Históricamente, todos los regímenes autodefinidos como “revolucionarios” han buscado construir su propio sistema judicial, orientado por lineamientos político-ideológicos. Esto es precisamente lo que está en vías de hacerse en la Bolivia plurinacional de Evo Morales.
Sucedió así en la fase jacobina de la Revolución Francesa, considerada arquetípica por el vicepresidente Álvaro García Linera, en la cual se instauraron los denominados tribunales revolucionarios con el objeto de perseguir a quienes se opusieran a la dictadura del Terror.
La guillotina fue su instrumento y su práctica, más que establecer verdaderas responsabilidades individuales, procuraba la eliminación física de toda la clase nobiliaria.
El experimento reapareció con la revolución soviética, que conoció los tribunales revolucionarios bolcheviques, que entre otras cosas dictaminaron el fusilamiento de toda la familia real, incluyendo a los príncipes niños. Una vez más, el objetivo era el exterminio de clases sociales enteras: la aristocracia y la burguesía.
Años más tarde y ya en manos de Stalin, el siniestro sistema judicial revolucionario se volvería contra los bolcheviques de la primera hora, con los tristemente célebres “procesos de Moscú”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En América Latina tenemos el ejemplo de Cuba, con una justicia revolucionaria inaugurada con los procesos sumarísimos comandados por el “Che” Guevara en el campo de concentración de La Cabaña, donde el mitificado guerrillero ejecutó a por lo menos 500 personas.
Aún hoy, la justicia cubana continúa siendo una mera correa de transmisión del gobierno, con el cometido esencial de castigar a los disidentes. En un artículo publicado el pasado 8 de junio en el órgano oficial de la dictadura de los hermanos Castro, el diario Granma, el presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Arnel Medina, resaltaba que el compromiso de los abogados y jueces no es con la justicia, sino “con el Partido y la Revolución”.
En los países del “socialismo del siglo XXI” integrados en el bloque de la ALBA reaparece el experimento de la “justicia de clase”, donde el compromiso de los magistrados es con el partido y la revolución. Aunque de manera algo más solapada o aggiornada, se elimina la división de poderes y se convierte a los tribunales en inquisición política para el hostigamiento a opositores.
En Bolivia, un sistema de interinatos designados a dedo por el presidente ha servido para encarcelar y exiliar a políticos, empresarios, jueces y dirigentes cívicos. Ahora, el país se encamina hacia una segunda fase, donde decenas de funcionarios del gobierno, así como ex parlamentarios y ex constituyentes del MAS se transformarían en magistrados. Se abriría así la etapa del jacobinismo judicial, la “justicia revolucionaria” propiamente dicha, camuflada ante ojos internacionales con la supuesta legitimidad del voto popular.
Esa es la trampa de octubre…