Ex superintendente de Hidrocarburos sugiere la intervención de la Superintendencia de Bancos.
Fiscales inician investigación en Sipsa.
ENTREVISTA CON VÍCTOR HUGO SAINZ | El ex superintendente de Hidrocarburos sugiere la intervención de la Superintendencia de Bancos para aclarar el manejo del dinero que le costó la vida a Jorge O’Connor
Los Tiempos
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Wilson García Mérida | Datos & Análisis
Hidrocarburos es la zona más sensible para detener el proceso de cambio o hacerlo caer
Luego de cumplir un contrato de consultoría ambiental con una importante compañía en el Estado norteamericano de Florida, el ingeniero Víctor Hugo Sainz, ex superintendente de Hidrocarburos, vuelve a radicar en Cochabamba. Su retorno coincidió con el “mega-escándalo” protagonizado por el segundo hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, tras el “volteo” y asesinato que sufrió el empresario Jorge O’Connor D’Arlach cuando retiraba un dinero oficialmente destinado a financiar la construcción de una planta separadora de líquidos en el Departamento de Santa Cruz. El ingeniero Sainz fue destituido por Evo Morales tras investigar y denunciar malos manejos en la administración petrolera nacionalizada, en un caso muy similar.
– Lo que está sucediendo en YPFB no es nuevo para usted, sin duda. ¿Son similares los casos de Santos Ramírez y Catler-Uniservice con el de Jorge Alvarado e Iberoamericana que Ud. denunció y le deparó su ruptura con el Gobierno?
– Santos Ramírez y Jorge Alvarado firmaron dolosamente esos contratos abusando de la confianza que les dio el presidente Evo Morales, incurriendo en extremos delictivos para convertir YPFB en su hacienda personal y familiar, al mejor estilo de la política neoliberal. Aquí la primera inmoralidad es que esos delitos se cometieron en nombre de la nacionalización y del proceso de cambio. La única diferencia es que Santos Ramírez está en la cárcel por el peso abrumador de las evidencias y en cambio Jorge Alvarado campea su “inocencia” como embajador en Venezuela, gracias a que no se hizo efectivo el contrato que él firmara.
– ¿En qué se parecen ambos casos?
– Igual que en el contrato de Alvarado con Iberoamericana, el contrato que firmó Ramírez con Catler-Uniservice incurre por lo menos en cuatro delitos penales, tal como lo ha comprobado la Ministra de Transparencia, y en este caso hay una infinidad de infracciones administrativas. Me llama la atención que en el contrato con Catler no haya un informe legal sustentado con la firma de un abogado competente, o por lo menos la firma del asesor legal de YPFB; sólo se registra el nombre de una notaria de Fe Pública, ajena a la empresa estatal. No existe ningún informe jurídico que debió anteceder al contrato. Es como si Yacimientos no tuviera un Departamento Jurídico ni abogado alguno. Sólo este detalle ya es muy grave, muy similar al contrato con Iberoamericana.
– Sabido es que el entonces director jurídico de YPFB, Mauricio Ochoa Urioste, fue encarcelado en diciembre del año pasado al habérsele sorprendido cobrando un soborno para agilizar un contrato de venta de combustible. ¿Correspondía a él emitir criterio jurídico para viabilizar el contrato con Catler?
– Sin duda, si es que Ochoa era el director jurídico de Yacimientos en julio del año pasado cuando se produjo la firma dolosa. No entiendo por qué ese abogado omitió sus deberes en este caso; seguramente lo aclarará desde la cárcel. Sin embargo, el informe de la ministra Suxo identifica a la abogada Esther Carmona como la directora jurídica que intervino en la comisión calificadora para adjudicar el contrato a Catler, y se supone que es ella quien asesoró a Santos Ramírez en dicho trámite; aunque no se qué tipo de asesoramiento habrá brindado la doctora Carmona, siendo ella sobrina de Ramírez.
– ¿Qué observaciones técnicas halla Ud. en el contrato?
– Más de las que están investigando la Fiscalía y la Contraloría, faltaría espacio para detallarlas. Pero le digo que todas estas anomalías no son aisladas, responden a una estrategia que tiene su punto de partida en el más cínico nepotismo que campea en el sector Hidrocarburos. Por ejemplo, el director administrativo de YPFB, Marco Antonio Vega, fue quien emitió un análisis técnico financiero recomendando la contratación de Catler, mostrando una sospechosa parcialidad en favor de esa empresa fantasma al igual que los 12 miembros de la comisión calificadora que avaló ese contrato. Resulta que este señor Vega es familiar muy cercano de un alto funcionario del Ministerio de Hidrocarburos que forma parte del grupo de Carlos Villegas, quien hoy reemplaza a Santos Ramírez en la presidencia de YPFB.
– A propósito, Villegas dijo que cuando fue Ministro de Hidrocarburos desconocía el proceso de contratación entre YPFB y Catler-Uniservice. También se dice que el Directorio de Yacimientos, que cuenta con un representante de este Ministerio, no conocía de las negociaciones de Santos Ramírez y por tanto no aprobó la firma del contrato. Todo parece indicar que Ramírez tenía un poder absoluto como para sobrepasar los mecanismos de control institucional…
– Creo que Villegas y sus hombres en el Directorio de YPFB están tergiversando la verdad. Primero, Villegas como ministro de Hidrocarburos era cabeza de sector y tenía la ineludible obligación de conocer todo tipo de contrato petrolero, más aún tratándose de un proyecto de tan estratégica trascendencia como este que puso en juego 86 millones de dólares. Por otra parte, sabemos que el 5 de junio de 2008 se produjo una reunión aclaratoria entre directivos de YPFB y representantes de Catler Uniservice, avanzando en el contrato que se firmaría un mes después. En esa reunión participó el jefe de la Unidad de Industrialización del Ministerio de Hidrocarburos y representante oficial del ministro Carlos Villegas en el Directorio de YPFB. Pero ahora dicen que no sabían nada. Es más, la derecha opositora ya había echado el grito al cielo en toda la prensa nacional sobre aquel desastroso contrato a los pocos días de su firma, y entonces ni el ministro Villegas ni el Directorio de YPFB movieron un dedo para desvirtuar semejantes denuncias en su sector, dejando que Santos Ramírez y su gente se salgan con la suya hasta que se les fue la mano con la muerte del empresario Jorge O’Connor.
– ¿Por qué cree que el gobierno de Evo Morales está fallando en el manejo de los recursos petroleros del país?
– El Presidente está abrumado con sus funciones y obviamente confía en sus colaboradores, algunos de los cuales, como el ex Ministro de Hidrocarburos Villegas, utiliza la excusa de que en el MAS no hay personal capacitado en el sector Hidrocarburos y contrata “técnicos” y/o “expertos” que fueron formados en la escuela de la corrupción neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que ahora están boicoteando el proceso. Y es el sector hidrocarburos la zona más sensible para detener el proceso de cambio o hacerlo caer. Al respecto, hace un año hice pública una propuesta para formar y capacitar personal en YPFB con asistencia técnica y financiera de la cooperación noruega; pero para ejecutar ese plan de eficiencia institucional, Evo tendría que cambiar su entorno.
FIDEICOMISO
– Sobre el dinero en fideicomiso que O’Connor retiró del Banco Unión el día en que fue asesinado, existe un manejo demasiado desprolijo, por lo visto, en el banco mismo y en el Ministerio de Hacienda que era el encargado de controlar esos recursos. La carta de crédito por 45 millones de dólares estaba destinada a pagar el costo de fabricación de equipos a cargo de una empresa norteamericana, pero es inexplicable cómo el contratista O’Connor retiró el 10% de ese monto, ni se sabe aún con qué destino…
– Este es otro punto muy delicado y que pone en tela de juicio la profesionalidad y honestidad del ministro Arce Catacora, que cuando trata de explicar ese enredo financiero parece un estudiante de primer año de Economía. Yo no entiendo por qué se involucró inicialmente en esta operación al Banco de Crédito Productivo, que es del Estado y dispone recursos de la CAF para micro créditos, y luego no logro explicarme por qué el Banco Unión, que maneja una cartera enorme del BCP, autorizó el desembolso a Catler, siendo que ese dinero estaba destinado a pagar al fabricante de equipos para la planta de separación, Gulsby, que tiene su sede en Estados Unidos y no en la casa donde mataron a O’Connor. Me preocupa el silencio de la Superintendencia de Bancos ante esta falta de transparencia en la ejecución a todas luces ilegal de una millonaria carta de crédito. Además, según las condiciones de pago por adquisición de equipo, que se hace con cartas de crédito, debe siempre constar las especificaciones técnicas de cada ítem, si no sería muy fácil que las empresas extranjeras nos vendan basura, como ha sucedido alguna vez.
– ¿Cree usted que la Superintendencia de Bancos debería intervenir las entidades financieras involucradas en esta operación?
– Claro que sí. Y además el Ministro de Hacienda, Luis Arce, tendría que dar una explicación coherente y clara por la forma en que esa cartera está administrando los recursos del Estado.
– Santos Ramírez se defiende afirmando que obró cumpliendo tres decretos que firmó Evo Morales…
– Ninguno de esos decretos dice que Ramírez podía firmar contratos sin la previa autorización del Directorio de YPFB. Ramírez intenta involucrar en su estrategia delictiva al propio Presidente indicando que él actuó utilizando los decretos que firmó. Estoy seguro que Evo firmó esos decretos, de buena fe, para dar flexibilidad y acelerar algunos procesos de contratación y construcción que de verdad son urgentes.
Fiscales inician investigación en Sipsa
SIETE FISCALES INDAGAN EL ASESINATO Y EL ROBO DE 450.000 DÓLARES AL EMPRESARIO O’CONNOR D’ARLACH
Algunos de los fiscales que investigan los hechos de corrupción en Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos. | La Prensa
Las irregularidades detectadas en la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (Sipsa) serán investigadas por la comisión especial de fiscales que también indaga el asesinato del ingeniero tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach y la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El viernes 20, el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción presentó al Ministerio Público la querella contra Sipsa, cuyo titular era el presidente de YPFB, Santos Ramírez.
El caso debió ser sorteado entre los fiscales anticorrupción, pero por determinación de la cabeza de ese órgano, Jorge Gutiérrez, fue asignado al grupo especial de investigadores.
Siete fiscales que integran esta comisión indagan el asesinato y el robo de 450 mil dólares al empresario O’Connor D’Arlach ocurrido el 27 de enero, en la avenida Tejada Sorzano de la zona Miraflores, y la corrupción en YPFB destapada por estos hechos, por la cual, Santos Ramírez fue detenido en la cárcel.
Dentro de las investigaciones que sigue la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, se descubrieron irregularidades por un contrato suscrito entre YPFB y Sipsa para la recalificación de garrafas, la perforación de dos pozos en el campo Víbora, la instalación de plantas petroleras y el pago de alquiler por un taladro venezolano el que no habría sido utilizado.
Estos hechos, según Suxo, causaron un daño económico al Estado por al menos, 6,7 millones de dólares, esta denuncia la hizo pública el anterior miércoles luego de una auditoría técnica a la estatal petrolera.
El fiscal Edwin Sarmiento, miembro del grupo especial, informó que después del feriado del Carnaval se iniciará la investigación a la empresa Sipsa.
La denuncia es contra el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez; su ex asesora jurídica, Esther Carmona; el presidente del directorio de Sipsa, Misael Gemio; el gerente general, Rogelio Ashimine; las accionistas Lucy Barbery y Nilda Domínguez; los integrantes del directorio, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra y Rolando Aguado.
En la querella figuran delitos de contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, peculado, conducta antieconómica, asociación delictuosa, malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y otros.
Lugar privilegiado
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, nunca fue alojado en una celda de la sección Guanay, del penal de San Pedro, según confirmó ayer una fuente policial.
Desde su ingreso al panóptico, el viernes 13, Ramírez fue conducido directamente a la oficina de Registro y Filiación, de donde pasó a La Posta, el sitio más exclusivo del centro de reclusión.
En Chonchocorito, otro sector aislado del resto de la población penal y anexo a La Posta, se hallan Luis Fernando y Ernesto Córdoba, junto con Lucio Lazo, acusados por asesinato.