Opositores al MAS dicen que hay incoherencia en el Poder Ejecutivo. Después de las protestas que amenazaron la popularidad del Presidente, éste abrogó las leyes.
El gasolinazo desató varias protestas en las ciudades del país, las más fuertes en La Paz.
En lo que va de su segunda gestión, el presidente Evo Morales retrocedió en al menos tres políticas que pretendía implementar. Sus opositores ven improvisación e incoherencia en estas acciones.
El gasolinazo, la Ley de Régimen Electoral y el decreto supremo de renovación del parque automotor tuvieron que ser modificados parcialmente o abrogados como el decreto de la subida del precio de carburantes.
El gasolinazo, decretado en diciembre del año pasado, fue rechazado por sectores sociales incluso afines al Gobierno, como las centrales obreras departamentales y las juntas vecinales.
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Hubo marchas de protestas en las capitales de departamento y el Gobierno se vio obligado a retroceder y abrogar la norma.
Reconoció que fue una medida equivocada y que escuchó la negativa del pueblo.
En abril de este año, el Jefe de Estado también pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Ley de Régimen Electoral en los artículos que vulneran la libertad de expresión, como una muestra de apertura al clamor de periodistas.
No obstante, las reformas introducidas a esa norma no cambiaron toda la esencia restrictiva de la ley mencionada.
Después de una reunión con transportistas libres el sábado, el Mandatario decidió derogar al menos tres artículos que obligaba a los conductores a la renovación del parque automotor.
Ese sector manifestó su desacuerdo con la norma y el pasado lunes protagonizó un paro nacional de 24 horas, y desde ayer tenía previsto emprender un paro general indefinido para rechazar la normativa; sin embargo, Morales llegó a un acuerdo después de un diálogo y pidió disculpas porque -según dijo- se equivocó en la medida y que escuchó el clamor del sector.
Para el ex alcalde de La Paz y líder del Movimiento Sin Miedo, Juan Del Granado, “éstas son las incoherencias de un gobierno improvisado, de un gobierno que no tiene planes estructurales para atender la economía de los bolivianos, de un gobierno autoritario, de un gobierno que claramente está malogrando de manera estructural un proceso de cambio y trasformación que en su momento mereció la confianza de los bolivianos”.
En tanto, el secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, sugirió a los ministros del gobierno coordinar y socializar mejor los diferentes decretos y proyectos de ley para evitar medidas de presión y “metidas de pata”, como sucedió con el Decreto 890.
“No se trata de perdón o disculpas, pasa por una situación de respeto al pueblo, de respeto institucional. (A Evo) le están haciendo meter la pata los incapaces de los ministerios, quienes en su momento no ven el clamor del pueblo, de los trabajadores”, afirmó el dirigente obrero.
Para destacar
Gasolinazo. El gobierno de Evo Morales dictó en diciembre del año pasado un decreto supremo que aumenta el precio del litro de gasolina de 3,74 a 6,47 bolivianos (72 por ciento), y del diésel de 3,72 a 6,80 bolivianos (82 por ciento), además de otros siete combustibles. La medida fue rechazada de inmediato por sectores sociales, que tomaron las calles para protestar contra una medida considerada neoliberal.
Ley Electoral. Después de la presión de medios de comunicación, el Jefe de Estado decidió modificar tres artículos polémicos de la ley.
Transporte. El Gobierno pretendía renovar el parque automotor viejo, pero la protesta ganó la pulseta.
“El Gobierno sigue siendo fuerte, pero hay dudas”
El analista político Carlos Cordero afirmó ayer que “el Gobierno está mostrando una actitud oscilante en temas económicos, pues toma medidas y luego en muchas de ellas se retracta. Esto genera desconfianza en la ciudadanía.
“Lo que muestra, primero, no es una debilidad del Gobierno que frente a la presión cede. Sigue siendo un gobierno fuerte, pero evidentemente hace un cálculo sobre las consecuencias, sobre su popularidad y sobre las posibilidades de gobernabilidad hacia adelante”, indicó.
Medidas como el gasolinazo, la Ley de Régimen Electoral y el decreto de renovación del parque automotor causaron el rechazo de sectores sociales, por lo que el Ejecutivo tuvo que retirarlas inmediatamente, pero no ocurre lo mismo con la amnistía para la legalización de autos indocumentados. La oposición cree que el objetivo de esta nacionalización es ganar más adeptos.
“Hace años, (el Presidente) había anunciado que no iba a haber un nuevo perdonazo, pero ahora vemos lo contrario y entonces esta medida genera efectos contradictorios en la economía. Por un lado hay captación de recursos y por el otro hay un mayor déficit por el consumo de gasolina”, dijo el analista. Esto genera -según dijo- una desconfianza de la población.
Página Siete / La Paz – 21/06/2011