Departamento de Estado de EEUU dice que el gobierno, en general, respeta los derechos humanos, pero hay abusos, amenazas a las libertades civiles y la libertad de prensa. El Gobierno rechazó el informe.
Represión policial contra un grupo de manifestantes. Ocurrió en Cochabamba en diciembre pasado( foto archivo La Razón)
EEUU: Bolivia respeta los derechos humanos pero también hay abusos
PROBLEMAS | Según el Departamento de Estado norteamericano, en Bolivia hay abusos de parte de las fuerzas de seguridad, amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa, entre otros
Los Tiempos
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Redacción Central y Agencias
Un informe del Departamento de Estado de EEUU difundido ayer admite que el gobierno de Evo Morales, en general, respeta los derechos humanos en el país, sin embargo detectó problemas como abusos por parte de fuerzas de seguridad, duras condiciones carcelarias, arrestos y detenciones arbitrarias, ataques contra el Poder Judicial por parte del Ejecutivo, amenazas a las libertades civiles incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa, abusos en conflictos internos, corrupción y falta de transparencia en el Gobierno.
En tanto, el Gobierno rechazó el informe del Departamento de Estado: «Es una simplificación grosera de la realidad nacional que está políticamente motivado y que tiene un análisis parcializado”, dijo Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.
Llorenti recordó a Washington que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado en Bolivia de genocidio por los hechos violentos ocurridos entre septiembre y octubre de 2003, y el que fuera su ministro Carlos Sánchez Berzaín están refugiados en EEUU.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que la información del documento del Departamento de Estado de EEUU «está sesgada» y aseguró que el gobierno de Evo Morales «se ha esmerado en defender los derechos humanos».
Otros problemas en cuanto al respeto a los derechos humanos en Bolivia que cita el informe, presentado a Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, son discriminación en razón de género, pertenencia étnica y orientación sexual; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; trabajo forzado o bajo coacción y condiciones de trabajo deplorables en el sector minero.
El documento señala que no hubo informes confirmados de que funcionarios del gobierno hayan utilizado torturas y otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos o denigrantes.
Pero “hubo varias denuncias de violencia ejercida por vigilantes actuando por cuenta propia que ocasionaron abusos extrajudiciales contra las personas, incluyendo informes específicos de golpizas y abusos infligidos por integrantes de las fuerzas de seguridad”, afirma.
Cita que el 26 de febrero, partidarios del MAS atacaron a Juan Choque Apaza, un activista indígena que protestaba contra el Ejecutivo, cuando un gran grupo de partidarios oficialistas cercaron el Congreso.
“La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria; sin embargo, hubo varios casos en que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo circunstancias legalmente dudosas”, sostiene.
El 2 de junio, seis integrantes de un equipo de la Policía obligaron a un líder de la oposición juvenil de Chuquisaca, Roberto Lenín Sandóval López a entrar a un automóvil y lo trasladaron a una instalación carcelaria en El Alto, cerca de La Paz.
El informe dice que “generalmente los arrestos fueron realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles de arrestos y detenciones arbitrarias. Algunos familiares de sospechosos detenidos durante el estado de sitio en Pando, se quejaron de que la Policía y autoridades de la Prefectura negaron que se hubieran hecho detenciones, induciendo a las familias a sospechar que se habían tomado medidas extra legales hasta varios días después, cuando el Gobierno anunció las detenciones”.
En otra de las páginas del informe indica que la ley dispone la existencia de un Poder Judicial independiente, pero el Poder Judicial fue ampliamente considerado corrupto y “fue debilitado por la interferencia del Poder Ejecutivo”.
Mientras, las cárceles estuvieron atestadas y en malas condiciones. Hubo 7.778 reclusos (6.831 hombres y 947 mujeres) en instalaciones diseñadas para acomodar a 4.700 reclusos, de acuerdo al documento.
“Las autoridades gubernamentales controlaron con efectividad solamente el perímetro externo de seguridad de cada prisión. Dentro de los muros de las cárceles, los reclusos usualmente mantuvieron el control y pandillas dirigieron actividades criminales desde el interior de sus celdas”, dice el documento.
Esperan señales de cambio
El viceministro de justicia, Wilfredo Chávez, denunció que EEUU en política internacional no sólo mantiene una «guerra de alta intensidad como la de Irak o Afganistán», sino también otra de «baja intensidad» en Latinoamérica.
No obstante, afirmó que el Gobierno «todavía está esperando con paciencia que la nueva administración (de EEUU) dé señales claras» de cambio. En este sentido, apuntó que su equipo elaboró un plan de acción de los derechos humanos y recordó que la nueva Constitución que fue aprobada en enero en un referendo y que fue fruto de un consenso político «reconoce nuevos derechos».
Chávez se refirió al punto del informe sobre derechos humanos de EEUU que se refiere a los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2008: «Se habla de un enfrentamiento en Pando cuando todos sabemos que ha sido una masacre de un grupo hacia otro», aseveró.