La erradicación hasta el momento es de 4.056 hectáreas de coca en las zonas prohibidas, según el viceministro de Defensa Social. Evitó mencionar cifras del incremento de las plantaciones de coca y cómo racionalizarán en la región de Los Yungas.
El Deber
Expulsión. Cocaleros tomaron las oficinas de la ONG que trabajaba con la agencia de cooperación de Estados Unidos. Quieren que las instalaciones y los muebles se queden para el municipio de Villa Tunari
Medida. Los cocaleros no quieren saber más de la Agencia de Estados Unidos de Cooperación para el Desarrollo
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Marco Chuquimia
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó que en el trópico de Cochabamba y por decisión de los cocaleros se dio por concluida la misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid por sus siglas en inglés) y que la salida de esta organización es consecuencia del cumplimiento de los programas que tenían en la región.
Desde la localidad de Villa Tunari, se informó que el fin de semana un grupo de campesinos tomó las instalaciones de AcdiI/Voca, organización estadounidense que trabaja en Bolivia desde hace 36 años y que es financiada por la Usaid.
Sin embargo, Cáceres dijo que no existe toma y que los campesinos ‘están en las afueras haciendo vigilia’. El robo de objetos en esta oficina la atribuyó a ‘acciones de vándalos’ no vinculados con el movimiento cocalero.
El funcionario agregó que en el lugar ‘no había ni siquiera un portero’ y que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya está trabajando en la identificación de los delincuentes que ingresaron a esa ONG.
El viceministro, afirmó que por conclusión del contrato como los comodatos, ya no se permitirá el retorno de Usaid porque consideran que la ayuda que prestó es suficiente y que ya no se requieren sus servicios.
Señaló, además, que no conoce los acuerdos entre el Gobierno nacional y su par de Estados Unidos sobre la permanencia de la agencia en esa región.
Afirmó que estas conversaciones son encabezadas por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que se quedó a cargo de las negociaciones luego de la reunión que sostuvieron el presidente de la República, Evo Morales, con el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Tomas Shannon, el 23 de julio.
Dijo que en el caso de Acdi/Voca, el comodato establecía 20 años de utilización del lugar y, como ya pasaron más de 25, todas las instalaciones y las obras civiles deben pasar a la Alcaldía de Villa Tunari.
Explicó que los acuerdos establecen que luego de concluido el comodato, todas las obras y los materiales pasan a la comunidad.
El 25 de junio, los cooperantes de Usaid se vieron obligados a abandonar la región cocalera de Chapare por las amenazas de campesinos, quienes acusaban a los estadounidenses de conspirar contra el Gobierno.
Acdi/Voca Bolivia ha desarrollado su trabajo en el país desde 1972. Tiene oficinas en la ciudad de La Paz y en las poblaciones de Villa Tunari (Chapare) y Palos Blancos (Alto Beni).
Esta ONG nació hace 44 años en Washington, Estados Unidos, cuando se fusionaron dos organizaciones: la Cooperativa Internacional de Desarrollo Agricultural (ACDI, por sus siglas en inglés) y la Cooperativa de Asistencia de Voluntarios en el Exterior (VOCA).
Esta organización trabaja en sociedad con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), lo que le ha permitido financiar varios de sus proyectos en el país. Se intentó obtener la opinión de la Embajada de EEUU, pero evitaron comentar el tema hasta tener una información oficial del Gobierno sobre la decisión anunciada por Cáceres.
A 946 HECTÁREAS DE LA META DE ERRADICACIÓN
«El Gobierno ha erradicado hasta el momento 4.056 hectáreas de coca en las zonas prohibidas», dijo, con aire de suficiencia, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, al referirse a los operativos de erradicación de cocales. Sin embargo nuevamente evitó las cifras del incremento de las plantaciones de coca y cómo racionalizarán el arbusto en la región de Los Yungas.
Luego confirmó que se incautaron de 19 toneladas de pasta base de cocaína y admitió que un 40% de esa droga es de procedencia peruana. Además, señaló que desde el país vecino ingresa a Bolivia ‘coca molida’ lista para ser procesada y dijo que los esfuerzos que hacen las autoridades son insuficientes, por la inmensa cantidad de recursos que movilizan los narcotraficantes.
Dijo que se realizaron reuniones con las autoridades de Perú y Chile para trabajar en esta área, principalmente, porque de Perú ingresa la coca y de Chile los precursores y por tanto es necesario controlar las fronteras.
Producto de las conversaciones con las autoridades incaicas, aseveró que se incautaron de más de dos toneladas de droga en los dos lados de la frontera, donde patrullaron efectivos de Inteligencia en la ‘Operación bravo’.
Con Chile dijo que luego del encuentro realizado hace dos semanas, se detectó importantes cantidades de acido sulfúrico y precursores químicos en la frontera.
DECLARAN A YAPACANÍ ZONA ILEGAL DE COCA
El viceministro Felipe Cáceres, afirmó que la región de Yapacaní es zona ilegal de producción de coca y que existe ‘un acta de acuerdo’ con las federaciones de colonizadores de esa región que la declara área libre de coca. Afirmó que existen intereses ‘de familias y de algunos dirigentes’, de atacar al campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta de la región. «El cato de coca que reclaman los colonizadores es imposible y el Gobierno no va a concertar ni negociar», advirtió.
Además, recordó que la región se benefició con programas de Usaid, que asignó maquinaria pesada para mejorar caminos y puentes. «Hoy no pueden decir que son productores milenarios porque no es cierto», añadió.
Informó que pidieron la cooperación de la Fiscalía para que los agitadores sean aprehendidos y purguen su acción, ‘porque no se puede permitir la agresión a las autoridades’.
Sobre Yungas dijo que no existe acuerdo, pero que se logró establecer una lista de los cocaleros de esta región. Se pretende considerar productores legales los que sean propietarios de cocales antes de la Ley 1008, que fue promulgada en 1988. «Los que llegaron después, son productores excedentarios y no se va reconocer sus reclamos», aclaró.