Desde 2006 la polarización política fracturó a Bolivia en dos visiones de país, occidente y oriente.
La palabra “diálogo” surgió como alternativa para lograr acuerdos que estabilicen la estructura nacional. En tres años, la búsqueda de consensos no consiguió sus propósitos y los resultados revelan más fracasos que éxitos.
EL DIARIO
El primer intento de diálogo se dio en 2006, tras conflictos en la Asamblea Constituyente. Entre 2007 y 2008, el pleito entre Ejecutivo y prefectos se centró en el tema del IDH. En enero de 2008 se establecería el primer diálogo entre Gobierno y prefectos, con tres puntos en agenda: IDH, autonomías y nueva CPE.
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El diálogo sobrevivió 5 meses. Largos debates caracterizaron ese tiempo que tuvo más incompatibilidades que consensos.
En septiembre de 2008, en Cochabamba, comenzó la segunda etapa del diálogo. El resultado mostró nuevamente fractura.
El 2009 llegó como el año del referéndum constituyente, el 25 de enero. 19 días antes de esa consulta el Gobierno citó a los prefectos para un nuevo encuentro; al mismo sólo asistieron sus aliados: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando; la “media luna” se mantuvo al margen.
El 13 de febrero, las regiones opositoras volvieron a descartar un diálogo con el Gobierno que insistió en forzar un encuentro para diagramar la Ley Marco de las Autonomías.
La nueva fecha para el diálogo es el 3 de marzo y los especialistas ya vaticinan un nuevo desplante, y tensión en abril.
Desde 2006
Resultados de diálogo político revelan más fracasos que éxitos
La clase política, en tres años, no logró acuerdos y los especialistas avizoran un tenso panorama hasta diciembre.
Desde 2006 la polarización política fracturó a Bolivia en dos visiones de país, occidente y oriente. La palabra “diálogo” surgió como única alternativa para lograr acuerdos que estabilicen la estructura nacional. En tres años, la búsqueda de consensos no consiguió sus propósitos y los resultados revelan más fracasos que éxitos.
PRIMER INTENTO
El primer intento de diálogo se dio en septiembre de 2006, tras los conflictos en la Asamblea Constituyente por la inserción del término “originaria” en la redacción del Reglamento de Debates. La oposición protestó y rechazó la disposición.
El conflicto, en la Asamblea, se agravó a causa de los dos tercios. Al final, la pugna doblegó a los asambleístas y posibilitó la intervención del Poder Ejecutivo con seguidos llamados al diálogo, como la “cumbre” convocada en diciembre de 2006, por el presidente Morales a prefectos, cívicos y movimientos sociales. El resultado, mayor polarización.
En torno a las regiones, las fricciones salieron a la luz en octubre de 2006 con la presentación del anteproyecto de Ley de Fiscalización a los Prefecturas, que obligaba a los nueve prefectos a rendir cuentas ante el Congreso Nacional sobre sus recursos económico.
Esta decisión fue rechazada por los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija Mario Cossío; como también de los entonces prefectos de La Paz, José Luis Paredes; y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Las autoridades decidieron romper relaciones con el Gobierno.
En el primer semestre de 2007 el problema se centró en la poca actividad de la Asamblea, que debió terminar su trabajo el 6 de agosto de ese año. Nada de eso sucedió y el Congreso tuvo que ampliar sus funciones por cuatro meses más.
CASOS DE CORRUPCION
Los casos de corrupción al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la venta de avales, los petro- contratos y los debates sobre las autonomías concentraron la atención en los primeros seis meses del 2007.
El 28 de noviembre de 2007, la promulgación de la Renta Universal y Vitalicia de Vejez (renta dignidad), un bono estatal que beneficiaría a 676.000 personas mayores de 65 años, representaría el punto de inicio de la larga batalla Gobierno-prefecturas.
El pago de la renta dignidad es financiado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que obligó a una redistribución departamental de los recursos. El hecho generó protestas cívicas en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
PRIMER DIALOGO
Tras un mes y medio de discusiones, el 7 de enero de 2008 se establecería el primer diálogo entre Gobierno y prefectos, en Palacio de Gobierno, con tres puntos en agenda: IDH, autonomías y nueva Constitución Política del Estado (CPE), más de nueve horas de discusión.
El diálogo sobrevivió cinco meses. Largas charlas y debates en mesas técnicas políticas y económicas caracterizaron ese tiempo que tuvo más incompatibilidades que consensos entre los actores. Además, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija optaron por aprobar sus estatutos autonómicos y el Congreso convocó al referéndum revocatorio del 10 de octubre.
En septiembre de ese mismo año, en Cochabamba, comenzó la segunda etapa del diálogo. El resultado mostró nuevamente la fractura entre las dos visiones de país; mientras que el revocatorio no tuvo el efecto que el Gobierno esperó: modificar la estructura política prefectural del país.
REFERENDO
2009 llegó como el año del referéndum constituyente, llevado a efecto el 25 de enero. 19 días antes de esa consulta el Gobierno citó a los prefectos para un nuevo encuentro; al mismo sólo asistieron sus aliados: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando; Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija se mantuvieron al margen.
El 13 de febrero, las regiones opositoras volvieron a descartar un diálogo con el Gobierno que insistió en forzar un encuentro para diagramar la Ley Marco de las Autonomías.
La nueva fecha para el diálogo Gobierno-prefectos es el 3 de marzo y los especialistas ya vaticinan un nuevo desplante.
Según el analista político, Róger Cortés, el Gobierno debería tomar como punto de arranque la predisposición favorable que ha expresado el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
Para su colega, Carlos Cordero, el mes de abril es el de las decisiones políticas, “tal como se comportan nuestros políticos, siendo ese espacio al que más le falta la renovación intelectual y moral que precisamos en toda la sociedad, lo van a hacer todo más enredado para tratar de obtener beneficios y créditos electorales”.