre ampliada del Conalde, donde Luis Alberto Alpire, jefe de gabinete del Ejecutivo departamental, dijo de que “es necesario aunar esfuerzos para rechazar el proyecto hegemónico y totalitario del gobierno central”.
Marinkovic dijo que el Gobierno no es de fiar, ya que mientras promueve un diálogo paralelamente ejecuta detenciones violentas e ilegales. Redacción Sucre
La ANP pide una explicación
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) pidió ayer a la Fiscalía una explicación del porqué se detuvo a dos periodistas en el operativo del miércoles. Además, expresó su indignación por la transgresión a los derechos humanos durante la detención de siete ciudadanos.
La ANP “exige a las autoridades de la Fiscalía de La Paz explicaciones pormenorizadas sobre las razones que las llevaron a ordenar la detención en Pando de dos periodistas, junto a un grupo de supuestos opositores políticos al Gobierno”, señala el comunicado.
La ANP expresa “su indignación contra la forma arbitraria, autoritaria e ilegal con la que actuaron los grupos represivos en Pando, quienes violaron domicilios en horas de la madrugada, impidieron vestirse a los detenidos y los trasladaron a La Paz en pantalones cortos y sin zapatos”.
Además, advierte que esas actitudes “constituyen transgresiones a los derechos humanos, a la inviolabilidad de los domicilios y a las libertades democráticas”.
FFAA dicen que no actúan como sucedió en Pando
Denuncia • Un parlamentario dice que hay imágenes y que serían navales los que actuaron.
Frente a las denuncias sobre la participación de militares en las detenciones de Pando, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general José Luis Cabas, negó su participación en ese hecho con el argumento de que no es su forma de actuar.
“Nosotros no participamos, las Fuerzas Armadas tienen otro accionar, que quede claro que nosotros respetamos la ley, estamos sometidos a nuestros reglamentos, no es nuestro actuar”, afirmó
Sin embargo, el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo relató que de acuerdo a las denuncias que recibió de los pobladores de Pando, “habrían sido militares de la (Fuerza) Naval quienes habrían hecho el operativo en Pando, que comenzó a las tres de la mañana y duró más o menos hasta las cinco de la mañana. Han golpeado a mujeres, niños y han secuestrado a la gente. No había presencia de fiscales y hay filmaciones que muestran que son militares los que habrían tenido ese accionar”.
El operativo fue calificado por la oposición como ilegal, porque habría violado los derechos de las personas y porque se hizo en un horario no permitido por ley.
Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Eduardo Morales, aseguró que el operativo se hizo a las 7.00 y con su presencia.
Los parlamentarios del MAS también defendieron el operativo, aunque el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo que se debe esperar los informes para ver si hubo irregularidades.
Las posiciones
Gobierno • Deslindó responsabilidad en el operativo donde se detuvo a siete personas. Dijo que en este caso se produjo una actuación judicial.
Irregularidades • Se denunció que no se mandaron notificaciones ni hubo orden judicial para las aprehensiones y que sólo se enviaron cinco citaciones, pero se detuvo a siete personas. Tampoco se respetó el horario.