Un miembro de la comisión del Senado, un fiscal y la Policía no confirmaron que el ex gerente comercial de YPFB fue un agente de la CIA. El acusado lo desmintió, pero reconoció haber hecho Inteligencia cuando era oficial.
• EL TRASLADO • Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, es trasladado con resguardo policial desde las celdas de la Policía Judicial a una audiencia cautelar. Fue el 10 de febrero.
La Razón
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Los investigadores que siguen los presuntos hechos de corrupción al interior de YPFB, el Gobierno, parlamentarios y altas fuentes policiales no pudieron sustentar que el ex gerente comercial de YPFB y ex capitán de la Policía, Rodrigo Carrasco Kreuzer, fue un infiltrado de la Agencia de Inteligencia de EEUU (CIA) al interior de la estatal petrolera, tal como lo denunció el martes el presidente Evo Morales Ayma.
El senador Ricardo Díaz (MAS), miembro de la comisión especial del Senado que indaga los hechos de corrupción al interior de la petrolera, dijo que no llegó una denuncia “puntual” sobre este caso en las declaraciones que recibió la comisión.
“Puntualmente no, así objetivamente que yo recuerde no”, afirmó el senador; pese a ello, luego criticó el hecho de que las autoridades de YPFB “no tomaron en cuenta el currículum” del sindicado y sugirió al Gobierno elegir mejor al personal.
Iván Canelas, vocero presidencial, señaló: “Nos preguntamos cómo es posible que un agente de la CIA haya estado conduciendo una gerencia de la estatal”. Pero, al ser consultado sobre a quién correspondía la responsabilidad para contratar a Carrasco, respondió: “Eso es lo que se está investigando. Los que han estado involucrados en corrupción, tienen que defenderse. Este es un elemento más y no se lo podía ignorar”.
Por su parte, el director Nacional de Personal de la Policía, Manuel Saavedra, informó que Carrasco ingresó a la Policía el 1 de enero de 1990, pero luego, el 2004, éste pidió licencia indefinida de la institución, y que el 2 de abril del 2008 fue dado de baja sin derecho a la reincorporación.
“Una vez que el mencionado capitán manifestó su deseo de no pertenecer más a la institución por el lapso de dos años, no se realiza ningún seguimiento sobre cualquier movimiento o viaje que haya realizado, él ya no pertenecía a la institución, entonces no había por qué hacerle un seguimiento, no era funcionario policial”, añadió Saavedra.
El fiscal de corrupción pública, César Romano, dijo que la comisión se limita a indagar las irregularidades internas de la estatal petrolera y de Catler-Uniservice, y que en caso de surgir una nueva denuncia podrá ser investigada, pero en este caso, el fiscal no quiso adelantar criterios.
“Nosotros solamente estamos investigando todo lo que ha sido irregular con Catler-Uniservice, ahora si surgen otros elementos se va a poner de manifiesto una investigación en caso de que sea correspondiente, pero no puedo adelantar ningún criterio al respecto” afirmó el investigador.
En un contacto con radio Fides, Rodrigo Carrasco desmintió las acusaciones formuladas por Morales, pero confirmó que en el pasado perteneció al desarticulado Centro de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía, creado para labores de Inteligencia porque fue destinado allí.
“Me parece algo totalmente ridículo, no soy un infiltrado, no soy miembro de la CIA, soy un boliviano que ama a este país y si he entrado a Yacimientos es por mi capacidad (…). He trabajado en el Copes, pero uno no pide ir a esa unidad, a uno lo destinan”, reclamó Rodríguez, mientras que su defensa calificó las acusaciones de “infantiles”.
Ayer, la viceministra de Transparencia, Nardi Suxo, aseguró que Carrasco será investigado porque presuntamente habría usado un título “falsificado” de ingeniero comercial para acceder a la gerencia comercial.
“Se lo procesará por uso de instrumento falsificado, él ha presentado ese título para acceder a un cargo público”, aseveró.
El Primer Mandatario denunció el martes que la CIA habría entrenado durante más de una década al ex policía en labores de Inteligencia y que luego trabajó como gerente en YPFB.
Carrasco fue acusado de obstruir la indagación. En el transcurso de las pesquisas, la Fiscalía lo interrogó sin aprehenderlo.
EEUU rechaza la acusación
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia rechazó ayer las acusaciones planteadas por el presidente Evo Morales sobre una presunta infiltración de la Agencia de Inteligencia (CIA) en Yacimientos.
“Rechazamos esta nueva acusación sin fundamento y sin prueba alguna. Lamentamos este nuevo intento de utilizar a los Estados Unidos como una ficha en los asuntos internos de Bolivia. No entendemos cómo el Presidente asegura que quiere mejores relaciones con Estados Unidos y paralelamente sigue lanzando acusaciones falsas”, indica un comunicado firmado por Denise Urs, consejera de Asuntos Políticos de esa legación diplomática.
El martes, el Primer Mandatario se refirió al ex gerente de Comercialización de la empresa estatal, Rodrigo Carrasco, como un “infiltrado” de la CIA ubicado al interior de YPFB y mencionó que incluso Carrasco operaba para fomentar la escasez de gasolina y que “cuenta con una gran capacidad para construir redes de corrupción, gerenciamientos paralelos en YPFB” y otros.
LAS DENUNCIAS
El caso Yacuiba • Luego de que una explosión en un canal de televisión en Yacuiba implicó a un militar que trabajaba en el Palacio de Gobierno, en junio del 2008, el Ejecutivo señaló que el grupo al que el oficial pertenecía tenía financiamiento de EEUU. Morales, en un discurso, dijo que la embajada pagaba propaganda en su contra, tras ese hecho.
La salida de Goldberg • En septiembre, días después de un enfrentamiento en Pando que derivó en la muerte de al menos 13 personas, el mandatario Morales declaró persona non grata al embajador Philip Goldberg con el argumento de que el diplomático trabajó a favor de un supuesto golpe cívico-prefectural, tras el cual se abrió una negociación que derivó en la aprobación, en las urnas, de la Constitución que promovía su partido.
Denuncia recurrente • El 19 de enero, sin presentar una sola prueba, Morales aseguró que oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas le informaron sobre presuntos planes que, entre otros objetivos, habrían buscado atentar contra su vida cuando era dirigente cocalero.
El 2006, Carrasco ya tenía tratos con el Gobierno
FACETA • El 2006, en Sucre, una autoridad de Gobierno lo presentó como uno de los inversores para reactivar la refinería Carlos Montenegro.
• Carrasco • El ex gerente de comercialización de YPFB declara a los medios.
Una empresa de la que Rodrigo Carrasco era socio intentó, hace tres años, hacer negocios con el Gobierno, que en aquella ocasión lo presentó como inversionista para reactivar una refinería en Sucre.
El martes, el presidente Evo Morales acusó al ex jerarca de la estatal petrolera de ser un agente de la CIA que se infiltró en una gerencia de YPFB.
Según informó el periódico Correo del Sur, el 27 de junio de 2006, el Gobierno presentó en Sucre a la empresa Kreuzer World Business Trading, que tenía la intención de invertir unos 10 millones de dólares en la reactivación de la refinería Carlos Montenegro, de la Capital.
Ese día, Carrasco sostuvo una prolongada reunión con altos ejecutivos del Gobierno y de la Universidad San Francisco Xavier.
Al salir de ese encuentro, el entonces viceministro de Exploración y Producción, Julio Gómez, lo presentó como el inversionista, señala la nota.
Carrasco, quien en esa ocasión también expresó su predisposición de invertir en Sucre, dijo que ese proyecto fue impulsado un par de años antes, pero que no avanzó por diferentes factores políticos y administrativos.
El matutino capitalino informó que la empresa tenía a dos bolivianos como únicos socios, Rodrigo Carrasco Kreuzer, “un boliviano de origen alemán” y otro, “boliviano de origen libanés”, aunque en ese caso no especificó el nombre.
“No hay más inversores, somos los dos, y los dos llevamos muchos años en el tema de petróleo, no en Bolivia generalmente. Tenemos la experiencia en el Medio Oriente, hemos estado trabajando en Qatar, Kuwait, Arabia Saudita e Irak. Esa experiencia la estamos trasladando para trabajar aquí en Bolivia”, declaró entonces.
Además, detalló que se calculaba una inversión de $us 8 a 10 millones, y especificó que “la diferencia de dos millones es para gastos imprevistos”.
En una entrevista con este medio, la semana pasada, Carrasco especificó que había trabajado en el Medio Oriente, en el campo petrolífero, y que la experiencia acumulada le sirvió para acceder a puestos en YPFB.
Oficialismo insiste en que hay infiltrados en el Estado
REACCIÓN • La oposición dice que el MAS quiere desligarse de los hechos de corrupción.
El oficialismo insistió ayer en la versión de que hay infiltrados de anteriores gobiernos y de organismos externos en cargos directivos de la administración pública, quienes tendrían el objetivo de trabajar en contra del Gobierno, como ocurrió en YPFB, donde se descubrieron hechos de corrupción. No presentaron pruebas y la oposición aseguró que es una estrategia de distracción.
“Hay infiltrados en calidad de asesores, técnicos, jefes, inclusive de viceministros, en esta nueva composición del Ejecutivo, toda vez que es gente que ha transitado en gobiernos neoliberales y ha sido muy funcional en gobiernos de la derecha y que hoy los tenemos cumpliendo funciones en el Ejecutivo”, afirmó el vocero de los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Silva.
De esa manera reforzó el discurso del presidente Evo Morales, quien denunció que un agente de la estadounidense CIA actuó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al referirse al escándalo de corrupción que involucra a su correligionario, Santos Ramírez.
Según Silva, los movimientos sociales afines al MAS alertaron a los ministros sobre la presencia de infiltrados en los equipos del Estado, pero no los escucharon.
“La COR de El Alto, la Confederación de Campesinos y las Bartolinas (Federación de mujeres campesinas) le hicieron conocer a los ministros sobre los antecedentes de esas personas que hoy ocupan cargos de dirigentes, de jefes y está ahí gente que no se la ha visto en la campaña, no ha alzado la bandera del MAS”, dijo.
Explicó que, sin embargo, no se pudo hacer una purga, porque el Presidente evitó hacer una masacre blanca en la administración pública “con el argumento de que se debía dar una oportunidad”.
La oposición criticó las denuncias oficialistas. “Lo que están haciendo es aquello que conocemos en la Biblia como lavarse las manos, para no asumir la responsabilidad de la corrupción en su gestión”, dijo el senador Luis Vásquez (Podemos).
“Ese cuento de la CIA es verdaderamente ofensivo a la inteligencia de la gente; es decir, creer que este hecho de corrupción se haya hecho porque hay un agente infiltrado de la CIA, parece una barbaridad que insulte la inteligencia de todos”, acotó.
El Gobierno dijo que demostrará su denuncia. “Seguramente la misma autoridad irá dando datos sobre otras personas que estuvieran infiltradas en nuestro gobierno”, afirmó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
Los antecedentes
Atentado • El empresario Jorge O’Connor fue asesinado cuando llevaba consigo $us 450.000, aparentemente para pagar una coima por un contrato que se adjudicó con YPFB. Fueron acusados del hecho los hermanos Córdova, quienes tenían vínculos con O’Connor y el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.
Ligazón • Ramírez era el segundo hombre en el MAS y el Gobierno. Se lo acusó de recibir las coimas a través de la familia de su esposa, una diputada suplente del MAS.
Involucran a otra familiar de O’Connor
DINERO • Angélica O’Connor ordenó el retiro de dinero días después.
El fiscal Edward Mollinedo estableció que Angélica O’Connor D’Arlach, hermana del empresario fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, fue quien ordenó el retiro de 500 mil dólares en cheque tras el deceso de su familiar.
El Ministerio Público no descarta imputar a al menos cinco personas más, miembros de la familia tarijeña y personas vinculadas con la firma de contratos de la empresa Catler-Uniservice.
“Angélica O’Connor trabaja en Uniservice en la ciudad de Santa Cruz y es quien ha ordenado el retiro de dinero a favor de las personas que están investigadas, el depósito y el traspaso de 500 mil dólares después de la muerte del señor Jorge O’Connor”, señaló el fiscal Mollinedo.
Según el representante del Ministerio Público, otros miembros de la familia O’Connor D’Arlach serán llamados a declarar.
“Otros miembros de la familia que han firmado otro tipo de contratos. Van a ser citadas otras personas vinculadas a la empresa Catler- Uniservice (…) Es toda una cadena interminable de personas de montos de dinero, depósitos, traspasos de cuentas y toda una serie de irregularidades”, añadió.
Un decreto permite a YPFB crear sociedades anónimas
Corporativo • La empresa YPFB-SIPSA , recalificadora de garrafas y de perforación de pozos, se creó en el marco del Código de Comercio.
• Equipo cuestionado • Éste es el taladro que debía operar la empresa YPFB-SIPSA y que permanece en el campo Víbora.
Con el Decreto Supremo 29507, emitido el 9 de abril del 2008, el Gobierno dio a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la facultad de crear sociedades anónimas, como es el caso de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), informó una fuente del Órgano Ejecutivo.
El Decreto 29507, en su artículo quinto, establece que YPFB corporativa “podrá conformar sociedades comerciales, a través de sus empresas subsidiarias y otras empresas del Estado, para su posterior adecuación y conformación societaria en relación a la mayoría accionaria control y dirección de las empresas constituidas, dentro del marco de las normas del Código de Comercio”.
Además, el inciso b del artículo cuarto de esa norma señala que la estatal debe “construir y operar nuevas empresas en el marco del Código de Comercio y la normativa aplicable a este efecto, en las cuales YPFB asuma la propiedad como mínimo del 60% del capital social de dichas empresas, así como el control y dirección en las mismas”.
El Código de Comercio, en su artículo 125, establece que las sociedades comerciales sólo pueden constituirse en algunos tipos de sociedades, como: Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima y Asociación Accidental o de cuentas en participación.
Tras la intervención de la estatal petrolera, su actual presidente, Carlos Villegas, denunció que existían supuestas irregularidades en la conformación de la empresa YPFB-SIPSA —dedicada a la recalificación de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a la perforación de pozos hidrocarburíferos— y adelantó que se realizarían las investigaciones correspondientes en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Además del excesivo número de personal y los supuestos pagos por el alquiler del taladro que debe operar la empresa, se cuestionó que una compañía que pertenece al Estado se conforme como sociedad anónima.
Un ex funcionario de YPFB explicó a este medio que ahora las empresas nacionalizadas son sociedades anónimas y que YPFB-SIPSA se creó después de la compra de la empresa Full Industry. Añadió que se la constituyó como SA debido a que esta empresa debía contratar a personal calificado, con experiencia en el manejo del taladro de perforación, y cuyos salarios no podrían estar por debajo del que tiene el Presidente, como lo establecen las normas vigentes.
SIPSA se formó el 4 de septiembre del 2008, en la gestión de Santos Ramírez, sobre la base de la recalificadora de garrafas de GLP Full Industry (ubicada en El Alto), a la que, según explicó el informante, aún no se le canceló los $us 216.000 comprometidos por YPFB para la adquisición.
El taladro es aporte de PDVSA
VERSIÓN • Nardi Suxo dijo que YPFB pagaba alquiler por este equipo.
El taladro de perforación de pozos a cargo de la empresa YPFB Servicios e Industrias Petroleras (YPFB-SIPSA) es un aporte de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en el marco de la sociedad que inició con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para brindar servicios, por lo que no existen pagos de alquiler por el equipo, sostuvo una fuente ligada a la estatal petrolera boliviana.
Hace una semana, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció que YPFB pagaba entre 30 y 60 millones de dólares por el alquiler del taladro, monto con el que —dijo— podía haber adquirido la propiedad del mismo.
Sin embargo, el acuerdo interinstitucional entre YPFB y PDVSA, suscrito el 27 de junio del 2008, señala que la empresa estatal venezolana puso a disposición de Yacimientos el taladro, por un período de dos años, como un aporte a la sociedad.
El documento, firmado por Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB, y Jesús Figueroa, titular de PDVSA Servicios, indica que el gasto de transporte, instalación y operación del taladro corre por cuenta de YPFB, y que las ganancias serían repartidas entre las socias, un 60% a Yacimientos y un 40 % a PDVSA.