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La Razón / La política del gas domiciliario

La Prensa / Apropiación de nuestras expresiones culturales

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El Diario / Desaciertos gubernamentales

La última “genialidad” del Presidente de la República ha sido declarar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, es responsable de la corrupción que se está dando en Bolivia, cuyos protagonistas resultan ser militantes y altos dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo. Este exabrupto del Primer Mandatario pasa los límites de la racionalidad, porque no se puede admitir que un organismo foráneo sea culpable de las irregularidades que cometen masistas en función de gobierno. Tal vez quiso decir que entre los corruptos del Ejecutivo existe gente reclutada por la referida Agencia de Inteligencia norteamericana, pero la dirigencia del MAS debería identificarlos y sancionarlos por traición, ya que ese partido es enemigo confeso del país del Norte y de sus instituciones. Realmente resulta difícil saber qué quiso decir el Jefe de Estado en una concentración política que se realizó en el Chapare, esperemos que no le haya afectado el viaje que realizó a dos países europeos, donde quizá le dieron la información de la filtración de la CIA a nivel de Gobierno, o hizo tal declaración por afán de protagonismo, para quedar bien en la cuna del masismo. Sin embargo un Jefe de Estado no debe recurrir a este tipo de afirmaciones, porque es motivo de mofa entre los connacionales y seguramente en el exterior, porque torpezas como la comentada, dañan la imagen del país.

Ya no causan sorpresa las equivocaciones que cometen los miembros del Gobierno, porque son tan frecuentes que la población se está acostumbrando a ellas, aunque no deja de ponerse de mal humor por esa forma de actuar de las principales autoridades nacionales. Lo peor es que el Presidente incurre en excesos y precipitaciones también en el exterior, como haber propuesto la creación de un “nuevo organismo” de la Organización de Estados Americanos sin la presencia de Estados Unidos, sin justificación; otra irracionalidad suya fue pedir el cambio de la sede de funciones de la ONU. Los Jefes de Estado que escucharon directamente esos planteamientos quedaron sorprendidos, porque por lo menos se les debió haber consultado, para conocer su opinión. El pedido de Evo Morales Aima respecto a la OEA y la ONU, no tuvo repercusión, ni siquiera fue comentado por sus homólogos. Esto muestra que la improvisación y la falta de un adecuado asesoramiento le hacen cometer errores garrafales al Presidente de la República.

Pero en cuanto a errores no quedan atrás altos funcionarios del Ejecutivo, uno de ellos es el del Agregado Comercial de la Embajada de Bolivia en EEUU, quien funge como embajador interino a falta de un titular, quien pasó por momentos difíciles en una reunión internacional, cuando fue calificado de mentiroso, al declarar que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia era prioridad del Gobierno y que los resultados eran alentadores. Nada más falso, porque cuando le preguntaron cómo justificaba el incremento de plantaciones de coca ilegal que pasaron las 20 mil hectáreas, además que el consumo interno está aumentando peligrosamente, no supo responder. En este tipo de eventos es mejor que no participen representantes bolivianos si no están preparados, porque causan bochorno, no tenemos interlocutores válidos que puedan defender lo que proponen. Evidentemente faltan profesionales de carrera diplomática en nuestras embajadas.

Otra equivocación gubernamental fue hacer “operativos comando” en el departamento de Pando, utilizando militares como si se tratase de un conflicto bélico, como en las dictaduras. Lo peor es que se los realizó sin planificación, porque no se contaba con órdenes de aprehensión, no participaron los representantes del Ministerio Público y hubo detenciones en horas no permitidas por la propia Constitución elaborada y promulgada por el partido de gobierno. Así se trata de escarmentar a la población pandina que votó en contra de la promulgación de la nueva Constitución y por las denuncias sobre los actos de corrupción que comete gente del Ejecutivo en esa región del país. Un caso es el de la autorización que salió desde Palacio de Gobierno para que sean liberados 33 camiones cargados de mercadería de contrabando, además de la creación de un pueblo destinado exclusivamente para la actividad del contrabando, lo peor es que lleva el nombre del Jefe de Estado.

Otro desacierto es el decreto promulgado para que voten los bolivianos que residen en el exterior, que fue elaborado sin hacer las consultas necesarias y no se ajusta a la realidad nacional. El máximo órgano electoral ha calificado de inviable el voto en el exterior, porque el sufragio fuera del país tiene que ser regulado por una Ley de la República y no por un Decreto Supremo. Los errores, excesos, precipitaciones e improvisaciones que viene cometiendo el Ejecutivo demuestran que no hay un programa de gobierno y todo lo que se viene realizando es producto de la coyuntura y el protagonismo político, porque no se puede justificar la forma de actuar del Jefe de Estado y sus colaboradores, que para distraer la atención de la opinión pública buscan la confrontación, no solucionar los problemas que afligen a la ciudadanía.

La Razón / La política del gas domiciliario

Lo más sensato sería que el Poder Ejecutivo medite cuidadosamente sus próximos pasos en este tema, para evitar que la aplicación de las medidas anunciadas sirva de caldo de cultivo para nuevos ataques de las regiones opositoras a la centralización.

El Gobierno anunció que, a partir de marzo, todas las empresas a cargo de la distribución de gas domiciliario pasarán a manos de YPFB porque así lo dispone el decreto de nacionalización. Esas compañías tienen concesiones que vencen este mes y se ha anticipado que no serán renovadas.

Se trata de un alcance de la nacionalización que no afecta a empresas privadas ni a extranjeras, como fue el caso de las anteriores transferencias provocadas por el decreto mencionado.

Las firmas que se ocupan de mantener las redes de distribución domiciliaria de gas surgieron como resultado de esfuerzos de prefecturas, alcaldías y entes regionales, y sus representantes se afirman en esa justificación para sostener que la decisión del Gobierno, de transferir sus actuales responsabilidades a la petrolera estatal, podría ser considerada como un afán inspirado en el centralismo.

Siendo departamentales —no importa cuál fuera su composición accionaria—, cumplen su rol en coordinación con las prefecturas y las alcaldías, porque forman parte de ellas.

Según estas empresas, hace tres años que YPFB no les autoriza a cubrir nuevas áreas urbanas con el servicio, a pesar de que han instalado las tuberías necesarias. Eso significa que la petrolera habría frenado la entrega de gas natural a miles de domicilios, probablemente, porque estaría esperando a que la gente sepa que esa tarea pasó a cargo del Gobierno.

Paralelamente, existe la susceptibilidad de que la administración de Evo Morales pretenda cambiar el personal y hacer designaciones con criterios políticos y no técnicos.

Al respecto, lo más sensato sería que el Poder

Ejecutivo medite cuidadosamente sus próximos pasos en este tema, para evitar que la aplicación de las medidas anunciadas sirvan de caldo de cultivo para nuevos ataques de las regiones opositoras a la centralización.

Si YPFB está llegando a acuerdos con firmas extranjeras para que sigan a cargo de la administración de unidades importantes, convendría dar el mismo tratamiento a las empresas regionales. Eso sí, las autoridades nacionales tendrían que asegurarse que éstas realicen una labor eficiente, sin ninguna mancha de corrupción. La falta de transparencia ha provocado demasiados dolores de cabeza a los bolivianos como para tolerar más casos.

Al fin y al cabo, el gas natural domiciliario es un servicio básico, considerado por el gobierno de Evo Morales como un derecho humano, y qué mejor, entonces, que esté en manos de la gente más próxima a los ciudadanos de cada región.

Un elemento a tomar en cuenta es la condición que se ha establecido de que esta clase de servicios no esté en manos de esquemas empresariales que busquen el lucro como único objetivo. Eso se podría resolver mediante una fiscalización rigurosa de las compañías regionales, para que atiendan a los usuarios con costos operativos bajos, lo que las obligaría a ser eficientes.

La intención del Gobierno es rebajar los precios del gas natural que llega a los domicilios. Pero también tendría que ser un objetivo no frenar la expansión del servicio con ningún motivo. Si las redes de distribución están tendidas, el gas debería fluir, sobre todo en este momento en el que las exportaciones se han reducido y parece inevitable quemar el gas sobrante.

La Prensa / Apropiación de nuestras expresiones culturales

Hoy mismo, colectividades bolivianas en Buenos Aires celebran las festividades del Gran Poder o Urkupiña en las calles de la ciudad porteña.

El tema parece recurrente. La televisión peruana reivindica como propias música y danzas del acervo nacional que caracterizan festividades folklóricas de nuestro país: la diablada, morenada, caporales. Incluso han asegurado que una danza de la tradición potosina, como el tinku, puede ser originaria de los valles cusqueños. No, no es la primera vez, podríamos decir que es casi una costumbre. Periódicamente algún medio de comunicación de Perú, Chile o Argentina asegura que danzas propias de alguna región andina boliviana han nacido en territorio de su país.

Claro, la respuesta siempre llega con indignación. Como si se nos estuviera avasallando, arrancándonos una parte del alma, cuando el hecho no hace otra cosa que denunciar la gran fuerza de nuestra cultura. Es cierto, los tres países vecinos albergan en su territorio grupos humanos quechuas y aymaras; ergo, comparten sus orígenes culturales, aunque a través del tiempo las van diferenciando ciertas características regionales. Por ejemplo, el huayno peruano y el nuestro son claramente diferenciados, como lo son la cueca de Chuquisaca y la tarijeña, por ejemplo.

A esto debemos sumar los contingentes de bolivianos que han ido emigrando a estos países. Y quien emigra no lo hace con las manos vacías, siempre carga su cultura. Recordemos, por ejemplo, los miles de bolivianos —orureños y potosinos— que a principios del siglo XX fueron a trabajar a las minas de cobre de Chile. Muchos otros lo han hecho para trabajar en las zafras de azúcar en Argentina. ¿Acaso ellos no han llevado consigo formas de su cultura? ¿Y no las han difundido allí donde moraban? Hoy mismo, colectividades bolivianas en Buenos Aires celebran las festividades del Gran Poder y Urkupiña en las calles de la ciudad porteña.

Es más, contingentes de bolivianos en Europa difunden nuestras danzas en aquellas tierras tan lejanas y su belleza plástica atrapa a muchos de los que las ven por primera vez y hay quienes las practican. La difusión de nuestras danzas, lejos de preocuparnos, debiera enorgullecernos. Claro, la indignación radica en aquellos que aseguran que dichas danzas han nacido en su territorio, cuando en verdad se sabe que su origen está en territorio boliviano. Es el caso de los caporales, una danza relativamente nueva que se ha derivado de ritmos afros, como los tundiquis.

Es en ese punto donde habría que preguntarse cuál es el papel de organismos estatales, como Cultura y Relaciones Exteriores. Son esos entes los que deben certificar el origen regional de esas formas culturales a través de estudios y publicaciones que deben difundirse universalmente a través de nuestros representantes. Son ellos los que deben responder al comunicador peruano que danzas tan nuestras como el tinku no son de origen peruano, con argumentos basados en investigaciones fundamentadas. En caso contrario, estos intentos de despojo se irán repitiendo una y otra vez. Hasta el cansancio.