El Nuevo Día / El narcotráfico sigue creciendo
La Razón / Evo en Rusia, los amigos de Bolivia
El Mundo / El debate devaluado
El Deber y La Prensa/ Una estocada a la agropecuaria cruceña
La Estrella del Oriente / ¿Quién le cree a Quintana?
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Los Tiempos / El método del garrote
El Diario / Como en la dictadura
Opinión / El litio es del pueblo, su explotación debe ser aprobada por todos
El Nuevo Día / El narcotráfico sigue creciendo
En México, un ministro ha advertido que si no se toman medidas urgentes contra el tráfico de drogas en ese país, el próximo presidente mexicano será un narcotraficante. En Viena, Suiza, donde se ha presentado el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organización que pertenece a la ONU, ha comenzado a circular el temor sobre un fracaso de la guerra contra las drogas y se señala a las políticas gubernamentales actuales de Bolivia, como las responsables de un retroceso en esta lucha que ya lleva cien años.
La ONU no sólo le reclama a Bolivia el histórico incumplimiento de la Convención de Viena de 1961, en relación a la prohibición del uso de la coca, más allá de requerimientos científicos y medicinales, sino el hecho de haber promovido durante los últimos años el incremento de los cultivos de coca, cuya mayor producción se destina a la fabricación de la cocaína. Textualmente, el informe dice que la junta está preocupada “por ciertos aspectos de la política de fiscalización de drogas en Bolivia que infringen los tratados de fiscalización internacional de drogas” y ha sugerido cambiar la legislación referida a la producción y consumo de la hoja de coca.
Obviamente no ha caído bien en la JIFE el artículo de la Constitución Política del Estado que coloca a la coca, una sustancia que ellos consideran una droga peligrosa, en el nivel de patrimonio cultural cuasi sagrado. La advertencia es también un mensaje hacia el Gobierno, que no cesa en sus esfuerzos diplomáticos por quitar a la coca de la lista internacional de sustancias controladas. Esta es una mala noticia para el presidente Morales, máximo dirigente cocalero que no desaprovecha la ocasión para mostrarse en público masticando coca, a veces junto a visitantes extranjeros. Seguramente el Gobierno podrá hacer todo tipo de consideraciones sociales y ancestrales sobre el uso de la “hoja sagrada”, aspectos que no cuentan a la hora de hacer prevalecer un tratado internacional al que se sujetan todos los países miembros de la ONU y que Bolivia firmó hace más de 40 años.
Pese a todo y hay que decirlo, en Bolivia puede parecer extraña una ley que prohíba el acullico, cuando esta práctica se va haciendo cada vez más común en los estratos medios de la sociedad, donde, sin embargo, no deja de ser vista un mal hábito. Lo que es muy preocupante para la opinión pública y también lo señala JIFE, es el incremento de los cultivos de coca que hoy bordean las 30 mil hectáreas en el país; el aumento del tráfico de cocaína y el hecho de que Bolivia esté ubicado entre los cuatro países de mayor consumo de drogas en América del Sur, arriba de Brasil y Perú.
En general, el narcotráfico y la violencia que se genera alrededor de esta actividad ha aumentado en toda América Latina, de ahí la advertencia que hace el ministro mexicano. En Bolivia aún estamos muy lejos de ese extremo, sin embargo, mientras en otros países se reconoce que hay una batalla que se está comenzando a perder y que es necesario reaccionar a tiempo, en nuestro caso se toman medidas extremadamente controversiales y que no dan la seguridad de estar en el camino correcto para detener el avance de la mafia de las drogas.
La ONU?teme que la guerra contra las drogas se esté perdiendo y le reclama a Bolivia mayor compromiso en el combate a este flagelo.
La Razón / Evo en Rusia, los amigos de Bolivia
Bolivia no tendría que pertenecer a ningún eje de países que no sea el de la conveniencia nacional…Rusia, por ejemplo, no requiere productos bolivianos: alinearse con esa ex potencia y despreciar las relaciones con otros países es un error que puede perjudicar a Bolivia.
El presidente Evo Morales hizo un viaje relámpago al exterior, aunque su primera escala fue en Moscú y, de regreso, visitó París. En la capital de Rusia, el Primer Mandatario abordó con su colega Dimitri Medvedev tres temáticas: seguridad, narcotráfico y cooperación económica.
En el primero, los dos gobernantes suscribieron documentos similares a los que, unas semanas antes, había firmado en Moscú el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se trata de una alianza que podría incluir la compra de material bélico ruso para las FFAA y la Policía de Bolivia, además de algunas tareas de coordinación en la defensa de los territorios de ambos países.
Los dos jefes de Estado expresaron la determinación de sus respectivos gobiernos de combatir el narcotráfico. Rusia es un país donde existen mafias organizadas que operan en el negocio de la droga, así como en otros rubros. Allá no hay producción significativa de droga, sino un consumo muy difundido de narcóticos de origen asiático y sudamericano.
Acerca del tema económico, los mandatarios de Bolivia y Rusia respaldaron los esfuerzos de las empresas petroleras estatales de ambos países para asociarse, a fin de que la Gazprom rusa se haga cargo de elaborar una estrategia de mediano y largo plazo para la explotación del gas natural boliviano.
Las agencias de noticias informaron que cuatro mandatarios latinoamericanos visitaron el Kremlin en poco más de dos meses: primero fue la presidenta argentina, Cristina Fernández; seguida por el de Nicaragua, Daniel Ortega, y el de Cuba, Raúl Castro, lo que fue celebrado por Morales como el “retorno” de Rusia a América Latina, según destacó la BBC Mundo.
Ya en París, Morales trató con su par Nicolas Sarkozy temas de cooperación bilateral y expresó su deseo de alentar las inversiones francesas en todos los sectores de la economía, pero, sobre todo, en la explotación del litio y de los hidrocarburos.
La escala del Presidente en Moscú mostró que el gobierno del MAS sigue diseñando la política exterior boliviana sobre la base de preferencias y simpatías que no se habían registrado en el pasado. Ahora, se privilegian los contactos con países que antes no figuraban en el círculo de amistades de Bolivia, por lo menos no como círculo exclusivo. En éste, hoy en día, tiene estrechos lazos de amistad con Venezuela, Cuba, Irán y Rusia.
El comercio con esos cuatro países es insignificante, pero el Gobierno espera que crezca rápidamente para compensar los mercados donde se han perdido valiosos sistemas de preferencias arancelarias, como son EEUU y la Unión Europea.
En otros lugares del mundo, la política exterior es diseñada por los respectivos gobernantes a partir de estrictos criterios del interés de sus sectores productivos. La idea de que un país no tiene amigos, sino intereses, es una regla seguida en casi todo el planeta; por lo menos, en la parte desarrollada de éste.
Bolivia no tendría que pertenecer a ningún eje de países que no sea el de la conveniencia nacional. Concebir la política exterior a partir de criterios políticos es un error que convendría subsanar cuanto antes. Rusia, por ejemplo, no requiere productos bolivianos: alinearse con esa ex potencia y despreciar las relaciones con otros países importantes de la comunidad internacional es una equivocación que puede perjudicar a Bolivia.
El Mundo / El debate devaluado
Ya no nos sorprende escuchar en los debates, en las declaraciones alusiones personales, adjetivos del oficialismo desde el primer mandatario y los miembros del ejecutivo, de la misma forma los senadores y diputados creen que hacer política es insultar al Presidente y descalificar a su gabinete y el gabinete insulta y pierde su ubicación frente a los calificativos que realizan contra los Senadores de la república y los Diputados nacionales; todo sirve, desde problemas de alcoba, pasando por los orígenes raciales, familiares , religiosos o económicos.
Existe una fauna política que no cuenta con los más mínimos cánones de su cargo y sus declaraciones, se destacan los Senadores Rojas, Guiteras, Guardia, los diputados Torrico y unos que se prestan a la más mínima señal para descalificar al que le ponen al frente, de los ministros de la misma forma se destacan Quintana que habla de gusanos, tumbas y epitafios cuando se refiere a una autoridad electa, Rada que infama y difama a los líderes cívicos con un léxico del bajo mundo, escuchamos azorados frases como delincuentes, maleantes, terroristas, golpistas, de la misma camada es el ministro San Miguel, nadie se salva, su lenguaje es digno del “coba”(lenguaje del hampa) que hoy esta institucionalizado en el debate político.
Ayer por ejemplo en un programa de Radio Erbol escuchamos de parte del Senador Roger Pinto un dialogo teléfónico con el ministro Quintana quien sacó de sus casillas a Pinto y este le contestó con frases como: “Si usted me respeta delincuente de quinta, yo le voy a respetar, yo le escuché y no le ofendí, así que respéteme carajo”. Poco antes que Quintana salga en defensa de Evo Pinto señaló: “El presidente Evo Morales dirige una banda de ladrones y delincuentes”, nadie respeta los rangos que son parte de la institucionalidad del estado, hace meses está detenido un periodista beniano que no tiene nada que envidiarle a ningún senador o ministro, son de la misma laya, parece que se criaron en el mismo colegio, tuvieron como padres a sujetos del mismo nivel cultural y hoy se encuentran empobreciendo el debate político actual. Este nivel del debate de la misma forma está acompañado con la violencia que no la practican políticos sino mercenarios contratados para golpear y amedrentar a los que piensen diferente -de un lado o del otro-, los movimientos sociales son capaces de asesinar mutilando a jóvenes (Christian Urresti) o de patear a gremialistas que salen a marchas del MAS que realizan los de la UJC, por último no salimos del asombro de cómo un grupo de pandilleros contratados por el vice-ministro Avalos patearon a técnicos de la prefectura, nunca antes el manejo de la política estuvo en manos equivocadas, ya no existe debate ideológico o programático, lo único que escuchamos son acusaciones de asesinatos, robos, corrupción, de traidores, de agentes de la CIA, de narcotraficantes, finalmente qué podemos pedir si cada pueblo tiene los gobernantes que se le parecen.
Cuidado que esto está siendo alimentado de alguna forma de manera directa o indirecta por frases que hoy son parte de antología y de la historia, como del Presidente campeón nacional de acusar sin pruebas y difamar, de la misma forma el Vicepresidente no lo deja lejos con amenazas contra autoridades y periodistas, por ejemplo la de hace dos días que nos dijo que nos vamos acostumbrado a ver la presencia militar, eso es una ofensa mayor que la de los adjetivos personales ya que ésta está dirigida a la democracia y a los ciudadanos que decidieron de forma soberana depositar su voto en la ánfora. Si el jefe insulta, difama con un vocabulario ya conocido, es una invitación a sus seguidores a hacer lo mismo, de la misma forma parece que la oposición se contagió de ésta práctica.
El Deber y La Prensa/ Una estocada a la agropecuaria cruceña
Desde luego que no estamos de acuerdo con la existencia de la propiedad agraria improductiva, más específicamente catalogada como latifundio, pero tampoco con un régimen de tenencia de la tierra que impida producir a escala de mercado.
Santa Cruz empezó a rendir en tal dimensión desde la década del 60, convirtiéndose, en gran medida, en una suerte de enclave crucial para la seguridad alimentaria del país, generando inclusive excedentes de creciente volumen para exportaciones de cada vez mayor peso en los ingresos nacionales. Todo, por producir a escala de mercado y con tecnología de punta, lo cual es absolutamente necesario para abaratar el costo, porque mientras más se provea al consumo, tanto más se gana. En cambio, con la producción agrícola o pecuaria sobre superficie mediana o pequeña, no se logra ninguno de los referidos resultados. Son, por cierto, patéticos los testimonios al respecto, por parte de los productores en espacios reducidos. Los que disponen de algunas pocas hectáreas no trascienden la economía de la simple subsistencia. Apenas pueden llevar al mercado cantidades pequeñas de productos. Los medianos productores, vinculados a la economía ferial, caen en manos de una red de intermediarios que se llevan la mayor parte de la torta. La exportación es para ellos inalcanzable posibilidad.
Sólo los grandes productores de caña de azúcar, soya, madera y una serie de oleaginosas ganan lo que les permite producir a escala de mercado interno y externo. A causa de ello experimentaron un creciente ascenso que ahora podría detenerse en seco a raíz del régimen de tenencia de la tierra que establece la CPE aprobada en el último referéndum, según el cual a nadie le será permitido poseer más de 10 mil hectáreas.
Lo peor es que tal enunciado se convierte en luz verde para la ocupación ilegal de tierras por parte de grupos campesinos que, sospechosamente, han empezado a llegar a nuestra región a bordo de camiones que sin duda no fueron contratados por ellos, sino por gente que coordina sus acciones entre bambalinas.
Al mencionado dique estructural de contención de la producción agropecuaria de Santa Cruz se añade ahora la inseguridad jurídica, la misma que adquirirá particular gravedad, dando lugar a delicados problemas políticos, si el Gobierno no frena en seco los avasallamientos.
Lo referido equivale, entonces, a toda una estocada a la producción agropecuaria del departamento con unos efectos que no solamente se dejarán sentir en lo regional. Su impacto también se extenderá a escala nacional y afectará directamente, ni duda cabe, a la población cuya magra economía sigue siendo golpeada.
La Estrella del Oriente / ¿Quién le cree a Quintana?
El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, tiene una pésima imagen dentro del país. Su palabra está tan devaluada que cuando se lo escucha haciendo alguna declaración, automáticamente los oyentes conciben que la situación debe ser exactamente todo lo contrario a lo que acaba de plantear. Todos saben en su fuero interior que Quintana miente sin empacho, que no tiene ninguna moral para hacer las declaraciones que hace porque su palabra no tiene crédito para impartir órdenes, o para incriminar a otros, porque es un hombre no sólo cuestionado, sino acusado de contrabando, de haber provocado violencia y desencadenado muertes para tomar precisamente el departamento de Pando.
La imagen de Quintana no se va a recuperar porque el Presidente se hace el del otro viernes, o porque lo hace desaparecer o reaparecer en situaciones en las que cruza la pierna en Palacio y habla con power point incluido de supuestos delitos cometidos por sus perseguidos políticos.
Quintana, ya tiene una imagen consolidada como una persona desautorizada por sus propios actos y por el tufo de corrupción que estos destilan. Y pese a esto, y de manera incomprensible el Presidente de Bolivia persevera en tenerlo como su Ministro, inexplicablemente lo ha ratificado y lo ha puesto otra vez a su lado dándole cuerda para que se le enfalde como un muñeco de ventrílocuo, hablando sobre leyes, sobre moral y animándose a seguir planteando supuestos delitos de los opositores.
Evo Morales no se da cuenta que las palabras de Quintana son contraproducentes, no sólo caen en saco roto, sino que tienen efecto contrario, son en realidad una caja de resonancia que le tira m…. con ventilador al propio Gobierno, así Quintana se haga el fiel y el que le echa flores a su Gobierno, por el simple hecho de que todos los que lo escuchan hablar saben que lo que dice es falso, que hay sobrados indicios de sus acciones oportunistas, puesto que ha sido empleado de un ministro del ex presidente Banzer y participó de un negociado en el que se compró un avión con el dinero recibido como ayuda social por el terremoto de Aiquile.
Verlo a Quintana frente a las cámaras de televisión produce un malestar tal que exige expulsarlo de la vista de inmediato, lo que prueba que la protección del Estado no es suficiente, que tampoco es suficiente que la comisión de masistas del Parlamento, a la cabeza de Javier Zabaleta, haya cerrado el caso de la investigación que lo incrimina por el contrabando de 33 camiones y haya evitado que este se careara con el Gral. López y con el vicealmirante Bandeiras, acusado también de corrupción y puesto a pulso como Prefecto de Pando.
Podemos asegurar que Quintana es más rechazado que Santos Ramírez, su figura es más objetada que la de Santos y sin embargo y pese a ello sigue haciendo de las suyas, sigue impune y reprimiendo, moviendo a los militares subordinados a perseguir personas en Pando y en Riberalta. Sigue viajando a tierras pandinas y del Beni a mover los cuchillos largos de la represión que impera en Bolivia.
Ayer Quintana, se metió en una entrevista que la red Erbol le estaba haciendo al senador Roger Pinto, en el que éste lo incriminaba como autor de los nuevos secuestros ocurridos en Pando. No debemos olvidar que hubo vestigios de que Quintana habría pagado un sicario para hacer matar a Pinto, caso que también quedó en el tintero que tiene tinta lavable cuando se trata de Quintana. El debate que se armó en medio de la entrevista, terminó con palabras irreproducibles cuando el senador Pinto le dijo entre otras cosas que era un “sinvergüenza de Quinta”.
No podemos terminar esta apreciación, sin antes decir que la Iglesia Católica ha mostrado en este momento una posición absolutamente valorable, una actitud que la lleva al sitial de luchadora por los derechos humanos, que antepone a todos los sinsabores el cumplimiento del deber, de su apostolado que la lleva a proteger a quienes están expuestos a atropellos y violencia de Estado, como este que ahora está perpetrando el Gobierno bajo órdenes de personeros como Quintana que se ensañan contra un pueblo indefenso.
El Vicario Apostólico de Pando, respaldado por la Conferencia Episcopal Boliviana, salieron en defensa del resguardo de los derechos, con la misma voz y con la misma fuerza que antes, desde los años 90 pasando por el 2000 al 2003 salieron en defensa de Evo Morales y sus correligionarios.
Claro que deben estar sorprendidos del giro que dan las manecillas del reloj de la historia, pues, ¡Quién iba a decir que estos se iban a transformar en los nuevos lobos feroces, los nuevos opresores de sus pueblos!
Los Tiempos / El método del garrote
Ante tan amenazadoras circunstancias, miembros del Conalde tendrán que medir muy bien sus fuerzas antes de dar sus próximos pasos
La nueva ola represiva desatada en horas de la madrugada en el municipio Porvenir, en Pando, ha vuelto a sacar a luz el rostro autoritario del Gobierno que, como lo viene haciendo hace ya mucho tiempo, combina con singular eficiencia los medios democráticos con los que no lo son en su afán de continuar avanzando hacia la consolidación de su proyecto político.
No es algo que deba sorprender, pues en días previos varios ministros ya anunciaron su decisión. Dijeron que el proceso autonómico se impondría a través de las ideas, o del garrote. Dicho en otros términos, dejaron claro que se impondría “por las buenas o por las malas”, y dejaba a los dirigentes cívicos la elección de la forma como serían sometidos.
La decisión de los representantes cívicos y los prefectos de la “Media Luna” de no asistir a la reunión convocada por el Poder Ejecutivo para conformar el “Consejo Autonómico”, fue al parecer lo que activó el recurso de la fuerza. Fue interpretada como un desafío y el Gobierno, fortalecido por su triunfo en el referéndum de enero, no está dispuesto a dar ninguna muestra de debilidad.
A lo anterior se suma el anuncio de que en los departamentos autonómicos se pondría en marcha un plan de resistencia civil para impedir que se consume la expropiación de tierras en Alto Parapetí. El tema de las tierras y el de las autonomías son los dos ejes de la resistencia cívica y el Gobierno, muy seguro de su fuerza, se muestra decidido a asfixiar cualquier brote de rebeldía antes de que cobre fuerza.
Siendo así las cosas, lo ocurrido durante las últimas horas en Pando, así como sus antecedentes de septiembre, puede interpretarse como un amenazador ejemplo de lo que espera a quienes se atrevan a oponerse a los propósitos oficialistas.
Entendido así el asunto, el mensaje resulta claro: Nadie puede osar interponerse en el camino gubernamental sin correr el riesgo de ser acusado de “terrorismo y asociación delictuosa”. Nadie puede contar con la inviolabilidad de su hogar, ni con los derechos y garantías que corresponden a un país en el que impere el estado de Derecho. Ya nadie puede esperar que se respeten las formalidades legales pues ya ni siquiera mantener las apariencias importa tanto como dejar claramente establecido qué tipo de régimen es el que impera en Bolivia.
Fuerzas Armadas puestas al servicio de operativos de represión política, fiscales que cumplen órdenes con la misma disciplina con que lo hacen paramilitares encapuchados, un sistema judicial del que el Poder Ejecutivo se mofa impunemente, son algunos de los rasgos del nuevo estado de cosas que comenzó a imponerse a partir del 11 de septiembre en Pando, el eslabón más débil del bloque autonomista.
Ante tan amenazadoras circunstancias, los dirigentes cívicos y los prefectos que integran el Conalde tendrán sin duda que medir muy bien sus fuerzas antes de dar sus próximos pasos.
El Diario / Como en la dictadura
Todo indica que el presidente Evo Morales Aima está decidido a gobernar por la fuerza, pasando por alto incluso la Constitución Política del Estado que fue elaborada, sancionada y promulgada en base al proyecto elaborado por el Movimiento Al Socialismo. El masismo está actuando como los gobiernos dictatoriales, conculcando los derechos ciudadanos, con técnicas y métodos prohibidos, propios de regímenes fundamentalistas, donde los fiscales se convierten en instrumentos de los que administran el Estado, quienes no cumplen sus funciones en el marco de la legalidad, la transparencia, la objetividad y sobre todo la imparcialidad. Esto no ocurre porque los responsables de la investigación de los hechos que se procesa en la justicia ordinaria, anteponen las órdenes de miembros del Ejecutivo y consignas de líderes del partido de Gobierno a la ley y los principios juridico-procesales. Por lo tanto ningún representante gubernamental o representante del MAS puede justificar la forma de imponer “ justicia” a su manera.
El pasado mes de septiembre se produjo un enfrentamiento entre campesinos afines y organizados por el Gobierno contra pobladores y funcionarios de la Prefectura de Pando, quedando como saldo, más de una decena de muertos y muchos heridos. Esto fue calificado por el Ejecutivo como una masacre, disponiendo a través del Ministerio Público una investigación de esos luctuosos sucesos y para facilitar la indagación gubernamental se decretó un Estado de Sitio en ese departamento, con la militarización de la región y posterior detención del prefecto Leopoldo Fernández y otros ciudadanos que fueron trasladados a la Sede del Gobierno para someterlos a un proceso, el mismo que está viciado de ilegalidades, como hacer caso omiso a resoluciones superiores para que el caso sea ventilado en el Distrito Judicial de Sucre. Lo que quieren las autoridades es escarmentar a los pobladores, dirigentes cívicos, vecinales, políticos y hasta periodistas, porque son considerados contrarios a la actual administración gubernamental. La tirria de los gobernantes se incrementa por el resultado electoral del último referendo en Pando, que fue contrario a los oficialistas.
Para la detención del ahora ex Prefecto y varios ciudadanos pandinos acusados de promover y participar en el enfrentamiento de septiembre pasado, el Ministerio Público recurrió a fuerzas militares, las que realizaron operaciones comando para capturar a todos los sindicados, opositores al Gobierno, quedando en la impunidad y con la protección oficialista los afines al MAS. El Ejecutivo trata de encarcelar al mayor número posible de opositores, hayan o no participado en los enfrentamientos referidos. Pero no se actúa de la misma manera con aquellos partícipes de los sucesos de Pando y que son afines al MAS.
Lo que indigna es el operativo comando realizado a altas horas de la noche, por militares encapuchados, en la población pandina de Porvenir, para detener a ciudadanos que se dice están involucrados en la confrontación violenta de septiembre pasado. Esas detenciones fueron efectuadas sin la orden judicial correspondiente, sin la presencia del representante del Ministerio Público, en horas no autorizadas, por lo tanto los militares pasaron por alto las normas básicas de convivencia y legalidad, actuando por “órdenes superiores” que salieron de las esferas del Gobierno, como si se tratase de un régimen de facto. Entre los detenidos se denunció que había menores de edad los que fueron puestos en libertad después de haber sido maltratados. Como siempre ocurre en estos casos, las autoridades del Ejecutivo negaron su participación asegurando que obraron de acuerdo con el ordenamiento jurídico-nacional.
El espectáculo ofrecido por los fiscales asignados al caso fue bochornoso ya que aseguraron que las detenciones fueron a las 7 de mañana, cuando se las realizó desde las cero hasta las cinco de la madrugada, por lo que a las seis de la mañana el país fue informado de esos abusos por la prensa. Asimismo, dijeron que existían órdenes de aprehensión y cuando se les pidió que las exhiban manifestaron que las mismas se quedaron en Cobija. Tampoco los fiscales estuvieron presentes en las detenciones, porque se los vio en horas de la mañana en La Paz, sede de sus funciones. Los fiscales están demostrando que en su mayoría obedecen órdenes de autoridades gubernamentales, por lo tanto son instrumentos políticos. Con esta forma de actuar lo único que se logrará es más división y odio entre los bolivianos, unos alineados en el Ejecutivo que como en las dictaduras recurre a la fuerza, la violencia y la mentira.
Opinión / El litio es del pueblo, su explotación debe ser aprobada por todos
Bolivia debe aprender las amargas experiencias que ha tenido en la administración, casi siempre equivocada, de sus recursos naturales. Sobre la base de ese conocimiento la explotación del litio tendrá que ser después de un debate nacional irrestricto y con fórmulas científicas, técnicas y económicas, indiscutiblemente patrióticas.
Ahora que se habla de negociar con empresas extranjeras, la explotación e industrialización del litio, es oportuno formular algunas condiciones fundamentales para negociar eficiente y soberanamente con países o empresas transnacionales. El recurso natural del que hablamos, actualmente, tiene tanta o más significación que los hidrocarburos a principios del siglo anterior, puede ser un valioso sustituto de las fuentes nacionales de energía. La mayor parte de entidades estatales o comerciales desea comprar este recurso.
El primer paso, del que dependen todos los demás, es tener clara conciencia de nuestro derecho propietario. Después de algunas consultas realizadas por periodistas de Opinión, hemos constatado que muy pocos saben lo que es el litio, las cosas que se pueden hacer de este maravilloso recurso, lo que cuesta y la importancia que tiene para el desarrollo del país. Es posible que muchos de los que están en el Gobierno tampoco sepan de lo que se trata. La información acerca del litio, de sus múltiples usos, de su precio y de otros aspectos esenciales, convertiría a la totalidad de la población boliviana en el sujeto activo poseedor de semejante riqueza. Con el respaldo consciente del pueblo los gobernantes y los embajadores pueden lograr excelentes resultados en el extranjero.
El segundo paso, es contar con los estudios necesarios para saber exactamente los usos del litio y los productos que se pueden elaborar a partir de tal recurso natural. Sólo estudios cuidadosamente realizados nos dirán cuánto de dinero se necesita, cuáles son las fuentes más apropiadas para tal financiamiento y la rentabilidad o las utilidades que podemos lograr, obviamente, para el desarrollo del país. Desarrollo, como hemos dicho varias veces, es un proceso en función del ser humano y de su libertad.
Algo decisivo en esta materia es contar con la gente necesaria, tanto desde el punto de vista profesional como ético. Bolivia requiere ingenieros, tecnólogos, economistas, comercializadores, etc, para explotar con evidente sentido patriótico el litio. La incapacidad, la impostura así como el predominio sólo del activismo político, en sentido estricto de los términos señalados, están también en el campo de la corrupción. Alguien que ocupa un puesto en la administración pública sin la formación intelectual necesaria puede hacer tanto o más daño como aquel que se apropia ilegalmente de los bienes de la comunidad.
La promoción internacional del litio, obviamente, es un programa útil y necesario. Sin embargo, la forma de hacerlo es determinante, sería evidentemente democrático que el Presidente de la República haga conocer al pueblo los términos de los acuerdos a los que ha llegado con países europeos. Es bueno advertir que ningún político, a pesar del cargo público que ocupa, tiene derecho a negociar los recursos naturales del país, sin cumplir las condiciones previas a las que nos hemos referido rápidamente. El litio nos corresponde a todos, la diferencia entre oficialistas y opositores, en este campo, debe ser para alcanzar los mejores resultados, es decir, una lucha no precisamente por la mera toma del poder. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones para que el litio sea base de una gran industria múltiple, en circunstancias en que el precio del petróleo afecta, inevitablemente, a las condiciones de vida de toda la humanidad. El litio es un maravilloso sustituto, sin embargo, no es interminable ni eterno. También es no renovable y puede agotarse cualquier momento.
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