Senado detiene su informe por falta de coordinación

Discrepancias. Tres de sus miembros dieron razones diferentes sobre el retraso.

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El informe de la comisión especial del Senado que indaga los presuntos hechos de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se encuentra paralizado por falta de coordinación entre sus miembros.

José Villavicencio (UN) sostuvo que en el informe aún existen dos puntos por consensuar y que luego será presentado en su fase preliminar. Contrariamente a ello, el senador Fernando Romero (MNR) dijo que el documento será emitido después de que la comisión especial de fiscales retorne de su visita investigativa a Estados Unidos para aportar con datos. Por su parte, el senador Wálter Guiteras indicó que por falta de quórum, el documento no fue emitido.

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“Estábamos justamente con un avance casi ya finalizando, sólo faltaba el informe de la comisión que viajó a EEUU, que es lo que más nos interesa saber”, señaló Romero en un contacto telefónico con este medio.

Sin embargo, Villavicencio dijo que existen dos puntos a debatir, “uno es sobre la anulación del contrato con la empresa Catler-Uniservice, sugerir la anulación del contrato, y el otro tema es ver cómo se puede recuperar los 35 millones de dólares de las cartas de crédito. Una vez concluido ese análisis, vamos a emitir el informe consensuado”, afirmó.

El senador Wálter Guiteras (Podemos) indicó el miércoles que los miembros de la comisión recibieron el informe en tiempos diferentes y que horas después, la falta de quórum no posibilitó el debate. Por esa razón solicitó a la presidencia del Senado la ampliación del plazo, presumiblemente hasta el 3 de marzo.

“Hay cinco o seis conclusiones (…). No hemos entrado en el análisis, y no tuvimos quórum”, sostuvo.

ANTECEDENTES

Comisión • El 29 de enero, el Senado constituyó una comisión multipartidaria para investigar la supuesta corrupción en YPFB tras suscitarse el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach.

Cartas de Crédito • En las pesquisas, se conoció que el Estado abrió las cartas de crédito por 35 millones de dólares. Esta acción debía ser realizada por la empresa adjudicada. La Razón