Con la aprobación de la Ley de Clasificación de Impuestos el gobierno de Evo Morales da un nuevo paso en el montaje de un orden estatal neocentralista: bajo el camuflaje de una retórica seudo-autonomista, pergeñada por el otrora ministro del ramo, Carlos Romero, se opera en realidad una re-centralización administrativa y fiscal aún más aguda que la del viejo Estado “pre-autonómico”.Sin duda, la trampa estaba ya inserta en la nueva Constitución Política del Estado, que apenas reconoció una pequeña parte de las competencias que los pueblos de cuatro departamentos se autoasignaron a través de sendos referendos autonómicos (sólo un 30% en el caso de Santa Cruz).La Ley Marco de Autonomías agravó la situación, al crear mecanismos de destitución a las autoridades electas en los departamentos y municipios, instrumentos que de hecho usurpan las potestades soberanas del pueblo y las depositan en manos de fiscales, muchas veces designados a dedo desde el gobierno.Ahora, un paquete de 39 normas en carpeta (entre leyes, decretos y resoluciones) busca ahondar el proyecto neocentralista. La Ley de Clasificación de Impuestos es apenas el “buque insignia” de esta andanada. Su propósito esencial es subordinar la capacidad de los gobiernos departamentales y municipales para crear tributos a la supervisión del gobierno central, concretamente del Ministerio de Hacienda, que tendrá la facultad para aprobar o denegar las iniciativas fiscales de las entidades intermedias y locales.La lógica indica que habría bastado con que los gobiernos departamentales y municipales sometieran sus proyectos impositivos al Tribunal Constitucional, para que éste dictaminara si se ajustan al marco de la Carta Magna.Agreguemos a esto la incertidumbre sobre el destino de la coparticipación tributaria, siendo parte de la legislación que el “nuevo orden jurídico plurinacional” estaría abrogando.En el mismo sentido camina la Ley de “revolución productiva”, que de manera implícita transfiere la competencia de regulación de uso de suelos rurales de los municipios al gobierno central. Otra de las normas en preparación, un “reglamento nacional de construcción”, haría lo propio con la competencia de regulación de uso de suelos urbanos.Mientras tanto, la parálisis es la nota dominante en asambleas departamentales como la cruceña, que en un año de gestión sólo fue capaz de aprobar una ley departamental. Ahora que los indígenas le dieron cierto oxígeno al gobernador Rubén Costas con la elección de una directiva no controlada por el MAS, sería interesante ver que se ocupe esta segunda oportunidad política en el relanzamiento del proyecto autonómico.¿Le estaremos pidiendo peras al [email protected]