A raíz del cierre definitivo de un surtidor en Santa Cruz por la no emisión de una factura de 20 Bs., la diputada María Cristina Viscarra (UN) señaló que el gobierno está buscando la estatización de la distribución de combustible.
“Se aplica con los surtidores una dureza que no se aplicó con los autos chutos. ¿Por qué entonces no se procedió a confiscar todas las movilidades irregulares en vez de legalizarlas?”, indicó la parlamentaria.
Viscarra agregó que existe una evidente desproporción entre la falta cometida y la sanción, lo que obedecería a una estrategia para cerrar gradualmente los surtidores privados y sustituirlos por entidades estatales.