El Ejecutivo prevé realizar un seguimiento a los depósitos de dinero significativos que realicen estas personas; dice que no se vulneran los derechos de los individuos.
Una vista del frontis de las oficinas de una entidad bancaria. Luis Salazar/Página Siete
Página Siete, Tania Loayza / La Paz
Un decreto pone bajo sospecha a políticos y personas notorias
El Gobierno dice que no se vulneran los derechos de los individuos.
Caso. El Ejecutivo prevé realizar un seguimiento a los depósitos de dinero significativos que realicen estas personas y cuyo origen de los recursos sea sospechoso.
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El Decreto Supremo 910 de régimen de infracciones y sanciones para actividades relacionadas al control y prevención de la legitimación de ganancias ilícitas pone bajo sospecha a políticos y famosos.
La norma obliga a las entidades financieras a elaborar listas para su remisión a la Unidad de Investigaciones Financieras.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, aseguró que la norma no vulnera derechos y garantías de las personas. “Lo único que se está haciendo es determinar las características de un segmento de personas por las actividades que desempeñan para que no se presten al lavado de dinero. El derecho constitucional de las personas es el de inocencia y que los datos no sean públicos”, precisó la autoridad.
La norma de control de legitimaciones ilícitas en su capítulo nueve establece textualmente: “elaborar y remitir listas actualizadas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), nacionales, extranjeras y de las que hayan alcanzado fama o notoriedad”.
Según Guillén, las personas expuestas políticamente son funcionarios públicos electos o de libre nombramiento y que por su actividad pueden tener movidas sospechosas en sus cuentas. “El presidente Evo Morales es una persona expuesta políticamente, el ministro de Economía y mi persona también”, citó.
Las personas que hayan alcanzado fama o notoriedad son gente reconocida que por su actividad percibe o realiza depósitos de origen dudoso. “Por ejemplo, un predicador que recibe dineros de organizaciones que puedan tener origen dudoso. Una persona que desarrolla una campaña solidaria y tiene movimientos inusuales de dinero”, dijo.
Al respecto, la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA) identifica dificultades para elaborar listas de personas sospechosas de ganancias ilícitas .
Por otro lado, antes una operación sospechosa se delimitaba por encima de 10 mil dólares, ahora no tiene parámetros. “Hay un manual de la UIF en el que se definen parámetros, esto es confidencial porque si decimos que los depósitos de más de 100 mil dólares son sospechosos, la gente depositará 99 mil para evitar control”, explicó Guillén.
Aseguradoras están preocupadas
Coordinación. ABA acordará con las empresas de seguros para elaborar listas de las personas públicas como privadas; sin embargo, reconoció que tendrán problemas porque la norma no señala los parámetros para la tarea definida.
Perjuicio. Con la norma, ABA corre el riesgo de disminuir sus clientes, puesto que algunas personas no van a estar de acuerdo en ser sometidas a un proceso de investigación por la procedencia de sus recursos, situación que les perjudicará.