La estatal planeaba invertir 300 millones de dólares.
En la celda de los Córdova hallan el “plan” del volteo. Fiscalía imputa a O’Connor por sobornos y negocios con YPFB. Por irregularidades en SIPSA, YPFB paraliza tareas en 2 pozos.
La estatal planeaba invertir casi 300 millones de dólares entre enero y marzo, bajo el sistema de contratación directa. Del monto, se destinó $us 800 mil a la supervisión del montaje de la planta cuyos equipos aún están en fabricación.
LA RAZÓN
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Entre enero y marzo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) planeaba invertir 800.000 dólares para supervisar el montaje de la planta de extracción de licuables de gas natural de Río Grande (Santa Cruz), cuando se sabe que este equipo aún está en construcción.
Así lo refleja el resumen de inversión de la estatal petrolera para el primer trimestre del año, al que tuvo acceso La Razón.
El contrato para la provisión e instalación de la planta, de donde se extraerá gas licuado de petróleo y gasolina, fue suscrito con la sociedad accidental Catler-Uniservice el 14 de julio del 2008. Según el documento, la planta debería ser entregada en 340 días, es decir, en julio de este año.
Sin embargo, de acuerdo con información de YPFB, se conoce que la obra recién se inició en noviembre del 2008, por lo que se calcula su conclusión para el mismo mes de esta gestión. No obstante, en la estatal petrolera ya se previó gastar los 800.000 dólares hasta marzo del 2009 para supervisar el montaje de la planta.
Los equipos que conformarán la separadora son construidos por tres empresas subcontratistas, una de EEUU y dos de Argentina. Gulsby de Houston, Texas, está encargada de fabricar el Turboexpander, que significa el 80% de la obra. Los tanques y otros accesorios de la planta están a cargo de las empresas argentinas Gonella y SICA.
La construcción e instalación de la obra tendrá un costo de 86,3 millones de dólares, de acuerdo con el contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice.
Ayer, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, indicó que, según el reporte de la comisión gubernamental que la semana pasada estuvo en Houston para verificar el avance de la obra, Gulsby estaría cumpliendo. Aunque, aclaró que el informe aún está en elaboración y será entregado al presidente Evo Morales.
“Aparentemente la empresa Gulsby (…) ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta (…) pero será valorada técnicamente por YPFB”, indicó el ministro Héctor Arce.
Conforme al resumen de inversiones del primer trimestre de YPFB, hasta marzo se preveía invertir 289,7 millones de dólares, bajo la modalidad de contratación directa establecida en el Decreto 29506, sistema que fue empleado para la adjudicación de la obra a Catler-Uniservice y que hoy es cuestionado porque habría dado paso a los hechos de corrupción en la petrolera.
Además de lo presupuestado para la supervisión del montaje de la planta de Río Grande, se prevé una inversión de $us 400.000 para supervisar el estudio de ingeniería conceptual y básica de una segunda planta de extracción de líquidos, pero en el Chaco.
Los montos más elevados que figuran en el resumen de inversiones de YPFB son para la adquisición de equipos de perforación petrolera ($us 198 millones); para la readecuación y modernización de 32 estaciones de servicio a nivel nacional, por $us 18,8 millones; para la adquisición de 10 camiones cisternas para gas licuado de petróleo y 50 camiones para hidrocarburos líquidos, por $us 14,3 millones.
Además figuran, entre otros, los gabinetes de regulación y medición para la instalación de gas domiciliario, por $us 16,4 millones.
Datos
Razonable • El ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, consideró que los 800 mil dólares para la supervisión de la planta separadora son razonables, ya que equivalen aproximadamente al uno por ciento del costo de la obra.
Desembolsos • Para la construcción de la planta, el Gobierno abrió un primer fideicomiso por 45 millones de dólares. De ellos, 35 millones se emplearon para abrir una carta de crédito para Gulsby. A la fecha, se ha desembolsado $us 13 millones.
En la celda de los Córdova hallan el “plan” del volteo
ANOTACIONES • Un papel escrito por Luis Fernando revelaría el plan que se siguió el 27 de enero. Allegados a él dicen que es una “ayuda memoria”.
• LA POSTA • En este sector de San Pedro, los hermanos Córdova y Santos Ramírez guardan detención preventiva.
El martes, la Fiscalía requisó la celda de los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova en el penal de San Pedro y halló documentos que corresponderían al supuesto plan del volteo de los 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach la mañana del 27 de enero, según confirmaron fuentes del Ministerio Público que prefirieron mantener su nombre en reserva.
Según el investigador que participó en el caso, representantes del Ministerio Público se incautaron de un papel aparentemente escrito por Luis Fernando Córdova (acusado de ser uno de los autores intelectuales del hecho) que contenía el procedimiento a realizarse la mañana del 27 de enero, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach pereció luego de que cinco delincuentes de arrebataran 450 mil dólares y le segaran la vida de un disparo.
Fuentes allegadas a la familia Córdova indicaron que ese documento era una “ayuda memoria” para el abogado de Córdova.
En el documento, que es ahora analizado por la Fiscalía, estaba escrito el procedimiento. Presuntamente se describe cómo debían extraer el dinero del Banco Unión, luego se resume la llegada al domicilio en la avenida Tejada Sorzano, la alerta a Radio Patrullas 110 tras el hecho, además de palabras aisladas como Mario Cossío, Jorge O’Connor, Miguel O’Connor, Gonzalo Aramayo y Javier Navía Doria Medina, ahora implicados en el caso, según afirmó el investigador.
En la requisa se incautaron además de teléfonos celulares de los hermanos Córdova para establecer los vínculos en las llamadas telefónicas que realizaron los implicados desde el penal.
“Hemos ordenado que los aíslen (a los hermanos Córdova) de sus celdas y encontrar otros elementos, esencialmente teléfonos para vincular las llamadas”, afirmó anoche otra fuente de la investigación, en un contacto telefónico con este medio.
De acuerdo con fuentes de la investigación, se encontraron documentos que además vincularían a Luis Fernando Córdova con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Fuentes allegadas a la familia Córdova indicaron que Luis Fernando debía realizar una “ayuda memoria” para su abogado y que esto iba a servir en el proceso que la Fiscalía le sigue en contra, además le habría solicitado realizar una nómina de las personas que debían ser investigadas.
El 27 de enero, Jorge O’Connor D’Arlach retiró 450 mil dólares del Banco Unión, que iban a ser presuntamente destinados a pagar una “coima” al entonces presidente de YPFB Santos Ramírez por la adjudicación de su empresa, Catler-Uniservice, a un proyecto de la estatal petrolera.
Sin embargo, al llegar al lugar acordado, cinco delincuentes voltearon el dinero y mataron al empresario O’Connor.
Fiscalía imputa a O’Connor por sobornos y negocios con YPFB
ACUSACIÓN • Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío y Fernando Córdova están acusados por el Ministerio Público de supuesto cohecho activo y por fomentar contratos lesivos al Estado.
• ERNESTO CÓRDOVA • Enmanillado, uno de los presuntos autores intelectuales del volteo y del asesinato sale de la Fiscalía, tras la suspensión de un desfile identificativo. Fue ayer.
El Ministerio Público anunció que imputará a Miguel O’Connor D’Arlach (hermano de Jorge, quien fue asesinado en el volteo del 27 de enero), a Mario Cossío Mc Galem y a Luis Fernando Córdova por la presunta comisión del delito de cohecho activo (pagar soborno), y por efectuar contratos lesivos al Estado con relación a la licitación entre Catler Uniservice con YPFB.
La imputación llegó 23 días después de que se conociera que Jorge O’Connor debía entregar 450 mil dólares al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, como una supuesta coima por la adjudicación de su empresa, Catler Uniservice, a un proyecto y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en la localidad de Río Grande, en Santa Cruz.
En las investigaciones, se pudo establecer que los ahora imputados tenían conocimiento del hecho e incluso fueron testigos, de acuerdo con fuentes policiales.
“La imputación será contra Miguel O’Connor, Mario Cossío Mc Galem y Luis Fernando Córdova por contratos lesivos al Estado y cohecho activo”, afirmó ayer César Romano, fiscal de corrupción pública, quien forma parte de la comisión investigadora.
Al ser consultado sobre la participación de O’Connor en el caso, el representante del Ministerio Público respondió: “Era sujeto activo del cohecho y ya se ha querellado”.
La mañana del 27 de enero, el empresario junto a su hermano Miguel (representante de Catler Uniservice), Cossío (gerente regional de la empresa) y Luis Fernando Córdova (representante legal) retiraron el dinero del Banco Unión y fueron conducidos por Gonzalo Aramayo, cuñado de Santos Ramírez, a un domicilio en la avenida Tejada Sorzano donde debían reunirse con Javier Navía, otro de los cuñados de Ramírez, para presuntamente hacer la entrega del dinero de la supuesta coima.
Pero al llegar a la puerta de la vivienda, cinco sujetos les arrebataron el dinero y uno de ellos disparó a O’Connor, quien perdió la vida minutos después, cuando era llevado al hospital.
La Policía identificó a tres presuntos autores materiales y a Luis Fernando, junto a su hermano Ernesto Córdova, los presentó como los autores intelectuales del hecho.
Miguel O’Connor y Cossío presentaron días después sus declaraciones informativas a la Policía sobre el caso, pero no fueron considerados como presuntos involucrados hasta ayer, cuando la Fiscalía dio el anuncio oficial.
Fuentes del Ministerio Público informaron que Javier Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo participaron en el volteo del dinero y que Jorge O’Connor cayó en una “trampa” tendida por las personas que lo rodeaban en ese momento. No obstante, a la fecha, los fiscales no confirmaron si imputarán a esas dos personas.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el cohecho activo es el delito en el que incurre una persona cuando intenta sobornar a una autoridad pública, mientras que el contrato lesivo al Estado señala a aquel que a sabiendas celebre contratos en perjuicio al Estado.
En el transcurso de las investigaciones, la Fiscalía identificó al menos a seis personas que formaron parte del círculo de Santos Ramírez, ahora recluido en el penal de San Pedro.
Entre ellos, ex funcionarios de YPFB y que de acuerdo con los investigadores, tendrían una participación directa en el caso.
Las cinco personas que conocen el caso
El 27 de enero, cinco personas cercanas a O’Connor y a Ramírez presenciaron el volteo de los $us 450 mil que derivó en el asesinato al empresario.
Miguel O’Connor D’Arlach • El hermano del empresario fallecido acompañó a Jorge cuando iba a dejar el dinero. Según las investigaciones, el próximo imputado huyó cuando vio a los delincuentes, pero luego regresó para socorrer a su hermano herido la mañana del 27 de enero. Trabajó muy de cerca para su hermano y es socio de la empresa Catler Uniservice.
Mario Cossío Mc Galem • Según la pesquisa, el gerente regional de la empresa Catler Uniservice acompañaba al ingeniero O’Connor cuando llevaba los $us 450 mil. Él portaba un maletín con 150 mil dólares. Cuando fueron interceptados, Cossío soltó el dinero y rodó unas gradas ubicadas al lado derecho del domicilio.
Luis Fernando Córdova • Supuesto sobrino de Santos Ramírez, fue el nexo entre O’Connor y YPFB. Él conducía el vehículo en el que iban a la casa en la avenida Tejada Sorzano. Fue acusado de planificar el volteo que derivó en un asesinato junto a su hermano Ernesto Córdova y luego ambos fueron recluidos en el penal de San Pedro.
Gonzalo Aramayo • Es primo de la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía. Según las investigaciones, Aramayo escoltó junto a Navía y antes del volteo salió del vehículo y se adelantó a abrir la puerta de su domicilio. Fue quien proporcionó a la Policía los datos para el retrato hablado del victimador de O’Connor.
Javier Navía Doria Medina • Es hermano de la esposa de Santos Ramírez. En un vehículo dirigió a O’Connor desde el Banco Unión hacia el domicilio en la avenida Tejada Sorzano y presenció los hechos. Iba junto a su primo, Gonzalo Aramayo.
Jorge O’Connor D’Arlach • Logró la adjudicación de su empresa a un proyecto de YPFB. Según las pesquisas, llevó dinero a Ramírez en dos ocasiones previas.
El Fiscal revela que un acusado y los dos Córdoba eran socios
La investigación se ampliará a la familia de Lucio Lazo, detenido con $us 138.200
Un nuevo operativo de la Fiscalía en El Caballito buscó intensamente el botín o parte de él.
LA PRENSA
El fiscal de Homicidios Luis Mamani reveló ayer que los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba mantenían “relaciones comerciales y de trabajo” con Franz Michael Rodríguez Caero, imputado por el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach.
“Eran socios”. Mamani sostuvo que Rodríguez Caero tomó 38.000 dólares del asalto y los depositó en su cuenta abierta en el fondo financiero FIE, que reportó a la Policía un depósito muy fuerte en una caja de ahorros con promedios más bajos.
“Esa persona ha tomado esa suma para sacarla de La Paz”.
El agente del Ministerio Público no precisó qué tipo de relación mantenían los Córdoba con Rodríguez Caero, aunque insistió en que eran “socios”.
Por solicitud de la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos ordenó “congelar” esa cuenta.
Además, un operativo efectuado el miércoles por la tarde en El Caballito buscó exhaustivamente otra parte del dinero arrebatado a la víctima.
Los agentes del Ministerio Público levantaron el maderamen de los pisos y destrozaron el revoque de las paredes, mas no encontraron ni el sitio donde presuntamente el dinero permaneció oculto o más billetes. No se descarta llevar adelante nuevas requisas en ese local.
Mamani declaró que las investigaciones se dirigirán, en lo sucesivo, a los familiares de Lucio Lazo, capturado el martes con 132.800 dólares, así como a “cuatro o cinco” ex empleados del club nocturno.
Los fiscales sospechan que uno de los parientes de Lazo tiene en su poder parte o el saldo del botín y que lo pudo haber trasladado a la región de Alto Beni, adonde Ernesto Córdoba viajó con frecuencia recientemente.
Lazo, entretanto, se encuentra en la sección Chonchocorito, del penal, que ocupaban los Córdoba antes de pasar a La Posta.
El recién llegado, al parecer, tropezó con algunos problemas con sus compañeros de reclusión, aunque Mamani no explicó la naturaleza de las dificultades.
Una agenda en una celda
El martes por la tarde, una requisa efectuada por los fiscales Sergio Céspedes y César Romano permitió la incautación de la agenda personal y otros documentos de Ernesto Vladimir Córdoba que estaban ocultos debajo de su colchón.
Un asistente del abogado defensor de Córdoba lamentó el hecho y dijo que una prueba obtenida de esta manera no tiene valor legal alguno y que en caso de que la Fiscalía pretenda utilizarla en contra de su cliente deberá ser rechazada pues la revisión no se desarrolló con orden judicial en regla.
Empero, los fiscales sostuvieron que los elementos encontrados en esos papeles serán muy útiles dentro del proceso, aunque evitaron dar mayores referencias sobre su contenido.
Carrasco sólo podrá ser imputado por un delito menor y queda libre
Gemio comparece hoy ante una juez
El ex gerente nacional de Comercialización de Yacimientos Rodrigo Carrasco compareció ayer ante la Fiscalía y quedó en libertad.
El fiscal César Romano sostuvo que sólo se encontraron indicios de que la ex autoridad pudo haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, que el Código Penal sanciona con una pena máxima de un mes a un año de reclusión.
Por consiguiente, el sentenciado a cumplir esta sanción puede acogerse al perdón judicial, por el tiempo de la máxima sanción impuesta.
Sin embargo, las investigaciones sobre Carrasco continuarán y podrá ser convocado a declarar en cualquier momento.
Carrasco admitió que fue miembro de la Policía Nacional, en cuyas filas alcanzó el grado de capitán y, en tal condición, fue destinado a cumplir labores de seguridad personal de Guillermo Aruquipa, cuando éste ocupaba la Presidencia de YPFB.
Aruquipa lo designó para ocupar el cargo de gerente nacional de Comercialización.
Medidas cautelares
Desde las 09.00 en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, que preside Marcela Siles, el ex viceministro de Desarrollo Energético Misael Gemio será sometido a audiencia de medidas cautelares.
Gemio fue aprehendido el miércoles poco después de mediodía. La ex autoridad fue trasladada sucesivamente de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la Policía Judicial.
Sobre Gemio pesan las imputaciones por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Carrasco y Gemio fueron involucrados en el caso de la irregular contratación de Catler-Uniservice para construir una separadora de líquidos.
Indicios
Rodrigo Carrasco fue gerente nacional de Comercialización de YPFB.
Fue designado en el cargo por Guillermo Aruquipa, ex presidente de Yacimientos.
Fue uno de los 12 funcionarios del sector destituidos por el presidente Evo Morales.
Misael Gemio es la segunda autoridad nacional jerárquica aprehendida por esta causa.
La primera es Santos Ramírez, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro.
La juez Marcela Siles decidirá esta mañana si Gemio será recluido en la cárcel.
Por irregularidades en SIPSA, YPFB paraliza tareas en 2 pozos
La perforación se iniciará cuando se resuelvan las deficiencias de la empresa
Decisión: el presidente de YPFB, Carlos Villegas, ante los periodistas en la ciudad de La Paz
Los ejecutivos de SIPSA continuaron en funciones después de su destitución formal.
Santa Cruz / El Deber.- Por graves “irregularidades y anomalías” en la constitución de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Carlos Villegas, decidió que la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora, de propiedad de la YPFB-Andina, no se inicien hasta que se resuelvan las deficiencias jurídicas, administrativas y financieras.
Villegas, quien ayer inspeccionó el estado en que se encuentra el equipo de perforación en el campo Víbora, en especial el taladro chino alquilado a YPFB por la compañía PDVSA Servicios de Venezuela, dijo que esta maquinaria está en condiciones óptimas para iniciar los trabajos planificados.
Sin embargo insistió que las tareas no comenzarán de inmediato por los problemas legales que tiene YPFB-SIPSA.
Para empezar, Villegas remarcó que esta empresa se creó sin la autorización del directorio de Yacimientos. La compra de acciones por parte de la petrolera estatal de la firma Full Industry, por más de 200.000 dólares, para que cambie su razón social y se transforme en SIPSA, no tuvo el aval de la máxima instancia de la nacionalizada y de las autoridades nacionales del sector de hidrocarburos.
La autoridad afirmó posteriormente que entre las distintas irregularidades cometidas en la administración de SIPSA, su ex gerente Rogelio Ashimine Oshiro dio un aporte individual de aproximadamente 100.000 bolivianos para iniciar las actividades de perforación, pues aparentemente la empresa carecía de fondos. Por si fuera poco, denunció que Ashimine Oshiro, después de ser destituido de su cargo, siguió trabajando en la empresa.
“Cuando me posesionaron como Presidente de Yacimientos, yo mandé una carta indicándole que quedaba inmediatamente destituido del cargo; a pesar de eso, pude verificar que hubo un trabajo. A pesar de haber estado destituido, el señor Ashimine y todo el equipo que le acompaña, del 3 de enero a esta parte, ha emitido cheques, ha realizado erogaciones por montos importantes, no me acuerdo exactamente, está entre 600.000 y 800.000 bolivianos, más o menos”. Villegas dijo que este hecho le parece que es otra irregularidad.
Con relación al anuncio que hizo Ashimine Oshiro días atrás en sentido de iniciar un juicio contra Villegas, el aludido restó importancia a la posibilidad, pues mencionó que YPFB, como propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, es la que toma la decisión de intervenir las oficinas.
Villegas enfatizó que más bien será YPFB que presente una querella contra los ejecutivos de SIPSA, por las supuestas irregularidades cometidas.
Recordó la denuncia que la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ante la Fiscalía de La Paz contra YPFB-SIPSA y su directorio, por los supuestos daños económicos contra el Estado.
Los delitos que cometieron los funcionarios implicados, según la ministra Suxo, son: asociación delictuosa, peculado, malversación, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el uso de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
No fue posible ubicar a Rogelio Ashimine Oshiro ni a ninguno de los ejecutivos de SIPSA. En la página web de esta empresa hay un número de un teléfono celular, pero nadie contestó ante el llamado de este diario.
SIPSA es una empresa privada que debió ser formada con capitales del Estado, cuyas remuneraciones a sus principales ejecutivos eran superiores a las que percibe el Presidente de la República, en tanto que generaba sus propios pasivos para abonar los sueldos de sus trabajadores, funcionarios y ejecutivos jerárquicos.
Contradicciones por un supuesto soborno
Ernesto Michel, gobernador del penal de San Pedro, afirmó ayer que los hermanos Córdoba le informaron haber recibido una oferta de soborno de 150.000 dólares el martes 17, alrededor de las 16.00, mientras que el abogado defensor de Ernesto Córdoba, Jorge Borda, sostuvo que la correspondiente denuncia fue hecha la semana pasada.
El miércoles, Borda aseguró que dos hombres, a través de la reja que separa el zaguán del patio delantero en el panóptico, formularon a su cliente y a su hermano Luis Fernando la propuesta de “callar o inculpar” al ex presidente de YPFB Santos Ramírez a cambio de 50.000 dólares para cada uno, aunque los internos del sector La Posta, donde se hallan recluidos los hermanos, no acceden a ese espacio.
La versión hecha pública por Michel indica que los Córdoba le comunicaron que un hombre, a quien no se pudo identificar, conversó con ellos. “El martes, aproximadamente a las 16.00, me encontraba en la puerta de la sección La Posta. Se me acercó uno de los Córdoba y solicitó hablar conmigo, entramos a la oficina del oficial de servicio y manifestó que un ciudadano de civil, aparentemente policía, le había indicado que le iba a entregar 150.000 dólares para que se calle. Nada más”.
El Gobernador del penal mostró el registro de visitas de ese día, en el que no constaba el ingreso de persona alguna a esa hora.
La teoría de Borda consiste en que Lucio Lazo, garzón de El Caballito, club nocturno de propiedad de Ernesto Córdoba, recibió el dinero a nombre de su patrón, sin consulta ni aviso previo, y pretendía llevarlo a Palos Blancos, provincia Sud Yungas, de donde es originario.
“Gulsby tiene condiciones”
La empresa estadounidense Gulsby, subcontratada por Catler-Uniservice para la construcción del 80 por ciento de la planta separadora de licuables en Río Grande, que se adjudicó de manera “irregular”, cumple las especificaciones necesarias para realizar la obra, afirmó ayer el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.
“Aparentemente la empresa Gulsby ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta y obviamente será valorada técnicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.
La autoridad dijo que por mandato del Presidente de la República, junto con YPFB y el Ministerio de Transparencia, se realizó, de manera conjunta, una valoración jurídica sobre los contratos firmados entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice, empresa que subcontrató a Gulsby.
“Nosotros estamos haciendo la valoración jurídica de estos contratos, y cuando concluyamos esa labor, vamos a informar al Presidente y al Vicepresidente”.
Un grupo de fiscales viajará el 5 de marzo a Estados Unidos y Argentina para verificar si las empresas Gulsby, Sika y Lito Gonella realizan trabajos para Catler-Uniservice, a fin de construir la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Energía
SIPSA debió hacerse cargo de la perforación de pozos en el campo Víbora.
El Presidente de la estatal prefiere solucionar irregularidades antes de comenzar esa labor.
Transparencia abrió querella contra los ejecutivos de la empresa de servicios SIPSA.