Vicepresidente anticipó que el pueblo debía acostumbrarse a la presencia militar.
Jueza envía a 3 pandinos al penal y da libertad condicional a 4. Yañíquez reconoció que hubo irregularidades en la detención.
Sindicados. Las autoridades ediles, periodistas y dirigentes capturados en Porvenir deberán defenderse desde la prisión de San Pedro donde está el prefecto de Pando (foto El Deber)
Gobierno envía más militares a Pando para frenar caciquismo
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La población pandina recibe con temor y tranquilidad a los efectivos
El Comando Conjunto tiene su base de operaciones en Cobija, donde hay 1.500 militares desde diciembre
La Prensa y El Deber.- El ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció ayer que el Gobierno aumentará el contingente militar instalado en el departamento de Pando, una vez que concluyó el estado de sitio en diciembre, para evitar el resurgimiento del “caciquismo” y la violencia en esa región.
San Miguel realizó este anuncio ayer en el acto de entrega de sables y reconocimiento a los 19 nuevos generales y contraalmirantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), donde participó el presidente Evo Morales.
En declaraciones a los medios de comunicación, la autoridad gubernamental dijo: “Se va a incrementar el número de militares en el Comando Amazónico, con sede en Pando, quienes custodian nuestro aeropuerto, tienen a su cargo la seguridad incluso ciudadana, porque de esa manera es que estamos haciendo presencia en un departamento donde reinaba el ‘caciquismo’, donde era muy común la ilegalidad, los sicarios que realizaban ajustes de cuentas, el narcotráfico. Eso se acabó, felizmente estamos en ese camino”.
El vicepresidente Álvaro García Linera, el miércoles, advirtió de que la población debería acostumbrarse a la presencia de las Fuerzas Armadas en Pando.
La autoridad dijo entonces que habrá una presencia “estratégica” de los militares “donde la presencia del Estado es débil” y donde se intentaron crear “semirepubliquetas”.
Acto: el presidente Evo Morales entrega un sable a un general del Ejército en la ceremonia, fue ayer
La misión
San Miguel explicó que la presencia de un importante contingente militar obedece al constante reclamo de los ciudadanos para sentar soberanía en las zonas fronterizas, más aún cuando en los primeros seis meses de la gestión 2008 se presentaron bandas de narcotraficantes y sicarios armados que se enfrascaron en ajustes de cuenta.
El Ministro de Defensa no dio detalles acerca de la cantidad de efectivos militares que serán enviados a la región amazónica; sin embargo, fuentes castrenses indicaron que el objetivo es que el Comando Amazónico tenga tres mil militares para brindar seguridad a más de 52.000 personas.
Este organismo precisa de cinco batallones para cumplir su tarea; cada batallón tiene en promedio 600 efectivos.
Actualmente hay 1.500 uniformados en el Comando, integrado por efectivos de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y el Ejército, que tiene su centro de operaciones en la ciudad de Cobija desde el año pasado.
Hasta el 23 de diciembre de 2008, había 1.200 efectivos que fueron enviados para hacer cumplir el estado de sitio dictado el 12 de septiembre luego de la “masacre de Porvenir”, donde fallecieron al menos 20 personas, según la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); aunque de estas, cuatro aparecieron con vida después de “refugiarse” en Brasilea.
Para reforzar la seguridad del departamento llegaron 300 efectivos, con lo que la cifra llegó a 1.500. Ahora hacen falta otros 1.500 para alcanzar la meta del Comando Conjunto Amazónico.
El Gobierno responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz junto con por lo menos 19 personas, presuntamente vinculadas con los hechos de violencia.
Temor y tranquilidad
Según El Deber, la población pandina reconoce que la llegada de las fuerzas del orden ha disuadido a la delincuencia, pero también a los compradores que vienen de Brasil, ya que éstos son recelosos ante la notoria presencia de uniformados, lo que ha incidido en una reducción de las ventas.
Por su parte, voceros del Comité Cívico consideran que la llegada de “tantos” miembros de las fuerzas del orden tiene el objetivo de reprimir cualquier manifestación contraria al Gobierno. “Esto es amedrentamiento. Hay policías de civil que siguen todos nuestros movimientos”, protestó el senador de Podemos Paulo Bravo.
La situación ha repercutido positivamente en la caída de los índices de criminalidad en la región, ya que hasta mediados del año pasado, la ciudad vivía azorada por el gran número de atracos y asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico. Según el comandante departamental de la Policía, José Ayala, en la región hay desplazados más de mil efectivos de la institución, divididos en sus diversas reparticiones, lo que exige mejorar la infraestructura y el aparato logístico.
En cuanto a los militares, en la zona se ubica el VI Distrito Naval, cuyo comandante, el capitán de navío Dickson Valdivia del Castillo, es también el jefe del Comando Conjunto que hace labores de seguridad por las calles de Cobija y por las provincias, y coadyuva al control del narcotráfico y el contrabando.
Los militares que llegaron en diciembre al departamento pandino, según fuentes castrenses, instalaron dos campamentos en los municipios de Filadelfia y Porvenir. El primero es considerado como un bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el departamento pandino; mientras el segundo es un fuerte de los autonomistas.
Las críticas
La decisión de incrementar la presencia militar en Pando fue criticada por el ex presidente Carlos Mesa, quien afirmó que con esta acción, San Miguel pretende convertir a esa región en un “cuartel militar”, abusando de las competencias que otorga la nueva Constitución al Ejecutivo.
“Estas últimas 48 horas, el Gobierno hizo uno de los daños mayores a la Constitución que acaban de promulgar. Primero con una acción ilegal que viola los derechos y garantías . Se confunde el departamento de Pando con un cuartel”.
Desde Pando, el presidente de la Acción Cívica pandina, Herbert Salvatierra, dijo que “el Gobierno como no pudo ganar en el referéndum (por la aprobación de la Constitución) quiere tomar militarmente, para que pensemos como ellos”.
Los cívicos opositores anunciaron que se reunirán hoy en la ciudad de Sucre a las 09.00 para analizar la llegada de más militares. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, advirtió con denunciar a la comunidad internacional acerca de esta “dictadura”.
El senador del MAS, Félix Rojas, en tanto, justificó el envío de militares para evitar el rebrote de “grupos violentos que han ocasionado vendetas”.
Costas dice que visitará a Leopoldo tras el Carnaval
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que visitará en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz al ex prefecto Leopoldo Fernández, detenido hace cinco meses, y a otros autonomistas de la misma región acusados de terrorismo, asociación delictuosa y homicidio. La autoridad departamental anunció que pedirá al comandante de la Policía Nacional, Miguel Gemio, tomar las precauciones necesarias para su llegada a la sede del Gobierno.
Costas dijo que la visita al “gobernador” de la región pandina sería después del Carnaval. Fernández está detenido preventivamente porque supuestamente encabezó la “masacre de Porvenir”, que derivó en la muerte de al menos 20 personas, la mayoría campesinos y por armas de fuego.
Mediante una carta que muestra el repudio sobre las recientes detenciones ilegales suscitadas en Pando, presuntamente a cargo de encapuchados militares, la primera autoridad cruceña, Costas, solicitó al fiscal general, Mario Uribe, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia interino, Eddy Fernández, una audiencia con el objetivo de ponerle fin a las persecuciones políticas y exigir un proceso justo a los procesados por las muertes de Pando. Para el Prefecto cruceño, las autoridades nacionales tienen la obligación de cumplir con los roles constitucionales.
La determinación
Un nuevo contingente de militares será enviado al departamento de Pando.
El objetivo del Gobierno es darle mayor seguridad y evitar el rebrote del “caciquismo”.
La región fue un cuartel del ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en San Pedro.
Cuatro de los siete pandinos aprehendidos por la “masacre de Porvenir” enfrentarán el juicio en libertad
Juez envía a 3 pandinos al penal y da libertad condicional a 4
Betty Yañíquez reconoció que hubo irregularidades en la detención
Los detenidos serán remitidos al penal de San Pedro y los demás están arraigados en La Paz.
La juez Séptima en lo Cautelar Penal, Betty Yañíquez, determinó esta madrugada la detención preventiva del alcalde de Porvenir, Edwin Ventura (Podemos); del concejal Hernán Justiniano (ADN) y el oficial mayor de ese municipio, Roberto Rea, en tanto que el ex director Comunicación de la Prefectura pandina Hugo Mopi, el comunicador Marcial Peña y los concejales Wilma Venegas (Podemos) y Wilson Da Silva (MAR) están con libertad condicional.
Después de conocer la resolución, la abogada de tres de las víctimas de la “masacre de Porvenir”, Mary Carrasco, anunció que impugnará la decisión de Yañíquez porque aún existe el riesgo de fuga y obstaculización de los que salieron en libertad condicional. Cuando la jurista vertía estas declaraciones fue agredida físicamente por una mujer que dijo ser familiar de uno de los detenidos.
En la audiencia, que duró al menos 12 horas, la autoridad judicial reconoció que hubo irregularidades en la aprehensión de cinco pandinos, pues las citaciones que les fueron entregadas no indicaban una dirección para que se presentaran a declarar. No hubo observaciones al arresto de Mopi y Peña.
La Juez resolvió que quienes recuperaron su libertad deberán presentar dos garantes y presentarse los lunes y viernes en el despacho de los fiscales para firmar el cuaderno de investigaciones. En todo caso, permanecerán en la ciudad de La Paz porque están arraigados.
El Director de Comunicación de la Prefectura pandina durante la gestión del ex prefecto Leopoldo Fernández, el comunicador Marcial Peña y los concejales de Porvenir acreditaron una fuente laboral, familia y un domicilio fijo, mientras que los otros sindicados no lograron desvirtuar el peligro de fuga y obstaculización de la justicia.
El Alcalde de Porvenir, por ejemplo, solicitó “refugio político” en Brasil, mientras que el Oficial Mayor de ese municipio aparece en varios testimonios de testigos de la “masacre” y Justiniano fue identificado por las víctimas como uno de los hombres armados que disparaban contra la caravana de campesinos que el 11 de septiembre se dirigía a Cobija. Los siete pandinos fueron aprehendidos la madrugada del miércoles junto con otras siete personas que luego serían liberadas por fuerzas de seguridad, según relatan los testigos y medios de comunicación, aunque la Fiscalía indica que los operativos se realizaron a las 07.00 y que el número de sospechosos es siete.
A ellos se les acusa de terrorismo, asociación delictuosa, homicidio, lesiones graves, gravísimas y leves porque presuntamente participaron en los enfrentamientos del 11 de septiembre que dejaron como saldo al menos 20 personas muertas, según la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aunque después aparecieron cuatro personas con vida.
Los sindicados, tras finalizar la audiencia, a las 02.30, fueron llevados a las celdas de la Policía Judicial. Quienes tienen detención preventiva serán llevados al penal de San Pedro hoy, mientras que quienes gozan de libertad condicional se quedarán al menos hasta el miércoles en esa penitenciaría, hasta que presenten a sus garantes y se tramite el arraigo respectivo.
La defensa de los siete arrestados, para liberarlos, había presentado un recurso de hábeas corpus. Esa audiencia se realizó ayer en la mañana; sin embargo, el juez Primero de Sentencia Penal, Norberto Chávez, se declaró “incompetente” para resolver el recurso argumentando que esta acción legal cambió de nombre con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y requiere un nuevo reglamento. Esta acción de defensa de los derechos en la nueva Carta Magna se llama “acción de libertad”.
El proceso quedó en nada y a las 15.00 se instaló la audiencia de medidas cautelares.
La parte querellante demandó la detención preventiva de los siete imputados; sin embargo, la Juez no encontró suficientes pruebas para tomar esta decisión. Los defensores de los siete pandinos arrestados también protestaron por la decisión de la Juez, pues sus clientes tendrán que quedarse en la ciudad de La Paz.
Quintana dice que “criminales” caminan “sueltos”
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que unas 200 personas participaron en la “masacre de Porvenir”, de las que al menos 50 dispararon con armas de fuego contra campesinos cuando éstos se dirigían en una caravana a Cobija el 11 de septiembre, por lo que no descartó que existan nuevas aprehensiones.
La autoridad gubernamental, en un contacto con los medios de comunicación durante la ch’alla realizada por el Órgano Ejecutivo, en la plaza Murillo, dijo que “hay muchos criminales sueltos”, en referencia a los ciudadanos pandinos que decidieron pasar a Brasilea (Brasil) para evitar ser detenidos.
Quintana afirmó que por tanto las aprehensiones deben seguir. La abogada de tres de las víctimas de la “masacre de Porvenir”, Mary Carrasco, informó el miércoles que existen más de 64 mandamientos de aprehensión de personas que no se presentaron a declarar cuando fueron convocadas por la comisión especial de fiscales que fue organizada por la Fiscalía General para investigar este caso.
El 11 de septiembre, los enfrentamientos comenzaron entre las 02.00 y las 06.00 tanto en Tres Barracas como en Cachuelita. La Policía Departamental llegó a la zona de Tres Barracas a contener la violencia, pero sus esfuerzos fueron vanos porque a las 07.00 comenzó una balacera que al final del día dejó al menos 20 muertos, según el informe de la Unión de Naciones Suramericanas.
La mayoría de las muertes se produjo por armas de fuego; sin embargo, existen denuncias de que muchas de las víctimas fueron torturadas, pues algunas de ellas perdieron sus lenguas o las orejas.
Los videos que aparecieron después de los sucesos violentos en el departamento de Pando muestran el empleo de escopetas y pistolas.
Temen por detenciones
Los cívicos tarijeños temen que el Gobierno realice nuevas detenciones en ese departamento, luego de que el Ministerio Público aprehendiera a siete ciudadanos en Pando, los cuales podrían ser detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro.
La presidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza Alé, dijo que el Gobierno de Evo Morales se encuentra en una “cacería de brujas, masacrando la libertad y pisoteando el Estado de derecho”, y no descartó que ya esté enviando grupos de choque y efectivos policiales para realizar nuevas aprehensiones de cívicos y sectores que en septiembre de 2008 exigieron la reposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Temor y tranquilidad por más efectivos
Proceso. De acuerdo con el jefe policial, en Pando hay más de 1.000 efectivos. En el caso de los militares se habla de una cantidad similar. El comercio y los delitos han decrecido
Uniformados. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que se continuarán enviando más militares hasta Cobija
El Deber
Gustavo Ondarza
Pando y principalmente su capital Cobija tienen una gran cantidad de uniformados, tanto policías como militares, que han llegado paulatinamente desde septiembre, después de los hechos luctuosos de Porvenir. Según reportes oficiales, en la región están acantonados más de dos mil efectivos.
La población reconoce que la llegada de las fuerzas del orden ha disuadido a los delincuentes, pero también a los compradores que vienen de Brasil, ya que éstos son recelosos ante la notoria presencia de uniformados, lo que ha incidido en una reducción de las ventas.
Por su parte, voceros del Comité Cívico consideran que la llegada de tantos miembros de las fuerzas del orden tiene el objetivo de reprimir cualquier manifestación contraria al Gobierno. “Esto es amedrentamiento. Hay policías de civil que siguen todos nuestros movimientos”, protestó el senador Paulo Bravo, de Podemos.
La situación ha repercutido positivamente en la caída de los índices de criminalidad en la región, toda vez que hasta mediados del año pasado la ciudad vivía afectada por el alto número de atracos y asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.
Según el comandante departamental de la Policía, José Ayala, en la región hay desplazados más de mil efectivos de la institución divididos en sus diversas reparticiones, lo que exige mejorar la infraestructura y el aparato logístico. En ese sentido, el comando nacional y el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno han comprometido apurar los proyectos, aseguró el jefe policial.
La labor policial es notoria. De día hacen patrullaje a pie y controlan el tráfico vehicular, y de noche desplazan brigadas móviles para revisar los motorizados que circulan. Esta tarea era inusual hasta hace poco en Cobija, pero ‘habrá que acostumbrarse’, señaló anoche un oficial de carrera cuando fue abordado para conocer detalles de su labor.
Ayala recomendó a la comunidad no temer a la presencia de los policías, ya que su objetivo es reforzar el plan de seguridad ciudadana previsto para esta gestión y al que han denominado ‘fortaleza’. “Esta tarea da sus frutos, anoche, por ejemplo, hemos detenido a un motorizado que transportaba 9,5 kilos de pasta base de cocaína”, comentó.
En cuanto a los militares, en la zona se ubica el VI Distrito Naval cuyo comandante, el capitán de navío Dickson Valdivia del Castillo, es también el jefe del Comando Conjunto Amazónico conformado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval.
Pese a que este oficial se negó a hablar con EL DEBER, fuentes castrenses indicaron que en Pando hay, por ahora, alrededor de 1.200 militares y se prevé que en un tiempo más tienen que sumar 3.000.
Así, la versión del ministro de Defensa, Walker San Miguel, en sentido de que se incrementará la presencia militar, tiene consistencia, ya que el referido Comando Conjunto precisa de cinco batallones para cumplir su tarea; cada batallón tiene en promedio 600 efectivos.
Desde Pando
– La llegada de tantos policías en tan poco tiempo ha puesto en figurillas a los jefes por la falta de espacio donde ubicarlos. Por ahora han recurrido a hoteles y alojamientos.
– Los uniformados también han tenido que improvisar espacios para los jefes militares que fueron destinados a la zona. Varios han optado por quedarse en los recintos castrenses debido al riesgo que supone para algunos mostrarse abiertamente ante la población, parte de la cual reniega por su presencia.
– El Comando Conjunto Amazónico y la Policía aguardan la provisión de motorizados para acompañar su labor. Se espera para esta semana la llegada de los rodados.
Pugna por la Alcaldía de Porvenir
La localidad de Porvenir sufre una ausencia de dirección municipal desde que su alcalde, Evin Ventura, fue detenido junto a tres concejales y al oficial mayor de la comuna.
Pese a ello, los funcionarios han determinado continuar con sus actividades y estar alertas para evitar que los ediles opositores intenten tomar el edificio municipal por la fuerza.
Por eso, se conformaron brigadas de vigilia. Las mismas están en las puertas del edificio durante las 24 horas, organizados en turnos para que siempre haya presencia de gente en el lugar. Sin embargo, la situación es complicada, ya que las cuentas fiscales de la Alcaldía están congeladas, según se pudo conocer.
Las voces señalan al concejal del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Homer Polanco como el interesado en asumir como burgomaestre; el aludido, que estuvo en el puesto interinamente, dijo que alguien debe dirigir la oficina y no negó su interés.
En Porvenir aún se percibe los resabios de la incursión de fuerzas del orden, que la madrugada del pasado jueves detuvo a seis personas acusadas de estar implicadas en los hechos luctuosos del 11 de septiembre.