Pidió la presencia de veedores como garantes y que cesen las detenciones en Pando. El gobierno rechaza el pedido de los prefectos para que la ONU y la UE actúen como “garantes”.
El Gobierno advierte que organismos extranjeros sólo serán “asesores”. La cita fue convocada para el 3 de marzo.
• INICIO DEL ENCUENTRO • Algunos de los participantes de la reunión del 17 de febrero, cuando sólo asistieron oficialistas.
La Razón
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Pidió la presencia de veedores pero como garantes, que cesen las detenciones en Pando y que asistan más actores sociales.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, puso varias condiciones para asistir al diálogo convocado para el martes 3 de marzo con el propósito de encaminar las autonomías, entre ellas, que se acaben las detenciones en Pando y que participen veedores internacionales como garantes, según la gubernamental agencia ABI.
De acuerdo con sus declaraciones, antes de aceptar o rechazar la nueva convocatoria, conminó al Gobierno, también, a no encubrir los hechos ilícitos supuestamente cometidos en YPFB. “No tiene que estar amedrentando, metiendo presos como ha sucedido en Pando. No tiene que estar buscando tapar la corrupción que ha habido en Yacimientos”, dijo Costas.
“Claramente hemos afirmado que primeramente el Gobierno tiene que dar las condiciones necesarias para cualquier acercamiento”, anticipó. Según ABI, pidió que cesen las amenazas de reversión de tierras a los productores agropecuarios.
Condicionó la cita a la participación de “todos los prefectos de la oposición, todos los actores de la sociedad civil”. Además, aclaró que “todo lo que pueda adelantarse, trabajarse, tenemos que bajar a nuestras regiones para que nos den la aprobación para llegar a algún acuerdo”.
ABI difundió que el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Guido Áñez, planteó un encuentro de los prefectos opositores en Sucre para tratar diferentes temas, entre ellos, las detenciones en Pando. La Razón se contactó con la prefecta chuquisaqueña, Savina Cuéllar, quien aseguró desconocer esa intención.
Cuéllar sostuvo que debe consultar a la población para saber si asistirá o no a la convocatoria. En cuanto a su posición personal, dijo: “Yo, por mí, no asistiría”. Aunque insistió en que consultará al Comité Interinstitucional.
El martes 17, el diálogo comenzó sólo entre oficialistas que aprobaron un acta constitutiva del Consejo Nacional Autonómico.
La ONU aclara que aún no hubo ninguna invitación
Papel • Además, antes, es importante decidir cuál sería su rol más útil, dice Naciones Unidas.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia aclaró que no ha recibido una solicitud formal, ni del Gobierno de Bolivia ni de las regiones opositoras, para que actúe como observador en un eventual diálogo que se podría instalar entre ambas partes.
En alusión a una información publicada el domingo por un periódico paceño, mediante un comunicado que lleva la fecha del 22 de febrero el organismo internacional precisó: “…lo que los voceros de la ONU expresaron es la disposición de la Organización a asumir el rol más útil que le soliciten los actores. Aquí, la ONU estima importante resaltar la diferencia entre haber aceptado —cosa que no sucedió, porque formalmente no se le pidió nada—, y mostrar una disposición, en este caso, a asumir un rol”.
Añadió que “antes de poder hablar de asumir ningún rol en un eventual diálogo, los actores bolivianos deben decidir sentarse a dialogar. Y cuando ello ocurra, deben decidir cuál es el rol que estimarían más útil a ser desempeñado por la ONU”. En ese sentido, “para la ONU también será importante concertar ese eventual papel con otros actores de la comunidad internacional”.
De todas maneras, el comunicado enfatizó en que “la ONU aplaude el llamado de los actores de la oposición y del Presidente de la República a la posibilidad de nuestra participación en el diálogo, pues ello ya indica una disposición y un primer paso de ambos en la dirección correcta, que es la resolución pacífica de las diferencias”.
El 17 de febrero, oficialistas reunidos para tratar la aplicación de las autonomías volvieron a convocar a la oposición para el 3 de marzo. El viernes, el presidente Evo Morales aceptó la posibilidad de invitar a observadores internacionales para que hagan seguimiento a este proceso.
El Gobierno advierte que organismos extranjeros sólo serán “asesores”
El Ejecutivo rechaza el pedido de los prefectos para que la ONU y la UE actúen como “garantes”
La Prensa
Transición. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció la estrategia del oficialismo para destrabar el conflicto con las regiones opositoras y advirtió que la resolución del conflicto desatado por la aplicación de la nueva Constitución deberá estar en manos de los actores bolivianos. Los prefectos sostienen que aún no hay condiciones para dialogar con el Poder Ejecutivo.
Roberto aguilar, titular de educación
“Necesitamos, antes que observadores, asesores externos”
El ex Presidente de la Constituyente cree que la oposición aún maneja un discurso de conflicto. España es el país que, según Aguilar, puede aportar con su experiencia en temas autonómicos.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, develó, este lunes, que el Gobierno se propone asignar el papel de “asesores” del proceso autonómico a los organismos internacionales y países que se sumen al grupo de observadores de la aplicación de la nueva Carta Magna en Bolivia.
Este fin de semana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó ser una de las veedoras. Sin embargo, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien días antes pidió observadores, consideró que esa función era insuficiente y solicitó “garantes” internacionales.
Según Aguilar, el presidente Evo Morales dio en reiteras oportunidades las garantías necesarias para el cumplimiento de los acuerdos firmados con la oposición en octubre de 2008.
Subrayó que la aplicación de la nueva Ley fundamental es un proceso interno. Pero hizo notar que el asesoramiento técnico de la comunidad internacional puede contribuir para avanzar más rápido en áreas, como la autonomía.
Aguilar fue, entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, vicepresidente de la Asamblea Constituyente, que aprobó el proyecto de Constitución que, tras una negociación en el Legislativo, fue modificado por un acuerdo, en octubre de 2009.
El Ministro fue uno de los operadores más importantes para la firma de ese último acuerdo, junto con Carlos Romero, también ex constituyente y actual titular de Autonomías, que abrió el camino para la aprobación de la ley de convocatoria de la consulta constituyente y dirimitoria del 25 de enero.
Está considerado como una pieza clave en la etapa de transición hacia la nueva CPE.
—¿Cómo va a encarar el Gobierno el proceso de acercamiento con con las regiones que se han negado a asistir a las negociaciones sobre el proceso autonómico?
—El Presidente ha sido muy claro al convocar a las negociaciones a los prefectos de la oposición para que integren el Consejo Nacional Autonómico (CNA), en el que se puede abrir ese espacio de diálogo que todas las regiones e instituciones requieren para avanzar.
Con más confrontación no se va poder ir hacia adelante.
—Entonces, ¿las organizaciones internacionales y países amigos tendrían solamente que observar el proceso autonómico o pueden ir más allá?
—Yo pienso que pueden jugar un papel importante: el de asesoramiento para poder recuperar alguna experiencia que estos países han tenido para poder avanzar con más rapidez, con más precisión en lo que puede ser la construcción de todas las instituciones autonómicas.
Creo que será importante el que puedan coadyuvar en este esfuerzo importante que está haciendo el Estado boliviano en la reorganización territorial. Yo creo que el papel más importante es el de asesoramiento.
—¿No sólo tendrían que ser observadores como en los anteriores procesos?
—Si la oposición está queriendo observadores, sigue manteniendo el criterio de mantener el conflicto como espacio de construcción. Como ha dicho el presidente Evo Morales Ayma: “No hay ningún problema en que vengan los organismos internacionales”.
Pero creo que la función que deberían jugar, más que de observadores, es de coadyuvar con su experiencia y algunos antecedentes de otros países para que Bolivia pueda ir por un camino más sólido.
—¿El prefecto Rubén Costas no sólo pide observadores del proceso autonómico, sino “garantes”?
—El término garantes implica que hay dos espacios en conflicto, y está queriendo (la oposición) manejar como parte del proceso ese concepto del independentismo, y se quiere hacer ver como si aquí hubiera dos estados en conflicto que necesitan garantes.
La garantía la ha dado el Presidente y la está dando el Gobierno Nacional en el marco de aplicar la Constitución y de abrir un espacio de debate en el Consejo Autonómico.
—Entonces, ¿los observadores pueden asesorar técnicamente el proceso autonómico?
—Ése sería el papel importante, más que de veedores. El tema del asesoramiento, considero que puede coadyuvar a ganar experiencias para avanzar.
—Para el oficialismo, ¿es importante la participación de la oposición en la aplicación de la autonomía en Bolivia?
—Reitero que eso lo ha dicho el Presidente en las anteriores semanas, cuando los prefectos, de algunas regiones, no han asistido al diálogo convocado por el Gobierno. Las puertas están abiertas siempre para recibir sus propuestas. Nadie está excluido de este proceso que es nacional y que ha sido aprobado por la población en un referendo.
—¿Qué países pueden darle su experiencia a Bolivia?
—España, México. Hay ámbitos en los cuales hay ciertas particularidades.
En el tema educativo, sólo para mencionar un ejemplo, nos puede apoyar España o algunas regiones españolas por el tema de la aplicación de un sistema educativo autonómico; México, por la interculturalidad y cómo se lo ha manejado allá, y Ecuador, donde también se ha avanzado mucho sobre este último tema. La educación es un tema muy amplio y hay que rescatar experiencias externas.
Adecuación a la CPE
—¿Qué normas educativas se adecuarán primero a la nueva CPE?
—Aquellas que estén relacionadas a la aplicación de los derechos que los bolivianos tienen a una educación fiscal.
—¿Como cuáles derechos?
—La aplicación de la otorgación del título de bachiller gratuito, los programas de apoyo educativo para los jóvenes y niños de escasos recursos económicos. Estos aspectos son los que se están analizando.
—¿Esas adecuaciones tendrían que expresarse en forma de decreto supremos o de leyes?
—Depende. En algunos casos sí pueden adecuarse mediante decretos porque es un beneficio que ya está consolidado y no requiere de un marco legal. En otros, seguramente será por la vía de la ley.
Ése es el caso del proyecto de reforma educativa Avelino Siñani que afecta el contenido curricular y que debe ser incorporado.
—¿Para la extensión del título de bachiller gratuito se requerirá un decreto o una ley?
—En realidad, este aspecto ha sido complementado con una ley (aprobada) el 18 de diciembre. Entonces, ahí no hay muchos problemas porque cuenta con el respaldo de la Constitución y se tendría que emitir el decreto reglamentario.
Hay otros aspectos que están en estudios que debemos tomar en cuenta, dentro de esta etapa, y que serán puestos en práctica en las siguientes semanas y meses para adecuar la educación nacional a la CPE.
Cédula
Nombre y apellidos Roberto Aguilar.
Profesión Médico.
Experiencia Ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente y ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).